Aqui no pasa nada...

Hace algunos años, en estas mismas páginas, escribí un artículo con el mismo título que el de hoy, lo cual se constituye como un verdadero drama. Llevamos prácticamente tres décadas sin crecer, con el PIB por habitante estancado y con casi la mitad de la población subsistiendo en una situación de pobreza patrimonial. El año pasado el PIB se contrajo en alrededor del 7% y dada la estructura institucional de la economía mexicana, no volveremos a  alcanzar el nivel pre crisis sino hasta el 2012. Un verdadero drama para la mayor parte de la población que percibe que sus posibilidades de mejora en el bienestar familiar están prácticamente canceladas. Vivimos bajo un arreglo institucional en el cual abundan los elementos que castigan el crecimiento económico y premian la apropiación de rentas.

Primero, destaca la notoria incidencia de prácticas monopólicas en sectores claves de la economía como son energía eléctrica, hidrocarburos, telecomunicaciones, cemento, prácticas notariales, transporte aéreo, transporte marítimo de cabotaje, etcétera, prácticas que reducen el bienestar de la población e inhiben el crecimiento económico. Y a pesar de ello, no parece haber significativas posibilidades de que se apruebe una profunda reforma a la Ley Federal de Competencia que le permita a la Comisión Federal de Competencia perseguir y castigar con mayor efectividad este tipo de prácticas.

Segundo, está la enrome cantidad de barreras legales y regulatorias para la apertura, operación, crecimiento e inclusive el cierre de empresas. Hacer negocios en México es notoriamente caro; se estima que la carga regulatoria que enfrentan las empresas representa casi el 12% del PIB. La idea que permea entre los políticos y los burócratas de que todo hay que regularlo, con un absoluto desdén hacia lo bien que opera una economía de mercado eficientemente regulada, ha llevado a excesivas e ineficientes regulaciones. Desde la Presidencia se anuncia que ahora sí va a haber un significativo proceso de desregulación al nivel federal pero dada la experiencia de años anteriores, se duda que esto se vaya a materializar. Y si además consideramos que la mayor parte de las barreras a la entrada de nuevas empresas al mercado son estatales y municipales, pues estamos fritos. Los estados son soberanos y los municipios son independientes y no tienen porqué hacerle caso al Presidente, más aun cuando la misma existencia de estas barreras le generan a los que ejercen el poder y a la burocracia enromes rentas. La corrupción en México es generalizada e inhibe el crecimiento económico.

Tercero, la regulación del mercado laboral. Una legislación que encarece la contratación de trabajadores porque despedirlos es muy caro, inhibe el cambio tecnológico en las empresas porque el acceso en el escalafón solo depende de la antigüedad y no de la capacitación y productividad, hace que el mercado laboral sea excesivamente rígido al prohibir contratos a prueba y de corto plazo, la existencia de contratos ley y, de lo más importante, la existencia de las cláusulas de exclusión sindical que deriva en que todos los líderes sindicales sean ricos aunque a quienes dicen representar vivan en la pobreza.

Una mejora institucional aumentaría el crecimiento y el bienestar de la población pero aquí no pasa nada porque estamos secuestrados por quienes se benefician del statu quo ineficiente: políticos, monopolistas, burócratas y líderes sindicales

¿Por qué celebramos?

-El primer artículo de 2010-

Iniciamos 2010, año en el que se “celebran” los doscientos años del inicio de la independencia y cien años del inicio de la guerra civil que asoló a México por casi una década. ¿Realmente estamos como para andar celebrando? Sin duda el nivel de bienestar de la población mexicana es hoy significativamente mayor que lo que era hace 200 o hace 100 años. Sin embargo, estamos muy lejos de haber logrado, después de tanto tiempo, el nivel de desarrollo económico que se hubiese podido tener dada la enorme cantidad de recursos naturales, nuestra posición geográfica y, sobretodo, de haber tenido desde la independencia un marco institucional que hubiese promovido la acumulación de riqueza en lugar del que hemos tenido, uno que históricamente ha promovido y premiado la búsqueda y apropiación de rentas.

En realidad, con una perspectiva de largo plazo, 200 años, hemos fracasado como país en el proceso de desarrollo económico. Hoy, el PIB por habitante apenas se acerca a los 10 mil dólares anuales, con una de las distribuciones del ingreso agregado más inequitativas del mundo y con casi la mitad de la población viviendo en una situación de pobreza patrimonial.

Pero vayamos a lo más reciente en la evolución de la economía mexicana, la primera década del siglo XXI. ¡Qué desastre! Otra década más que se pierde. A finales del siglo XX (el año 2000), el PIB real, con base 2003, ascendió a 7,520 miles de millones de pesos, siendo el PIB por habitante, también en pesos reales, de 77,131 pesos. Para finales de 2010, cuando acabe la década, se espera que el PIB llegue a 8,595 miles de millones de pesos, con el correspondiente PIB por habitante de 79,586 pesos. Así, en esta primera década del siglo XXI, el PIB agregado habrá crecido solamente en 14.3% y el PIB por habitante en 3.2%, lo que arroja tasas medias anuales de crecimiento de 1.4 y 0.3%. ¡Patético!

Los elementos que explican por qué México no crece ahí están, todos ellos girando alrededor de un notoriamente débil estado de derecho: derechos privados de propiedad ineficientemente definidos y peor aun ineficientemente protegidos, una significativa incertidumbre del cumplimiento de contratos, una excesiva e ineficiente regulación de los mercados que impone altas barreras de entrada y por lo mismo mercados poco competitivos, poderes fácticos (empresarios, sindicatos, partidos políticos, burócratas, etcétera) que se han apropiado de instituciones del Estado mexicano y que tienen como prioridad la apropiación de rentas, un enorme desperdicio de recursos públicos por parte del gobierno y más.

El resultado de tan deficiente diseño institucional es obvio: bajas tasas de acumulación de capital físico y humano, lo que junto con las muy bajas tasas de introducción de cambios tecnológicos se traduce en un estancamiento de la productividad de los factores de la producción y, consecuentemente, un también estancamiento del PIB por habitante. Estamos atorados en un arreglo institucional que inhibe el crecimiento y no parece que esto vaya a cambiar en el futuro cercano, no con los políticos que tenemos y cuya última preocupación es cambiar los incentivos hacia aquellos que promuevan la acumulación de riqueza.

Ya perdimos la primera década del siglo XXI. ¿Perderemos también la que sigue? ¿Por qué celebramos?

Autonomía, ¿en peligro?

A raíz de la postulación y eventual ratificación en el Senado de Agustín Carstens como Gobernador del Banco de México se ha señalado, sin sustento, que ello podría debilitar y hasta poner en peligro la autonomía del banco central. Cuando se habla de la autonomía del banco central hay dos vertientes de la misma: la autonomía política y la autonomía económica. La primera se refiere a los mecanismos para la integración de la Junta de Gobierno y las causas de remoción de alguno de sus miembros. La autonomía económica se refiere a la independencia con la cual el banco central define y ejerce la política monetaria; ambos conceptos están establecidos en el artículo 28 constitucional, el cual señala que “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración…. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.

Respecto de la autonomía política, tanto el propio artículo 28 constitucional como los artículos 38 al 41 de la Ley del Banco de México establecen el procedimiento y requisitos para integrar la Junta de Gobierno del banco central, mientras que el artículo 43 establece las causas de remoción de algún miembro de esta Junta. Por lo que corresponde a la integración de la Junta destaca el que los nombramientos de cada uno de los miembros se harán de manera escalonada lo que implica que, salvo por alguna razón excepcional, el Presidente de la República en turno no habrá nominado a la mayoría de sus integrantes. Este mecanismo, que por sí mismo le da independencia al Banco, se complementa con las causas de remoción, las cuales solo se podrán dar por causas graves; de las nueve causales establecidas en el artículo 43 de la Ley, ninguna establece como causa de remoción el negarse a otorgar financiamiento al gobierno.

Otro aspecto relacionado con la independencia del banco central y que evita que el Presidente de la República determine la conducción y el rumbo de la política monetaria es que al ser la Junta de Gobierno un cuerpo colegiado, las decisiones se toman por mayoría y solo en caso de empate el que presida la Junta tendrá voto de calidad.

En cuanto a la autonomía económica, siendo que el único objetivo del Banco de México es procurar el poder adquisitivo de la moneda, las decisiones de política monetaria que tome la Junta de Gobierno se hacen con el propósito de alcanzar este objetivo. Esto no implica, sin embargo, que estas decisiones se hagan sin tomar en consideración variables fundamentales, destacando la evolución de actividad económica, la política fiscal, la política de endeudamiento del gobierno y las condiciones del entorno internacional a las cuales se enfrenta la economía mexicana.

Un comentario final sobre la postulación de Agustín Carstens para presidir el Banco de México. Él, como cualquiera que haya integrado en el pasado la Junta de Gobierno o sea actualmente miembro de ésta, sabe que la principal contribución que el banco central puede hacer al crecimiento sostenido de la economía es la estabilidad de precios y que poderla alcanzar es indispensable que las decisiones de política monetaria se tomen siempre con completa autonomía.

Aqui no pasa nada...

Annus horribilis. Así será recordado este año y no solamente por la estrepitosa caída del PIB sino también, más significativo aún, porque nuestra mezquina clase política dejó ir otro año para modificar el marco institucional en el cual nos desenvolvemos los agentes económicos. La consecuencia es obvia: México seguirá teniendo en los años por venir un desempeño económico notoriamente mediocre, caracterizado por muy bajas tasas de crecimiento, una incidencia de pobreza que difícilmente bajará y una distribución del ingreso cada vez más inequitativa, con el 0.001% más rico de la población aumentando su participación en el ingreso nacional. México es el país en el cual “no pasa nada” excepto, claro está, el esfuerzo de los poderes fácticos para mantener el statu quo que les permite apropiarse de una enorme cantidad de rentas a costa del bienestar de la mayor parte de los mexicanos.

Lo que observamos este año es simplemente la continuación de lo que se había se ha registrado en el pasado reciente: la inamovilidad de los privilegiados por el sistema político mexicano. Es esta ausencia de cambio en las estructuras del sistema político y económico del país lo que tiene postrada a la mayor parte de la población en un escenario de estancamiento intergeneracional del bienestar familiar. Para la mayor parte de los mexicanos sus perspectivas económicas son que, en el mejor de los casos, sus descendientes tendrán, a su misma edad, el mismo nivel de bienestar que ellos tienen ahora. Y esta situación solo puede denominarse de una manera: el absoluto fracaso de México como nación en el proceso de desarrollo económico.

México es el país donde no pasa nada. Se debería haber aprovechado este año crítico para imprimir un sentido de urgencia a la imperiosa necesidad de hacer las modificaciones en el esquema de incentivos que se derivan del marco legal y regulatorio para alinear estos con el objetivo de mayor crecimiento económico; simplemente no se hizo. Nos la pasamos un año escuchando declaraciones de funcionarios públicos, legisladores, empresarios y otros afirmado que ya es tiempo de hacer estas reformas, de que si no se hacen seguiremos perdiendo terreno en la arena internacional, siendo cada vez menos competitivos en materia de comercio internacional y como destino de la inversión extranjera. Puras habladurías y nada, absolutamente nada que se haya concretado, con excepción del cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Perdimos la oportunidad de hacer una profunda reforma fiscal; en materia tributaria lo único que se hicieron fueron unos cuantos parches para salvar el año próximo mientras que por el lado del gasto los mexicanos observamos azorados como los políticos se apropiaron del botín de recursos públicos, particularmente los 32 reyezuelos que gobiernan cada una de las entidades federativas. Perdimos la oportunidad de hacer una reforma en telecomunicaciones, en energía, en lo laboral, en lo regulatorio, etcétera. Simplemente perdimos otro año.

El tiempo se agota; solo nos quedan 15 años para aprovechar la ventana de oportunidad demográfica. Si nos quedamos en el “aquí no pasa nada”, seremos en el futuro cercano un país de viejos y pobres. Seremos un país con el futuro cancelado, un fracaso como nación

Burradas

Sin entender que la principal contribución que un banco central puede hacer al crecimiento económico es mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, es decir que la inflación baja y estable, un grupo de senadores del PRD introdujeron una iniciativa para reformar el artículo 28 constitucional así como diversas leyes para, según ellos, que el Banco de México impulse el crecimiento económico. Es simplemente no entender de qué se trata el ejercicio de la política monetaria, como tampoco entender que el que la economía mexicana haya tenido un comportamiento mediocre en los últimos años no es culpa del Banco de México, sino la consecuencia de tener un arreglo institucional tan ineficiente que castiga el crecimiento económico.

Según esta iniciativa, una que está llena de contradicciones, el Banco de México, además de procurar la estabilidad de nivel general de precios, también tendría como objetivo “impulsar al máximo el crecimiento económico y el empleo”. Tal como se lee en esta iniciativa, el Banco de México estaría obligado a otorgar financiamiento primario al gobierno para el financiamiento de obras de infraestructura, además de que también se utilizarían para este fin las reservas internacionales “excedentes” (¿?), monto que lo decidiría el representante del Poder Legislativo en la Junta de Gobierno del Banco de México. Lo único que puede inferirse de tal propuesta, es que por ley el Banco de México estaría obligado a instrumentar una política monetaria expansiva cuya única consecuencia sería mayor inflación y menor crecimiento económico, además de que al haber un representante del Poder Legislativo en la Junta de Gobierno implicaría la pérdida de autonomía del banco central ¡Una auténtica burrada por parte de los senadores del PRD!

En otra parte de la iniciativa proponen que desaparezca la Comisión de Cambios y que sea el Banco de México quién decida la política cambiaria “atendiendo las necesidades de los exportadores”. Nuevamente, lo único que se puede inferir de esta propuesta es que por ley el Banco de México estaría obligado a instrumentar una política cambiaria guiada en devaluaciones continuas y cada vez mayores para aumentar artificialmente la competitividad de los exportadores mexicanos, política que de seguirse traería como consecuencia una inflación cada vez más elevada junto con una caída en el salario real y, finalmente, menor crecimiento económico. ¡Otra auténtica burrada!

Asimismo proponen, mostrando su absoluto desconocimiento de la teoría monetaria, que el Banco de México controle las tasas de interés de largo plazo y que además establezca que las tasas activas de interés en México no sean mayores que las vigentes en los mercados financieros internacionales. Otra burrada más ya que el Banco de México solo puede controlar la tasa de fondeo diario; bajo ninguna circunstancia puede controlar las tasas reales de interés, ni las de corto ni las de largo plazo, como tampoco puede controlar las tasas activas de interés.

También proponen que, para promover el crecimiento económico, se vuelva a establecer una política financiera basada en los controles selectivos del crédito bancario, una política que a todas luces introduciría una significativa distorsión en la asignación de los recursos financieros. Una burrada más.

Son tantas inconsistencias que lo mínimo que debemos esperar es que esta iniciativa se deseche