El bienestar de los consumidores

A los gobernantes, incluidos los legisladores, se les olvida que ellos fueron electos con un solo fin: proteger y promover el bienestar de los consumidores. En tal sentido, sus acciones de carácter legal y regulatorio tendrían que enfocarse a reducir sino es que de plano eliminar todas aquellas barreras que encarecen la entrada y salida de empresas de los mercados. Puesto en otros términos, su labor se debe dirigir a lograr que todos los mercados, sean estos de bienes, servicios o factores de la producción, operen en un contexto de competencia; su labor debe ser dotar a los consumidores de mayor libertad económica.

Es claro que cuando los mercados operan en un contexto de competencia, esto se traduce en que simultáneamente se maximiza el bienestar de los consumidores y de los productores. Es éste el arreglo institucional que permite, con el pleno ejercicio de la libertad para elegir, no solamente que cada agente económico maximice su nivel de bienestar sino también, es el que permite que simultáneamente se maximice el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y es éste el que se traduce en un continuo y sostenido proceso de crecimiento económico.

Por el contrario, cuando existen significativas barreras de entrada y salida de los mercados, esto se traduce en que las empresas protegidas por la legislación y la regulación se apropien de rentas a costa del bienestar de los consumidores. A medida que los mercados se alejan de un esquema de competencia, los precios que enfrentan los consumidores tienden a ser más elevados, lo cual obviamente implica una reducción de su nivel de bienestar. Más aun, este tipo de barreras a la existencia de mercados competitivos tiende a inhibir la búsqueda por parte de las empresas de proceso que se traduzcan en una reducción de costos, aquellos procesos que incrementen la productividad factorial total, particularmente el cambio tecnológico. Además este tipo de barreras, al generar incentivos a la corrupción, desincentiva la inversión. En consecuencia, la existencia de barreras a la competencia se constituye como el principal elemento que inhibe el crecimiento económico sostenido y el desarrollo económico, inhibiendo por lo mismo los aumentos sostenidos en el bienestar de los consumidores.

En este sentido, muy poco se ha avanzado en materia legal y regulatoria para lograr una mayor competencia en los mercados, exceptuando quizás la reducción de aranceles que entró en vigor este año. Los agentes económicos privados seguimos enfrentando enormes barreras en diversos mercados y no parece que realmente exista la posibilidad de que éstas se reduzcan significativamente en el corto plazo, aun a pesar de la orden presidencial a sus secretarios de Estado para que eliminen toda aquella regulación federal que no tiene porqué existir, aunado a que la mayor parte de estas barreras son de carácter estatal y municipal y sobre las cuales el propio Presidente no tiene influencia.

Y así, mientras en el gobierno, particularmente en el Poder Legislativo y en los gobiernos locales, no cambie la filosofía que debe guiar sus actos, es decir proteger a los consumidores, México seguirá siendo una economía con bajo crecimiento económico y enormes pérdidas en el bienestar de los consumidores.

Aqui no pasa nada...

Hace algunos años, en estas mismas páginas, escribí un artículo con el mismo título que el de hoy, lo cual se constituye como un verdadero drama. Llevamos prácticamente tres décadas sin crecer, con el PIB por habitante estancado y con casi la mitad de la población subsistiendo en una situación de pobreza patrimonial. El año pasado el PIB se contrajo en alrededor del 7% y dada la estructura institucional de la economía mexicana, no volveremos a  alcanzar el nivel pre crisis sino hasta el 2012. Un verdadero drama para la mayor parte de la población que percibe que sus posibilidades de mejora en el bienestar familiar están prácticamente canceladas. Vivimos bajo un arreglo institucional en el cual abundan los elementos que castigan el crecimiento económico y premian la apropiación de rentas.

Primero, destaca la notoria incidencia de prácticas monopólicas en sectores claves de la economía como son energía eléctrica, hidrocarburos, telecomunicaciones, cemento, prácticas notariales, transporte aéreo, transporte marítimo de cabotaje, etcétera, prácticas que reducen el bienestar de la población e inhiben el crecimiento económico. Y a pesar de ello, no parece haber significativas posibilidades de que se apruebe una profunda reforma a la Ley Federal de Competencia que le permita a la Comisión Federal de Competencia perseguir y castigar con mayor efectividad este tipo de prácticas.

Segundo, está la enrome cantidad de barreras legales y regulatorias para la apertura, operación, crecimiento e inclusive el cierre de empresas. Hacer negocios en México es notoriamente caro; se estima que la carga regulatoria que enfrentan las empresas representa casi el 12% del PIB. La idea que permea entre los políticos y los burócratas de que todo hay que regularlo, con un absoluto desdén hacia lo bien que opera una economía de mercado eficientemente regulada, ha llevado a excesivas e ineficientes regulaciones. Desde la Presidencia se anuncia que ahora sí va a haber un significativo proceso de desregulación al nivel federal pero dada la experiencia de años anteriores, se duda que esto se vaya a materializar. Y si además consideramos que la mayor parte de las barreras a la entrada de nuevas empresas al mercado son estatales y municipales, pues estamos fritos. Los estados son soberanos y los municipios son independientes y no tienen porqué hacerle caso al Presidente, más aun cuando la misma existencia de estas barreras le generan a los que ejercen el poder y a la burocracia enromes rentas. La corrupción en México es generalizada e inhibe el crecimiento económico.

Tercero, la regulación del mercado laboral. Una legislación que encarece la contratación de trabajadores porque despedirlos es muy caro, inhibe el cambio tecnológico en las empresas porque el acceso en el escalafón solo depende de la antigüedad y no de la capacitación y productividad, hace que el mercado laboral sea excesivamente rígido al prohibir contratos a prueba y de corto plazo, la existencia de contratos ley y, de lo más importante, la existencia de las cláusulas de exclusión sindical que deriva en que todos los líderes sindicales sean ricos aunque a quienes dicen representar vivan en la pobreza.

Una mejora institucional aumentaría el crecimiento y el bienestar de la población pero aquí no pasa nada porque estamos secuestrados por quienes se benefician del statu quo ineficiente: políticos, monopolistas, burócratas y líderes sindicales

¿Por qué celebramos?

-El primer artículo de 2010-

Iniciamos 2010, año en el que se “celebran” los doscientos años del inicio de la independencia y cien años del inicio de la guerra civil que asoló a México por casi una década. ¿Realmente estamos como para andar celebrando? Sin duda el nivel de bienestar de la población mexicana es hoy significativamente mayor que lo que era hace 200 o hace 100 años. Sin embargo, estamos muy lejos de haber logrado, después de tanto tiempo, el nivel de desarrollo económico que se hubiese podido tener dada la enorme cantidad de recursos naturales, nuestra posición geográfica y, sobretodo, de haber tenido desde la independencia un marco institucional que hubiese promovido la acumulación de riqueza en lugar del que hemos tenido, uno que históricamente ha promovido y premiado la búsqueda y apropiación de rentas.

En realidad, con una perspectiva de largo plazo, 200 años, hemos fracasado como país en el proceso de desarrollo económico. Hoy, el PIB por habitante apenas se acerca a los 10 mil dólares anuales, con una de las distribuciones del ingreso agregado más inequitativas del mundo y con casi la mitad de la población viviendo en una situación de pobreza patrimonial.

Pero vayamos a lo más reciente en la evolución de la economía mexicana, la primera década del siglo XXI. ¡Qué desastre! Otra década más que se pierde. A finales del siglo XX (el año 2000), el PIB real, con base 2003, ascendió a 7,520 miles de millones de pesos, siendo el PIB por habitante, también en pesos reales, de 77,131 pesos. Para finales de 2010, cuando acabe la década, se espera que el PIB llegue a 8,595 miles de millones de pesos, con el correspondiente PIB por habitante de 79,586 pesos. Así, en esta primera década del siglo XXI, el PIB agregado habrá crecido solamente en 14.3% y el PIB por habitante en 3.2%, lo que arroja tasas medias anuales de crecimiento de 1.4 y 0.3%. ¡Patético!

Los elementos que explican por qué México no crece ahí están, todos ellos girando alrededor de un notoriamente débil estado de derecho: derechos privados de propiedad ineficientemente definidos y peor aun ineficientemente protegidos, una significativa incertidumbre del cumplimiento de contratos, una excesiva e ineficiente regulación de los mercados que impone altas barreras de entrada y por lo mismo mercados poco competitivos, poderes fácticos (empresarios, sindicatos, partidos políticos, burócratas, etcétera) que se han apropiado de instituciones del Estado mexicano y que tienen como prioridad la apropiación de rentas, un enorme desperdicio de recursos públicos por parte del gobierno y más.

El resultado de tan deficiente diseño institucional es obvio: bajas tasas de acumulación de capital físico y humano, lo que junto con las muy bajas tasas de introducción de cambios tecnológicos se traduce en un estancamiento de la productividad de los factores de la producción y, consecuentemente, un también estancamiento del PIB por habitante. Estamos atorados en un arreglo institucional que inhibe el crecimiento y no parece que esto vaya a cambiar en el futuro cercano, no con los políticos que tenemos y cuya última preocupación es cambiar los incentivos hacia aquellos que promuevan la acumulación de riqueza.

Ya perdimos la primera década del siglo XXI. ¿Perderemos también la que sigue? ¿Por qué celebramos?

Autonomía, ¿en peligro?

A raíz de la postulación y eventual ratificación en el Senado de Agustín Carstens como Gobernador del Banco de México se ha señalado, sin sustento, que ello podría debilitar y hasta poner en peligro la autonomía del banco central. Cuando se habla de la autonomía del banco central hay dos vertientes de la misma: la autonomía política y la autonomía económica. La primera se refiere a los mecanismos para la integración de la Junta de Gobierno y las causas de remoción de alguno de sus miembros. La autonomía económica se refiere a la independencia con la cual el banco central define y ejerce la política monetaria; ambos conceptos están establecidos en el artículo 28 constitucional, el cual señala que “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración…. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.

Respecto de la autonomía política, tanto el propio artículo 28 constitucional como los artículos 38 al 41 de la Ley del Banco de México establecen el procedimiento y requisitos para integrar la Junta de Gobierno del banco central, mientras que el artículo 43 establece las causas de remoción de algún miembro de esta Junta. Por lo que corresponde a la integración de la Junta destaca el que los nombramientos de cada uno de los miembros se harán de manera escalonada lo que implica que, salvo por alguna razón excepcional, el Presidente de la República en turno no habrá nominado a la mayoría de sus integrantes. Este mecanismo, que por sí mismo le da independencia al Banco, se complementa con las causas de remoción, las cuales solo se podrán dar por causas graves; de las nueve causales establecidas en el artículo 43 de la Ley, ninguna establece como causa de remoción el negarse a otorgar financiamiento al gobierno.

Otro aspecto relacionado con la independencia del banco central y que evita que el Presidente de la República determine la conducción y el rumbo de la política monetaria es que al ser la Junta de Gobierno un cuerpo colegiado, las decisiones se toman por mayoría y solo en caso de empate el que presida la Junta tendrá voto de calidad.

En cuanto a la autonomía económica, siendo que el único objetivo del Banco de México es procurar el poder adquisitivo de la moneda, las decisiones de política monetaria que tome la Junta de Gobierno se hacen con el propósito de alcanzar este objetivo. Esto no implica, sin embargo, que estas decisiones se hagan sin tomar en consideración variables fundamentales, destacando la evolución de actividad económica, la política fiscal, la política de endeudamiento del gobierno y las condiciones del entorno internacional a las cuales se enfrenta la economía mexicana.

Un comentario final sobre la postulación de Agustín Carstens para presidir el Banco de México. Él, como cualquiera que haya integrado en el pasado la Junta de Gobierno o sea actualmente miembro de ésta, sabe que la principal contribución que el banco central puede hacer al crecimiento sostenido de la economía es la estabilidad de precios y que poderla alcanzar es indispensable que las decisiones de política monetaria se tomen siempre con completa autonomía.

Aqui no pasa nada...

Annus horribilis. Así será recordado este año y no solamente por la estrepitosa caída del PIB sino también, más significativo aún, porque nuestra mezquina clase política dejó ir otro año para modificar el marco institucional en el cual nos desenvolvemos los agentes económicos. La consecuencia es obvia: México seguirá teniendo en los años por venir un desempeño económico notoriamente mediocre, caracterizado por muy bajas tasas de crecimiento, una incidencia de pobreza que difícilmente bajará y una distribución del ingreso cada vez más inequitativa, con el 0.001% más rico de la población aumentando su participación en el ingreso nacional. México es el país en el cual “no pasa nada” excepto, claro está, el esfuerzo de los poderes fácticos para mantener el statu quo que les permite apropiarse de una enorme cantidad de rentas a costa del bienestar de la mayor parte de los mexicanos.

Lo que observamos este año es simplemente la continuación de lo que se había se ha registrado en el pasado reciente: la inamovilidad de los privilegiados por el sistema político mexicano. Es esta ausencia de cambio en las estructuras del sistema político y económico del país lo que tiene postrada a la mayor parte de la población en un escenario de estancamiento intergeneracional del bienestar familiar. Para la mayor parte de los mexicanos sus perspectivas económicas son que, en el mejor de los casos, sus descendientes tendrán, a su misma edad, el mismo nivel de bienestar que ellos tienen ahora. Y esta situación solo puede denominarse de una manera: el absoluto fracaso de México como nación en el proceso de desarrollo económico.

México es el país donde no pasa nada. Se debería haber aprovechado este año crítico para imprimir un sentido de urgencia a la imperiosa necesidad de hacer las modificaciones en el esquema de incentivos que se derivan del marco legal y regulatorio para alinear estos con el objetivo de mayor crecimiento económico; simplemente no se hizo. Nos la pasamos un año escuchando declaraciones de funcionarios públicos, legisladores, empresarios y otros afirmado que ya es tiempo de hacer estas reformas, de que si no se hacen seguiremos perdiendo terreno en la arena internacional, siendo cada vez menos competitivos en materia de comercio internacional y como destino de la inversión extranjera. Puras habladurías y nada, absolutamente nada que se haya concretado, con excepción del cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Perdimos la oportunidad de hacer una profunda reforma fiscal; en materia tributaria lo único que se hicieron fueron unos cuantos parches para salvar el año próximo mientras que por el lado del gasto los mexicanos observamos azorados como los políticos se apropiaron del botín de recursos públicos, particularmente los 32 reyezuelos que gobiernan cada una de las entidades federativas. Perdimos la oportunidad de hacer una reforma en telecomunicaciones, en energía, en lo laboral, en lo regulatorio, etcétera. Simplemente perdimos otro año.

El tiempo se agota; solo nos quedan 15 años para aprovechar la ventana de oportunidad demográfica. Si nos quedamos en el “aquí no pasa nada”, seremos en el futuro cercano un país de viejos y pobres. Seremos un país con el futuro cancelado, un fracaso como nación