Cuatro jinetes

Casi como en el Apocalipsis, cuatro jinetes están asolando México y, aunque no lo están destruyendo (aunque quizás sí), sí es tal la carcomida que están causando que nos mantienen atrapados en la mediocridad. Estos cuatro jinetes son la ausencia de competencia en mercados claves de la economía, la inseguridad que prevalece sobre los derechos privados de propiedad, la corrupción gubernamental y, cabalgando en el corcel más fuerte, sosteniendo e impulsando a los tres anteriores, los políticos.
Primero, sectores de la economía que son claves para el crecimiento y el bienestar de los consumidores están monopolizados, sean estos de carácter gubernamental o privado. En el sector de energía, los mexicanos pagamos uno de los niveles de precios más altos del mundo, sobre todo cuando contabilizamos en el precio aquella parte de los impuestos federales que el gobierno le transfiere a las empresas paraestatales más el costo de oportunidad que representa el derroche de la renta petrolera en gastos inútiles. De manera similar, en el sector privado, sectores que son claves como telecomunicaciones, cemento, transporte, trámites notariales, etcétera, operan bajo prácticas monopólicas, inhibiendo el crecimiento económico y, más aun, generando a los consumidores una significativa pérdida de bienestar. La Comisión Federal de Competencia necesita más fuerza y, sin embargo, los políticos lo impiden, particularmente aquellos en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, quienes han bloqueado en diversas ocasiones las modificaciones que se requieren en la Ley Federal de Competencia Económica.
Segundo, la impunidad con la cual se cometen los delitos en este país es inaudita; solo 3% de los delitos del fuero común terminan en una condena. Homicidios, asaltos, robos, secuestros, fraude, extorsión, etcétera, son todos delitos que atentan en contra de los derechos privados de propiedad. La ineficiencia de los cuerpos de seguridad pública, la ineptitud y corrupción de los ministerios públicos y, en muchas ocasiones de los juzgados, se traduce en que los mexicanos estamos inermes ante los delincuentes. Este enorme grado de impunidad es, finalmente, un juego de suma negativa; el país como un todo pierde porque se invierte menos y se crece menos.
Tercero, vivimos asolados por una enorme incidencia de corrupción en todos los niveles del gobierno, desde la clásica mordida al policía hasta la exigencia de un pago por otorgar un contrato de obra pública. La corrupción gubernamental, definida como la utilización del poder público para obtener un beneficio personal, no es más que la extracción por parte de un funcionario público de una parte del ingreso de la población así como de una parte de las utilidades que genera un proyecto privado de inversión. Nuevamente, un juego de suma negativa con un alto costo social.
Y finalmente, encabezando la cabalgata apocalíptica, los políticos. Rentistas que buscan maximizar su bienestar a costa del bienestar de la población, negados a rendir cuentas por sus actos, impidiendo cualquier reforma que les reduzca sus privilegios, bloqueando prácticamente todos aquellos cambios que harían a la economía más eficiente y productiva, generadores y beneficiarios de la corrupción, protegiendo a rentistas privados como monopolios y sindicatos y más, lo que los hace ser acreedores del desprecio de la población.
Cuatro jinetes que han secuestrado a México y lo mantienen en la mediocridad.

Discutiendo la legalización de las drogas

Los titulares de cualquier periódico, prácticamente todos los días, resaltan los actos de violencia que hay alrededor de la guerra en contra del narcotráfico. Casi 18,000 muertos en un poco más de tres años ha sido el balance de esta guerra, una que realistamente no se puede ganar. El presidente Calderón señaló, en este contexto, que no tiene sentido discutir el tema de la legalización de las drogas en México si en Estados Unidos no se opta por ese mismo camino. Creo que el presidente está equivocado.
Obviamente, dado que en Estados Unidos se localiza el principal número de consumidores de estupefacientes, si estos se legalizaran, prácticamente se acabaría en México el problema del narcotráfico y la violencia asociada a éste. En ese país, en varios estados, la posesión y consumo de marihuana para usos medicinales por parte de individuos que se encuentran en tratamiento de quimioterapia ya es legal; más aun, este año se pondrá a referéndum en California y algunos otros estados de la Unión, la legalización total de esta droga, reconociendo, por fin, que no tiene ningún sentido utilizar recursos públicos en el combate al consumo de drogas y que es más eficiente utilizar estos en políticas públicas enfocadas a la prevención y al tratamiento.
La legalización de la marihuana en Estados Unidos representaría para México un choque externo positivo dado que esta droga es el principal producto de exportación de los carteles mexicanos, representando alrededor del 60% del total de sus ingresos. Con la legalización de la marihuana en Estados Unidos, los carteles perderían, sin duda, una fuente importante de poder.
Y ahora la pregunta; ¿debemos discutir en México la legalización de las drogas? Mi respuesta es que sí es crucial discutirla, independientemente de los que suceda en Estados Unidos. Dos son los argumentos centrales. El primero es el enorme desperdicio de recursos públicos que se destinan al combate al narcotráfico en una guerra que es imposible ganar. El segundo, que en mi opinión es el más importante, es el respeto a la libertad individual.
Respecto del primero, dado que la demanda de drogas es muy inelástica a cambios en el precio, el resultado del combate al narcotráfico es, paradójicamente, fortalecer a los carteles. A medida que el costo de dedicarse a esta actividad aumenta, tanto por la acción persecutoria del gobierno como por el enfrentamiento entre los propios carteles para tratar de apoderarse del territorio de otros, el resultado es un aumento en el precio de las drogas lo que se traduce en mayores ingresos de los carteles y, en consecuencia un mayor poder para adquirir armas y para corromper.
En cuanto al segundo, es claro que en una democracia es inaceptable utilizar el poder público para imponer sobre los miembros de la sociedad la moralidad privada, por lo que el gobierno tiene que reconocer la libertad que debe tener cada individuo para elegir qué es lo que más le conviene, incluyendo el consumo de drogas. Que individuos consuman drogas no genera una externalidad negativa significativa que amerite su prohibición.
Legalizar las drogas y utilizar los recursos públicos en programas de educativos de prevención, sería más eficiente que lo que ahora se está haciendo.

Obesidad

           La población mexicana sufre de un grave problema de obesidad. Somos (yo no) el segundo país con mayor incidencia de obesidad en el mundo, solamente detrás de Estados Unidos. Esto implica un problema de salud pública ya que es el precursor de graves enfermedades como son la diabetes y las cardiovasculares. Además, la obesidad también repercute en un costo económico directo ya que este fenómeno se traduce en una menor productividad en el trabajo así como un mayor ausentismo.

            Últimamente se ha estado argumentando que el fenómeno de la obesidad está causado por el consumo de alimentos “chatarra”, afectando particularmente a los niños que consumen este tipo de bienes en las escuelas. De ahí ha surgido la presión para que en las escuelas se dejen de vender estos productos y se sustituyan por alimentos “sanos”. Aunque la ingestión de alimentos chatarra puede ser un elemento importante como detonador de la obesidad, hay otros que son más importantes.

            El primero es, sin lugar, a dudas los patrones de alimentación del mexicano promedio. Una dieta basada en alimentos fritos, con la costumbre de utilizar varias veces el mismo aceite, explica en gran medida la obesidad.

Un segundo elemento es el tránsito de la economía hacia el sector servicios. A medida que la mayor parte del ingreso nacional se produce en el sector servicios, con una disminución relativa en los sectores agropecuario e industrial, la fuerza laboral se ha concentrado en actividades de carácter sedentario, lo que naturalmente contribuye a una menor quema de calorías en las actividades productivas y a una mayor incidencia de obesidad.

Un tercer elemento es que el mexicano no hace deporte, primero por falta de costumbre y segundo porque no existen las instalaciones públicas de carácter municipal como tampoco existen suficientes áreas verdes en las ciudades en donde se pudiese practicas algún deporte (y aquí una solicitud a las autoridades del D. F. para que cambien los faroles fundidos en la segunda sección de Chapultepec; los corredores que asistimos allí antes de que amanece estaríamos muy agradecidos).

Hacer deporte es crucial, junto con una correcta alimentación, para evitar la obesidad y para ello se requiere que desde niños se adquiera la costumbre del deporte. Pero aquí nos enfrentamos a que en las escuelas públicas, en donde asisten el 85% de los niños en el nivel de primaria, no tienen las instalaciones para practicar el deporte. Aunado a ello está el problema del horario en el cual los niños asisten a la escuela. A diferencia de las escuelas particulares, en las cuales los niños asisten seis horas al día, en las escuelas públicas los niños solo asisten cuatro horas diarias, por lo que no existe tiempo para realizar actividades deportivas en el horario escolar. Cambiar esto es imposible porque el SNTE se opondría a ampliar el horario escolar más el hecho de que no existe personal capacitado para atender la educación física.

Mientras no haya un cambio significativo de los patrones de alimentación y mientras siga teniendo una vida sedentaria, el mexicano promedio seguirá siendo obeso. Prohibir la venta de alimentos chatarra en las escuelas no resolverá el problema.

Líderes ricos, trabajadores pobres

Uno de los pilares en los cuales se sustentó el sistema político mexicano fue el corporativismo creado por Lázaro Cárdenas y perfeccionado a lo largo de los años subsecuentes por los diferentes presidentes priistas. Uno de los elementos de este sistema consistía, y aun consiste, en el otorgamiento de prebendas económicas a los líderes sindicales, campesinos y de la burocracia a cambio del apoyo político. Como resultado de este arreglo observamos que mientras estos líderes son ricos, sus representados son relativamente pobres.

Esta dualidad, líderes ricos – trabajadores pobres, es más notorio en dos sectores de la economía mexicana: los sindicatos en el sector privado y los sindicatos gubernamentales, incluyendo los que laboran tanto para el gobierno federal como en las empresas paraestatales. En este artículo me referiré a los líderes y sus sindicatos que aglutinan a trabajadores en empresas privadas, particularmente a la cláusula de exclusión sindical que establece el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La legislación laboral vigente, incluyendo el artículo 123 constitucional y la LFT, se diseñó en gran medida para que fuese el mecanismo mediante el cual los trabajadores pudieran apropiarse parcialmente de las rentas que las empresas obtenían por la protección comercial y otros subsidios que recibían, particularmente a la utilización de capital, durante la época en que se instrumento la política de sustitución de importaciones.

Destaca en esta legislación, por ser en gran medida la causante de la dualidad líderes ricos – “trabajadores pobres”, la cláusula de exclusión sindical que puede introducirse en los contratos colectivos de trabajo. Cuando existe esta cláusula, se permite legalmente que en el contrato colectivo pueda establecerse que la empresa contrate únicamente a trabajadores que sean miembros del sindicato y que si un trabajador es expulsado del sindicato la empresa esté obligada a despedirlo, indemnizándolo de acuerdo a lo establecido en el propio contrato colectivo de trabajo o, como mínimo, de acuerdo a lo que señala la propia Ley. Obviamente, cuando existe tal cláusula en los contratos colectivos de trabajo, la decisión de a quienes contratar corresponde al líder sindical y no a la empresa, por lo que esta última tendrá limitada su capacidad para contratar a aquellos trabajadores que tengan una mayor productividad.

Adicionalmente, la cláusula de exclusión sindical generalmente lleva al enriquecimiento de los líderes ya que la existencia de esta cláusula puede derivar en  que el dueño de la empresa le pague al líder sindical para que esta cláusula no se ejerza o que sea el propio líder sindical el que le venda las plazas laborales a los trabajadores. En cualquiera de los dos casos el resultado es el enriquecimiento del líder sindical a costa del bienestar de los trabajadores que dice representar, más aun cuando como resultado de la propia legislación los líderes no tienen porqué ser transparentes y rendirle cuentas a los trabajadores sindicalizados.

Una reforma laboral en serio requiere que el artículo 395 de la LFT se derogue. Sin embargo esto no va a suceder. Beatriz Paredes, presidente del PRI ya lo señaló: la reforma laboral no va a pasar. Y así, no importa que los trabajadores sigan siendo pobres mientras sus “líderes”, casi todos ellos priistas, se siguen enriqueciendo.

El bienestar de los consumidores

A los gobernantes, incluidos los legisladores, se les olvida que ellos fueron electos con un solo fin: proteger y promover el bienestar de los consumidores. En tal sentido, sus acciones de carácter legal y regulatorio tendrían que enfocarse a reducir sino es que de plano eliminar todas aquellas barreras que encarecen la entrada y salida de empresas de los mercados. Puesto en otros términos, su labor se debe dirigir a lograr que todos los mercados, sean estos de bienes, servicios o factores de la producción, operen en un contexto de competencia; su labor debe ser dotar a los consumidores de mayor libertad económica.

Es claro que cuando los mercados operan en un contexto de competencia, esto se traduce en que simultáneamente se maximiza el bienestar de los consumidores y de los productores. Es éste el arreglo institucional que permite, con el pleno ejercicio de la libertad para elegir, no solamente que cada agente económico maximice su nivel de bienestar sino también, es el que permite que simultáneamente se maximice el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y es éste el que se traduce en un continuo y sostenido proceso de crecimiento económico.

Por el contrario, cuando existen significativas barreras de entrada y salida de los mercados, esto se traduce en que las empresas protegidas por la legislación y la regulación se apropien de rentas a costa del bienestar de los consumidores. A medida que los mercados se alejan de un esquema de competencia, los precios que enfrentan los consumidores tienden a ser más elevados, lo cual obviamente implica una reducción de su nivel de bienestar. Más aun, este tipo de barreras a la existencia de mercados competitivos tiende a inhibir la búsqueda por parte de las empresas de proceso que se traduzcan en una reducción de costos, aquellos procesos que incrementen la productividad factorial total, particularmente el cambio tecnológico. Además este tipo de barreras, al generar incentivos a la corrupción, desincentiva la inversión. En consecuencia, la existencia de barreras a la competencia se constituye como el principal elemento que inhibe el crecimiento económico sostenido y el desarrollo económico, inhibiendo por lo mismo los aumentos sostenidos en el bienestar de los consumidores.

En este sentido, muy poco se ha avanzado en materia legal y regulatoria para lograr una mayor competencia en los mercados, exceptuando quizás la reducción de aranceles que entró en vigor este año. Los agentes económicos privados seguimos enfrentando enormes barreras en diversos mercados y no parece que realmente exista la posibilidad de que éstas se reduzcan significativamente en el corto plazo, aun a pesar de la orden presidencial a sus secretarios de Estado para que eliminen toda aquella regulación federal que no tiene porqué existir, aunado a que la mayor parte de estas barreras son de carácter estatal y municipal y sobre las cuales el propio Presidente no tiene influencia.

Y así, mientras en el gobierno, particularmente en el Poder Legislativo y en los gobiernos locales, no cambie la filosofía que debe guiar sus actos, es decir proteger a los consumidores, México seguirá siendo una economía con bajo crecimiento económico y enormes pérdidas en el bienestar de los consumidores.