Desde hace algunos relativamente pocos años, México y su economía están enfrascados en una lucha por la competencia entre los participantes en cada uno de los mercados, una lucha que trata de darle a los individuos una mayor libertad para elegir y, simultáneamente, quitarle las rentas a diversos grupos de interés que se apropian de una fracción del ingreso nacional mayor a lo que representa su aportación a la generación de ese mismo ingreso. Una guerra entre aquellos que representan los intereses atomizados de los individuos, como la Procuraduría del Consumidor, la CONDUSEF y la Comisión Federal de Competencia Económica y los monopolios; una guerra en la cual hay batallas que se ganan a favor de los individuos y otras que se pierden. Cuatro ejemplos de la semana que acabó.
Primero, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica mediante la cual le dan mayor poder a la Comisión para perseguir y castigar las prácticas monopólicas en el país, incluyendo mayores multas estimadas como un porcentaje de los ingresos totales de las empresas que incurra en estas prácticas, la responsabilidad penal de los dueños y/o administradores de estas empresas y la facultad de la aplicación de medidas cautelares por parte de la CFC cuando haya presunción de que una empresa está incurriendo en prácticas anticompetitivas. Gran avance y ahora la pregunta, ¿pasará en el Senado o Beltrones la volverá a bloquear, protegiendo los intereses de algún grupo que incurre en prácticas que dañan a los consumidores?
Segundo, la multimillonaria multa aplicada por la CFC a América Móvil por prácticas monopólicas en el mercado de telefonía celular, al cobrar tarifas de interconexión notoriamente elevadas a los competidores. Gran decisión de la Comisión ante la cual los multados seguramente recurrirán al amparo judicial. Y he aquí en dónde está uno de los grandes problemas. En el pasado el Poder Judicial Federal ha otorgado los amparos reclamados por las empresas del Grupo Carso, TELMEX y TELCEL en contra de los actos de la CFC y de la COFETEL por cuestiones de carácter procedimental, nunca habiendo ido al fondo del asunto. Los jueces de distrito han tomado, siempre el camino fácil, sin entender que su labor es cumplir con el artículo 28 constitucional que expresamente prohíbe las prácticas monopólicas.
Tercero, una amarga derrota en pos de la libertad. La aprobación de la norma 29 por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a pesar de la opinión de la CFC, a propuesta de Ebrard, para limitar en dónde pueden situarse los supermercados y las tiendas de conveniencia para proteger a los mercados populares. ¡Un premio a la ineficiencia a cambio de unos cuántos votos! Limitando en dónde se pueden localizar supermercados y tiendas de conveniencia claramente limita la libertad para elegir de los consumidores, lo cual deriva en una reducción de su bienestar. ¿Y Ebrard y el PRD se dicen protectores de los consumidores? ¡Qué cinismo!
Cuarto; protegiendo los intereses monopólicos de los líderes sindicales, el PRI enterró la reforma laboral que hubiese significado, una mayor flexibilidad en este mercado, mayor productividad global de la economía y, sobretodo, mayor libertad de elección tanto para las empresas como para los trabajadores. Ahora, gracias al PRI, seguiremos sumidos en la mediocridad.
Batallas se ganan y se pierden en esta guerra, misma que hay que seguir peleando porque el objetivo último de la política pública tiene que ser la libertad.
lunes, 18 de abril de 2011
lunes, 11 de abril de 2011
Incentivos vs planificación
Incentivos en el mercado o planeación centralizada, dos formas de asignar los recursos en la economía. Parecería fuera de tiempo entrar a discutir con cuál de los sistemas económicos se logra un mejor desempeño de la economía, sobre todo después del rotundo fracaso que significó el experimento socialista del siglo XX, particularmente en la Unión Soviética y los países del Europa del Este y como se observa en la actualidad en aquellos que insisten en continuar con este esquema, como en Cuba, Corea del Norte y más recientemente en Venezuela. Es sin embargo relevante discutirlo porqué aun persiste en México, en varios individuos y organizaciones, como el ala izquierda del PRI, la idea de que el gobierno debe participar activamente en las decisiones de cómo asignar los recursos, tal como lo vemos con la propuesta de crear el Consejo Nacional de Financiamiento al Desarrollo.
Un sistema de planificación centralizada no puede lograr una asignación eficiente de recursos por una razón muy sencilla: el planificador no tiene toda la información relevante, particularmente lo referente a la escasez relativa de los recursos productivos, por lo que en sus decisiones de cómo asignar los recursos no toma en consideración el costo de oportunidad. Adicionalmente, para el planificador las preferencias de los individuos que componen la sociedad son irrelevantes, por lo que actúa bajo el supuesto de que las preferencias relevantes para decidir cómo se asignan los recursos son solamente las suyas. Ello lleva, tal como lo señaló Hayek en su ensayo “El camino a la servidumbre”, a que los individuos se vuelven, para efectos prácticos, esclavos del Estado; cada individuo es solamente un engrane más de una gigantesca maquinaria que no funciona.
Insistir en que el gobierno puede hacer las cosas mejor que el mercado no solo termina con un rotundo fracaso económico sino, más aun, cancela la libertad de los individuos, tanto en lo económico como en lo político.
Por el contrario, una economía de mercado, en donde los derechos privados de propiedad están eficientemente definidos en el marco legal y son eficientemente protegidos por un poder judicial independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de los contratos lleva a que cada individuo, tomando únicamente en consideración sus preferencias y la información local relevante, asigne los recursos de su propiedad hacia aquél uso en donde la rentabilidad esperada sea la más alta. Es decir, cada individuo, al momento de decidir cómo asigna sus recursos, toma en consideración el costo de oportunidad.
En este sistema de organización social, el gobierno tiene un papel muy importante que jugar, más allá de la provisión del bien público por excelencia que es la protección de los derechos privados de propiedad. Es papel del gobierno establecer en el marco legal y regulatorio un sistema de incentivos que induzca a que cada individuo asigne los recursos hacia su uso más eficiente, garantizando que todos los mercados operen bajo un esquema de competencia. Incentivos correctos llevan a una asignación privada eficiente y, cooperando cada individuo con el resto de la sociedad a través del intercambio voluntario, una asignación que resulta también socialmente eficiente.
La economía mexicana no avanza más rápidamente en gran medida porque, además de que el gobierno no protege los derechos de propiedad, los incentivos que se derivan del arreglo institucional no son los correctos. Si en lugar de corregir esta falla, se insiste en adoptar elementos de planificación centralizada, garantizaremos la mediocridad.
Un sistema de planificación centralizada no puede lograr una asignación eficiente de recursos por una razón muy sencilla: el planificador no tiene toda la información relevante, particularmente lo referente a la escasez relativa de los recursos productivos, por lo que en sus decisiones de cómo asignar los recursos no toma en consideración el costo de oportunidad. Adicionalmente, para el planificador las preferencias de los individuos que componen la sociedad son irrelevantes, por lo que actúa bajo el supuesto de que las preferencias relevantes para decidir cómo se asignan los recursos son solamente las suyas. Ello lleva, tal como lo señaló Hayek en su ensayo “El camino a la servidumbre”, a que los individuos se vuelven, para efectos prácticos, esclavos del Estado; cada individuo es solamente un engrane más de una gigantesca maquinaria que no funciona.
Insistir en que el gobierno puede hacer las cosas mejor que el mercado no solo termina con un rotundo fracaso económico sino, más aun, cancela la libertad de los individuos, tanto en lo económico como en lo político.
Por el contrario, una economía de mercado, en donde los derechos privados de propiedad están eficientemente definidos en el marco legal y son eficientemente protegidos por un poder judicial independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de los contratos lleva a que cada individuo, tomando únicamente en consideración sus preferencias y la información local relevante, asigne los recursos de su propiedad hacia aquél uso en donde la rentabilidad esperada sea la más alta. Es decir, cada individuo, al momento de decidir cómo asigna sus recursos, toma en consideración el costo de oportunidad.
En este sistema de organización social, el gobierno tiene un papel muy importante que jugar, más allá de la provisión del bien público por excelencia que es la protección de los derechos privados de propiedad. Es papel del gobierno establecer en el marco legal y regulatorio un sistema de incentivos que induzca a que cada individuo asigne los recursos hacia su uso más eficiente, garantizando que todos los mercados operen bajo un esquema de competencia. Incentivos correctos llevan a una asignación privada eficiente y, cooperando cada individuo con el resto de la sociedad a través del intercambio voluntario, una asignación que resulta también socialmente eficiente.
La economía mexicana no avanza más rápidamente en gran medida porque, además de que el gobierno no protege los derechos de propiedad, los incentivos que se derivan del arreglo institucional no son los correctos. Si en lugar de corregir esta falla, se insiste en adoptar elementos de planificación centralizada, garantizaremos la mediocridad.
martes, 29 de marzo de 2011
Derechos de propiedad
Otra calificación reprobatoria, esta vez en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad. México ocupó el lugar 77 de entre 129 países evaluados con una calificación de 5.0. En los subíndices, destacan “ambiente político y legal” con una calificación de 4.2, “derechos de propiedad física”, 5.7 y “derechos de propiedad intelectual” con una calificación de 5.0. Simple y sencillamente, no avanzamos por lo que no resulta sorprendente el mediocre desempeño de la economía. ¿Por qué son tan importantes una eficiente definición y protección de los derechos privados de propiedad?
Estos se entienden como la asignación exclusiva que se hace a un agente económico de un recurso para qué este lo disfrute directamente a través de su utilización o indirectamente a través del intercambio. Son cuatro los elementos que componen estos derechos. El primero es el derecho que tiene todo individuo de poseer bienes como una extensión de su derecho a la vida misma. El segundo es el derecho de utilizar estos recursos con entera libertad, mientras no se atente en contra de los derechos de propiedad de terceros. El tercer elemento es el derecho a transferir libremente el recurso en transacciones que sean enteramente voluntarias. Y, finalmente el cuarto, estos tres derechos tienen que estar protegidos y garantizados por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito.
En estos cuatro componentes de una eficiente definición y garantía judicial de los derechos privados de propiedad, México falla de manera lamentable. Primero, la propiedad privada es un derecho derivado y no, como debería ser reconocido en el marco legal, como un derecho natural. En nuestro país, tal como lo establece el artículo 27 constitucional, todos los recursos (tierra, agua y aire) son propiedad de la Nación (sic), la cual tendrá la facultad de transferirlos a los particulares para la constitución de la propiedad privada. Al ser un derecho derivado, la propiedad privada de los recursos productivos no está efectivamente garantizada. Basta un decreto de expropiación, procedimentalmente bien hecho, para que el gobierno se apropie, prácticamente de manera arbitraria, de cualquier activo privado. Resultado: menor crecimiento económico.
Segundo, en general somos libres de utilizar los recursos de “nuestra” propiedad libremente. Sin embargo, la enorme incidencia de impunidad (97%), con la cual se cometen los delitos en México, todos ellos violatorios de los derechos privados de propiedad de terceros, muestra una falla institucional realmente grave. La corrupción e ineficiencia de los sistemas de procuración y administración de justicia, hacen que la sociedad en su conjunto incurra en enormes costos que se derivan en menor crecimiento económico.
Tercero, no todas las transacciones en México son voluntarias. Todos los mexicanos nos enfrentamos diariamente con una enorme incidencia de prácticas monopólicas de las cuales no nos podemos escapar (derivados del petróleo, electricidad, telecomunicaciones, cementos, servicios notariales, etcétera) más el hecho de que sigue persistiendo la práctica de barreras significativa, todas ellas sin justificación, al comercio internacional. Resultado: menor crecimiento.
Finalmente, en donde la falla es mayor es en la protección y garantía judicial de los derechos. La ineficiencia, parcialidad y corrupción que caracterizan a los poderes judiciales particularmente los estatales, sin con ello exonerar absolutamente, a los tribunales federales, hacen que sea extraordinariamente costoso que los contratos se cumplan. Ello repercute, por ejemplo, en mayores costos de transacción y menores niveles de crédito. Resultado: menor crecimiento económico.
Y así, mientras no avancemos en la solidificación de un íntegro estado de derecho, seguiremos en la mediocridad.
Estos se entienden como la asignación exclusiva que se hace a un agente económico de un recurso para qué este lo disfrute directamente a través de su utilización o indirectamente a través del intercambio. Son cuatro los elementos que componen estos derechos. El primero es el derecho que tiene todo individuo de poseer bienes como una extensión de su derecho a la vida misma. El segundo es el derecho de utilizar estos recursos con entera libertad, mientras no se atente en contra de los derechos de propiedad de terceros. El tercer elemento es el derecho a transferir libremente el recurso en transacciones que sean enteramente voluntarias. Y, finalmente el cuarto, estos tres derechos tienen que estar protegidos y garantizados por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito.
En estos cuatro componentes de una eficiente definición y garantía judicial de los derechos privados de propiedad, México falla de manera lamentable. Primero, la propiedad privada es un derecho derivado y no, como debería ser reconocido en el marco legal, como un derecho natural. En nuestro país, tal como lo establece el artículo 27 constitucional, todos los recursos (tierra, agua y aire) son propiedad de la Nación (sic), la cual tendrá la facultad de transferirlos a los particulares para la constitución de la propiedad privada. Al ser un derecho derivado, la propiedad privada de los recursos productivos no está efectivamente garantizada. Basta un decreto de expropiación, procedimentalmente bien hecho, para que el gobierno se apropie, prácticamente de manera arbitraria, de cualquier activo privado. Resultado: menor crecimiento económico.
Segundo, en general somos libres de utilizar los recursos de “nuestra” propiedad libremente. Sin embargo, la enorme incidencia de impunidad (97%), con la cual se cometen los delitos en México, todos ellos violatorios de los derechos privados de propiedad de terceros, muestra una falla institucional realmente grave. La corrupción e ineficiencia de los sistemas de procuración y administración de justicia, hacen que la sociedad en su conjunto incurra en enormes costos que se derivan en menor crecimiento económico.
Tercero, no todas las transacciones en México son voluntarias. Todos los mexicanos nos enfrentamos diariamente con una enorme incidencia de prácticas monopólicas de las cuales no nos podemos escapar (derivados del petróleo, electricidad, telecomunicaciones, cementos, servicios notariales, etcétera) más el hecho de que sigue persistiendo la práctica de barreras significativa, todas ellas sin justificación, al comercio internacional. Resultado: menor crecimiento.
Finalmente, en donde la falla es mayor es en la protección y garantía judicial de los derechos. La ineficiencia, parcialidad y corrupción que caracterizan a los poderes judiciales particularmente los estatales, sin con ello exonerar absolutamente, a los tribunales federales, hacen que sea extraordinariamente costoso que los contratos se cumplan. Ello repercute, por ejemplo, en mayores costos de transacción y menores niveles de crédito. Resultado: menor crecimiento económico.
Y así, mientras no avancemos en la solidificación de un íntegro estado de derecho, seguiremos en la mediocridad.
lunes, 21 de marzo de 2011
El flagelo de la pobreza
Casi 25 millones de mexicanos sobreviviendo en una situación de pobreza alimentaria, en dónde su ingreso no les alcanza para ingerir la cantidad mínima recomendable diaria de calorías y proteínas; aproximadamente 60 millones de compatriotas, casi la mitad de la población, viviendo en una situación de pobreza patrimonial, en dónde su ingreso no cubre las necesidades mínimas de alimentación, salud, educación, vivienda y transporte. México vive en un drama del cual otros 60 millones están, o aparentar estar, ajenos porque no han conocido el drama de la pobreza. El “taliban” Humberto Morerira, novato líder del PRI, acusa al gobierno de Calderón de ser el causante de tal situación, señalamiento sin ninguna base sólida, porque el problema de la pobreza en México es ancestral, realmente de siglos y cuya explicación fundamental está en el hecho de que, excepto en algunos periodos muy particulares como la “década del desarrollo estabilizador”, la economía mexicana ha experimentado largos periodos de estancamiento, como lo fue prácticamente todo el siglo XIX y como lo han sido las últimas tres décadas.
Sin duda, la única fuente de abatimiento de la pobreza es el crecimiento económico; creación de empleos con salarios reales crecientes es la única manera de reducir, e inclusive acabar, permanentemente, con el problema de la pobreza. México no ha crecido históricamente lo suficiente, lo que aunado a la sucesión de varias crisis macroeconómicas recientes, algunas de origen interno y otras externo, entre las que destacan 1907, 1910, 1913-1916, 1929-1931, 1938, 1947-1948, 1956-1954, 1976-1977, 1981-1989, 1994-1995, 2000—2001 y 2008-2009, redunda en que cualquier avance que se haya logrado en el abatimiento de la pobreza, termina por ser únicamente transitorio.
200 años de vida independiente y 100 años de la “revolución” que traería justicia a todos los mexicanos y el avance alcanzado, aunque no sin ser significativo, claramente no ha sido suficiente, tal como lo muestran las cifras actuales de pobreza. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Un rápido repaso apunta a diversos elementos.
Primero, sin lugar a dudas, ha sido la enorme, inaudita, ineficacia e ineficiencia del gasto gubernamental. Década tras década, billones de pesos tirados a la basura en programas sin ton ni son, mal diseñados y pésimamente ejercidos y plagados de corrupción. Un absoluto desperdicio; peor aun; una destrucción neta de la riqueza de este país. Uno de va pueblo en pueblo, a lo largo y ancho del país, y resulta sorprendente (sic) que después de tantos billones de pesos ejercidos en los rubros de “combate a la pobreza” e “infraestructura urbana”, siga habiendo calles sin pavimentar y hogares sin acceso a agua potable y drenaje.
Segundo, el absoluto fracaso del sistema educativo nacional. Década tras década, billones de pesos gastados con el resultado de una población que es, para efectos prácticos, analfabeta funcional. Educación (sic) para masas con una total negligencia en lo que toca a calidad y rendición de cuentas; un sistema educativo secuestrado por un sindicato notoriamente corrupto.
Tercero, un arreglo institucional en donde lo que menos ha prevalecido es el “imperio de la ley”. Corrupción gubernamental, apropiación de rentas por parte de poderosos grupos de interés, contratos que no se cumplen por ineficacia, ineficiencia y corrupción del sistema judicial, “presuntos culpables” acompañados de impunidad en la comisión de todo tipo de delitos y más.
¿Quién es el culpable? Sin duda, el gobierno. 500 años de mal gobierno lo explican todo.
Sin duda, la única fuente de abatimiento de la pobreza es el crecimiento económico; creación de empleos con salarios reales crecientes es la única manera de reducir, e inclusive acabar, permanentemente, con el problema de la pobreza. México no ha crecido históricamente lo suficiente, lo que aunado a la sucesión de varias crisis macroeconómicas recientes, algunas de origen interno y otras externo, entre las que destacan 1907, 1910, 1913-1916, 1929-1931, 1938, 1947-1948, 1956-1954, 1976-1977, 1981-1989, 1994-1995, 2000—2001 y 2008-2009, redunda en que cualquier avance que se haya logrado en el abatimiento de la pobreza, termina por ser únicamente transitorio.
200 años de vida independiente y 100 años de la “revolución” que traería justicia a todos los mexicanos y el avance alcanzado, aunque no sin ser significativo, claramente no ha sido suficiente, tal como lo muestran las cifras actuales de pobreza. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Un rápido repaso apunta a diversos elementos.
Primero, sin lugar a dudas, ha sido la enorme, inaudita, ineficacia e ineficiencia del gasto gubernamental. Década tras década, billones de pesos tirados a la basura en programas sin ton ni son, mal diseñados y pésimamente ejercidos y plagados de corrupción. Un absoluto desperdicio; peor aun; una destrucción neta de la riqueza de este país. Uno de va pueblo en pueblo, a lo largo y ancho del país, y resulta sorprendente (sic) que después de tantos billones de pesos ejercidos en los rubros de “combate a la pobreza” e “infraestructura urbana”, siga habiendo calles sin pavimentar y hogares sin acceso a agua potable y drenaje.
Segundo, el absoluto fracaso del sistema educativo nacional. Década tras década, billones de pesos gastados con el resultado de una población que es, para efectos prácticos, analfabeta funcional. Educación (sic) para masas con una total negligencia en lo que toca a calidad y rendición de cuentas; un sistema educativo secuestrado por un sindicato notoriamente corrupto.
Tercero, un arreglo institucional en donde lo que menos ha prevalecido es el “imperio de la ley”. Corrupción gubernamental, apropiación de rentas por parte de poderosos grupos de interés, contratos que no se cumplen por ineficacia, ineficiencia y corrupción del sistema judicial, “presuntos culpables” acompañados de impunidad en la comisión de todo tipo de delitos y más.
¿Quién es el culpable? Sin duda, el gobierno. 500 años de mal gobierno lo explican todo.
lunes, 14 de marzo de 2011
Los azotes de México
Vivimos azotados; hay varios elementos en nuestra realidad cotidiana que derivan en muy altos costos de transacción y que, en consecuencia, inhiben el progreso económico. Un rápido recuento de algunos de estos.
Primero, sin duda uno de los más importantes, es la corrupción que asola a este país. Tenemos la corrupción metida en una gran parte de la vida nacional, principalmente en el ámbito de la acción gubernamental, aunque en el sector privado también se presenta este fenómeno. Pagos para “agilizar” cualquier trámite, sobornos para obtener un contrato de obra pública o de abastecimiento, pagos para evadir una multa, pagos para que se lleven la basura de los hogares y de las oficinas, sobornos para entorpecer o en el mejor de los casos comprar la decisión de un juez, pagos y más pagos. ¿A cuánto asciende la corrupción en México y cuánto nos cuesta en términos de crecimiento económico? Sin duda mucho. Desde el gobierno del presidente de la Madrid vivimos en la eterna “renovación moral”; gobiernos llegan y gobiernos se van, federales, estatales y municipales prometiendo siempre que “lucharán a brazo partido en contra de este flagelo” y la corrupción simplemente sigue azotando a México.
Segundo, la inseguridad y no solo la relacionada con el crimen organizado. Esta, aunque significativa, no es la más importante. Homicidios, asaltos, robos, violaciones, fraudes, todos ellos delitos del fuero común se siguen cometiendo con enorme impunidad. Policías, ministerios públicos, secretarios de los juzgados y los propios jueces, ineficientes y corruptos. La inseguridad con la que vivimos en México cuesta. ¿Cuánto se deja de invertir y en consecuencia de crecer porque simple y sencillamente el gobierno abdicó de su principal función que es la de proteger a los ciudadanos en contra de actos de terceros que violenten sus derechos de propiedad? Sin duda mucho.
Tercero, la excesiva, ineficaz e ineficiente regulación gubernamental. Permisos que hay que obtener para todo, para cualquier cosa, en procesos diseñados expresamente para hacerle las cosas difíciles a quién tiene que obtener tal o cual permiso o licencia. Tiempo, que tiene un alto costo de oportunidad, perdido en la realización de trámites múltiples y la más de las veces simplemente estúpidos, además de que, complementando lo arriba señalado, caracterizado por una alta incidencia de corrupción. ¿Cuánto no se invierte y cuánto crecimiento se sacrifica simplemente por esta excesiva regulación? Sin duda, muchísimo.
Cuarto, aunque no parezca un azote, en realidad sí lo es y es lo relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pagar impuestos federales en México es un verdadero vía crucis. Nuestras leyes tributarias y el Código Fiscal de la Federación son solamente para “iniciados”; tal parecería que todos estos preceptos legales están redactados por abogados fiscalistas y contadores para hacer imprescindibles sus servicios. La enorme cantidad de horas y de personal que las empresas dedican para el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de los más elevados del mundo y eso, sin duda cuesta, y mucho.
Y quinto, reiterativo sobre lo que ya he mencionado, la enorme cantidad de rentistas que tienen secuestrado al país. Partidos políticos, políticos, burócratas, sindicatos, empresarios con poder monopólico. Todos ellos se apropian de un porcentaje del ingreso nacional que no les correspondería dada su aportación a la generación de ese ingreso. Y eso cuesta.
Con tales azotes, ¿por qué nos sigue sorprendiendo el atraso y pobreza de México?
Primero, sin duda uno de los más importantes, es la corrupción que asola a este país. Tenemos la corrupción metida en una gran parte de la vida nacional, principalmente en el ámbito de la acción gubernamental, aunque en el sector privado también se presenta este fenómeno. Pagos para “agilizar” cualquier trámite, sobornos para obtener un contrato de obra pública o de abastecimiento, pagos para evadir una multa, pagos para que se lleven la basura de los hogares y de las oficinas, sobornos para entorpecer o en el mejor de los casos comprar la decisión de un juez, pagos y más pagos. ¿A cuánto asciende la corrupción en México y cuánto nos cuesta en términos de crecimiento económico? Sin duda mucho. Desde el gobierno del presidente de la Madrid vivimos en la eterna “renovación moral”; gobiernos llegan y gobiernos se van, federales, estatales y municipales prometiendo siempre que “lucharán a brazo partido en contra de este flagelo” y la corrupción simplemente sigue azotando a México.
Segundo, la inseguridad y no solo la relacionada con el crimen organizado. Esta, aunque significativa, no es la más importante. Homicidios, asaltos, robos, violaciones, fraudes, todos ellos delitos del fuero común se siguen cometiendo con enorme impunidad. Policías, ministerios públicos, secretarios de los juzgados y los propios jueces, ineficientes y corruptos. La inseguridad con la que vivimos en México cuesta. ¿Cuánto se deja de invertir y en consecuencia de crecer porque simple y sencillamente el gobierno abdicó de su principal función que es la de proteger a los ciudadanos en contra de actos de terceros que violenten sus derechos de propiedad? Sin duda mucho.
Tercero, la excesiva, ineficaz e ineficiente regulación gubernamental. Permisos que hay que obtener para todo, para cualquier cosa, en procesos diseñados expresamente para hacerle las cosas difíciles a quién tiene que obtener tal o cual permiso o licencia. Tiempo, que tiene un alto costo de oportunidad, perdido en la realización de trámites múltiples y la más de las veces simplemente estúpidos, además de que, complementando lo arriba señalado, caracterizado por una alta incidencia de corrupción. ¿Cuánto no se invierte y cuánto crecimiento se sacrifica simplemente por esta excesiva regulación? Sin duda, muchísimo.
Cuarto, aunque no parezca un azote, en realidad sí lo es y es lo relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pagar impuestos federales en México es un verdadero vía crucis. Nuestras leyes tributarias y el Código Fiscal de la Federación son solamente para “iniciados”; tal parecería que todos estos preceptos legales están redactados por abogados fiscalistas y contadores para hacer imprescindibles sus servicios. La enorme cantidad de horas y de personal que las empresas dedican para el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de los más elevados del mundo y eso, sin duda cuesta, y mucho.
Y quinto, reiterativo sobre lo que ya he mencionado, la enorme cantidad de rentistas que tienen secuestrado al país. Partidos políticos, políticos, burócratas, sindicatos, empresarios con poder monopólico. Todos ellos se apropian de un porcentaje del ingreso nacional que no les correspondería dada su aportación a la generación de ese ingreso. Y eso cuesta.
Con tales azotes, ¿por qué nos sigue sorprendiendo el atraso y pobreza de México?
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