Reforma laboral

De entre el decálogo que mencionó el presidente Calderón en su discurso resalta el de una profunda reforma laboral que logre hacer más eficiente a este mercado. Nos quedan aproximadamente once años de la ventana de oportunidad demográfica en donde el índice de dependencia estará cayendo hasta que el envejecimiento de la población se traduzca en que habrá cada vez menos gente en edad de trabajar manteniendo a los jóvenes en edad de estudiar y a aquellos que se han jubilado. Este cambio demográfico implica que, o la economía mexicana empieza a crecer rápidamente en el corto plazo, o cuando se acabe esta ventana de oportunidad México se habrá convertido en un país con el futuro cancelado. De ahí la importancia de lograr una reforma a la legislación laboral que permita ir incorporando cada vez más individuos al mercado laboral formal y con una productividad creciente. En esta reforma hay varios puntos que destacan.

Primero, contratar empleados es muy caro debido a que despedirlos también es muy caro dadas las disposiciones en la materia establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, hay dos reformas importantes. La primera es sustituir el esquema actual de retribuciones por despido a uno en el cual se establezca un seguro de desempleo, administrado por las aseguradoras privadas, en donde la prima por el seguro sea pagada por los trabajadores y el gobierno. La segunda es permitir a las empresas los “contratos a prueba” en donde el entrenamiento en el trabajo sea pagado por el propio trabajador con un salario temporal más bajo.

Segundo, es indispensable establecer en el marco legal que el escalafón de ascenso dentro de la empresa sea en función de la productividad de cada uno de los trabajadores y no el escalafón basado únicamente en antigüedad como está ahora, quedando las empresas en libertad de decidir a quienes promueve. Esta reforma eliminaría el sesgo en contra de la capacitación en el trabajo y el sesgo en contra del cambio tecnológico, principales fuentes del aumento en la productividad de la mano de obra.

Tercero, es indispensable eliminar de la legislación laboral la posibilidad de introducir en los contratos laborales la “cláusula de exclusión sindical” ya que ello le permite a los líderes sindicales vender las plazas dentro de la empresa o chantajear a ésta para que la propia empresa y no el líder sindical sea quién decida a qué trabajadores contratar.

Cuarto, la reforma laboral tiene que venir acompañada de la reforma al sistema de seguridad social con la creación de un sistema de seguridad universal financiado con la recaudación general de impuestos y la eliminación de los sistemas actuales del IMSS – ISSSTE. La existencia del sistema dual actual en donde conviven el seguro popular y el de las dos instituciones señaladas, genera un sesgo a favor del empleo en el sector informal de la economía y que para las muy pequeñas empresas les convenga no crecer para evadir la fiscalización del IMSS. Esto obviamente se traduce en que no se generan las suficientes economías a escala en la producción y en una muy baja productividad de la mano de obra.

¿Se podrán vencer las resistencias a estos cambios?

Los senadores no entienden

“Usura: Préstamo con un interés excesivo” (Diccionario de la Lengua Española). ¿Cuánto es excesivo? ¿Quién lo determina? ¿Un comité de sesudos senadores?

Los senadores de todos los partidos políticos simplemente no alcanzan a entender el por qué del nivel de los intereses y de las comisiones que los bancos establecidos en México, de capital nacional o extranjero, les cobran a sus clientes, acusándolos de que estos son excesivos, acusándolos de usureros. El notorio desconocimiento, aunado a una posición populista y hasta de mala fe hacia los bancos, los ha llevado a amenazar con legislar para que el Banco de México fije exógenamente tanto las tasas activas de interés como las comisiones, sin darse cuenta de que ello introduciría una gravísima distorsión en el sistema bancario mexicano, una que mermaría significativamente la solidez del sistema con un enorme costo para los usuarios de la banca, tanto depositantes como demandantes de crédito. Un ejemplo más de “buenas intenciones y malos resultados”, utilizando la frase acuñada por Santiago Levy.

Argumentar, como lo hacen algunos senadores, de que los bancos de capital extranjero establecidos en México deberían cobrar tasas y comisiones iguales a las que prevalecen en sus países de origen, es no reconocer que existen elementos locales que llevan a que los niveles de estas dos variables sean superiores aquí, siendo estas condiciones de mercado, lo que se puede ver al comparar las comisiones y tasas que cobran los bancos de capital mexicano, mismas que no difieren significativamente de las cobradas por los bancos extranjeros.

Varios son los elementos que explican el por qué las mayores tasas y comisiones: mayor costo efectivo de fondeo para los bancos, mayores cuotas correspondientes al seguro de depósitos, mayor riesgo efectivo de no pago por parte de los deudores, procesos extremadamente largos y notoriamente costosos cuando es necesario recurrir al poder judicial para la adjudicación de garantías sobre un crédito, barreras de entrada relativamente elevadas de nuevos participantes al mercado bancario que inhibe una mayor competencia, etcétera.

No tomar en consideración estos elementos y pensar que imponiendo controles de precios es la forma de abaratar los servicios bancarios, es no haber aprendido de la historia económica. Los controles de precios, no importa en qué mercado se apliquen, invariablemente terminan dañando a los demandantes, a los consumidores. Cualquier control exógeno sobre las tasas de interés y/o las comisiones se traduciría en una reducción en la cantidad ofrecida de crédito, en una menor calidad de los servicios bancarios así como el surgimiento de mecanismos de “no mercado” para racionar la demanda de crédito, todo ello en detrimento del bienestar de los clientes de las instituciones bancarias.

Los senadores tienen la espada desenvainada y están sedientos de sangre, cual Drácula durante sus paseos nocturnos. Si siguen adelante con su idea de regular exógenamente las tasas de interés y las comisiones, tendrán su sangre, pero no será la de los banqueros; será la sangre, la pérdida en el bienestar de todos nosotros, usuarios de los servicios bancarios.

El difícil arte de predecir

Se dice que dios creó a los economistas para que la astrología fuese una ciencia exacta. Estamos inmersos en una crisis tal que tratar de hacer cualquier predicción sobre el comportamiento inmediato y hasta mediato de la economía es en realidad imposible, particularmente cuando se trata de proyectar variables claves como el PIB, el tipo de cambio, las tasas de interés, etcétera. Predecir es muy difícil, sobretodo cuando se trata del futuro.

Desde que Adam Smith publicó su más conocida obra, Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, la ciencia económica ha avanzado mucho en desarrollar una caja de herramientas que nos permiten a los economistas analizar la operación de los mercados y poder establecer, de manera probabilística, que le puede suceder a un mercado en lo particular cuando se alteran las variables que determinan ya sea la demanda o la oferta en un análisis de equilibrio parcial basado en la teoría marginalista de Alfred Marshall. Lo mismo no sucede sin embargo cuando tratamos de explicar, y peor aun predecir, la evolución de la economía al nivel macroeconómico. Más allá de los aspectos fundamentales, es decir las condiciones de equilibrio de largo plazo, tratar de establecer con relativa precisión cual será la respuesta en el corto plazo de las principales variables agregadas a una determinada política fiscal y/o monetaria es un ejercicio infructuoso. Es tan infructuoso este ejercicio, que sorprende que todavía haya quién contrata y paga a algunos afortunados economistas que tienen don de palabra, coloquialmente llamada “capacidad de rollo”, para que con modelos econométricos sofisticados de equilibrio general que en realidad tienen la misma capacidad de predicción que observar la alineación de los astros o mojarse el dedo índice y sacarlo por la ventana para ver de dónde está soplando el viento, les hagan pronósticos que los propios economistas saben de antemano que, con una relativamente alta probabilidad, están incorrectos.

Algunos ejemplos de lo anterior. ¿Tendrá un impacto positivo sobre el crecimiento económico y el empleo en Estados Unidos, de qué magnitud y en qué plazo el paquete fiscal de casi 800 mil millones de dólares? La respuesta es que no se sabe, aunque lo más probable es que el impacto sea mínimo; lo que sí sabemos con certeza que la posición fiscal de ese gobierno es insostenible en el mediano plazo. Otro ejemplo; ¿si el Banco de México decide reducir en un punto porcentual la tasa de fondeo en la próxima reunión de la Junta de Gobierno, la economía empezará su recuperación en el cuarto trimestre de 2009 en lugar de hasta 2010 y de qué magnitud sería ésta? La respuesta es que no se sabe aunque lo más probable es que dadas las condiciones de la economía estadounidense, tal impulso monetario no sirva de mucho; lo que sí sabemos con certeza es que tal política introduciría presiones inflacionarias en la economía.

Aunque los economistas sabemos poco, sabemos mucho más que los políticos tratando de manejar la economía aunque ellos, como nuestros legisladores, no se hayan dado cuenta.

Ni tan bien parados

En la situación actual que experimenta la economía, con una notoria desaceleración que con una alta probabilidad se convertirá en recesión, la apuesta del gobierno es gastar, casi sin importar en qué ni cómo se gasta. Mientras la economía se va irremediablemente hundiendo, nuestros gobernantes, tanto dentro de los poderes Ejecutivo como Legislativo, parecen no darse cuenta de la importancia para el crecimiento económico de reducir los costos de transacción que imperan en la economía.

Una de las características más notorias de la economía mexicana es que el marco legal y regulatorio bajo el cual se llevan a cabo las diferentes transacciones es extremadamente ineficiente lo que implica altos costos de transacción; esto deriva en una asignación ineficiente de recursos, además de que inhibe la inversión privada. Haber desdeñado una y otra vez la necesidad para dotar a la economía de un marco legal y regulatorio más eficiente junto con una más eficiente protección de los derechos privados de propiedad no solamente se ha reflejado en ínfimas tasas de crecimiento en el pasado sino que la actual recesión internacional agarra a la economía mexicana muy mal preparada para poder solventarla con éxito (tener más de 80 mil millones de dólares de reservas internacionales nada dice sobre lo bien o mal que está la economía). Dos ejemplos.

1. El marco legal y regulatorio vigente en nuestra economía representa una carga que se estima en 12% del PIB. Abrir, hacer crecer una empresa o inclusive cerrarla para que los factores de la producción se desplacen hacia sectores de mayor rentabilidad es sumamente costoso. Más aun, frente a estos enormes costos, una gran cantidad de empresas optan por operar en la ilegalidad lo que implica una muy pequeña escala de operación y normalmente con tecnologías obsoletas de producción lo que deriva, dada la baja productividad de este tipo de empresas, en menor crecimiento así como menor creación de empleos y salarios reales. Lo peor es cada día hay más leyes y regulaciones federales, estatales y municipales.

2. Ante la desaceleración económica, el riesgo de no pago para los intermediarios crediticios (bancos, sofoles y sofomes) es más elevado, lo que se refleja en mayores tasas de interés. Ante esta situación, se le “sugiere” al Banco de México que baje la tasa de fondeo o, peor aun, que el propio Banco imponga límites a las tasas activas de interés, cuando esto no es la solución al problema de los mayores costos financieros que enfrentan los deudores. Gran parte del problema, mismo que no recibe ni la más mínima atención por parte del gobierno, es que recuperar un crédito o hacer efectivas las garantías en los juzgados es un proceso notoriamente lento y corrupto, es decir existe una muy deficiente garantía del cumplimiento de contratos y una muy ineficiente protección de los derechos privados de propiedad.

Solo dos ejemplos para resaltar que el marco institucional es tan deficiente que la economía realmente no está tan bien parada para enfrentar la recesión internacional.