En la situación actual que experimenta la economía, con una notoria desaceleración que con una alta probabilidad se convertirá en recesión, la apuesta del gobierno es gastar, casi sin importar en qué ni cómo se gasta. Mientras la economía se va irremediablemente hundiendo, nuestros gobernantes, tanto dentro de los poderes Ejecutivo como Legislativo, parecen no darse cuenta de la importancia para el crecimiento económico de reducir los costos de transacción que imperan en la economía.
Una de las características más notorias de la economía mexicana es que el marco legal y regulatorio bajo el cual se llevan a cabo las diferentes transacciones es extremadamente ineficiente lo que implica altos costos de transacción; esto deriva en una asignación ineficiente de recursos, además de que inhibe la inversión privada. Haber desdeñado una y otra vez la necesidad para dotar a la economía de un marco legal y regulatorio más eficiente junto con una más eficiente protección de los derechos privados de propiedad no solamente se ha reflejado en ínfimas tasas de crecimiento en el pasado sino que la actual recesión internacional agarra a la economía mexicana muy mal preparada para poder solventarla con éxito (tener más de 80 mil millones de dólares de reservas internacionales nada dice sobre lo bien o mal que está la economía). Dos ejemplos.
1. El marco legal y regulatorio vigente en nuestra economía representa una carga que se estima en 12% del PIB. Abrir, hacer crecer una empresa o inclusive cerrarla para que los factores de la producción se desplacen hacia sectores de mayor rentabilidad es sumamente costoso. Más aun, frente a estos enormes costos, una gran cantidad de empresas optan por operar en la ilegalidad lo que implica una muy pequeña escala de operación y normalmente con tecnologías obsoletas de producción lo que deriva, dada la baja productividad de este tipo de empresas, en menor crecimiento así como menor creación de empleos y salarios reales. Lo peor es cada día hay más leyes y regulaciones federales, estatales y municipales.
2. Ante la desaceleración económica, el riesgo de no pago para los intermediarios crediticios (bancos, sofoles y sofomes) es más elevado, lo que se refleja en mayores tasas de interés. Ante esta situación, se le “sugiere” al Banco de México que baje la tasa de fondeo o, peor aun, que el propio Banco imponga límites a las tasas activas de interés, cuando esto no es la solución al problema de los mayores costos financieros que enfrentan los deudores. Gran parte del problema, mismo que no recibe ni la más mínima atención por parte del gobierno, es que recuperar un crédito o hacer efectivas las garantías en los juzgados es un proceso notoriamente lento y corrupto, es decir existe una muy deficiente garantía del cumplimiento de contratos y una muy ineficiente protección de los derechos privados de propiedad.
Solo dos ejemplos para resaltar que el marco institucional es tan deficiente que la economía realmente no está tan bien parada para enfrentar la recesión internacional.
