El bienestar de los consumidores

A los gobernantes, incluidos los legisladores, se les olvida que ellos fueron electos con un solo fin: proteger y promover el bienestar de los consumidores. En tal sentido, sus acciones de carácter legal y regulatorio tendrían que enfocarse a reducir sino es que de plano eliminar todas aquellas barreras que encarecen la entrada y salida de empresas de los mercados. Puesto en otros términos, su labor se debe dirigir a lograr que todos los mercados, sean estos de bienes, servicios o factores de la producción, operen en un contexto de competencia; su labor debe ser dotar a los consumidores de mayor libertad económica.

Es claro que cuando los mercados operan en un contexto de competencia, esto se traduce en que simultáneamente se maximiza el bienestar de los consumidores y de los productores. Es éste el arreglo institucional que permite, con el pleno ejercicio de la libertad para elegir, no solamente que cada agente económico maximice su nivel de bienestar sino también, es el que permite que simultáneamente se maximice el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y es éste el que se traduce en un continuo y sostenido proceso de crecimiento económico.

Por el contrario, cuando existen significativas barreras de entrada y salida de los mercados, esto se traduce en que las empresas protegidas por la legislación y la regulación se apropien de rentas a costa del bienestar de los consumidores. A medida que los mercados se alejan de un esquema de competencia, los precios que enfrentan los consumidores tienden a ser más elevados, lo cual obviamente implica una reducción de su nivel de bienestar. Más aun, este tipo de barreras a la existencia de mercados competitivos tiende a inhibir la búsqueda por parte de las empresas de proceso que se traduzcan en una reducción de costos, aquellos procesos que incrementen la productividad factorial total, particularmente el cambio tecnológico. Además este tipo de barreras, al generar incentivos a la corrupción, desincentiva la inversión. En consecuencia, la existencia de barreras a la competencia se constituye como el principal elemento que inhibe el crecimiento económico sostenido y el desarrollo económico, inhibiendo por lo mismo los aumentos sostenidos en el bienestar de los consumidores.

En este sentido, muy poco se ha avanzado en materia legal y regulatoria para lograr una mayor competencia en los mercados, exceptuando quizás la reducción de aranceles que entró en vigor este año. Los agentes económicos privados seguimos enfrentando enormes barreras en diversos mercados y no parece que realmente exista la posibilidad de que éstas se reduzcan significativamente en el corto plazo, aun a pesar de la orden presidencial a sus secretarios de Estado para que eliminen toda aquella regulación federal que no tiene porqué existir, aunado a que la mayor parte de estas barreras son de carácter estatal y municipal y sobre las cuales el propio Presidente no tiene influencia.

Y así, mientras en el gobierno, particularmente en el Poder Legislativo y en los gobiernos locales, no cambie la filosofía que debe guiar sus actos, es decir proteger a los consumidores, México seguirá siendo una economía con bajo crecimiento económico y enormes pérdidas en el bienestar de los consumidores.

Aqui no pasa nada...

Hace algunos años, en estas mismas páginas, escribí un artículo con el mismo título que el de hoy, lo cual se constituye como un verdadero drama. Llevamos prácticamente tres décadas sin crecer, con el PIB por habitante estancado y con casi la mitad de la población subsistiendo en una situación de pobreza patrimonial. El año pasado el PIB se contrajo en alrededor del 7% y dada la estructura institucional de la economía mexicana, no volveremos a  alcanzar el nivel pre crisis sino hasta el 2012. Un verdadero drama para la mayor parte de la población que percibe que sus posibilidades de mejora en el bienestar familiar están prácticamente canceladas. Vivimos bajo un arreglo institucional en el cual abundan los elementos que castigan el crecimiento económico y premian la apropiación de rentas.

Primero, destaca la notoria incidencia de prácticas monopólicas en sectores claves de la economía como son energía eléctrica, hidrocarburos, telecomunicaciones, cemento, prácticas notariales, transporte aéreo, transporte marítimo de cabotaje, etcétera, prácticas que reducen el bienestar de la población e inhiben el crecimiento económico. Y a pesar de ello, no parece haber significativas posibilidades de que se apruebe una profunda reforma a la Ley Federal de Competencia que le permita a la Comisión Federal de Competencia perseguir y castigar con mayor efectividad este tipo de prácticas.

Segundo, está la enrome cantidad de barreras legales y regulatorias para la apertura, operación, crecimiento e inclusive el cierre de empresas. Hacer negocios en México es notoriamente caro; se estima que la carga regulatoria que enfrentan las empresas representa casi el 12% del PIB. La idea que permea entre los políticos y los burócratas de que todo hay que regularlo, con un absoluto desdén hacia lo bien que opera una economía de mercado eficientemente regulada, ha llevado a excesivas e ineficientes regulaciones. Desde la Presidencia se anuncia que ahora sí va a haber un significativo proceso de desregulación al nivel federal pero dada la experiencia de años anteriores, se duda que esto se vaya a materializar. Y si además consideramos que la mayor parte de las barreras a la entrada de nuevas empresas al mercado son estatales y municipales, pues estamos fritos. Los estados son soberanos y los municipios son independientes y no tienen porqué hacerle caso al Presidente, más aun cuando la misma existencia de estas barreras le generan a los que ejercen el poder y a la burocracia enromes rentas. La corrupción en México es generalizada e inhibe el crecimiento económico.

Tercero, la regulación del mercado laboral. Una legislación que encarece la contratación de trabajadores porque despedirlos es muy caro, inhibe el cambio tecnológico en las empresas porque el acceso en el escalafón solo depende de la antigüedad y no de la capacitación y productividad, hace que el mercado laboral sea excesivamente rígido al prohibir contratos a prueba y de corto plazo, la existencia de contratos ley y, de lo más importante, la existencia de las cláusulas de exclusión sindical que deriva en que todos los líderes sindicales sean ricos aunque a quienes dicen representar vivan en la pobreza.

Una mejora institucional aumentaría el crecimiento y el bienestar de la población pero aquí no pasa nada porque estamos secuestrados por quienes se benefician del statu quo ineficiente: políticos, monopolistas, burócratas y líderes sindicales

¿Por qué celebramos?

-El primer artículo de 2010-

Iniciamos 2010, año en el que se “celebran” los doscientos años del inicio de la independencia y cien años del inicio de la guerra civil que asoló a México por casi una década. ¿Realmente estamos como para andar celebrando? Sin duda el nivel de bienestar de la población mexicana es hoy significativamente mayor que lo que era hace 200 o hace 100 años. Sin embargo, estamos muy lejos de haber logrado, después de tanto tiempo, el nivel de desarrollo económico que se hubiese podido tener dada la enorme cantidad de recursos naturales, nuestra posición geográfica y, sobretodo, de haber tenido desde la independencia un marco institucional que hubiese promovido la acumulación de riqueza en lugar del que hemos tenido, uno que históricamente ha promovido y premiado la búsqueda y apropiación de rentas.

En realidad, con una perspectiva de largo plazo, 200 años, hemos fracasado como país en el proceso de desarrollo económico. Hoy, el PIB por habitante apenas se acerca a los 10 mil dólares anuales, con una de las distribuciones del ingreso agregado más inequitativas del mundo y con casi la mitad de la población viviendo en una situación de pobreza patrimonial.

Pero vayamos a lo más reciente en la evolución de la economía mexicana, la primera década del siglo XXI. ¡Qué desastre! Otra década más que se pierde. A finales del siglo XX (el año 2000), el PIB real, con base 2003, ascendió a 7,520 miles de millones de pesos, siendo el PIB por habitante, también en pesos reales, de 77,131 pesos. Para finales de 2010, cuando acabe la década, se espera que el PIB llegue a 8,595 miles de millones de pesos, con el correspondiente PIB por habitante de 79,586 pesos. Así, en esta primera década del siglo XXI, el PIB agregado habrá crecido solamente en 14.3% y el PIB por habitante en 3.2%, lo que arroja tasas medias anuales de crecimiento de 1.4 y 0.3%. ¡Patético!

Los elementos que explican por qué México no crece ahí están, todos ellos girando alrededor de un notoriamente débil estado de derecho: derechos privados de propiedad ineficientemente definidos y peor aun ineficientemente protegidos, una significativa incertidumbre del cumplimiento de contratos, una excesiva e ineficiente regulación de los mercados que impone altas barreras de entrada y por lo mismo mercados poco competitivos, poderes fácticos (empresarios, sindicatos, partidos políticos, burócratas, etcétera) que se han apropiado de instituciones del Estado mexicano y que tienen como prioridad la apropiación de rentas, un enorme desperdicio de recursos públicos por parte del gobierno y más.

El resultado de tan deficiente diseño institucional es obvio: bajas tasas de acumulación de capital físico y humano, lo que junto con las muy bajas tasas de introducción de cambios tecnológicos se traduce en un estancamiento de la productividad de los factores de la producción y, consecuentemente, un también estancamiento del PIB por habitante. Estamos atorados en un arreglo institucional que inhibe el crecimiento y no parece que esto vaya a cambiar en el futuro cercano, no con los políticos que tenemos y cuya última preocupación es cambiar los incentivos hacia aquellos que promuevan la acumulación de riqueza.

Ya perdimos la primera década del siglo XXI. ¿Perderemos también la que sigue? ¿Por qué celebramos?