Recaudar ¿para qué? (III)

En los dos artículos anteriores señalé las funciones que efectivamente le competen al gobierno, mismas que requieren ser financiadas a través de los recursos obtenidos mediante la recaudación tributaria. Las que ya analicé fueron ofrecer bienes públicos, particularmente la definición, garantía y protección de los derechos privados de propiedad, garantizar en el marco legal y en las acciones ejecutivas la igualdad de oportunidades de acceso a los mercados y que estos operen siempre en un contexto de competencia, regulando y castigando las prácticas monopólicas, así como la corrección de las externalidades, sean negativas o positivas.
La cuarta función que efectivamente le compete al gobierno es actuar subsidiariamente, tanto por cuestiones de carácter estructural como coyunturales. Entre las primeras destaca la utilización de recursos públicos para el financiamiento de actividades que incrementan la igualdad de oportunidades de acceso al mercado laboral, a través de la provisión de educación, salud e infraestructura urbana y de comunicaciones a individuos que por razones históricas fueron discriminados; un ejemplo de ello es el programa Oportunidades. El segundo caso en cuando una comunidad enfrenta un desastre natural, situación que amerita la utilización de recursos públicos para la reconstrucción de la infraestructura dañada, el abastecimiento de bienes básicos de alimentación, salud y alojamiento e inclusive, en algunos casos, la transferencia directa al ingreso de las familias afectadas.
¡Y ya! Nada más. No es papel de gobierno entorpecer el intercambio voluntario, sea en los mercados internos como en las transacciones internacionales, lo que implica no establecer controles de precios (mínimos o máximos), ni regulaciones que encarecen el acceso o salida de las empresas y consumidores de los mercados, ni aranceles o cualquier otra restricción al comercio internacional o a las transacciones financieras internacionales. No es su papel ofrecer bienes privados como serían gasolina, gas y electricidad: No es su papel otorgar subsidios, no importa a quienes o a qué actividad, si no es para corregir una externalidad positiva. En suma, no es papel del gobierno ejercer cualquier actividad, directamente o a través de la regulación, que limite o inhiba la libertad individual para elegir como asignar los recursos escasos que cada quién posee o que implique la utilización de recursos en actividades o programas que no le competen.
El grave problema que tenemos en México es que el gobierno interviene en áreas que no le competen o realiza actividades que tampoco son de su injerencia o gasta en programas que no deberían ni siquiera existir o que, aunque se justifique su existencia, están mal diseñados y se realizan de manera ineficiente, lo que deriva no solo en una ineficiente asignación de recursos sino, peor aún, en una destrucción de la riqueza nacional.
Está en discusión la posibilidad de hacer una reforma tributaria que dotaría al gobierno de mayores recursos. Pero antes de eso, lo que tendría que hacerse es un análisis profundo, detallado, de en qué está gastando el gobierno, qué programas realmente se justifican y cuáles hay que eliminar para obtener cuál es la cantidad de recursos que efectivamente requiere y, entonces, diseñar el esquema tributario que lo provea de ese monto y, simultáneamente, genere los incentivos para un mayor trabajo, ahorro e inversión.
Como sociedad, como individuos que ansiamos la libertad, no podemos permitir que el gobierno nos expolie a través del sistema tributario de recursos que va a ejercer de manera injustificada e ineficientemente.

Recaudar ¿para qué? (II)

En el artículo de la semana pasada apunté que el gobierno requiere contar con una fuente de recursos tributarios estructuralmente sólida para el financiamiento de las actividades que efectivamente le competen. Al respecto señalé dos de estas funciones. La primera es ofrecer bienes públicos, particularmente un marco legal que defina eficientemente los derechos privados de propiedad y proteger estos a través de una eficiente procuración y administración de justicia y, vale la pena mencionarlo de paso, garantizando la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. La segunda era procurar la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, dotando a la sociedad de un marco legal y regulatorio que garantice que estos operen en un contexto de competencia. Como mencioné, el gobierno en México, en sus tres niveles, está muy lejos de cumplir eficientemente con estas dos funciones, desperdiciando en el proceso una enorme cantidad de recursos públicos.
Siguiendo con las funciones que efectivamente le competen al gobierno, hay otras dos además de las ya señaladas. La primera es corregir las externalidades, tanto negativas como positivas. La segunda es cuando es necesario actuar de manera subsidiaria, sea por razones coyunturales o estructurales.
Las externalidades se refieren a aquellos casos en donde la acción de un agente económico le genera a la sociedad un efecto externo. En el caso de las negativas, además de los costos directos en los que incurre el agente, la sociedad experimenta un costo adicional que el agente que lo genera no lo internaliza; el mejor ejemplo de este caso es la contaminación ambiental. En el caso de las positivas, además del beneficio que obtiene un agente por su actividad, la sociedad obtiene un beneficio adicional que el agente que lo genera no lo internaliza; el mejor ejemplo es la educación primaria y secundaria. En ambos casos, es necesaria la intervención del gobierno para que el agente que generó la externalidad internalice el efecto externo que generó. Y ahora la pregunta: ¿está actuando eficientemente el gobierno en este ámbito? Y la respuesta, obviamente en no.
Veamos el caso de la contaminación. Para corregir el daño ambiental causado, la forma óptima de intervención del gobierno es imponer un gravamen a quién la genera, por ejemplo un impuesto a la gasolina para los automovilistas y un impuesto a las emisiones de carbón (carbon tax) para las industrias, junto con permisos comerciables de contaminación (cap and trade). ¿Pero qué hace el gobierno? Todo lo contrario. Subsidia los combustibles y la electricidad, por lo que en lugar de corregir la externalidad, la agrava.
Y en el caso de la externalidad positiva que genera la educación básica y media básica. Aquí la intervención óptima es garantizar el acceso al sistema educativo y subsidiar la demanda por este servicio, como por ejemplo a través de los “vales de educación (vouchers). ¿Qué hace el gobierno? En lugar de subsidiar la demanda, subsidia la oferta al asumir el papel de ser el principal oferente del servicio en un esquema en donde los padres no son libres de elegir la escuela y nadie rinde cuentas, ni los funcionarios del sistema educativo, ni los administradores de las escuelas, ni los profesores. El resultado de tal esquema es que, aunque se garantiza el acceso al servicio, la calidad de éste es deplorable, por lo que no se corrige eficientemente la externalidad.
Otra área en dónde el gobierno falla, desperdiciando recursos púbicos. Concluye la próxima semana.

Recaudar, ¿para qué? (I)

En el artículo de la semana pasada señalé que la ventaja comparativa de los impuestos es recaudar y que si se le asigna otro objetivo al sistema tributario, como por ejemplo redistribuir el ingreso, se pierde eficiencia recaudatoria. De ahí establecí la posibilidad de hacer una reforma tributaria que consistiera de tres elementos: homogeneizar y generalizar el IVA, establecer un ISR proporcional a las personas físicas y adoptar íntegramente el IETU derogando simultáneamente el ISR a las personas morales. Además, propuse que para estos tres impuestos se estableciera la misma tasa, 20%, lo que simplificaría la administración tributaria para los contribuyentes y la fiscalización para el gobierno, además de fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios del gobierno federal y, de mayor importancia, alinear los incentivos que se derivan del sistema tributario con el objetivo de crecimiento económico.
La siguiente pregunta, como parte integral de una profunda reforma fiscal, es a qué fines se tendrían que destinar los ingresos tributarios. ¿Para qué recaudar?; ¿cuáles son las actividades que efectivamente le competen al gobierno? Y la respuesta es que en realidad no son muchas pero el gobierno mexicano ha asumido para sí labores que efectivamente no le competen, lo que se traduce en una asignación muy ineficiente de los recursos públicos que el gobierno gasta y que además, en algunos casos, resultan en una destrucción de parte de la riqueza nacional.
Sin duda, la principal función del gobierno, como oferente de bienes públicos, es definir eficientemente en el marco legal los derechos privados de propiedad y, a través de los organismos de procuración y administración de justicia, garantizar y proteger estos derechos; es decir, la principal función del gobierno es proveer a los ciudadanos de seguridad pública. ¿Cumple el gobierno, en sus tres ramas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) y en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) con esta función, la que la da la razón de ser? Claramente no; de entrada los derechos privados de propiedad están ineficientemente definidos en el marco legal, en particular en el artículo 27 de la Constitución y, por otra parte, si nos atenemos a la labor de procuración y administración de justicia, un índice de impunidad de más de 95% en los delitos del fuero común, es claro que el gobierno está fallando. Que el gobierno no cumpla eficientemente su labor de garantizar y proteger los derechos privados de propiedad, que no garantice el cumplimiento de contratos, tiene un enorme costo. ¿Cuánto mayor sería el PIB, cuánto más alta sería la tasa de crecimiento económico si el gobierno cumpliera eficientemente con su razón de existir?
Además de ofrecer otros bienes públicos, es papel del gobierno garantizar igualdad de oportunidades de acceso a mercados competitivos, sean de bienes, servicios o factores de la producción, incluyendo obviamente el mercado educativo y el de salud. ¿Cumple aquí su labor? Nuevamente no. Vivimos en una economía en donde abundan enormes barreras de entrada a los mercados, en donde predominan significativas prácticas monopólicas gubernamentales y privadas, una en donde las prácticas sindicales amparadas en una legislación laboral obsoleta e ineficiente impiden un funcionamiento competitivo y eficiente del mercado de trabajo, uno en donde el 92% de los niños cursando educación primaria están condenados a recibir una educación de muy mala calidad, sucediendo lo mismo en la provisión de servicios de salud.
Seguimos la próxima semana. Pero dada la ineficiencia gubernamental, tal vez una tasa impositiva de 20% es demasiado elevada.