Recaudar ¿para qué? (II)

En el artículo de la semana pasada apunté que el gobierno requiere contar con una fuente de recursos tributarios estructuralmente sólida para el financiamiento de las actividades que efectivamente le competen. Al respecto señalé dos de estas funciones. La primera es ofrecer bienes públicos, particularmente un marco legal que defina eficientemente los derechos privados de propiedad y proteger estos a través de una eficiente procuración y administración de justicia y, vale la pena mencionarlo de paso, garantizando la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. La segunda era procurar la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, dotando a la sociedad de un marco legal y regulatorio que garantice que estos operen en un contexto de competencia. Como mencioné, el gobierno en México, en sus tres niveles, está muy lejos de cumplir eficientemente con estas dos funciones, desperdiciando en el proceso una enorme cantidad de recursos públicos.
Siguiendo con las funciones que efectivamente le competen al gobierno, hay otras dos además de las ya señaladas. La primera es corregir las externalidades, tanto negativas como positivas. La segunda es cuando es necesario actuar de manera subsidiaria, sea por razones coyunturales o estructurales.
Las externalidades se refieren a aquellos casos en donde la acción de un agente económico le genera a la sociedad un efecto externo. En el caso de las negativas, además de los costos directos en los que incurre el agente, la sociedad experimenta un costo adicional que el agente que lo genera no lo internaliza; el mejor ejemplo de este caso es la contaminación ambiental. En el caso de las positivas, además del beneficio que obtiene un agente por su actividad, la sociedad obtiene un beneficio adicional que el agente que lo genera no lo internaliza; el mejor ejemplo es la educación primaria y secundaria. En ambos casos, es necesaria la intervención del gobierno para que el agente que generó la externalidad internalice el efecto externo que generó. Y ahora la pregunta: ¿está actuando eficientemente el gobierno en este ámbito? Y la respuesta, obviamente en no.
Veamos el caso de la contaminación. Para corregir el daño ambiental causado, la forma óptima de intervención del gobierno es imponer un gravamen a quién la genera, por ejemplo un impuesto a la gasolina para los automovilistas y un impuesto a las emisiones de carbón (carbon tax) para las industrias, junto con permisos comerciables de contaminación (cap and trade). ¿Pero qué hace el gobierno? Todo lo contrario. Subsidia los combustibles y la electricidad, por lo que en lugar de corregir la externalidad, la agrava.
Y en el caso de la externalidad positiva que genera la educación básica y media básica. Aquí la intervención óptima es garantizar el acceso al sistema educativo y subsidiar la demanda por este servicio, como por ejemplo a través de los “vales de educación (vouchers). ¿Qué hace el gobierno? En lugar de subsidiar la demanda, subsidia la oferta al asumir el papel de ser el principal oferente del servicio en un esquema en donde los padres no son libres de elegir la escuela y nadie rinde cuentas, ni los funcionarios del sistema educativo, ni los administradores de las escuelas, ni los profesores. El resultado de tal esquema es que, aunque se garantiza el acceso al servicio, la calidad de éste es deplorable, por lo que no se corrige eficientemente la externalidad.
Otra área en dónde el gobierno falla, desperdiciando recursos púbicos. Concluye la próxima semana.