Medusa

Ser mitológico, hermosa doncella hasta que fue violada por Poseidón. Esto hizo que transformara su bello cabello en serpientes y su fin fuese convertir a todo aquél que la mirase en piedra. Medusa muere cuando Perseo le corta la cabeza y de su cuello brota Pegaso, el caballo alado.
Breve versión de esta parte de la mitología griega como introducción a un tema que está presente en nuestra sociedad, una enfermedad que nos agobia, serpientes que con su veneno minan el tejido social, un rostro horripilante que nos petrifica: la corrupción.
Vivimos en un país que está plagado de actos corruptos cuyo resultado es un menor nivel de desarrollo económico e, inclusive, una causa de la inequidad en la distribución del ingreso. Corrupción a todos los niveles, desde la adjudicación de contratos de obra pública, hasta poder contar con el servicio de limpia pasando por todos los trámites gubernamentales en los tres niveles de gobierno, poder acceder a servicios médicos, conectarse al servicio de energía eléctrica, recibir el correo, etcétera, un muy largo etcétera.
Según la última encuesta de Transparencia Mexicana, en los últimos diez años la incidencia de corrupción, como promedio nacional, prácticamente no ha cambiado. Según este estudio, durante el año pasado se cometieron alrededor de 200 millones de actos de corrupción a lo largo y ancho del territorio nacional, casi 800,000 eventos por cada día hábil. En todos estos actos de corrupción, se estima que las familias desembolsaron alrededor de 32,000 millones de pesos, en promedio el 14% del ingreso familiar, medida que esconde que para las familias de menores ingresos, la incidencia sobre su ingreso familiar es significativamente más elevado es decir, la corrupción tiene un efecto regresivo sobre la distribución del ingreso.
En todo acto de corrupción hay quién pierde y quién gana. Pierde el que tiene que pagar por recibir un servicio público o realizar un trámite; su nivel de bienestar se reduce porque esos recursos tienen un uso alternativo, principalmente el que podían haber sido destinados a la adquisición de bienes de consumo familiar. Ganan los funcionaros corruptos que se apropian de una renta ejerciendo ilegalmente su poder público. Lo que unos pierden lo ganan los otros; sin embargo no es un juego de suma cero, sino uno de suma negativa. La corrupción le cuesta al país en la forma de mayores costos de transacción, una menor inversión, obras públicas de menor calidad, servicios de menor calidad, menor crecimiento económico y menor desarrollo y bienestar de los mexicanos.
La ausencia de rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos junto con una ciudadanía que está prácticamente indefensa ante los actos que impunemente cometen los funcionarios corruptos se convierten en un cáncer que va destruyendo a la sociedad, en una enfermedad que inhibe el progreso económico. Contralorías, federal y estatales, van y vienen y la corrupción simple y sencillamente no se reduce y, peor aun, en muchas ocasiones aumenta.
La solución obviamente no es fácil pero sin duda una de los aspectos centrales en la batalla en contra de la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas en un entorno de democracia efectiva y abierta al escrutinio público. Y esto es lo que no se tiene, a pesar de algunos pasos que se han dado en esta dirección como es el caso del IFAI.
Y la pregunta; ¿quién será nuestro Perseo que aniquile a Medusa y permita que Pegaso vuele?

A favor del consumidor

Todos somos consumidores, sin importar cuál sea la fuente de nuestro ingreso. Como individuos, dada la escasez de recursos a la cuál nos enfrentamos, entre más baratos y de mayor calidad sean los bienes, mayor tenderá a ser el nivel de bienestar que se pueda alcanzar para nosotros y nuestra unidad familiar cercana. En este sentido, el diseño y la instrumentación de la política pública tiene como fin último generar las condiciones para que el bienestar de los consumidores sea el mayor posible y que además tenga una tendencia creciente. Sin duda, uno de los aspectos más importantes al respecto es generar en la economía las condiciones para que los mercados de bienes, servicios y factores de la producción operen en un contexto de competencia.
Dos importantes decisiones se han tomado recientemente que traerán beneficios para el consumidor. La primera es la aprobación en el Congreso de la Unión de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, dotando a la Comisión Federal de Competencia de mayor fuerza para penalizar las prácticas monopólicas.
La segunda fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia en materia de las tarifas de interconexión entre compañías de telefonía. Esta decisión que evita que las empresas puedan recurrir al amparo de la justicia federal para suspender, aunque sea transitoriamente, la decisión de la COFETEL en la fijación de tarifas de interconexión, traerá a la larga mayores condiciones de competencia en este mercado, con un beneficio para los consumidores que enfrentarán menores tarifas de telefonía celular.
Ambas decisiones son naturalmente bienvenidas, pero faltan más para poder sentar las condiciones institucionales que se requieren y poder afirmar que efectivamente la política pública en su conjunto está enfocada al bienestar de los consumidores. Destaca en primer lugar la persistencia de altas barreras regulatorias para la apertura y operación de empresas, mismas que se constituyen como barreras de entrada a los mercados lo que inhibe la competencia, además de constituirse como un proceso plagado de corrupción que le permite a los funcionarios públicos apropiarse de una parte de las utilidades de los proyectos de inversión. Se requiere, en consecuencia, un profundo proceso de desregulación para hacer ésta más transparente y eficiente.
En segundo lugar, es indispensable proseguir, e inclusive acelerar, el proceso de desgravación arancelaria para importaciones provenientes de países con los cuáles no hay acuerdos de libre comercio, a pesar de las demandas de CONCAMIN y CANACINTRA que exigen que la apertura se detenga o inclusive se revierta. Siendo México una economía pequeña, en el sentido de que no tenemos influencia significativa sobre los precios internacionales de los bienes, el óptimo para nuestra economía es una de libre comercio total.
Tercero, también en el mercado de la telefonía, pero en este caso la fija, es indispensable permitir que empresas de capital mayoritariamente extranjero, puedan ser propietarias de la totalidad de una empresa instalada y operando en México. El argumento de reciprocidad para abrir totalmente este mercado a empresas extranjeras, no tiene sustento. A nuestros legisladores lo único que debe importarles es el bienestar de los consumidores mexicanos de telefonía; no tiene que ocuparse del bienestar de los consumidores ingleses, españoles, italianos o franceses, para eso están sus gobiernos.
Finalmente, es indispensable abrir el mercado de hidrocarburos a la participación privada, nacional y extranjera. La nación seguiría siendo la dueña del petróleo crudo, los consumidores ganaríamos y la soberanía nacional se fortalecería.

La "deschangarrización" de la economía

Quién no se acuerda del llamado del entonces presidente Fox a “changarrizar” a la economía. México es una economía de changarros, la mayoría de ellos operando en la ilegalidad, lo que explica en gran medida el prácticamente nulo del crecimiento de la productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, el también muy bajo crecimiento del PIB por habitante.
Los changarros se caracterizan por dos elementos claves: son empresas con muy pocos empleados, normalmente menos de cinco y la tecnología de producción que utilizan es obsoleta, sino que primitiva; estos dos en conjunto les impiden tener economías a escala y de alcance, lo que se traduce, en consecuencia, en una muy baja productividad, tanto del capital invertido en la empresa como la de los trabajadores que en ellas laboran. Adicionalmente a estos dos elementos, hay otros dos: evaden impuestos y evaden las contribuciones al sistema de seguridad social, lo que constituye una competencia “desleal” en contra de las empresas legalmente establecidas.
Es obvio que es indispensable acabar con los changarros y que la mano de obra allí empleada migre hacia las empresas legalmente establecidas y que, por su tamaño y tecnología utilizada, tienen naturalmente una mayor productividad. La pregunta es cómo. Tres instrumentos de política económica a los que se tienen que recurrir.
Primero la fiscal. Es indispensable que la Secretaría de Hacienda y el IMSS realicen un serio esfuerzo de fiscalización. El argumento que se ha utilizado para no hacerlo es que los costos de tal fiscalización serían mayores a lo que se recaudaría, tanto en impuestos como en las contribuciones al sistema de seguridad social. Aunque esto pudiese ser cierto, mientras el gobierno federal siga permitiendo la operación ilegal de estas empresas, la productividad media de la economía seguirá siendo muy baja y, además, estancada.
Segundo, una efectiva y profunda política de desregulación. Uno de los grandes problemas que existen en la economía mexicana es que los costos de abrir y operar una empresa legalmente son muy elevados. Costos notariales extremadamente elevados por el `poder monopólico que tiene y ejercen los notarios y que representan el 60% de los costos totales de abrir una empresa son un elemento que lleva a muchos empresarios a estar en la ilegalidad por lo que es indispensable romper este cartel y generar competencia entre notarios para bajar los costos. Además están los costos regulatorios como tales: permisos y licencias que hay que obtener en los tres niveles de gobierno encarecen el proceso de apertura de empresas y generan el incentivo para operar en la ilegalidad. Al respecto, aunque al nivel del gobierno federal sí ha habido un importante esfuerzo de desregulación, lo mismo no sucede al nivel de los gobiernos estatales y municipales, con el agravante de que son procesos caracterizados por una notoria corrupción de los funcionarios públicos. Mientras no se actúe en este aspecto, difícilmente se podrá eliminar la “changarrización” de la economía.
Finalmente, el tercer elemento es la reforma laboral. Dado que los costos de despido son muy elevados, contratar trabajadores también es muy caro. Además, la legislación laboral vigente contiene elementos, como es el escalafón ciego, que tiene un sesgo en contra de la introducción de tecnologías modernas de producción. Urge una profunda reforma legal del mercado de trabajo que baje los costos para las empresas y además que haga que este mercado opere con una mayor flexibilidad.
El statu quo solo garantiza baja productividad y bajo crecimiento.