La "deschangarrización" de la economía

Quién no se acuerda del llamado del entonces presidente Fox a “changarrizar” a la economía. México es una economía de changarros, la mayoría de ellos operando en la ilegalidad, lo que explica en gran medida el prácticamente nulo del crecimiento de la productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, el también muy bajo crecimiento del PIB por habitante.
Los changarros se caracterizan por dos elementos claves: son empresas con muy pocos empleados, normalmente menos de cinco y la tecnología de producción que utilizan es obsoleta, sino que primitiva; estos dos en conjunto les impiden tener economías a escala y de alcance, lo que se traduce, en consecuencia, en una muy baja productividad, tanto del capital invertido en la empresa como la de los trabajadores que en ellas laboran. Adicionalmente a estos dos elementos, hay otros dos: evaden impuestos y evaden las contribuciones al sistema de seguridad social, lo que constituye una competencia “desleal” en contra de las empresas legalmente establecidas.
Es obvio que es indispensable acabar con los changarros y que la mano de obra allí empleada migre hacia las empresas legalmente establecidas y que, por su tamaño y tecnología utilizada, tienen naturalmente una mayor productividad. La pregunta es cómo. Tres instrumentos de política económica a los que se tienen que recurrir.
Primero la fiscal. Es indispensable que la Secretaría de Hacienda y el IMSS realicen un serio esfuerzo de fiscalización. El argumento que se ha utilizado para no hacerlo es que los costos de tal fiscalización serían mayores a lo que se recaudaría, tanto en impuestos como en las contribuciones al sistema de seguridad social. Aunque esto pudiese ser cierto, mientras el gobierno federal siga permitiendo la operación ilegal de estas empresas, la productividad media de la economía seguirá siendo muy baja y, además, estancada.
Segundo, una efectiva y profunda política de desregulación. Uno de los grandes problemas que existen en la economía mexicana es que los costos de abrir y operar una empresa legalmente son muy elevados. Costos notariales extremadamente elevados por el `poder monopólico que tiene y ejercen los notarios y que representan el 60% de los costos totales de abrir una empresa son un elemento que lleva a muchos empresarios a estar en la ilegalidad por lo que es indispensable romper este cartel y generar competencia entre notarios para bajar los costos. Además están los costos regulatorios como tales: permisos y licencias que hay que obtener en los tres niveles de gobierno encarecen el proceso de apertura de empresas y generan el incentivo para operar en la ilegalidad. Al respecto, aunque al nivel del gobierno federal sí ha habido un importante esfuerzo de desregulación, lo mismo no sucede al nivel de los gobiernos estatales y municipales, con el agravante de que son procesos caracterizados por una notoria corrupción de los funcionarios públicos. Mientras no se actúe en este aspecto, difícilmente se podrá eliminar la “changarrización” de la economía.
Finalmente, el tercer elemento es la reforma laboral. Dado que los costos de despido son muy elevados, contratar trabajadores también es muy caro. Además, la legislación laboral vigente contiene elementos, como es el escalafón ciego, que tiene un sesgo en contra de la introducción de tecnologías modernas de producción. Urge una profunda reforma legal del mercado de trabajo que baje los costos para las empresas y además que haga que este mercado opere con una mayor flexibilidad.
El statu quo solo garantiza baja productividad y bajo crecimiento.