A favor del consumidor

Todos somos consumidores, sin importar cuál sea la fuente de nuestro ingreso. Como individuos, dada la escasez de recursos a la cuál nos enfrentamos, entre más baratos y de mayor calidad sean los bienes, mayor tenderá a ser el nivel de bienestar que se pueda alcanzar para nosotros y nuestra unidad familiar cercana. En este sentido, el diseño y la instrumentación de la política pública tiene como fin último generar las condiciones para que el bienestar de los consumidores sea el mayor posible y que además tenga una tendencia creciente. Sin duda, uno de los aspectos más importantes al respecto es generar en la economía las condiciones para que los mercados de bienes, servicios y factores de la producción operen en un contexto de competencia.
Dos importantes decisiones se han tomado recientemente que traerán beneficios para el consumidor. La primera es la aprobación en el Congreso de la Unión de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, dotando a la Comisión Federal de Competencia de mayor fuerza para penalizar las prácticas monopólicas.
La segunda fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia en materia de las tarifas de interconexión entre compañías de telefonía. Esta decisión que evita que las empresas puedan recurrir al amparo de la justicia federal para suspender, aunque sea transitoriamente, la decisión de la COFETEL en la fijación de tarifas de interconexión, traerá a la larga mayores condiciones de competencia en este mercado, con un beneficio para los consumidores que enfrentarán menores tarifas de telefonía celular.
Ambas decisiones son naturalmente bienvenidas, pero faltan más para poder sentar las condiciones institucionales que se requieren y poder afirmar que efectivamente la política pública en su conjunto está enfocada al bienestar de los consumidores. Destaca en primer lugar la persistencia de altas barreras regulatorias para la apertura y operación de empresas, mismas que se constituyen como barreras de entrada a los mercados lo que inhibe la competencia, además de constituirse como un proceso plagado de corrupción que le permite a los funcionarios públicos apropiarse de una parte de las utilidades de los proyectos de inversión. Se requiere, en consecuencia, un profundo proceso de desregulación para hacer ésta más transparente y eficiente.
En segundo lugar, es indispensable proseguir, e inclusive acelerar, el proceso de desgravación arancelaria para importaciones provenientes de países con los cuáles no hay acuerdos de libre comercio, a pesar de las demandas de CONCAMIN y CANACINTRA que exigen que la apertura se detenga o inclusive se revierta. Siendo México una economía pequeña, en el sentido de que no tenemos influencia significativa sobre los precios internacionales de los bienes, el óptimo para nuestra economía es una de libre comercio total.
Tercero, también en el mercado de la telefonía, pero en este caso la fija, es indispensable permitir que empresas de capital mayoritariamente extranjero, puedan ser propietarias de la totalidad de una empresa instalada y operando en México. El argumento de reciprocidad para abrir totalmente este mercado a empresas extranjeras, no tiene sustento. A nuestros legisladores lo único que debe importarles es el bienestar de los consumidores mexicanos de telefonía; no tiene que ocuparse del bienestar de los consumidores ingleses, españoles, italianos o franceses, para eso están sus gobiernos.
Finalmente, es indispensable abrir el mercado de hidrocarburos a la participación privada, nacional y extranjera. La nación seguiría siendo la dueña del petróleo crudo, los consumidores ganaríamos y la soberanía nacional se fortalecería.

La "deschangarrización" de la economía

Quién no se acuerda del llamado del entonces presidente Fox a “changarrizar” a la economía. México es una economía de changarros, la mayoría de ellos operando en la ilegalidad, lo que explica en gran medida el prácticamente nulo del crecimiento de la productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, el también muy bajo crecimiento del PIB por habitante.
Los changarros se caracterizan por dos elementos claves: son empresas con muy pocos empleados, normalmente menos de cinco y la tecnología de producción que utilizan es obsoleta, sino que primitiva; estos dos en conjunto les impiden tener economías a escala y de alcance, lo que se traduce, en consecuencia, en una muy baja productividad, tanto del capital invertido en la empresa como la de los trabajadores que en ellas laboran. Adicionalmente a estos dos elementos, hay otros dos: evaden impuestos y evaden las contribuciones al sistema de seguridad social, lo que constituye una competencia “desleal” en contra de las empresas legalmente establecidas.
Es obvio que es indispensable acabar con los changarros y que la mano de obra allí empleada migre hacia las empresas legalmente establecidas y que, por su tamaño y tecnología utilizada, tienen naturalmente una mayor productividad. La pregunta es cómo. Tres instrumentos de política económica a los que se tienen que recurrir.
Primero la fiscal. Es indispensable que la Secretaría de Hacienda y el IMSS realicen un serio esfuerzo de fiscalización. El argumento que se ha utilizado para no hacerlo es que los costos de tal fiscalización serían mayores a lo que se recaudaría, tanto en impuestos como en las contribuciones al sistema de seguridad social. Aunque esto pudiese ser cierto, mientras el gobierno federal siga permitiendo la operación ilegal de estas empresas, la productividad media de la economía seguirá siendo muy baja y, además, estancada.
Segundo, una efectiva y profunda política de desregulación. Uno de los grandes problemas que existen en la economía mexicana es que los costos de abrir y operar una empresa legalmente son muy elevados. Costos notariales extremadamente elevados por el `poder monopólico que tiene y ejercen los notarios y que representan el 60% de los costos totales de abrir una empresa son un elemento que lleva a muchos empresarios a estar en la ilegalidad por lo que es indispensable romper este cartel y generar competencia entre notarios para bajar los costos. Además están los costos regulatorios como tales: permisos y licencias que hay que obtener en los tres niveles de gobierno encarecen el proceso de apertura de empresas y generan el incentivo para operar en la ilegalidad. Al respecto, aunque al nivel del gobierno federal sí ha habido un importante esfuerzo de desregulación, lo mismo no sucede al nivel de los gobiernos estatales y municipales, con el agravante de que son procesos caracterizados por una notoria corrupción de los funcionarios públicos. Mientras no se actúe en este aspecto, difícilmente se podrá eliminar la “changarrización” de la economía.
Finalmente, el tercer elemento es la reforma laboral. Dado que los costos de despido son muy elevados, contratar trabajadores también es muy caro. Además, la legislación laboral vigente contiene elementos, como es el escalafón ciego, que tiene un sesgo en contra de la introducción de tecnologías modernas de producción. Urge una profunda reforma legal del mercado de trabajo que baje los costos para las empresas y además que haga que este mercado opere con una mayor flexibilidad.
El statu quo solo garantiza baja productividad y bajo crecimiento.

Querámonos los unos a los otros

Ahora sí, el mesías y salvador del pueblo mexicano, Manuel Andrés López Obrador, el MALO, se sacó un 10 con vamos a “cambiar a México a través del amor”. Frase digna de Jesús en estas semanas Santa y de Pascua y con la seguramente ingresará al libro que algún día se escribirá “Las grandes frases de los mexicanos”. “Cambiar a México a través del amor” es indudablemente una verdadera joya, digna de cualquier Día de San Valentín. Y la pregunta es, ¿qué quiso transmitir? He ahí el misterio, porque apelar a las “buenas voluntades” para lograr un determinado objetivo social no es muy efectivo, excepto en sociedades con una alta cohesión social y solamente en épocas de crisis, elementos que están muy lejos de caracterizar a los mexicanos. Especulemos que quiso decir el Sr. López, con ese cambio de discurso, porque su anterior, apelando al odio claramente no le funcionó. Tres posibilidades.
Primera posibilidad, la inseguridad pública que nos agobia. El gobierno, en sus tres niveles, pero particularmente al nivel de los Estados y municipios, ha abdicado de su función que le da razón de ser que es proveer a los individuos seguridad para sus personas y sus bienes. Vivimos en un clima de inseguridad porque los delitos del fuero común se cometen con una enorme impunidad. Por otra parte, la guerra que el gobierno federal ha emprendido en contra del crimen organizado es una guerra que de entrada estaba perdida. “Querámonos los unos a los otros”, cohesionando el capital social en las poblaciones podría servir si la política de seguridad pública, incluida la labor de las fuerzas de seguridad, los ministerios públicos y los poderes judiciales, federal y estatales, fuesen efectivas en el combate a la delincuencia. Con pura “buena vibra” los problemas no se resuelven.
Segunda posibilidad para interpretar la frase del Sr. López: lograr el progreso económico, con un mayor nivel de bienestar de la población y una mayor equidad en la distribución de la riqueza y del ingreso. “Queriéndonos los unos a los otros”, por más amor que le tengamos a los vecinos y compañeros de trabajo, no se traduce en una mayor productividad, principal fuente de crecimiento económico. Por mayor voluntad que tengamos de ser buenas personas, cooperativos con quién nos rodean en el ámbito laboral o personal, no deriva en una mejora económica si las reglas del juego a las cuales nos enfrentamos como agentes económicos premian la baja productividad, si esas reglas van en contra del progreso económico. La “buena vibra” a la cual apela el Sr. López no va a cambiar esas reglas. Podríamos los 112 millones de mexicanos unirnos en una mega sesión de meditación yoga para tratar de atraer para México un mejor presente, pero sobretodo un mejor futuro, pero sería un ejercicio inútil ya que a final de cuentas los 628 legisladores federales no van a estar dispuestos a cambiar las reglas que nos incentiven, en lo individual y en el conjunto de la sociedad, para ser más productivos.
Y hay una tercera posibilidad: el discurso mesiánico populista que apela a que a la gente le gusta recibir regalos del gobierno. Si analizamos los 50 puntos renovados del Sr. López, hay regalos para todos, subsidios para todos y para todo. El único problema, pecatta minuta, es que los recursos con los que cuenta el gobierno son limitados. Pero no importa; porque de acuerdo con López, con amor todo se puede.

La lucha por la competencia

Desde hace algunos relativamente pocos años, México y su economía están enfrascados en una lucha por la competencia entre los participantes en cada uno de los mercados, una lucha que trata de darle a los individuos una mayor libertad para elegir y, simultáneamente, quitarle las rentas a diversos grupos de interés que se apropian de una fracción del ingreso nacional mayor a lo que representa su aportación a la generación de ese mismo ingreso. Una guerra entre aquellos que representan los intereses atomizados de los individuos, como la Procuraduría del Consumidor, la CONDUSEF y la Comisión Federal de Competencia Económica y los monopolios; una guerra en la cual hay batallas que se ganan a favor de los individuos y otras que se pierden. Cuatro ejemplos de la semana que acabó.
Primero, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica mediante la cual le dan mayor poder a la Comisión para perseguir y castigar las prácticas monopólicas en el país, incluyendo mayores multas estimadas como un porcentaje de los ingresos totales de las empresas que incurra en estas prácticas, la responsabilidad penal de los dueños y/o administradores de estas empresas y la facultad de la aplicación de medidas cautelares por parte de la CFC cuando haya presunción de que una empresa está incurriendo en prácticas anticompetitivas. Gran avance y ahora la pregunta, ¿pasará en el Senado o Beltrones la volverá a bloquear, protegiendo los intereses de algún grupo que incurre en prácticas que dañan a los consumidores?
Segundo, la multimillonaria multa aplicada por la CFC a América Móvil por prácticas monopólicas en el mercado de telefonía celular, al cobrar tarifas de interconexión notoriamente elevadas a los competidores. Gran decisión de la Comisión ante la cual los multados seguramente recurrirán al amparo judicial. Y he aquí en dónde está uno de los grandes problemas. En el pasado el Poder Judicial Federal ha otorgado los amparos reclamados por las empresas del Grupo Carso, TELMEX y TELCEL en contra de los actos de la CFC y de la COFETEL por cuestiones de carácter procedimental, nunca habiendo ido al fondo del asunto. Los jueces de distrito han tomado, siempre el camino fácil, sin entender que su labor es cumplir con el artículo 28 constitucional que expresamente prohíbe las prácticas monopólicas.
Tercero, una amarga derrota en pos de la libertad. La aprobación de la norma 29 por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a pesar de la opinión de la CFC, a propuesta de Ebrard, para limitar en dónde pueden situarse los supermercados y las tiendas de conveniencia para proteger a los mercados populares. ¡Un premio a la ineficiencia a cambio de unos cuántos votos! Limitando en dónde se pueden localizar supermercados y tiendas de conveniencia claramente limita la libertad para elegir de los consumidores, lo cual deriva en una reducción de su bienestar. ¿Y Ebrard y el PRD se dicen protectores de los consumidores? ¡Qué cinismo!
Cuarto; protegiendo los intereses monopólicos de los líderes sindicales, el PRI enterró la reforma laboral que hubiese significado, una mayor flexibilidad en este mercado, mayor productividad global de la economía y, sobretodo, mayor libertad de elección tanto para las empresas como para los trabajadores. Ahora, gracias al PRI, seguiremos sumidos en la mediocridad.
Batallas se ganan y se pierden en esta guerra, misma que hay que seguir peleando porque el objetivo último de la política pública tiene que ser la libertad.

Incentivos vs planificación

Incentivos en el mercado o planeación centralizada, dos formas de asignar los recursos en la economía. Parecería fuera de tiempo entrar a discutir con cuál de los sistemas económicos se logra un mejor desempeño de la economía, sobre todo después del rotundo fracaso que significó el experimento socialista del siglo XX, particularmente en la Unión Soviética y los países del Europa del Este y como se observa en la actualidad en aquellos que insisten en continuar con este esquema, como en Cuba, Corea del Norte y más recientemente en Venezuela. Es sin embargo relevante discutirlo porqué aun persiste en México, en varios individuos y organizaciones, como el ala izquierda del PRI, la idea de que el gobierno debe participar activamente en las decisiones de cómo asignar los recursos, tal como lo vemos con la propuesta de crear el Consejo Nacional de Financiamiento al Desarrollo.
Un sistema de planificación centralizada no puede lograr una asignación eficiente de recursos por una razón muy sencilla: el planificador no tiene toda la información relevante, particularmente lo referente a la escasez relativa de los recursos productivos, por lo que en sus decisiones de cómo asignar los recursos no toma en consideración el costo de oportunidad. Adicionalmente, para el planificador las preferencias de los individuos que componen la sociedad son irrelevantes, por lo que actúa bajo el supuesto de que las preferencias relevantes para decidir cómo se asignan los recursos son solamente las suyas. Ello lleva, tal como lo señaló Hayek en su ensayo “El camino a la servidumbre”, a que los individuos se vuelven, para efectos prácticos, esclavos del Estado; cada individuo es solamente un engrane más de una gigantesca maquinaria que no funciona.
Insistir en que el gobierno puede hacer las cosas mejor que el mercado no solo termina con un rotundo fracaso económico sino, más aun, cancela la libertad de los individuos, tanto en lo económico como en lo político.
Por el contrario, una economía de mercado, en donde los derechos privados de propiedad están eficientemente definidos en el marco legal y son eficientemente protegidos por un poder judicial independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de los contratos lleva a que cada individuo, tomando únicamente en consideración sus preferencias y la información local relevante, asigne los recursos de su propiedad hacia aquél uso en donde la rentabilidad esperada sea la más alta. Es decir, cada individuo, al momento de decidir cómo asigna sus recursos, toma en consideración el costo de oportunidad.
En este sistema de organización social, el gobierno tiene un papel muy importante que jugar, más allá de la provisión del bien público por excelencia que es la protección de los derechos privados de propiedad. Es papel del gobierno establecer en el marco legal y regulatorio un sistema de incentivos que induzca a que cada individuo asigne los recursos hacia su uso más eficiente, garantizando que todos los mercados operen bajo un esquema de competencia. Incentivos correctos llevan a una asignación privada eficiente y, cooperando cada individuo con el resto de la sociedad a través del intercambio voluntario, una asignación que resulta también socialmente eficiente.
La economía mexicana no avanza más rápidamente en gran medida porque, además de que el gobierno no protege los derechos de propiedad, los incentivos que se derivan del arreglo institucional no son los correctos. Si en lugar de corregir esta falla, se insiste en adoptar elementos de planificación centralizada, garantizaremos la mediocridad.