Pasado mañana inicia el “mes de la Patria”, particularmente significativo por ser el bicentenario del comienzo de la lucha de independencia. 200 años han pasado desde entonces y las preguntas son ¿qué podemos festejar?, ¿realmente estamos para festejar? México se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su historia independiente, asolado por la violencia asociada al crimen organizado y a la delincuencia común y corriente y con una economía que sigue mostrando un desempeño mediocre, con bajas tasas de crecimiento económico y con muy poca expansión del empleo formal y perdiendo posiciones en el mundo frente a otros países que siguen avanzando. A pesar de ello, ¿sería, como dijo el Secretario de Educación Alonso Lujambio, una mezquindad no celebrar el bicentenario?
Pasado mañana inicia también el periodo ordinario del Congreso de la Unión, uno que debería ser aprovechado para avanzar en las reformas estructurales que se requieren para que el país vuelva a retomar, después de 30 años, una senda de crecimiento económico alto y sostenido. Sin embargo, si algo hemos observado durante estos últimos días, es la continua descalificación por parte de los partidos políticos de oposición a las diferentes propuestas que el Presidente Calderón ha avanzado en prácticamente cualquier materia, incluyendo las de carácter económico como aquellas en materia de seguridad, como por ejemplo la anunciada esta semana en relación al combate al lavado de dinero. Todo lo que vemos es la lucha entre los partidos y sus representantes en el Congreso para tratar de hacerse de una tajada más grande del presupuesto y tratar de posicionarse para las elecciones estatales del próximo año y, sobretodo, las federales del 2012.
En el Congreso hay ya varias iniciativas que son cruciales y que de aprobarse contribuirían a modernizar la economía, haciéndola más eficiente y productiva, lo que derivaría en mayor crecimiento económico y mayores niveles de bienestar para la población, como son las reformas en materia laboral, de telecomunicaciones y de competencia económica e inclusive la reforma política que permitiría la reelección inmediata de legisladores. Más sin embargo, tal como lo vimos en el anterior periodo ordinario de la actual legislatura, son reformas que ni siquiera reciben la debida atención por parte de los legisladores, bajo el argumento de que no es el momento político adecuado para discutirlas y menos aun aprobarlas, mismo que se utiliza para esconder la verdadera razón que es el que si se aprobaran, significaría la pérdida de rentas para poderosos grupos de interés, como son sindicatos, empresarios que ejercen poder monopólico, la burocracia y los propios líderes de los partidos políticos.
Pasado mañana inicia el mes de la Patria, el mes del bicentenario, y lo más probable es que sea un mes lleno de frustraciones, uno en donde lo que observaremos, además de mucha violencia, es la mezquindad de los partidos políticos, velando por sus propias rentas, mientras el país sigue a la deriva, sin tener las condiciones para despegar hacia un futuro promisorio que signifique mayores niveles de ingreso y de bienestar.
Pasado mañana inicia el mes de la Patria y del bicentenario y nos las pasaremos entre festejos intranscendentes y frustrados porque después de 200 años seguimos siendo un país subdesarrollado, inequitativo en oportunidades y resultados y con mucha pobreza. En fin.
lunes, 30 de agosto de 2010
lunes, 23 de agosto de 2010
Impuestos: soñra no cuesta
En unos pocos días el Presidente Calderón enviará al Congreso de la Unión su propuesta fiscal para el próximo año y lo único que hay hasta el momento es muy poca claridad sobre lo que se va a proponer, particularmente en lo que respecta a los impuestos. Sin embargo, una cosa queda clara: no importa lo que se proponga y finalmente apruebe, nuestro sistema tributario seguirá siendo notoriamente ineficiente, difícil y caro de administrar para las empresas, los individuos y el propio gobierno y se seguirá sin resolver, una vez más, la debilidad estructural de las finanzas públicas y la alta dependencia fiscal de los ingresos petroleros. Es realmente increíble que transcurran los años, el diagnóstico ahí está y no se hace lo que se requiere para tener un sistema tributario limpio y eficiente, uno del cual se deriven los incentivos al trabajo, el ahorro y la inversión que estén alineados con el objetivo de crecimiento económico alto y sostenido, uno que le de solidez de largo plazo a los ingresos tributarios del gobierno.
Pudiendo tener un diseño del sistema tributario simple de entender y administrar, que incentivara el crecimiento económico y que dotara al gobierno de los recursos necesarios para financiar aquellas actividades que efectivamente le competen, lo que tenemos, y seguiremos teniendo, es uno que parece ser diseñado con perversidad por los contadores públicos y abogados fiscalistas de este país para que sigan obteniendo rentas extraordinarias, en colaboración con los partidos políticos que no pueden ver más allá del siguiente proceso electoral, sea estatal o federal.
Propongo lo siguiente: vámonos por una regla tributaria de todo al 20% con las siguientes características. Primero, se elimina el ISR a las personas morales y se adopta íntegramente, tal como fue inicialmente diseñado, el IETU a una tasa del 20%. Segundo, se homogeneíza el IVA a una tasa también del 20%. Tercero, se establece un ISR proporcional a las personas físicas también del 20%, aplicando esta tasa a lo que resulte de la diferencia entre los ingresos brutos totales generados durante el año, sin exenciones, y lo que establezca el CONEVAL como la línea de pobreza de capacidades, junto con transferencias directas al ingreso a todos aquellos que estén por debajo de esta línea de pobreza, diseño que permite mantener la progresividad del impuesto y logra alcanzar la equidad horizontal, en donde todos pagan la misma tasa impositiva independientemente de su fuente de ingresos. Además, este esquema permitiría prácticamente eliminar la elusión tributaria que ahora se deriva de todos los regímenes de excepción.
Aunado a lo anterior y que se constituiría como el corazón del sistema tributario, hay otra serie de gravámenes a considerar. Menciono dos. Uno es el “impuesto al vicio” aplicados a las bebidas alcohólicas, cigarros, etc. Aquí habría que legalizar la marihuana y gravarla, con la ventaja de que la renta que ahora obtienen los cárteles se la apropiaría el gobierno. Otro impuesto a considerar, dado el compromiso que el gobierno mexicano asumió en la reunión de Copenhague sobre cambio climático en materia de reducción de emisiones contaminantes y sobre lo cual no ha hecho absolutamente nada, como es costumbre en este país, es adoptar a partir del próximo año un esquema de “carbon taxes” y la subasta de permisos de contaminación.
Todo lo anterior no va a pasar, pero bueno, soñar no cuesta. Total, ni a que nuestros legisladores realmente les importara el futuro de México.
Pudiendo tener un diseño del sistema tributario simple de entender y administrar, que incentivara el crecimiento económico y que dotara al gobierno de los recursos necesarios para financiar aquellas actividades que efectivamente le competen, lo que tenemos, y seguiremos teniendo, es uno que parece ser diseñado con perversidad por los contadores públicos y abogados fiscalistas de este país para que sigan obteniendo rentas extraordinarias, en colaboración con los partidos políticos que no pueden ver más allá del siguiente proceso electoral, sea estatal o federal.
Propongo lo siguiente: vámonos por una regla tributaria de todo al 20% con las siguientes características. Primero, se elimina el ISR a las personas morales y se adopta íntegramente, tal como fue inicialmente diseñado, el IETU a una tasa del 20%. Segundo, se homogeneíza el IVA a una tasa también del 20%. Tercero, se establece un ISR proporcional a las personas físicas también del 20%, aplicando esta tasa a lo que resulte de la diferencia entre los ingresos brutos totales generados durante el año, sin exenciones, y lo que establezca el CONEVAL como la línea de pobreza de capacidades, junto con transferencias directas al ingreso a todos aquellos que estén por debajo de esta línea de pobreza, diseño que permite mantener la progresividad del impuesto y logra alcanzar la equidad horizontal, en donde todos pagan la misma tasa impositiva independientemente de su fuente de ingresos. Además, este esquema permitiría prácticamente eliminar la elusión tributaria que ahora se deriva de todos los regímenes de excepción.
Aunado a lo anterior y que se constituiría como el corazón del sistema tributario, hay otra serie de gravámenes a considerar. Menciono dos. Uno es el “impuesto al vicio” aplicados a las bebidas alcohólicas, cigarros, etc. Aquí habría que legalizar la marihuana y gravarla, con la ventaja de que la renta que ahora obtienen los cárteles se la apropiaría el gobierno. Otro impuesto a considerar, dado el compromiso que el gobierno mexicano asumió en la reunión de Copenhague sobre cambio climático en materia de reducción de emisiones contaminantes y sobre lo cual no ha hecho absolutamente nada, como es costumbre en este país, es adoptar a partir del próximo año un esquema de “carbon taxes” y la subasta de permisos de contaminación.
Todo lo anterior no va a pasar, pero bueno, soñar no cuesta. Total, ni a que nuestros legisladores realmente les importara el futuro de México.
lunes, 16 de agosto de 2010
Estado de derecho y desarrollo
Por más que nuestras autoridades repitan una y otra vez que México es un país en el cual rige el estado de derecho, la realidad es que esto no es así. Y el problema va mucho más allá de la delincuencia organizada en la cual está centrada la atención del gobierno federal. Son varias las razones para poder afirmar que vivimos en un país en el cual es notoria la debilidad del estado de derecho, hecho que deriva en un menor nivel de desarrollo económico.
Para poder afirmar que en un país rige el estado de derecho, se requiere que se cumplan varias condiciones. Primero, los derechos privados de propiedad tienen que estar eficientemente definidos en el marco legal y estos incluyen tres derechos: a la posesión de bienes, a la libre utilización de estos bienes mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente en contra de los derechos de terceros y a la transferencia libre y voluntaria de los bienes. Segundo, estos tres derechos tienen que estar protegidos por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito que garantice el cumplimiento de los contratos y que proteja a los agentes económicos en contra de actos de terceros, incluido el propio gobierno, que vulneren los derechos privados de propiedad. Tercero, el gobierno no puede violar la esfera privada sino es para hacer cumplir las leyes vigentes y por todos conocidas. Cuarto, todos los mercados deben operar en un contexto de competencia, lo que excluye la existencia de monopolios, gubernamentales o privados, amparados en el marco legal o protegidos por el gobierno. Y quinto, tiene que regir la igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados.
Dados estos cinco elementos, es claro que en México estamos muy lejos de que efectivamente rija el estado de derecho. En primer lugar, los derechos privados de propiedad, están ineficientemente definidos en el marco legal, particularmente en el artículo 27 constitucional, al considerar la propiedad privada como un derecho derivado de la propiedad originaria de la Nación (sic).
En segundo lugar, estos derechos son continuamente violados por actos de terceros, incluidos actos cometidos por el propio gobierno. Así, por ejemplo, la impunidad con la cual se cometen delitos del fuero común es pasmosa; 97% de los delitos no terminan en una condena. Y qué decir de la enorme incidencia de corrupción entre los funcionarios públicos, quienes al actuar como buscadores de rentas, se apropian para su beneficio particular de una parte de la riqueza de los individuos y de los ingresos generados por los proyectos de inversión, tanto gubernamental como privada.
En tercer lugar, el poder judicial no protege imparcial y eficientemente los derechos privados de propiedad ni garantiza el cumplimiento de los contratos. Al nivel de los poderes judiciales estatales estos, en la mayoría de los casos, no son independientes de los poderes ejecutivos correspondientes, lo que aunado a una alta incidencia de corrupción, derivan en que en sus juicios no haya imparcialidad.
En cuarto lugar, hay una significativa prevalencia de monopolios y prácticas monopólicas, tanto gubernamentales como privadas, todas ellas amparadas en un marco legal ineficiente que violenta la prohibición constitucional establecida en el artículo 28.
Y quinto, claramente no existe igualdad de oportunidad de acceso a los mercados, destacando el educativo, el laboral y el financiero.
Con estos elementos presentes, ¿podemos aspirar a llegar a ser un país desarrollado?
Para poder afirmar que en un país rige el estado de derecho, se requiere que se cumplan varias condiciones. Primero, los derechos privados de propiedad tienen que estar eficientemente definidos en el marco legal y estos incluyen tres derechos: a la posesión de bienes, a la libre utilización de estos bienes mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente en contra de los derechos de terceros y a la transferencia libre y voluntaria de los bienes. Segundo, estos tres derechos tienen que estar protegidos por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito que garantice el cumplimiento de los contratos y que proteja a los agentes económicos en contra de actos de terceros, incluido el propio gobierno, que vulneren los derechos privados de propiedad. Tercero, el gobierno no puede violar la esfera privada sino es para hacer cumplir las leyes vigentes y por todos conocidas. Cuarto, todos los mercados deben operar en un contexto de competencia, lo que excluye la existencia de monopolios, gubernamentales o privados, amparados en el marco legal o protegidos por el gobierno. Y quinto, tiene que regir la igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados.
Dados estos cinco elementos, es claro que en México estamos muy lejos de que efectivamente rija el estado de derecho. En primer lugar, los derechos privados de propiedad, están ineficientemente definidos en el marco legal, particularmente en el artículo 27 constitucional, al considerar la propiedad privada como un derecho derivado de la propiedad originaria de la Nación (sic).
En segundo lugar, estos derechos son continuamente violados por actos de terceros, incluidos actos cometidos por el propio gobierno. Así, por ejemplo, la impunidad con la cual se cometen delitos del fuero común es pasmosa; 97% de los delitos no terminan en una condena. Y qué decir de la enorme incidencia de corrupción entre los funcionarios públicos, quienes al actuar como buscadores de rentas, se apropian para su beneficio particular de una parte de la riqueza de los individuos y de los ingresos generados por los proyectos de inversión, tanto gubernamental como privada.
En tercer lugar, el poder judicial no protege imparcial y eficientemente los derechos privados de propiedad ni garantiza el cumplimiento de los contratos. Al nivel de los poderes judiciales estatales estos, en la mayoría de los casos, no son independientes de los poderes ejecutivos correspondientes, lo que aunado a una alta incidencia de corrupción, derivan en que en sus juicios no haya imparcialidad.
En cuarto lugar, hay una significativa prevalencia de monopolios y prácticas monopólicas, tanto gubernamentales como privadas, todas ellas amparadas en un marco legal ineficiente que violenta la prohibición constitucional establecida en el artículo 28.
Y quinto, claramente no existe igualdad de oportunidad de acceso a los mercados, destacando el educativo, el laboral y el financiero.
Con estos elementos presentes, ¿podemos aspirar a llegar a ser un país desarrollado?
La clase media (III)
En los dos anteriores artículos he apuntado que uno de los problemas que enfrenta México es la debilidad de la clase media, hecho que se traduce en un mercado interno sin solidez y una alta dependencia, para efectos del crecimiento económico, de la demanda externa. Tres décadas sin crecimiento económico junto con la inestabilidad macroeconómica que hemos experimentado desde principios de la década de los setenta del siglo XX, prácticamente pulverizaron a la clase media que se había logrado construir en las dos décadas previas, lo que aunado a un arreglo institucional caracterizado por una desigualdad de oportunidades, generó además una notable polarización de la distribución de la riqueza y del ingreso. Así, el ingreso acumulado de los tres deciles más altos representa casi el 60% del ingreso nacional y solo el ingreso del décimo decil representa casi el 40% de ese ingreso nacional. Más aun, la distribución dentro del décimo decil es todavía más inequitativa que en los otros nueve deciles. México tiene una de las distribuciones de la riqueza más inequitativas del mundo. Un país no puede tener un crecimiento económico alto y sostenido cuando la demanda interna, particularmente la correspondiente al consumo privado de bienes duraderos se concentra en el 20% más rico de la población.
La solución no radica en redistribuir el ingreso, quitándoles recursos a los más ricos para dárselos a los de menores ingresos; eso termina destruyendo la economía y genera a la larga una distribución equitativa de la miseria. La solución se centra en que a medida que el ingreso de toda la población aumente, el de los menores ingresos aumente proporcionalmente más y para ello se requiere modificar el arreglo institucional vigente para construir uno que se caracterice por la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, no solamente de bienes y servicios, sino también de los factores de la producción.
Por su impacto destacan tres mercados. El primero es el de bienes y servicios en donde prevalecen las prácticas monopólicas, privadas y gubernamentales, ya que ellas afectan relativamente más a las familias de menores ingresos e impide, efectivamente, que generen una capacidad de ahorro y de consumo. Es imperativo atacar este problema.
El segundo es el mercado educativo. El sistema educativo nacional, dominado por el SNTE, ofrece un servicio de muy mala calidad. Esto implica que no solamente los egresados del sistema tendrán una menor productividad sino que además, tendrán menores oportunidades en el mercado laboral. Más aun, el diseño del sistema educativo, basado en la educación pública sin competencia y sin que los padres tengan libertad de elección, tiende a perpetuar la inequidad de la distribución de la riqueza. Obviamente, es necesaria una cirugía mayor, una en donde el gobierno garantice el acceso a la educación pero que sean los padres los que tengan la libertad de elección en un mercado en competencia.
El tercer mercado es el laboral. Lo que tenemos es uno regulado de manera ineficiente que lo hace ser sumamente rígido, que contiene un sesgo en contra de la mano de obra, en contra del cambio tecnológico, en contra del crecimiento de las empresas y en contra del aumento de la productividad. Sobra decir que es necesario un cambio profundo de esta legislación.
Atacar estos tres problemas derivaría en un mayor crecimiento sustentado en un mercado interno cada vez más grande y más sólido.
La solución no radica en redistribuir el ingreso, quitándoles recursos a los más ricos para dárselos a los de menores ingresos; eso termina destruyendo la economía y genera a la larga una distribución equitativa de la miseria. La solución se centra en que a medida que el ingreso de toda la población aumente, el de los menores ingresos aumente proporcionalmente más y para ello se requiere modificar el arreglo institucional vigente para construir uno que se caracterice por la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, no solamente de bienes y servicios, sino también de los factores de la producción.
Por su impacto destacan tres mercados. El primero es el de bienes y servicios en donde prevalecen las prácticas monopólicas, privadas y gubernamentales, ya que ellas afectan relativamente más a las familias de menores ingresos e impide, efectivamente, que generen una capacidad de ahorro y de consumo. Es imperativo atacar este problema.
El segundo es el mercado educativo. El sistema educativo nacional, dominado por el SNTE, ofrece un servicio de muy mala calidad. Esto implica que no solamente los egresados del sistema tendrán una menor productividad sino que además, tendrán menores oportunidades en el mercado laboral. Más aun, el diseño del sistema educativo, basado en la educación pública sin competencia y sin que los padres tengan libertad de elección, tiende a perpetuar la inequidad de la distribución de la riqueza. Obviamente, es necesaria una cirugía mayor, una en donde el gobierno garantice el acceso a la educación pero que sean los padres los que tengan la libertad de elección en un mercado en competencia.
El tercer mercado es el laboral. Lo que tenemos es uno regulado de manera ineficiente que lo hace ser sumamente rígido, que contiene un sesgo en contra de la mano de obra, en contra del cambio tecnológico, en contra del crecimiento de las empresas y en contra del aumento de la productividad. Sobra decir que es necesario un cambio profundo de esta legislación.
Atacar estos tres problemas derivaría en un mayor crecimiento sustentado en un mercado interno cada vez más grande y más sólido.
lunes, 2 de agosto de 2010
La clase media (II)
En el artículo de la semana pasada apunté que para tener un mercado interno sólido que reduzca la dependencia que la economía mexicana tiene de lo que suceda en la economía mundial y su efecto sobre nuestras exportaciones, es necesario tener una clase media en crecimiento y con un ingreso real cada vez mayor. Señalé que la clase media que creció durante la década de los sesenta del siglo pasado, fue prácticamente pulverizada por la inflación que experimentó la economía desde la década de los setenta así como por las recurrentes crisis que se vivieron, aunado a la ausencia de crecimiento económico sostenido durante las últimas tres décadas y que ha mantenido el PIB real por habitante prácticamente constante. Finalmente señalé que la baja tasa de inflación que ha experimentado la economía durante los últimos años ha permitido una ligera recuperación de la clase media pero ello, la ausencia de inflación, no es sin embargo suficiente.
Uno de los elementos esenciales que deben imperar en la economía para tener una clase media sólida y en crecimiento es la creación de empleos en el sector legal o formal de la economía en empresas de tamaño medio que puedan introducir tecnologías de producción que repercutan en una mayor productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, en salarios reales cada vez mayores. Sin embargo, lo que observamos en México es que existen toda una serie de trabas a la creación y crecimiento de empresas en el sector legal de la economía, lo que ha dado lugar a que una parte significativa de la fuerza laboral esté empleada en muy pequeñas unidades de producción en el sector informal, sin acceso a la seguridad social y con tecnologías obsoletas. Mientras estas trabas no se eliminen, particularmente en lo que toca a la excesiva e ineficiente regulación que enfrentan las empresas y la corrupción que de ella se deriva, será prácticamente imposible el crecimiento y la consolidación de una clase media que fortalezca el mercado interno.
Otro elemento lo constituye la necesidad de que los mercados operen en condiciones de competencia. Sin embargo, lo que se observa en México es que siguen imperando significativas prácticas monopólicas, gubernamentales y privadas, que le imponen a los consumidores precios muy por arriba de lo que serían en caso de imperar la competencia, hecho que impide el crecimiento de la clase media y el mismo crecimiento económico.
Un tercer elemento, característico de una sólida clase media, es que sean propietarios de su vivienda. Aunque la estabilidad macroeconómica alcanzada ha permitió menores tasas de interés de los créditos hipotecarios así como a mayores plazos, estos siguen siendo relativamente caros y lejos del alcance de la mayor parte de la población. Para abaratarlos se requiere mayor competencia en el sistema financiero nacional y también, lo que es crucial, una eficiente protección de los derechos privados de propiedad por parte de un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito. Y esto último no se tiene.
Un cuarto elemento presente en la economía mexicana que inhibe la existencia de un mercado interno en crecimiento es la notoria inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso. Un mercado interno sustentado en solamente el 30% de la población con mayores ingresos no es suficiente, tema que trataré en el siguiente artículo.
Uno de los elementos esenciales que deben imperar en la economía para tener una clase media sólida y en crecimiento es la creación de empleos en el sector legal o formal de la economía en empresas de tamaño medio que puedan introducir tecnologías de producción que repercutan en una mayor productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, en salarios reales cada vez mayores. Sin embargo, lo que observamos en México es que existen toda una serie de trabas a la creación y crecimiento de empresas en el sector legal de la economía, lo que ha dado lugar a que una parte significativa de la fuerza laboral esté empleada en muy pequeñas unidades de producción en el sector informal, sin acceso a la seguridad social y con tecnologías obsoletas. Mientras estas trabas no se eliminen, particularmente en lo que toca a la excesiva e ineficiente regulación que enfrentan las empresas y la corrupción que de ella se deriva, será prácticamente imposible el crecimiento y la consolidación de una clase media que fortalezca el mercado interno.
Otro elemento lo constituye la necesidad de que los mercados operen en condiciones de competencia. Sin embargo, lo que se observa en México es que siguen imperando significativas prácticas monopólicas, gubernamentales y privadas, que le imponen a los consumidores precios muy por arriba de lo que serían en caso de imperar la competencia, hecho que impide el crecimiento de la clase media y el mismo crecimiento económico.
Un tercer elemento, característico de una sólida clase media, es que sean propietarios de su vivienda. Aunque la estabilidad macroeconómica alcanzada ha permitió menores tasas de interés de los créditos hipotecarios así como a mayores plazos, estos siguen siendo relativamente caros y lejos del alcance de la mayor parte de la población. Para abaratarlos se requiere mayor competencia en el sistema financiero nacional y también, lo que es crucial, una eficiente protección de los derechos privados de propiedad por parte de un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito. Y esto último no se tiene.
Un cuarto elemento presente en la economía mexicana que inhibe la existencia de un mercado interno en crecimiento es la notoria inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso. Un mercado interno sustentado en solamente el 30% de la población con mayores ingresos no es suficiente, tema que trataré en el siguiente artículo.
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