No cabe duda de que uno de los elementos que permiten explicar porqué la economía mexicana simplemente no despega hacia un proceso sostenido de desarrollo económico es la ineficiente definición de los derechos de propiedad y más aun, la muy deficiente garantía y protección de estos por parte del gobierno, el cual, por este solo hecho, incumple con su razón principal de ser. Vivimos en un país en el cual violar las leyes y reglamentos y atentar en contra de los derechos de terceros es un deporte nacional. Un rápido repaso de algunos ejemplos nos permite ver la gravedad del asunto, sobretodo porque, ante la imposibilidad de que los ciudadanos en lo individual puedan hacer algo al respecto, a nadie en el gobierno parece realmente importarle.
Un primer ejemplo lo constituye, sin duda, la exorbitante tasa de impunidad con la cual se cometen los delitos del fuero común que llega a ser del 97%. Todos estos, homicidio, robo, asalto, violación, fraude, etcétera, constituyen una violación de los derechos privados de propiedad. Ministerios públicos ineficientes, corruptos y mal preparados como licenciados en Derecho se reflejan en que en muchas ocasiones no “arman” bien el caso para presentárselo a los jueces, por lo que no hay sustento para dictar una condena. Esto obviamente se agrava si además hay corrupción entre los jueces. El diagnóstico ahí está y no se hace nada al respecto y mientras la sociedad vive asolada por una altísima tasa de delincuencia, con todos los costos que ello genera.
Un segundo ejemplo es la persistencia de monopolios y prácticas monopólicas que atentan en contra de los derechos de propiedad de los consumidores, quienes ven limitada sino es que totalmente eliminada su libertad de elección, viéndose forzados a pagar precios muy por encima de lo que erogarían si los mercados fuesen competitivos. La CFC opera con un marco legal que le limita su lucha en contra de los monopolios. Se avanzó con un nuevo marco legal durante el anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para ser bloqueado por la iniciativa que presentó el Senador Beltrones. Y mientras, los consumidores seguimos desprotegidos. Y algo más; ¿porqué todavía no se aprueban la ley y el reglamento que permite las acciones colectivas?
Un tercer ejemplo es la apropiación privada de la vía pública. Vendedores ambulantes, “viene – viene” y demás personajes de la fauna urbana son todos ejemplos de una violación de los derechos de propiedad y las autoridades municipales no solo no las combaten, sino que las protegen y solapan con actos abiertos de corrupción.
Un cuarto ejemplo es la corrupción burocrática. La posibilidad de administrar con discreción toda una serie de reglamentos, particularmente en cuanto a la expedición de licencias y permisos, se traduce en que los burócratas pueden, con impunidad, extorsionar a los individuos y a las empresas apropiándose, en una abierta violación de los derechos privados de propiedad, de una parte del ingreso o de la riqueza de aquellos que han sido extorsionados. La regulación no se hace más transparente y la corrupción sigue imperando.
Cuatro ejemplos que permiten explicar porque México sigue cayendo en los diversos índices de competitividad internacional y porqué es un país relativamente menos libre. El resto del mundo avanza y aquí no parece importarle a nadie que mientras no se construya y respete un íntegro estado de derecho, México seguirá en el subdesarrollo.
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