Libertad y crecimiento

El artículo de la semana pasada señalé que al parecer a prácticamente a nadie en el gobierno parece interesarle las continuas violaciones de los derechos privados de propiedad y que mientras no tengamos y vivamos en un íntegro estado de derecho, la economía mexicana seguirá teniendo un desempeño mediocre. Esta afirmación, palabras más, palabras menos, se han repetido incontables veces desde hace varios años en diversos foros, nacionales y extranjeros, y nada cambia. Seguimos atorados con un conjunto de reglas formales que impiden un crecimiento económico más alto porque efectivamente en el gobierno, particularmente en el Poder Legislativo, no les interesa modificar sustancialmente el marco institucional que se traduzca en la construcción de un íntegro estado de derecho.
Hay dos elementos que explican lo anterior, ambos íntimamente relacionados. El primero es que el sistema político y económico mexicano históricamente se ha sustentado en un arreglo institucional que ha incentivado y premiado la búsqueda y apropiación de rentas, fenómeno que se observó durante el virreinato, como también durante los dos siglos que lleva México de vida independiente. Partidos políticos, los mismos políticos, sindicatos, empresarios con poder monopólico, burócratas, etcétera, se apropian de rentas y por lo mismo, está en su interés en que permanezca este arreglo, bloqueando cualquier iniciativa que las ponga en peligro.
El segundo, que en gran medida explica lo señalado en el párrafo anterior, es la muy poca importancia que en México se le da a la libertad que deben tener los individuos para elegir. Históricamente el país se ha desenvuelto con un conjunto de reglas sustentadas en el corporativismo, de forma tal que al individuo, en sí mismo, se le ha visto como de segundo orden de importancia. Más aun, durante el siglo XX, la visión de Estado que se plasmó en la Constitución de 1917 y sus posteriores modificaciones, subordinó la libertad y el bienestar individual a la consecución de un objetivo quimérico de “bien común”.
A pesar de que en la propia Constitución están establecidas las libertades individuales, mal llamadas garantías individuales, el principal sustento de la libertad individual está ineficientemente definido en este cuerpo legal. El artículo 27 constitucional, en el cual se definen los derechos de propiedad, refleja esa poca importancia que se le da a la libertad individual.
El que en este artículo se establezca que todos los recursos corresponden originariamente a la Nación, se traduce en que el derecho a la posesión privada de estos recursos es solamente un derecho derivado, lo que violenta el principio sobre el cual se basa la libertad individual. Desde el momento en que no se reconoce constitucionalmente el derecho natural que los individuos deben tener para poseer bienes y recursos y más aun, desde el momento en que en el propio arreglo constitucional se establece que los recursos propiedad de los particulares pueden ser revertidos a la propiedad de la Nación mediante un acto de expropiación, es un reflejo de que la libertad individual no es lo más importante.
El no haber establecido formalmente que el objetivo del Estado mexicano era la libertad individual para que cada quién en el ejercicio de esta libertad buscase su felicidad y prosperidad, derivó en lo que hoy observamos: un sistema político y económico que al premiar la apropiación de rentas castiga, simultáneamente, la generación de riqueza y el crecimiento económico.