Libertad y crecimiento

El artículo de la semana pasada señalé que al parecer a prácticamente a nadie en el gobierno parece interesarle las continuas violaciones de los derechos privados de propiedad y que mientras no tengamos y vivamos en un íntegro estado de derecho, la economía mexicana seguirá teniendo un desempeño mediocre. Esta afirmación, palabras más, palabras menos, se han repetido incontables veces desde hace varios años en diversos foros, nacionales y extranjeros, y nada cambia. Seguimos atorados con un conjunto de reglas formales que impiden un crecimiento económico más alto porque efectivamente en el gobierno, particularmente en el Poder Legislativo, no les interesa modificar sustancialmente el marco institucional que se traduzca en la construcción de un íntegro estado de derecho.
Hay dos elementos que explican lo anterior, ambos íntimamente relacionados. El primero es que el sistema político y económico mexicano históricamente se ha sustentado en un arreglo institucional que ha incentivado y premiado la búsqueda y apropiación de rentas, fenómeno que se observó durante el virreinato, como también durante los dos siglos que lleva México de vida independiente. Partidos políticos, los mismos políticos, sindicatos, empresarios con poder monopólico, burócratas, etcétera, se apropian de rentas y por lo mismo, está en su interés en que permanezca este arreglo, bloqueando cualquier iniciativa que las ponga en peligro.
El segundo, que en gran medida explica lo señalado en el párrafo anterior, es la muy poca importancia que en México se le da a la libertad que deben tener los individuos para elegir. Históricamente el país se ha desenvuelto con un conjunto de reglas sustentadas en el corporativismo, de forma tal que al individuo, en sí mismo, se le ha visto como de segundo orden de importancia. Más aun, durante el siglo XX, la visión de Estado que se plasmó en la Constitución de 1917 y sus posteriores modificaciones, subordinó la libertad y el bienestar individual a la consecución de un objetivo quimérico de “bien común”.
A pesar de que en la propia Constitución están establecidas las libertades individuales, mal llamadas garantías individuales, el principal sustento de la libertad individual está ineficientemente definido en este cuerpo legal. El artículo 27 constitucional, en el cual se definen los derechos de propiedad, refleja esa poca importancia que se le da a la libertad individual.
El que en este artículo se establezca que todos los recursos corresponden originariamente a la Nación, se traduce en que el derecho a la posesión privada de estos recursos es solamente un derecho derivado, lo que violenta el principio sobre el cual se basa la libertad individual. Desde el momento en que no se reconoce constitucionalmente el derecho natural que los individuos deben tener para poseer bienes y recursos y más aun, desde el momento en que en el propio arreglo constitucional se establece que los recursos propiedad de los particulares pueden ser revertidos a la propiedad de la Nación mediante un acto de expropiación, es un reflejo de que la libertad individual no es lo más importante.
El no haber establecido formalmente que el objetivo del Estado mexicano era la libertad individual para que cada quién en el ejercicio de esta libertad buscase su felicidad y prosperidad, derivó en lo que hoy observamos: un sistema político y económico que al premiar la apropiación de rentas castiga, simultáneamente, la generación de riqueza y el crecimiento económico.

Libertad y desarrollo

Dos informes que vale la pena revisar. El primero es el Índice de Libertad Económica elaborado por el Instituto Fraser de Canadá (www.freetheworld.com) y el segundo el Índice de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas (www.undp.org). Del análisis y comparación de ambos índices se deduce una sólida conclusión: entre mayor es la libertad económica que impera en un país, mayor será también el nivel de desarrollo humano; la evidencia es incuestionable.
Entre más libres sean los individuos para elegir como asignar los recursos de sus propiedad, entre mayor sea la libertad para las empresas para decidir en qué mercados operar, entre mayor sea el grado de competencia que impera en los mercados tanto de bienes como de factores de la producción y entre más eficiente sea la protección judicial de los derechos privados de propiedad, más eficiente será la asignación de recursos y más atractivo será un país para fomentar la inversión privada, trayendo como consecuencia mayores tasas de crecimiento económico y un mayor nivel de bienestar de la población.
El primero de estos índices aborda el tema de qué tan libres son en materia económica 141 países del orbe. Se incluyen cinco grandes elementos: tamaño del gobierno, el sistema legal y protección de los derechos de propiedad, estabilidad macroeconómica, libertad de comercio internacional y regulación, incluyendo en este último la regulación de tres mercados: el crediticio, el laboral y el empresarial. El Índice de Desarrollo Humano, elaborado para 185 países, considera tres elementos: la esperanza de vida al nacer, el grado de escolaridad de la población mayor de 15 años y el PIB por habitante.
Con la última información disponible para ambos índices (2007) se concluye que México es medianamente libre y medianamente desarrollado. En el Índice de Libertad Económica ocupa el lugar 68 de los 141 países analizados y en el Índice de Desarrollo Humano el lugar 53. Para el potencial que tiene México, su desempeño económico ha sido muy mediocre, no habiendo prácticamente crecido el PIB por habitante durante las últimas tres décadas. La explicación de ello puede resumirse en una frase: “no somos realmente libres”. De los cinco elementos que componen el Índice de Libertad Económica México ocupa, de entre los 141 países, las siguientes posiciones. Tamaño del gobierno 33, sistema legal y protección de los derechos de propiedad 79, estabilidad macroeconómica 80, libertad de comercio internacional 71, regulación 71 y, dentro de esta última categoría, regulación del mercado crediticio 44. del mercado laboral 83 y empresarial 103.
Claramente muy mal en tres renglones que son cruciales para incentivar el desarrollo económico: sistema legal y protección de los derechos de propiedad, regulación del mercado laboral y regulación empresarial. En México, dada la ineficiencia y corrupción del poder judicial, particularmente en los sistemas judiciales estatales, es incierto el cumplimiento de contratos; la ineficiente regulación laboral inhibe el cambio tecnológico; y, hacer negocios en México es estar sujeto a la extorsión de una burocracia ineficiente y muy corrupta. Tres elementos que inhiben la inversión privada y, por lo tanto el crecimiento económico.
Y así, mientras los políticos no valoren la importancia de la libertad por su impacto en el desarrollo económico y sigan protegiendo a los grupos de interés, permitiéndoles la apropiación de rentas, México seguirá ocupando un lugar mediocre en el mundo.