La clase media (I)

Se argumenta que una de las razones por las cuales la economía mexicana experimentó durante 2009 una disminución del PIB real de casi 7% es la fuerte dependencia que tiene nuestra economía con la estadounidense, particularmente a través de las exportaciones de bienes y servicios, principalmente las manufactureras. Se argumenta también que otras economías, como por ejemplo la brasileña, pudieron sortear con un menor impacto la crisis financiera internacional debido a tener un mayor mercado interno y una menor dependencia de las exportaciones como fuente de crecimiento. De ahí, se dice, es que es importante tener en México un mercado interno sólido. Supongamos que esto fuese así. ¿Cómo creamos un mercado interno más grande sin cerrar la economía?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero sin duda uno de los elementos que están detrás de un mercado interno sólido, en términos de una capacidad efectiva de demanda, es tener una clase media creciente y con un poder de compra y de ahorro cada vez mayor.
Un análisis de la historia económica reciente de México nos indica que durante la década de los sesentas del siglo pasado, se desarrolló una clase media cada vez más grande, sustentada en tres elementos. El primero fue la migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas que implicó un mayor número de trabajadores en actividades de mayor valor agregado. El segundo fue la relativamente alta tasa de crecimiento de la economía en su conjunto (casi 7% promedio para la década). El tercero fue la notable estabilidad macroeconómica que se experimentó, con una tasa de inflación promedio anual de menos de 4%.
Las decisiones que se tomaron durante la década de los setenta, es decir durante la docena trágica de Echeverría y López Portillo, particularmente en lo que respecta a las finanzas públicas y el financiamiento inflacionario del déficit fiscal acabaron con esto. Aunque la economía siguió creciendo durante esta década y hasta 1981, la aceleración de la inflación, el impuesto más distorsionante que el gobierno puede imponer, empezó a minar a la clase media. La crisis que se desató en 1982, a raíz de esa irresponsabilidad fiscal y monetaria aisló, para efectos prácticos, a la economía mexicana de los mercados mundiales de capitales, dando inicio a lo que se ha denominado como la década perdida de México (y de América Latina). Una década sin crecimiento económico y con una elevada y muy variable tasa de inflación, pulverizaron a la clase media y pauperizaron a una parte significativa de la población. La siguiente crisis, la de 1995, fue el último clavo en el ataúd de la clase media mexicana.
La relativa estabilidad macroeconómica que finalmente se ha alcanzado, con tasas de inflación anuales de menos de 5%, aunque todavía elevada dado que el objetivo inflacionario tiene que ser de 2% anual, ha significado que el gobierno ya no le está expropiando a los mexicanos una parte de su riqueza con el impuesto inflacionario, lo que ha permitido una paulatina recuperación de la clase media en México. Falta, sin embargo, el otro elemento: la productividad está estancada y la economía sigue sin crecer. Y hay otro factor adicional que es importante: México tiene una de las distribuciones de la riqueza y del ingreso más inequitativas del mundo.
Sigue la próxima semana.

Es desesperante

4 – 5%. ¿Crecimiento del PIB este año? Posiblemente sí, pero también es el rango de lo que se puede prever será el crecimiento acumulado del PIB por habitante durante el periodo 2007 – 2012, es decir durante el gobierno del Presidente Calderón. 4 – 5% acumulado implica una tasa promedio de crecimiento anual de menos de 1%, aunque influido en gran medida por la caída del PIB por habitante de 8% en el 2009 resultante de la significativa dependencia que la economía mexicana, particularmente en la industria manufacturera, tiene de la economía estadounidense. Sin embargo, aun eliminando ese annus horribilis, no deja de ser otro sexenio más que se pierde en lo que ya parece ser la quimera, obviamente inalcanzable, de un proceso sostenido de crecimiento económico.
Han sido 30 años en los cuales el PIB por habitante y el bienestar de la mayor parte de la población ha estado prácticamente estancado y a casi nadie, de los que están encargados del diseño e instrumentación de las políticas públicas, parecen importarles mucho. Discursos van y discursos vienen pero en realidad prácticamente poco se hace para revertir este estancamiento.
Todos los diagnósticos que se hacen sobre la economía mexicana, tanto internamente, incluido el que hace el propio gobierno federal, así como en el exterior (Banco Mundial, BID, OECD, CEPAL, Foro Económico Mundial, etcétera) coinciden en cuáles son los principales problemas estructurales que están impidiendo un mejor desempeño. El listado incluye: debilidad de las finanzas públicas, aunado a un diseño tributario que castiga el empleo, el ahorro y la inversión; un ejercicio ineficiente del presupuesto público; un sistema educativo diseñado para atender masas pero que ofrece un servicio de muy mala calidad; infraestructura de comunicaciones y transportes insuficiente, de mala calidad y cara; persistencia de monopolios y prácticas monopólicas en sectores claves de la economía como energía de hidrocarburos y eléctrica, telecomunicaciones, cemento, notarios, fútbol, etcétera; un mercado laboral notoriamente rígido derivado de una legislación obsoleta e ineficiente; una deficiente definición de los derechos privados de propiedad; una muy alta incidencia de piratería de marcas y procesos; un poder judicial que está plagado de corrupción e ineficiencia y que no garantiza imparcialmente y de forma eficiente y expedita el cumplimiento de los contratos; una excesiva e ineficiente regulación de los mercados, tanto al nivel federal como en los estados y los municipios; muy baja penetración del sistema financiero en la economía aunado al hecho de que el crédito sigue siendo muy caro; persistencia de altas barreras al comercio internacional con aquellos países con los cuales no existe un acuerdo de libre comercio; enorme impunidad, 97%, en la comisión de delitos del fuero común; una significativa inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso; etcétera. Dentro de todos estos diagnósticos, la única nota favorable es la relativamente baja tasa de inflación que ha significado dejar de imponer sobre la población el impuesto más regresivo que existe.
Ahí está el diagnóstico; todos lo conocen y las cosas simplemente no cambian, por lo que la economía sigue sin crecer. Y las cosas no cambian porque lo único que guía los actos de los políticos y de los gobernantes, incluido el mismo Presidente, es la rebatiña por el poder. Lo único que les interesa es quién ganará las siguientes elecciones y, en consecuencia, todo acto está condicionado a ello. Es desesperante.

Expectativas frustradas

Uno puede suponer, sin mucho temor a equivocarse, que en cada unidad familiar los padres buscarán asignar los recursos escasos de los que disponen para tratar de maximizar el nivel de bienestar conjunto de los miembros que la componen. Con el ingreso generado por aquellos miembros de la familia que laboran, se adquieren bienes en el mercado, mismos que se utilizan para producir dentro del hogar aquellos bienes que permitirán satisfacer algunas de las necesidades (no todas porque los recursos son escasos).
Por otra parte, en la decisión que se toma de cómo asignar esos recursos escasos, entra en juego la consideración de destinar algunos de ellos para que los hijos acumulen capital humano, principalmente a través del gasto destinado a la educación y a la salud. Los padres actúan de manera altruista, sacrificando consumo propio, porque el bienestar mismo de los hijos les genera a ellos satisfacción, por lo que puede afirmarse que su altruismo es en realidad una actitud egoísta.
La decisión altruista – egoísta de los padres, sacrificando consumo propio para destinar esos recursos a los hijos para que acumulen capital humano, tiene como único objetivo dotarlos de aquél recurso, el conocimiento acumulado, que les permitirá en el futuro incorporarse productivamente al mercado laboral. Los padres esperan que con ello el bienestar futuro de los hijos sea mayor que el que ellos tienen a la misma edad. Es el aumento del bienestar intergeneracional lo que denominamos como desarrollo económico.
México lleva casi tres décadas con un crecimiento económico notoriamente bajo, lo que se ha traducido en que el ingreso por habitante esté prácticamente estancado. Treinta años en los cuales no ha habido, para la mayor parte de los mexicanos, una mejora del bienestar intergeneracional. Las expectativas de lograr el desarrollo económico se han frustrado. Toda una generación de mexicanos sacrificada porque la economía no ha crecido.
Y el tiempo se agota. Dado el cambio demográfico que se está dando en México, en donde la participación de individuos menores de 15 años dentro de la población total está cayendo y simultáneamente está aumentando la participación de individuos mayores de 65 años, se ha traducido en lo que se le ha denominado como la “ventana de oportunidad demográfica” y que implica que hasta el 2021 el índice de dependencia, es decir cuanta gente trabajando mantiene a los menores de 15 años y a los mayores de 65 años, se irá reduciendo. A partir de ese año, el índice de dependencia empezará a aumentar y a menos que la economía empiece a crecer ya, a tasas elevadas y sostenidas, generando empleos formales y con una productividad cada vez mayor, el destino de México será el de un país de viejos pobres. Será también un país de pobres viejos, habiendo llegado a su retiro con las expectativas frustradas.
Queda nada más una década de oportunidad demográfica y seguimos perdiendo el tiempo. Estamos atorados, y vale la pena ser reiterativo, con un marco institucional que premia la apropiación de rentas. Y quienes están a cargo de hacer más eficiente este marco y alinear los incentivos con el objetivo de crecimiento económico, es decir los legisladores y los partidos políticos, solo están preocupados y ocupados de mantener el statu quo, aunque con ello solo sigan inhibiendo el crecimiento económico. Frustrante.

Secuestrados

Durante el último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se presentaron algunas iniciativas para reformar diversas leyes, enfocadas en su mayor parte para hacer a la economía más eficiente y más competitiva como fueron, por ejemplo, las reformas propuestas a la Ley Federal del Trabajo o la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica que solo fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ante la presentación de tales iniciativas, se argumentó en el propio Congreso que, dado que era un año electoral, no era conveniente entrarle a la discusión de estas reformas, que era mejor esperarse para discutirlas en el periodo de sesiones que inicia en septiembre. Ayer fueron las elecciones y sin importar quién haya ganado, particularmente las gubernaturas, de una cosa podemos estar casi seguros: las reformas propuestas tampoco se discutirán en el periodo por venir. Estamos, efectivamente, secuestrados por el diseño y operación del sistema político mexicano y sus principales actores, los partidos políticos.
A prácticamente todos les queda claro que el actual arreglo institucional de la economía mexicana es notoriamente ineficiente, que el marco legal que nos rige no es el que se requiere para alinear los incentivos que de éste se derivan con el objetivo de creación de riqueza es decir, con el objetivo de crecimiento económico. Existe un significativo consenso de cuáles son las reformas que se requieren y sin embargo el tiempo transcurre y no se hace prácticamente nada, particularmente en el Poder Legislativo, ello a pesar de que todos los legisladores, en su discurso, señalan que es urgente que la economía se inserte en una senda de crecimiento elevado y sostenido.
Ya van a ser casi cuatro años de que se instaló la actual Legislatura y poco se ha avanzado; en realidad podríamos decir que han sido cuatro años prácticamente desperdiciados. Y mientras, la economía sigue sin crecer (el crecimiento de este año es ilusorio por un efecto estadístico dada la severa contracción que se experimentó el año pasado), seguimos perdiendo frente a otros países que sí han avanzado en el proceso de hacer más eficiente y competitivas a sus economías y, lo más grave aún, es que el bienestar de la población está estancado y la gente no tiene expectativas de que éste aumente en el futuro cercano.
En septiembre se iniciará un nuevo periodo ordinario del Congreso de la Unión y los diputados y senadores nuevamente tratarán de dar la apariencia de que están realmente preocupados por el bienestar de la población y que estarán trabajando para hacer los cambios legislativos que se requieren. Sin embargo, no dejará de ser un discurso hueco aderezado por una estúpida campaña publicitaria llena de anuncios enalteciendo el trabajo legislativo, mintiéndole abiertamente a la población. Las reformas que realmente se requieren, las que urgen, no se van a hacer porque hacerlas implica modificar el arreglo institucional que ahora le genera rentas a poderosos grupos de interés, incluyendo a los propios partidos políticos y sus agentes, es decir los legisladores, líderes partidistas y gobernadores.
México está secuestrado por los partidos políticos que se dedican a mantener un sistema de extracción de rentas en lugar de buscar la mejora en el bienestar de la población haciendo los cambios legales que se requieren para hacer a la economía más eficiente. Y seguiremos perdiendo el tiempo.

Productividad estancada (II)

En el artículo de la semana pasada señalé diversos elementos prevalecientes en el marco institucional que se han conjuntado para que la productividad haya estado prácticamente estancada por los últimos treinta años, siendo esto la principal explicación del mediocre crecimiento que ha experimentado la economía durante este periodo y que se ha reflejado en que el PIB real por habitante no haya crecido.
Señalé cuatro: la baja tasa de acumulación de capital humano además de que es de mala calidad, la excesiva e ineficiente regulación federal, estatal y municipal a la que se enfrentan las empresas, un sistema de seguridad social dual (IMSS – seguro popular) y un sistema judicial, particularmente los estatales, que no protegen eficientemente los derechos privados de propiedad ni garantizan, de manera imparcial eficiente y expedita, el cumplimiento de los contratos. Además de estos cuatro, existen otros elementos que existen en la economía que también contribuyen a que la productividad no haya crecido.
Un quinto elemento es la baja calidad de la infraestructura en el país, particularmente en áreas que son críticas, como son las carreteras, así como la infraestructura eléctrica y petrolera. En cuanto a las carreteras, una parte significativa de ellas se encuentra en mal estado por no haber recibido el mantenimiento adecuado, lo que se traduce en mayores costos de transporte. Por lo que toca a la infraestructura eléctrica y petrolera, la mala calidad de éstas y los altos costos que representan para los usuarios se deriva de que son sectores en donde prevalece el monopolio gubernamental, dominado además por sindicatos que actúan como buscadores de rentas. El resultado es que la infraestructura del sector energético nacional es obsoleta y los bienes y servicios que producen son de mala calidad y, consecuentemente, muy caros para los usuarios. Tener una infraestructura de mala calidad, con los consecuentes mayores costos, derivan en una menor productividad para la economía en su conjunto y en un menor crecimiento económico.
Un sexto elemento es la prevalencia de monopolios y prácticas monopólicas, tanto en el sector privado como en el gubernamental. Además de la ya señaladas en el sector energético nacional, hay otros sectores que son claves para explicar el estancamiento de la productividad y el mediocre desempeño de la economía, destacando el de las telecomunicaciones. La prevalencia de monopolios no solo conlleva un mayor costo para los usuarios sino que además, se convierte en un elemento que inhibe la inversión y el crecimiento de la productividad.
Un séptimo elemento es la prevalencia, a pesar de la estabilidad macroeconómica, de altas reales de interés en el financiamiento al sector privado. La ineficiencia y corrupción que existe en los aparatos judiciales estatales y que, como se señaló, no garantiza el cumplimiento de los contratos, introduce un elemento de alto riesgo para los intermediarios financieros, lo que se traduce en que estos cobrarán a todos los demandantes de crédito tasas de interés más elevadas. Esto obviamente deriva en un menor monto de financiamiento al sector privado, lo cual desincentiva la inversión, el crecimiento de las empresas y el aumento de la productividad.
Llevamos 30 años con este muy ineficiente marco institucional y no parece que existan las fuerzas que lo puedan modificar. De ahí que no sorprenda que la productividad esté estancada y que la economía no crezca.