Una empresa privada, cuando hace publicidad a los bienes o servicios que vende, lo que busca es inducir un aumento de la demanda y desplazar con ello a sus competidores. Qué tan buena sea la calidad de la publicidad así como los medios elegidos para transmitírsela a los consumidores, es en consecuencias, determinante para lograr el efecto deseado sobre la demanda. Por otra parte, si la publicidad es engañosa, en el sentido de presentar atributos de los bienes mayores a los que en realidad tienen, si en una primera instancia sí se generó un aumento de la demanda, al descubrir los consumidores los verdaderos atributos que tiene el bien, el efecto tiende a diluirse. Así, la mercadotecnia puede ser un instrumento poderoso para ganar participación en el mercado.
¿Qué hay de la publicidad gubernamental? ¿Por qué el gobierno, las empresas del sector paraestatal y otros organismos del Estado mexicano se hacen publicidad? Obviamente no es para lograr un aumento de la demanda, como sucede en el sector privado. La única explicación que se me ocurre es que es para tratar de disminuir la percepción negativa que la población tiene sobre el ejercicio de la acción pública. En el proceso se gasta una enorme cantidad de recursos por los pagos realizados a las agencias de publicidad, aunque su trasmisión a través de los medios electrónicos de comunicación no les cueste por estar utilizando los “tiempos oficiales”, hecho que de facto es un acto expropiatorio de la riqueza de los propietarios de estos medios.
¿Qué tan realista y efectiva es la publicidad que se hace a sí mismos el gobierno? Veamos algunos ejemplos.
PEMEX, en su publicidad más reciente se promueve como “el motor de México”, la cual es una absoluta falsedad. No porque PEMEX sea el único productor de gasolina, gas y petroquímicos primarios, eso la convierte en el motor de México, sino todo lo contrario; es un lastre que inhibe el desarrollo económico. Este monopolio gubernamental es una de las empresas petroleras más ineficientes del mundo; en refinación es tan ineficiente que si se vendiese menos gasolina, las pérdidas se reducirían. ¿Cómo es que un monopolio que tiene patrimonio neto negativo puede ser un motor del desarrollo? Su publicidad es claramente engañosa.
CFE. Se le presenta como una “empresa de clase mundial”, lo cual es falso. CFE es un organismo público descentralizado, como PEMEX, y es un monopolista en la provisión de electricidad. ¿Qué tan eficiente es CFE? Medido por horas/año de interrupción del fluido eléctrico o por pérdidas en la transmisión, es de las más ineficientes del mundo. Y también como PEMEX; si se miden correctamente sus costos, incluyendo los de capital y el valor presente de las obligaciones laborales, el capital neto de la CFE es negativo. ¿Empresa de clase mundial?
El IFE y su slogan “la democracia somos todos”. Este órgano autónomo del Estado mexicano tiene un solo papel: organizar y supervisar los procesos electorales federales y lo único que tendría que promover es la inscripción y actualización de los individuos en el padrón electoral, mismo que no existiría si se adoptase un sistema de identificación individual con un número único. Pero en su publicidad el IFE va más allá y nadie realmente pone atención a sus promocionales.
Y así podemos seguir, el Poder Judicial de la Federación, la CNDH, el IFAI, etcétera. Sin duda México es un país surrealista.
lunes, 18 de octubre de 2010
lunes, 11 de octubre de 2010
Libertad y crecimiento
El artículo de la semana pasada señalé que al parecer a prácticamente a nadie en el gobierno parece interesarle las continuas violaciones de los derechos privados de propiedad y que mientras no tengamos y vivamos en un íntegro estado de derecho, la economía mexicana seguirá teniendo un desempeño mediocre. Esta afirmación, palabras más, palabras menos, se han repetido incontables veces desde hace varios años en diversos foros, nacionales y extranjeros, y nada cambia. Seguimos atorados con un conjunto de reglas formales que impiden un crecimiento económico más alto porque efectivamente en el gobierno, particularmente en el Poder Legislativo, no les interesa modificar sustancialmente el marco institucional que se traduzca en la construcción de un íntegro estado de derecho.
Hay dos elementos que explican lo anterior, ambos íntimamente relacionados. El primero es que el sistema político y económico mexicano históricamente se ha sustentado en un arreglo institucional que ha incentivado y premiado la búsqueda y apropiación de rentas, fenómeno que se observó durante el virreinato, como también durante los dos siglos que lleva México de vida independiente. Partidos políticos, los mismos políticos, sindicatos, empresarios con poder monopólico, burócratas, etcétera, se apropian de rentas y por lo mismo, está en su interés en que permanezca este arreglo, bloqueando cualquier iniciativa que las ponga en peligro.
El segundo, que en gran medida explica lo señalado en el párrafo anterior, es la muy poca importancia que en México se le da a la libertad que deben tener los individuos para elegir. Históricamente el país se ha desenvuelto con un conjunto de reglas sustentadas en el corporativismo, de forma tal que al individuo, en sí mismo, se le ha visto como de segundo orden de importancia. Más aun, durante el siglo XX, la visión de Estado que se plasmó en la Constitución de 1917 y sus posteriores modificaciones, subordinó la libertad y el bienestar individual a la consecución de un objetivo quimérico de “bien común”.
A pesar de que en la propia Constitución están establecidas las libertades individuales, mal llamadas garantías individuales, el principal sustento de la libertad individual está ineficientemente definido en este cuerpo legal. El artículo 27 constitucional, en el cual se definen los derechos de propiedad, refleja esa poca importancia que se le da a la libertad individual.
El que en este artículo se establezca que todos los recursos corresponden originariamente a la Nación, se traduce en que el derecho a la posesión privada de estos recursos es solamente un derecho derivado, lo que violenta el principio sobre el cual se basa la libertad individual. Desde el momento en que no se reconoce constitucionalmente el derecho natural que los individuos deben tener para poseer bienes y recursos y más aun, desde el momento en que en el propio arreglo constitucional se establece que los recursos propiedad de los particulares pueden ser revertidos a la propiedad de la Nación mediante un acto de expropiación, es un reflejo de que la libertad individual no es lo más importante.
El no haber establecido formalmente que el objetivo del Estado mexicano era la libertad individual para que cada quién en el ejercicio de esta libertad buscase su felicidad y prosperidad, derivó en lo que hoy observamos: un sistema político y económico que al premiar la apropiación de rentas castiga, simultáneamente, la generación de riqueza y el crecimiento económico.
Hay dos elementos que explican lo anterior, ambos íntimamente relacionados. El primero es que el sistema político y económico mexicano históricamente se ha sustentado en un arreglo institucional que ha incentivado y premiado la búsqueda y apropiación de rentas, fenómeno que se observó durante el virreinato, como también durante los dos siglos que lleva México de vida independiente. Partidos políticos, los mismos políticos, sindicatos, empresarios con poder monopólico, burócratas, etcétera, se apropian de rentas y por lo mismo, está en su interés en que permanezca este arreglo, bloqueando cualquier iniciativa que las ponga en peligro.
El segundo, que en gran medida explica lo señalado en el párrafo anterior, es la muy poca importancia que en México se le da a la libertad que deben tener los individuos para elegir. Históricamente el país se ha desenvuelto con un conjunto de reglas sustentadas en el corporativismo, de forma tal que al individuo, en sí mismo, se le ha visto como de segundo orden de importancia. Más aun, durante el siglo XX, la visión de Estado que se plasmó en la Constitución de 1917 y sus posteriores modificaciones, subordinó la libertad y el bienestar individual a la consecución de un objetivo quimérico de “bien común”.
A pesar de que en la propia Constitución están establecidas las libertades individuales, mal llamadas garantías individuales, el principal sustento de la libertad individual está ineficientemente definido en este cuerpo legal. El artículo 27 constitucional, en el cual se definen los derechos de propiedad, refleja esa poca importancia que se le da a la libertad individual.
El que en este artículo se establezca que todos los recursos corresponden originariamente a la Nación, se traduce en que el derecho a la posesión privada de estos recursos es solamente un derecho derivado, lo que violenta el principio sobre el cual se basa la libertad individual. Desde el momento en que no se reconoce constitucionalmente el derecho natural que los individuos deben tener para poseer bienes y recursos y más aun, desde el momento en que en el propio arreglo constitucional se establece que los recursos propiedad de los particulares pueden ser revertidos a la propiedad de la Nación mediante un acto de expropiación, es un reflejo de que la libertad individual no es lo más importante.
El no haber establecido formalmente que el objetivo del Estado mexicano era la libertad individual para que cada quién en el ejercicio de esta libertad buscase su felicidad y prosperidad, derivó en lo que hoy observamos: un sistema político y económico que al premiar la apropiación de rentas castiga, simultáneamente, la generación de riqueza y el crecimiento económico.
lunes, 4 de octubre de 2010
Violación de los derechos de propiedad
No cabe duda de que uno de los elementos que permiten explicar porqué la economía mexicana simplemente no despega hacia un proceso sostenido de desarrollo económico es la ineficiente definición de los derechos de propiedad y más aun, la muy deficiente garantía y protección de estos por parte del gobierno, el cual, por este solo hecho, incumple con su razón principal de ser. Vivimos en un país en el cual violar las leyes y reglamentos y atentar en contra de los derechos de terceros es un deporte nacional. Un rápido repaso de algunos ejemplos nos permite ver la gravedad del asunto, sobretodo porque, ante la imposibilidad de que los ciudadanos en lo individual puedan hacer algo al respecto, a nadie en el gobierno parece realmente importarle.
Un primer ejemplo lo constituye, sin duda, la exorbitante tasa de impunidad con la cual se cometen los delitos del fuero común que llega a ser del 97%. Todos estos, homicidio, robo, asalto, violación, fraude, etcétera, constituyen una violación de los derechos privados de propiedad. Ministerios públicos ineficientes, corruptos y mal preparados como licenciados en Derecho se reflejan en que en muchas ocasiones no “arman” bien el caso para presentárselo a los jueces, por lo que no hay sustento para dictar una condena. Esto obviamente se agrava si además hay corrupción entre los jueces. El diagnóstico ahí está y no se hace nada al respecto y mientras la sociedad vive asolada por una altísima tasa de delincuencia, con todos los costos que ello genera.
Un segundo ejemplo es la persistencia de monopolios y prácticas monopólicas que atentan en contra de los derechos de propiedad de los consumidores, quienes ven limitada sino es que totalmente eliminada su libertad de elección, viéndose forzados a pagar precios muy por encima de lo que erogarían si los mercados fuesen competitivos. La CFC opera con un marco legal que le limita su lucha en contra de los monopolios. Se avanzó con un nuevo marco legal durante el anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para ser bloqueado por la iniciativa que presentó el Senador Beltrones. Y mientras, los consumidores seguimos desprotegidos. Y algo más; ¿porqué todavía no se aprueban la ley y el reglamento que permite las acciones colectivas?
Un tercer ejemplo es la apropiación privada de la vía pública. Vendedores ambulantes, “viene – viene” y demás personajes de la fauna urbana son todos ejemplos de una violación de los derechos de propiedad y las autoridades municipales no solo no las combaten, sino que las protegen y solapan con actos abiertos de corrupción.
Un cuarto ejemplo es la corrupción burocrática. La posibilidad de administrar con discreción toda una serie de reglamentos, particularmente en cuanto a la expedición de licencias y permisos, se traduce en que los burócratas pueden, con impunidad, extorsionar a los individuos y a las empresas apropiándose, en una abierta violación de los derechos privados de propiedad, de una parte del ingreso o de la riqueza de aquellos que han sido extorsionados. La regulación no se hace más transparente y la corrupción sigue imperando.
Cuatro ejemplos que permiten explicar porque México sigue cayendo en los diversos índices de competitividad internacional y porqué es un país relativamente menos libre. El resto del mundo avanza y aquí no parece importarle a nadie que mientras no se construya y respete un íntegro estado de derecho, México seguirá en el subdesarrollo.
Un primer ejemplo lo constituye, sin duda, la exorbitante tasa de impunidad con la cual se cometen los delitos del fuero común que llega a ser del 97%. Todos estos, homicidio, robo, asalto, violación, fraude, etcétera, constituyen una violación de los derechos privados de propiedad. Ministerios públicos ineficientes, corruptos y mal preparados como licenciados en Derecho se reflejan en que en muchas ocasiones no “arman” bien el caso para presentárselo a los jueces, por lo que no hay sustento para dictar una condena. Esto obviamente se agrava si además hay corrupción entre los jueces. El diagnóstico ahí está y no se hace nada al respecto y mientras la sociedad vive asolada por una altísima tasa de delincuencia, con todos los costos que ello genera.
Un segundo ejemplo es la persistencia de monopolios y prácticas monopólicas que atentan en contra de los derechos de propiedad de los consumidores, quienes ven limitada sino es que totalmente eliminada su libertad de elección, viéndose forzados a pagar precios muy por encima de lo que erogarían si los mercados fuesen competitivos. La CFC opera con un marco legal que le limita su lucha en contra de los monopolios. Se avanzó con un nuevo marco legal durante el anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para ser bloqueado por la iniciativa que presentó el Senador Beltrones. Y mientras, los consumidores seguimos desprotegidos. Y algo más; ¿porqué todavía no se aprueban la ley y el reglamento que permite las acciones colectivas?
Un tercer ejemplo es la apropiación privada de la vía pública. Vendedores ambulantes, “viene – viene” y demás personajes de la fauna urbana son todos ejemplos de una violación de los derechos de propiedad y las autoridades municipales no solo no las combaten, sino que las protegen y solapan con actos abiertos de corrupción.
Un cuarto ejemplo es la corrupción burocrática. La posibilidad de administrar con discreción toda una serie de reglamentos, particularmente en cuanto a la expedición de licencias y permisos, se traduce en que los burócratas pueden, con impunidad, extorsionar a los individuos y a las empresas apropiándose, en una abierta violación de los derechos privados de propiedad, de una parte del ingreso o de la riqueza de aquellos que han sido extorsionados. La regulación no se hace más transparente y la corrupción sigue imperando.
Cuatro ejemplos que permiten explicar porque México sigue cayendo en los diversos índices de competitividad internacional y porqué es un país relativamente menos libre. El resto del mundo avanza y aquí no parece importarle a nadie que mientras no se construya y respete un íntegro estado de derecho, México seguirá en el subdesarrollo.
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