Corrupción

La noticia apareció y prácticamente nadie hizo mucho caso; al parecer, como se ha comentado en diversas ocasiones y medios, los mexicanos hemos perdido la capacidad de asombro. Prácticamente ninguna noticia negativa, a menos que sea algo realmente muy dramático, mueve a los mexicanos, los pone a pensar. Así sucede con los eventos diarios ligados al combate al crimen organizado y la lucha entre los diferentes carteles; 10, 20, 30, 50 muertos en un solo día ya no causan asombro, son eventos que ya pasaron a formar parte de la cotidianeidad y normalidad de la vida en este país.
Y así pasó con la noticia de que de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México tuvo un significativo retroceso respecto de años anteriores, al obtener una calificación de 3.1 sobre 10, lo que nos sitúa en el lugar 98 de un total de 178 países analizados. Noticia realmente negativa por sus implicaciones en cuanto al efecto sobre el desarrollo económico y prácticamente nadie hizo mucho caso, excepto por menciones marginales de los Secretarios de la Función Pública y de Hacienda, más las acusaciones sin mucho sustento realizados por los mediocres políticos mexicanos en contra del Presidente Calderón, haciéndolo a él el único responsable, cuando lo que se observa es que la mayor incidencia de corrupción gubernamental se da en los gobiernos estatales y municipales, sin que por ello se exima al gobierno federal de los actos de corrupción que se registran en este orden de gobierno.
Aunque la percepción de mayor corrupción en México se pueda deber a las noticias que a diario aparecen sobre el contubernio de funcionarios gubernamentales con el crimen organizado, sea como protectores o como parte misma de los carteles, lo cierto es hemos vivido ya por muchos años en un entorno en donde la incidencia de corrupción, en los tres niveles de gobierno, ha sido muy elevada. Y la corrupción cuesta y mucho, no solo porque conlleva una transferencia de rentas hacia los funcionarios corruptos, sino que también inhibe la inversión y por lo tanto el crecimiento económico. Es, por lo mismo, un juego de suma negativa.
El listado de actos de corrupción es enorme. Burócratas que interpretando y aplicando discrecionalmente la regulación, extorsionan a las empresas y se apropian de una parte del flujo de utilidades de las inversiones privadas; pagos para acelerar un trámite; adjudicación de contratos de obra pública a cambio de un soborno; policías que protegen a los delincuentes o son ellos mismos los delincuentes; ministerios públicos que “arman” los casos dependiendo de quién paga; jueces que dictan sentencia de manera parcial; corrupción en las aduanas; corrupción en los centros penitenciarios; pagos extraordinarios para recibir un servicio público básico como es el caso de que recojan la basura en los domicilios; pagos que se exigen para que conecten servicios de electricidad y agua potable en las nuevas construcciones, etcétera. La lista parece no tener fin.
Cada uno de los actos de corrupción que se cometen en el país tiene un costo. Menor inversión, menor calidad de las obras públicas, pérdida de ingresos personales, menor generación de empleos y más; en suma, menor crecimiento económico y menores niveles de bienestar. Y a pesar del enorme costo que la corrupción impone sobre el país, muy poco se hace al respecto porque, como en otros ámbitos de la vida nacional, el tinglado institucional está armado para premiar la apropiación de rentas. Un drama más que a nadie parece importarle.