El PRI lanzó al aire la propuesta para homogeneizar el IVA a una tasa de 12%, en lugar del esquema actual de una tasa general de 16% y una serie de bienes, particularmente alimentos y medicinas, que están gravados a una tasa de 0% y otros como libros y educación exentos. La propuesta tiene sus méritos ya que atiende uno de los principales problemas del sistema actual que es el que viola el principio de que un impuesto al gasto tiene que ser homogéneo y neutral sobre los precios relativos. Además, desde la perspectiva de la administración misma de este tributo, tanto para los contribuyentes como para el gobierno, genera mayores costos y permite una significativa elusión fiscal con la consecuente pérdida de ingresos para el gobierno. Sin embargo, la iniciativa presenta el problema de la tasa propuesta, ya que lo que es necesario hacer es incrementar la tasa general, no bajarla.
Y aquí es donde está uno de los grandes problemas del diseño del sistema tributario. Una de las principales reglas de política económica es que si se tienen “N” objetivos que se desean alcanzar, se requieren “N” instrumentos y además cada uno de ellos tiene que orientarse a cumplir con el objetivo para el cual tiene ventaja comparativa. No seguir esta regla, reduce la capacidad de un instrumento en particular para alcanzar su objetivo.
En específico, la ventaja comparativa de los impuestos es, pura y simplemente, recaudar para dotar al gobierno de los recursos que le permitan financiar aquellas actividades que efectivamente le competen. Asignarle al sistema tributario otros objetivos diferentes a la recaudación, por ejemplo redistribuir el ingreso, le quita poder recaudatorio a los impuestos. Es por esta simple razón que se explica porqué en México la recaudación de impuestos federales como porcentaje del PIB es tan baja.
Dado este planteamiento, y dada la propuesta del PRI para homogeneizar el IVA, es que ya es tiempo de aprobar una reforma tributaria global, de fondo, que cumpla dos objetivos fundamentales: primero, fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios del gobierno federal, reduciendo la dependencia en los ingresos petroleros y segundo, alinear los incentivos que se derivan del diseño del sistema tributario con el objetivo de un mayor crecimiento económico sostenido, incentivando el trabajo, el ahorro y la inversión.
Son tres los principales impuestos sobre los que hay que actuar. Primero, el ISR a las personas físicas debe establecerse como un gravamen proporcional que se aplicaría a la diferencia que habría entre el ingreso bruto de un individuo sin exenciones y un monto fijo que podría ser la línea de pobreza patrimonial. Este diseño cumple los principios de equidad horizontal y equidad vertical además de que genera un incentivo al trabajo.
El segundo es el IVA, el cual, como se mencionó antes, sí tiene que ser homogéneo y sin exenciones, cumpliendo con ello con el principio de neutralidad e incentivando además el ahorro.
El tercer es el IETU, el cual ya tiene que aplicarse íntegramente, gravando la diferencia entre los ingresos brutos por ventas y los gastos de adquisición de insumos y la inversión fija bruta realizada en el periodo, eliminando simultáneamente el ISR a las personas morales. Este diseño es fácil de administrar y fiscalizar e incentiva la inversión privada en la economía.
Y por último, para los tres gravámenes señalados se establecería una tasa uniforme de 20%. Simple, sin complicaciones. Una maravilla tributaria.
lunes, 31 de enero de 2011
México, ¿la séptima?
Hasta hace unos pocos años, la economía mexicana era la décima economía más grande del mundo; hoy en día es la catorceava. Mientras una cantidad significativa de países avanzaba, México se ha mantenido prácticamente postrado, experimentado bajas tasas de crecimiento económico. Han sido tres décadas en las cuales el crecimiento del PIB por habitante ha sido, en promedio cercano a cero.
En este escenario, un estudio prospectivo de Price Waterhouse, reportado en este periódico la semana pasada, señala que en el año 2050 la economía mexicana sería la séptima más grande del mundo, alcanzando un PIB absoluto, medido en dólares, por arriba del que tendrían tres de las grandes economías europeas: Gran Bretaña, Francia e Italia. ¿Sorprende? No en realidad dado el tamaño de México tanto por su área geográfica, dos millones de kilómetros cuadrados, como por la cantidad de pobladores. Lo que sorprende es que en la actualidad México no sea ya más grande que esas tres economías europeas, aunque en realidad tampoco debería sorprendernos dado el muy mediocre desempeño que hemos tenido en los últimos treinta años.
Por otra parte, ¿qué tan relevante es medir el tamaño de una economía por el valor absoluto de su PIB? Información para 2009 arrojaba lo siguiente: ajustado por paridad del poder de compra (PPC), la economía estadounidense tuvo un PIB de 14 billones de dólares, China de 9.1 billones, Japón de 4.1, India de 3.8, Alemania de 3 y México de 1.5 billones. Sin embargo, medido en términos de PIB por habitante en dólares ajustados por PPC, la información es la siguiente: Estados Unidos 46,400, China 6,500, Japón 32,600, India 3,100, Alemania 34,200 y México 13,200.
Con la información anterior, queda claro que lo relevante en realidad no es el valor absoluto del PIB sino el PIB por habitante. El PIB de China, en valor absoluto es el 70% del estadounidense, mientras que medido por habitante el de Estados Unidos es 7 veces superior al chino. Así, el PIB de China es tan grande, la segunda economía más grande del mundo, porque es territorialmente el segundo país más grande del mundo (después de Rusia) y tiene la población más grande del mundo. México es, en valor absoluto, la catorceava más grande del mundo pero en términos de PIB por habitante está en el lugar 70.
Hacia el futuro es claro que la economía mexicana seguirá aumentando su tamaño absoluto por dos razones fundamentales: la población seguirá creciendo y cada vez gente se incorporará al mercado laboral, mientras que los tres países europeos señalados experimentarán un estancamiento de su población además de un envejecimiento de la misma. Pero nuevamente, lo relevante no esto sino si el PIB por habitante, como una primera aproximación al nivel de desarrollo económico, experimentará un incremento sostenido.
Y es aquí donde está el meollo del asunto, cómo hacer para que el PIB por habitante experimente un aumento sostenido. Y la respuesta, es necesario seguir insistiendo, se centra en hacer los cambios en el arreglo institucional que deriven en una mayor inversión pero, más importante aún, en un continuo incremento en la productividad de los factores de la producción. El PIB por habitante en México ha estado estancado, a pesar de que en términos absolutos ha aumentado, porque la productividad no se ha incrementado.
O hacemos ya los cambios estructurales que se requieren o de nada servirá llegar a ser la séptima economía más grande del mundo.
En este escenario, un estudio prospectivo de Price Waterhouse, reportado en este periódico la semana pasada, señala que en el año 2050 la economía mexicana sería la séptima más grande del mundo, alcanzando un PIB absoluto, medido en dólares, por arriba del que tendrían tres de las grandes economías europeas: Gran Bretaña, Francia e Italia. ¿Sorprende? No en realidad dado el tamaño de México tanto por su área geográfica, dos millones de kilómetros cuadrados, como por la cantidad de pobladores. Lo que sorprende es que en la actualidad México no sea ya más grande que esas tres economías europeas, aunque en realidad tampoco debería sorprendernos dado el muy mediocre desempeño que hemos tenido en los últimos treinta años.
Por otra parte, ¿qué tan relevante es medir el tamaño de una economía por el valor absoluto de su PIB? Información para 2009 arrojaba lo siguiente: ajustado por paridad del poder de compra (PPC), la economía estadounidense tuvo un PIB de 14 billones de dólares, China de 9.1 billones, Japón de 4.1, India de 3.8, Alemania de 3 y México de 1.5 billones. Sin embargo, medido en términos de PIB por habitante en dólares ajustados por PPC, la información es la siguiente: Estados Unidos 46,400, China 6,500, Japón 32,600, India 3,100, Alemania 34,200 y México 13,200.
Con la información anterior, queda claro que lo relevante en realidad no es el valor absoluto del PIB sino el PIB por habitante. El PIB de China, en valor absoluto es el 70% del estadounidense, mientras que medido por habitante el de Estados Unidos es 7 veces superior al chino. Así, el PIB de China es tan grande, la segunda economía más grande del mundo, porque es territorialmente el segundo país más grande del mundo (después de Rusia) y tiene la población más grande del mundo. México es, en valor absoluto, la catorceava más grande del mundo pero en términos de PIB por habitante está en el lugar 70.
Hacia el futuro es claro que la economía mexicana seguirá aumentando su tamaño absoluto por dos razones fundamentales: la población seguirá creciendo y cada vez gente se incorporará al mercado laboral, mientras que los tres países europeos señalados experimentarán un estancamiento de su población además de un envejecimiento de la misma. Pero nuevamente, lo relevante no esto sino si el PIB por habitante, como una primera aproximación al nivel de desarrollo económico, experimentará un incremento sostenido.
Y es aquí donde está el meollo del asunto, cómo hacer para que el PIB por habitante experimente un aumento sostenido. Y la respuesta, es necesario seguir insistiendo, se centra en hacer los cambios en el arreglo institucional que deriven en una mayor inversión pero, más importante aún, en un continuo incremento en la productividad de los factores de la producción. El PIB por habitante en México ha estado estancado, a pesar de que en términos absolutos ha aumentado, porque la productividad no se ha incrementado.
O hacemos ya los cambios estructurales que se requieren o de nada servirá llegar a ser la séptima economía más grande del mundo.
lunes, 17 de enero de 2011
La maldita corrupción
Cual jinete del Apocalipsis que se yergue blandiendo su espada sobre México, la corrupción es un enorme azote que inhibe el desarrollo económico y la mejora en el bienestar de la población. Todos los mexicanos hemos sido, en mayor o menor grado, de alguna u otra forma, víctimas de la corrupción y, en caso excepcional en donde alguien no lo haya sido directamente, sí ha sido víctima de esta lacra porque su nivel de vida es menor como resultado de la corrupción que impera en el país.
No importa a qué índice recurramos, sea Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, Doing Business in Mexico, los índices de libertad económica de la Fundación Heritage o del Instituto Fraser, etcétera, en todos hay un común denominador: la percepción de que dentro del grupo de países comparables por nivel de desarrollo económico, México es de los países más corruptos de ese grupo; inclusive, en varios índices sobre el tema, México aparece peor colocado que muchos países del sub – Sahara, países que tradicionalmente han sido percibidos como muy corruptos.
La corrupción impera en México en prácticamente todos los niveles de la acción pública con un enorme costo para la sociedad. Parecería ser que en nuestro país nada se mueve, no es posible hacer algo, sobre todo cuando nos enfrentamos a la maquinaria pública, si no hay de por medio un acto de transferencia de recursos del agente económico privado al funcionario gubernamental, nada avanza si no hay “la engrasada de la mano”, “la mocha”, “la corta”.
Aunque al nivel del gobierno federal pudiese haberse reducido la incidencia de corrupción dada la labor de la Secretaría de la Función Pública (que de paso entorpece prácticamente cualquier acto de obra o de adquisición pública) y de la Auditoría Superior de la Federación, así como la desregulación de trámites federales que se ha hecho recientemente, al nivel de los gobiernos estatales y municipales ésta sigue campeando en sus reales.
La creciente cantidad de recursos públicos que manejan los gobiernos locales, prácticamente todos de origen federal sea a través de las participaciones y de las transferencias, sin una efectiva rendición de cuentas sobre su destino y su rentabilidad, con un poder político local que recuerda las mejores épocas porfiristas o priistas del poder político absoluto, han dado paso a una incidencia de corrupción rampante.
Adjudicación de contratos de obras públicas que no se hacen si no hay un pago al burócrata que decide qué empresa va a hacer la obra, licencias y permisos que no se obtienen si no hay un pago previo, robo impune de las arcas públicas en los gobiernos estatales y municipales, el aparato de procuración y administración de justicia (policías, ministerios públicos y juzgados) que son notoriamente corruptos y que por lo mismo no garantizan la impartición imparcial de justicia ni el cumplimiento de contratos y sí, por el contario, derivan en una impunidad en la comisión de delitos del 97%, condicionamiento a cambio de un pago para proveer un servicio público, sea la conexión a las redes de electricidad o de agua o hasta recoger la basura, son todos ejemplos de una lacra que nos cuesta una enorme cantidad de recursos, que afecta más a quienes menores ingresos tienen y que inhibe el desarrollo económico.
Todo acto de corrupción implica la transferencia de recursos reales al funcionario corrupto y mientras no nos libremos de ella, seguirá siendo una pesada losa sobre el desarrollo de México.
No importa a qué índice recurramos, sea Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, Doing Business in Mexico, los índices de libertad económica de la Fundación Heritage o del Instituto Fraser, etcétera, en todos hay un común denominador: la percepción de que dentro del grupo de países comparables por nivel de desarrollo económico, México es de los países más corruptos de ese grupo; inclusive, en varios índices sobre el tema, México aparece peor colocado que muchos países del sub – Sahara, países que tradicionalmente han sido percibidos como muy corruptos.
La corrupción impera en México en prácticamente todos los niveles de la acción pública con un enorme costo para la sociedad. Parecería ser que en nuestro país nada se mueve, no es posible hacer algo, sobre todo cuando nos enfrentamos a la maquinaria pública, si no hay de por medio un acto de transferencia de recursos del agente económico privado al funcionario gubernamental, nada avanza si no hay “la engrasada de la mano”, “la mocha”, “la corta”.
Aunque al nivel del gobierno federal pudiese haberse reducido la incidencia de corrupción dada la labor de la Secretaría de la Función Pública (que de paso entorpece prácticamente cualquier acto de obra o de adquisición pública) y de la Auditoría Superior de la Federación, así como la desregulación de trámites federales que se ha hecho recientemente, al nivel de los gobiernos estatales y municipales ésta sigue campeando en sus reales.
La creciente cantidad de recursos públicos que manejan los gobiernos locales, prácticamente todos de origen federal sea a través de las participaciones y de las transferencias, sin una efectiva rendición de cuentas sobre su destino y su rentabilidad, con un poder político local que recuerda las mejores épocas porfiristas o priistas del poder político absoluto, han dado paso a una incidencia de corrupción rampante.
Adjudicación de contratos de obras públicas que no se hacen si no hay un pago al burócrata que decide qué empresa va a hacer la obra, licencias y permisos que no se obtienen si no hay un pago previo, robo impune de las arcas públicas en los gobiernos estatales y municipales, el aparato de procuración y administración de justicia (policías, ministerios públicos y juzgados) que son notoriamente corruptos y que por lo mismo no garantizan la impartición imparcial de justicia ni el cumplimiento de contratos y sí, por el contario, derivan en una impunidad en la comisión de delitos del 97%, condicionamiento a cambio de un pago para proveer un servicio público, sea la conexión a las redes de electricidad o de agua o hasta recoger la basura, son todos ejemplos de una lacra que nos cuesta una enorme cantidad de recursos, que afecta más a quienes menores ingresos tienen y que inhibe el desarrollo económico.
Todo acto de corrupción implica la transferencia de recursos reales al funcionario corrupto y mientras no nos libremos de ella, seguirá siendo una pesada losa sobre el desarrollo de México.
lunes, 10 de enero de 2011
Meta de inflación
67.56, 74.41 y 82.03. ¿Números ganadores en una lotería? No; es el valor real de 100 pesos nominales, su poder adquisitivo, después de 10 años de inflación anual a tres tasas, 4, 3 y 2% respectivamente.
No cabe duda que uno de los más importantes logros de la política económica, específicamente la política monetaria, ha sido el abatimiento de la inflación a niveles cercanos al 4% anual. Poca gente se acuerda, porque la memoria es corta o porque la mayor parte de la actual población mexicana aun no había nacido, de aquellos álgidos días de la década de los ochenta cuando la economía mexicana atravesaba por uno de los periodos de mayor inestabilidad macroeconómica de la historia. Baste un dato para ilustrarlo: la inflación mensual anualizada que se experimentó en enero de 1988 fue de 538%. En aquellos años la inflación causaba estragos mayores, no solo sobre el poder adquisitivo del ingreso de las familias, sino también sobre otras variables claves como el ahorro en el sistema financiero, el crédito otorgado a las empresas, la inversión por parte de éstas, las tasas de interés, el tipo de cambio, etcétera. Poca gente se acuerda de la destrucción económica que causó la inflación durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. Fueron tan negativos los efectos de la inflación, la peor distorsión que un gobierno puede introducir a la economía, que aun seguimos pagando los costos de esa etapa de inestabilidad que se inició con el gobierno de Echeverría.
Después de varios intentos de estabilización frustrados, particularmente después de la crisis macroeconómica y bancaria de 1995, por fin estamos en un escenario de baja inflación. 4% anual no parece ser mucho, sobre todo tomando en consideración por lo que hemos atravesado, pero como las cifras arriba expuestas señalan, sí existe una notable diferencia entre una inflación de 4% anual y una de 2% anual. En el primero de los casos, 4% anual en 10 años lleva a una inflación acumulada de 48%, mientras una de 2% anual lleva a una acumulada de 21.9%.
¿A qué viene todo esto? Básicamente a dos cosas. Primero, todavía aparecen personajes (empresarios, políticos y hasta uno que otro funcionario público) que expresan que “un poquito de inflación no es tan mala si a cambio se logra un mayor crecimiento”, para de ahí señalar que el Banco de México debería promover el crecimiento económico y hasta sugieren cambiar el artículo 28 de la Constitución para establecer como mandato para el banco central ese objetivo dual de estabilidad y crecimiento. Esto es, sin duda, una auténtica burrada. ¿Cuánto es una inflación moderada? 10% anual implica que en 10 años la inflación acumulada sería de 159% y cada unidad monetaria perdería casi el 60% de su poder adquisitivo. Más aun, parece que todavía no les queda claro que la mejor contribución que un banco central puede hacer al crecimiento de una economía es mantener la estabilidad de precios.
La segunda razón de lo anteriormente señalado es que después de varios años en los cuales la inflación ha rondado el 4%, ya es tiempo de que el Banco de México revise su meta de inflación hacia una de 2% anual, siendo este el porcentaje que efectivamente implicaría la estabilidad de precios. 4% anual, aunque en un solo año no parece mucho, a la larga resulta ser en una inflación acumulada significativa e inaceptable.
No cabe duda que uno de los más importantes logros de la política económica, específicamente la política monetaria, ha sido el abatimiento de la inflación a niveles cercanos al 4% anual. Poca gente se acuerda, porque la memoria es corta o porque la mayor parte de la actual población mexicana aun no había nacido, de aquellos álgidos días de la década de los ochenta cuando la economía mexicana atravesaba por uno de los periodos de mayor inestabilidad macroeconómica de la historia. Baste un dato para ilustrarlo: la inflación mensual anualizada que se experimentó en enero de 1988 fue de 538%. En aquellos años la inflación causaba estragos mayores, no solo sobre el poder adquisitivo del ingreso de las familias, sino también sobre otras variables claves como el ahorro en el sistema financiero, el crédito otorgado a las empresas, la inversión por parte de éstas, las tasas de interés, el tipo de cambio, etcétera. Poca gente se acuerda de la destrucción económica que causó la inflación durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. Fueron tan negativos los efectos de la inflación, la peor distorsión que un gobierno puede introducir a la economía, que aun seguimos pagando los costos de esa etapa de inestabilidad que se inició con el gobierno de Echeverría.
Después de varios intentos de estabilización frustrados, particularmente después de la crisis macroeconómica y bancaria de 1995, por fin estamos en un escenario de baja inflación. 4% anual no parece ser mucho, sobre todo tomando en consideración por lo que hemos atravesado, pero como las cifras arriba expuestas señalan, sí existe una notable diferencia entre una inflación de 4% anual y una de 2% anual. En el primero de los casos, 4% anual en 10 años lleva a una inflación acumulada de 48%, mientras una de 2% anual lleva a una acumulada de 21.9%.
¿A qué viene todo esto? Básicamente a dos cosas. Primero, todavía aparecen personajes (empresarios, políticos y hasta uno que otro funcionario público) que expresan que “un poquito de inflación no es tan mala si a cambio se logra un mayor crecimiento”, para de ahí señalar que el Banco de México debería promover el crecimiento económico y hasta sugieren cambiar el artículo 28 de la Constitución para establecer como mandato para el banco central ese objetivo dual de estabilidad y crecimiento. Esto es, sin duda, una auténtica burrada. ¿Cuánto es una inflación moderada? 10% anual implica que en 10 años la inflación acumulada sería de 159% y cada unidad monetaria perdería casi el 60% de su poder adquisitivo. Más aun, parece que todavía no les queda claro que la mejor contribución que un banco central puede hacer al crecimiento de una economía es mantener la estabilidad de precios.
La segunda razón de lo anteriormente señalado es que después de varios años en los cuales la inflación ha rondado el 4%, ya es tiempo de que el Banco de México revise su meta de inflación hacia una de 2% anual, siendo este el porcentaje que efectivamente implicaría la estabilidad de precios. 4% anual, aunque en un solo año no parece mucho, a la larga resulta ser en una inflación acumulada significativa e inaceptable.
lunes, 3 de enero de 2011
¿Para cuándo?
Transcurrió 2010 y no pasó nada de lo que nos habían prometido iba a pasar. Se desperdició otro año en materia de reformas estructurales y la consecuencia es que los agentes económicos, individuos, empresas y gobierno, seguimos operando e interactuando con un arreglo institucional deficiente, con altos costos de transacción, con incentivos erróneamente alineados, con un mercado interno débil y una economía vulnerable a cualquier choque negativo externo.
Cómo ha sido costumbre, se volvieron a atorar en el Congreso las reformas estructurales que se requieren y la pregunta es si este año habrá algún progreso al respecto. Por como pintan las cosas, se ve difícil. Con elecciones en varios estados de la República y el ambiente para las elecciones de 2012 calentándose, difícilmente los políticos estarán en el ánimo o tendrán la voluntad para emprender, seriamente, el trabajo legislativo que se requiere. Con certeza escucharemos a lo largo del año declaraciones por parte de los diputados y senadores que ahora sí trabajarán para sacar adelante las diversas reformas que nos han sido tantas veces prometidas, pero lo más seguro es que transcurra el año y nada relevante vuelva a suceder.
En este contexto, el crecimiento que experimentará la economía durante este año, después del rebote del año pasado, volverá a ser mediocre, entre 3.5 y 4%, tasa que claramente no es suficiente para lograr un progreso significativo en el bienestar de la mayor parte de los mexicanos. Con esta tasa de crecimiento, no habrá suficiente creación de empleos en el sector legal de la economía, por lo que el número de trabajadores empleados en la informalidad, es decir sin acceso a los sistemas de seguridad social, seguirán aumentando.
En el impasse en el que estamos, queda en el aire la pregunta de qué es lo que se requiere para romperlo y no parece haber una respuesta fácil, dado que aquellos que están encargados del diseño del marco institucional, es decir los partidos políticos y los legisladores, carecen de los incentivos para modificar el que tenemos actualmente, empezando por aquél que los obligue a una efectiva y transparente rendición de cuentas.
Siendo esto así, ¿para cuándo se sentarán las condiciones para los cambios que se requieren? ¿Tendremos que esperar hasta el próximo sexenio? Al parecer la respuesta es sí, lo cual es frustrante ya que el tiempo se agota. El 2025 es la fecha fatídica porque ese será el año en el cual se acabe la ventana de oportunidad demográfica; ya se desperdiciaron 10 y solo quedan 15 años para lograr que la economía entre en una senda de crecimiento alto y sostenido, con una alta tasa de creación de empleos y con una expansión sustentada en un cambio tecnológico continuo en los diferentes sectores de la producción.
No hacer ya los cambios estructurales que se requieren, seguir desperdiciando el tiempo en discusiones estériles, en un continuo pleito entre políticos que no llevan a nada positivo, con políticos solamente preocupados en mantener sus rentas y protegiendo las rentas de unos cuantos privilegiados, lo único que nos depara como país es que cuando llegue el 2025 México estará condenado a ser un país pobre, lleno de viejos pobres, con una fuerza laboral en activo manteniendo cada vez a más individuos que no están en edad de trabajar, sea porque sean niños o ya estén retirados.
¿Para cuándo? Esa es la pregunta.
Cómo ha sido costumbre, se volvieron a atorar en el Congreso las reformas estructurales que se requieren y la pregunta es si este año habrá algún progreso al respecto. Por como pintan las cosas, se ve difícil. Con elecciones en varios estados de la República y el ambiente para las elecciones de 2012 calentándose, difícilmente los políticos estarán en el ánimo o tendrán la voluntad para emprender, seriamente, el trabajo legislativo que se requiere. Con certeza escucharemos a lo largo del año declaraciones por parte de los diputados y senadores que ahora sí trabajarán para sacar adelante las diversas reformas que nos han sido tantas veces prometidas, pero lo más seguro es que transcurra el año y nada relevante vuelva a suceder.
En este contexto, el crecimiento que experimentará la economía durante este año, después del rebote del año pasado, volverá a ser mediocre, entre 3.5 y 4%, tasa que claramente no es suficiente para lograr un progreso significativo en el bienestar de la mayor parte de los mexicanos. Con esta tasa de crecimiento, no habrá suficiente creación de empleos en el sector legal de la economía, por lo que el número de trabajadores empleados en la informalidad, es decir sin acceso a los sistemas de seguridad social, seguirán aumentando.
En el impasse en el que estamos, queda en el aire la pregunta de qué es lo que se requiere para romperlo y no parece haber una respuesta fácil, dado que aquellos que están encargados del diseño del marco institucional, es decir los partidos políticos y los legisladores, carecen de los incentivos para modificar el que tenemos actualmente, empezando por aquél que los obligue a una efectiva y transparente rendición de cuentas.
Siendo esto así, ¿para cuándo se sentarán las condiciones para los cambios que se requieren? ¿Tendremos que esperar hasta el próximo sexenio? Al parecer la respuesta es sí, lo cual es frustrante ya que el tiempo se agota. El 2025 es la fecha fatídica porque ese será el año en el cual se acabe la ventana de oportunidad demográfica; ya se desperdiciaron 10 y solo quedan 15 años para lograr que la economía entre en una senda de crecimiento alto y sostenido, con una alta tasa de creación de empleos y con una expansión sustentada en un cambio tecnológico continuo en los diferentes sectores de la producción.
No hacer ya los cambios estructurales que se requieren, seguir desperdiciando el tiempo en discusiones estériles, en un continuo pleito entre políticos que no llevan a nada positivo, con políticos solamente preocupados en mantener sus rentas y protegiendo las rentas de unos cuantos privilegiados, lo único que nos depara como país es que cuando llegue el 2025 México estará condenado a ser un país pobre, lleno de viejos pobres, con una fuerza laboral en activo manteniendo cada vez a más individuos que no están en edad de trabajar, sea porque sean niños o ya estén retirados.
¿Para cuándo? Esa es la pregunta.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)