Banca de Desarrollo

Crear un Consejo de la Banca de Desarrollo es una muy mala idea. Lo que refleja esta iniciativa del PRI en el Senado es la añoranza que tienen estos dinosaurios por el centralismo en la asignación de recursos, un sistema de planificación centralizada en donde un burócrata decide quién gana y quién pierde, a quién se le asignan los recursos financieros y a qué tasa de interés, quién el el afortunado que se apropia de rentas. Quieren regresar a las "glorias" de la docena trágica de Echeverría y López Portillo, años caracterizados por el dispendio gubernamental.

Pero no solo eso; la creación de este comité da lugar a la corrupción. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un empresario en mordidas a miembros del comité para que verse beneficiado con un crédito de la banca de desarrollo a una tasa menor que lo que le cobraría un banco comercial?

Mala, muy mala idea.

Maldita partidocracia

Los partidos políticos, en particular sus líderes, mantienen secuestrado al país. La oposición que han mostrado a una efectiva reforma política, una en la cual los funcionarios públicos electos puedan, a través de la reelección inmediata, ser directamente responsables por sus actos, premiados si son eficientes y castigados si muestran su ineptitud, así como su oposición a las candidaturas independientes, indican su prácticamente nula vocación democrática (Paredes, Beltrones, Navarrete, et al.). Desean mantener el poder de ser los electores supremos y mantener, al mismo tiempo, las prebendas políticas y económicas. Un país en donde los funcionarios públicos no son directamente responsables por sus actos, es un país en donde los intereses de los electores no importan, es un país sujeto a la corrupción política y económica.

Si los intereses de los electores no importan, tampoco importarán los intereses de los consumidores (todos los electores somos, simultáneamente, consumidores y todos, independientemente de nuestra fuente de ingreso, somos consumidores). En consecuencia, los legisladores no tienen ningún incentivo para legislar a favor de los consumidores. Por el contrario, siempre estarán dispuestos a seguir protegiendo a empresas que incurren en prácticas monopólicas con un inmenso costo en bienestar para los consumidores, quienes nos vemos forzados a aceptar mayores precios.

México prácticamente no ha crecido en los últimos treinta años, sacrificando en el camino a toda una generación de jóvenes (7.5 millones de Ni - nis así lo atestiguan), porque la partidocracia ha decidido favorecer y proteger los poderes fácticos que se han apoderado de las instituciones del Estado mexicano, una protección que les permite obtener rentas a costa del bienestar de la mayor parte de los mexicanos. ¿Por qué los legisladores no han aprobado las reformas a la Ley Federal de Competencia económica para que la Comisión tenga mayor poder para perseguir y penalizar las prácticas monopólicas en el país?

Urge un movimiento ciudadano a favor de una efectiva democracia con rendición de cuentas, un movimiento a favor del bienestar de los mexicanos, un movimiento a favor del crecimiento económico. Ya fue suficiente de la maldita y corrupta partidocracia.

Un día en el DFectuoso

Como cualquier gran ciudad, la capital de los Estados Unidos Mexicanos, tiene aspectos positivos como son zonas que son bonitas y que invitan al paseo como son el Paseo de la Reforma, Chapultepec o San Ángel; asimismo existe una amplia oferta de actividades culturales (museos, teatros, cines, galerías), así como una enorme variedad de restaurantes, para todos los gustos y, casi, todos los bolsillos. También tiene, como cualquier gran ciudad, aspectos negativos, como contaminación, congestión vehicular, delincuencia y zonas en donde uno arriesga el pellejo si se adentra en ellas.
Sábado 24 de abril en la Ciudad de México, día de ocio y perfecto para la contemplación. Estuve ese día en tres lugares de la ciudad: en la mañana en los Viveros de Coyoacán, lugar ideal para hacer ejercicio o simplemente pasear; en la tarde en Polanco, zona residencial muy atractiva pero que se ha convertido, entre semana, en un infierno urbano, aunque los fines de semana mantiene el imán que lo componen sus avenidas, las tiendas y los restaurantes; finalmente en la noche, a cenar con unos amigos en San Ángel. Y he aquí mis observaciones del día.
Registré a once automovilistas que se pasaron el alto (uno, por voltear para ver si se lo podía pasar, no puso atención a los peatones y casi me atropella). Alrededor de las dos de la tarde, en camino hacia Polanco, el Periférico atascado y en la salida de Chapultepec, con una inmensa cola para salir a la lateral, automovilistas que se brincaban la cola ya estando cerca de la salida (pendejos aquellos que hacen cola). A lo largo del Periférico, un policía en cada entrada para evitar que camiones ingresen a los carriles centrales; pobres cuates, se van a morir muy jóvenes por estar allí parados todo su turno laboral respirando aire contaminado (lo menos que podría hacer el gobierno del DFectuoso por ellos es darles mascarillas con tanque de oxígeno).
En las tres zonas de la ciudad en las que estuve, la apropiación ilegal de la vía pública por comerciantes ambulantes que venden todo tipo de productos, desde comida chatarra hasta piratería y los siempre presentes “viene – viene”, dueños de los lugares para estacionarse. Durante mi trayecto hacia los Viveros y de regreso a mi casa, el absoluto desorden que caracteriza al transporte urbano; microbuses que son verdadera chatarra y autobuses destartalados conducidos por salvajes (¿cuántos de ellos sin licencia para conducir?), echando carreras para ganar el pasaje y obstruyendo dos o tres carriles en Av. Revolución (si el Secretario de Transporte y Vialidad se niega a aplicar el reglamento correspondiente al transporte urbano, que nombren a un sustituto que sí esté dispuesto a aplicarlo o de plano que lo deroguen; su vigencia es inútil).
Un día, como cualquier otro en esta enorme metrópolis, que puede resumirse en dos cosas. Primero, la carencia de civismo por una significativa parte de sus habitantes (culpa, sin duda, del SNTE). Segundo, la más absoluta impunidad con la cual se cometen violaciones a las leyes y los reglamentos. Y el gobierno, ¿dónde está?

Al margen
Queda una semana del periodo ordinario de sesiones del Congreso y, como ya es costumbre, otro que se desperdicia para sacar a México de la mediocridad.

Los legisladores dan pena

Nuestros legisladores son para dar pena y bastan dos ejemplos para confirmarlo. El primero es la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados a la Ley General de Salud para prohibir la venta de “comida chatarra” en las escuelas y que los niños destinaran 30 minutos diarios dentro del horario escolar a hacer ejercicio. El segundo fue la decisión que tomó el Senado de la República de no aprobar un punto de acuerdo exigiendo que el gobierno de Cuba respete los derechos humanos en la isla.
Respecto del primero, que en las escuelas no se venda “comida chatarra” está bien; siempre será deseable que la población tenga una alimentación sana y balanceada. El problema es la definición de “comida chatarra”. Además de los que se consideran tradicionalmente como “chatarra”, como son los refrescos, dulces y botanas, hay otros que no está claro si deban considerarse así. Por ejemplo, ¿la tradicional torta es “comida chatarra”? o ¿qué hay de las quesadillas fritas en un aceite que se ha utilizado varias veces? Dudas que la Secretaría de Salud deberá resolver. Y luego de esta clasificación entre lo que es y no “chatarra”, ¿quién va a ejercer las labores de vigilancia en las escuelas? Y otro punto relevante; afuera de prácticamente todas las escuelas gubernamentales se instalan puestos callejeros de “comida chatarra”. ¿Alguien los va a controlar? ¿impedirán las autoridades (¿cuáles?) que se instalen? Más dudas.
Si lo de la alimentación genera dudas, lo que no tiene el menor sentido es el mandato legal para que los niños hagan ejercicio 30 minutos diarios en los planteles escolares y dentro del horario escolar. Tres puntos. Primero, si de por sí los niños van a la escuela poco tiempo (4 horas y media), recibiendo una educación que deja mucho que desear, quitarles media hora de clases para que hagan ejercicio empeorará significativamente su capital humano. Ampliar el horario es imposible por la oposición del Sindicato.
Segundo, los maestros no están capacitados para impartir educación física de manera ordenada y no existen el país los suficientes individuos que sí estén capacitados, más el hecho de que no existen los recursos presupuestales para contratarlos en caso de que sí los hubiese.
Y tercero, casi 70% de las escuelas gubernamentales no tienen un patio. ¿Dónde harían ejercicio los niños?, ¿en el salón de clases? ¿Y qué hay de que 25% de las escuelas del país no tiene agua potable ni servicios sanitarios?
¡Qué ridículo hicieron los diputados!
Y en el Senado. Lo que hicieron los Senadores del PRI, PT y Convergencia es inmoral. Al no aprobar el punto de acuerdo para exigir que el gobierno cubano respete los derechos humanos de la población, lo que efectivamente hicieron fue dar su aval a un gobierno dictatorial, tiránico y asesino. Y que no salgan después los Senadores con que su trabajo es defender la libertad; carecen de autoridad moral para hablar en nombre de la libertad. Son para dar pena.
Y finalmente, en la votación en la Cámara de Diputados faltaron a la sesión del pleno 149 legisladores, mientras que en el Senado faltaron 43. Merecen ser despedidos y que nos regresen nuestros impuestos.

¿Entenderán los diputados?

Durante la Legislatura pasada (2006 – 2009), cuando se trató de reformar la Ley Federal de Competencia Económica, los diputados del PRI en la Comisión de Economía la bloquearon. En un nuevo intento para fortalecer a la Comisión Federal de Competencia en su labor para perseguir y castigar las prácticas monopólicas en el país, el Presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa para reformar la citada ley. En la iniciativa destacan la propuesta para incrementar el monto de las multas hasta el 10% del valor total de las ventas, la tipificación penal de las prácticas monopólicas, la facultad para la Comisión de intervenir de forma cautelar a las empresas y el que la Comisión pueda investigar y castigar las prácticas monopólicas de las entidades públicas en actividades reservadas exclusiva y, por lo mismo, monopólicamente al gobierno.
La respuesta inmediata de algunos legisladores, además de las típicas “la estudiaremos y enriqueceremos” y “no estamos dispuestos a darle al presidente un cheque en blanco”, da a entender que difícilmente se aprobará tal propuesta. Ante ello, vale la pena formular a los diputados algunas preguntas.
¿Entenderán los diputados cuál es el trabajo para el que fueron contratados por los ciudadanos y por el cuál, nosotros los contribuyentes, les pagamos su exorbitante e inmerecido salario? ¿Entenderán que ellos, como todos los demás integrantes del gobierno mexicano, son nuestros empleados? Nosotros los contratamos y le pagamos con nuestros impuestos para que cuiden de nuestros intereses y su labor se traduzca en una mejora en nuestro bienestar, en el bienestar de todos los mexicanos. En el caso de los legisladores federales su labor es elaborar leyes que, en el ámbito económico, tengan solamente los siguientes objetivos: definir eficientemente los derechos privados de propiedad, garantizar la igualdad de oportunidades y promover que todos los mercados, incluyendo los de bienes, servicios y factores de la producción (el laboral, el financiero y de capitales y el de la tierra), operen en un contexto de competencia. En suma, la labor de los diputados y senadores es legislar pensando únicamente en el bienestar de los consumidores.
¿Entenderán los diputados que independientemente de cual sea nuestra fuente de ingresos todos somos, incluidos ellos, consumidores? ¿Entenderán que nuestro bienestar se maximiza cuando podemos elegir libremente qué bienes queremos consumir y a quiénes se los vamos a comprar y que la única forma de efectivamente ser libres para elegir es si los mercados operan en competencia? ¿Entenderán que su trabajo no es elaborar leyes para proteger a las pequeñas y medianas empresas fomentando su ineficiencia e ineficacia? ¿Entenderán nuestros diputados que le pagamos para que protejan el interés de los consumidores y no el interés de algunas empresas o grupos?
¿Entenderán los diputados que la razón de porqué México es un país subdesarrollado, con altos índices de pobreza y una notoria inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso es, precisamente, porque a la hora de elaborar las leyes, los legisladores pensaron en cómo favorecer a determinados grupos de interés y se olvidaron de legislar a favor de los consumidores, en la práctica sacrificándolos?
¿Entenderán que seguir protegiendo a los rentistas implica condenar a México a permanecer en la mediocridad?

Cuatro jinetes

Casi como en el Apocalipsis, cuatro jinetes están asolando México y, aunque no lo están destruyendo (aunque quizás sí), sí es tal la carcomida que están causando que nos mantienen atrapados en la mediocridad. Estos cuatro jinetes son la ausencia de competencia en mercados claves de la economía, la inseguridad que prevalece sobre los derechos privados de propiedad, la corrupción gubernamental y, cabalgando en el corcel más fuerte, sosteniendo e impulsando a los tres anteriores, los políticos.
Primero, sectores de la economía que son claves para el crecimiento y el bienestar de los consumidores están monopolizados, sean estos de carácter gubernamental o privado. En el sector de energía, los mexicanos pagamos uno de los niveles de precios más altos del mundo, sobre todo cuando contabilizamos en el precio aquella parte de los impuestos federales que el gobierno le transfiere a las empresas paraestatales más el costo de oportunidad que representa el derroche de la renta petrolera en gastos inútiles. De manera similar, en el sector privado, sectores que son claves como telecomunicaciones, cemento, transporte, trámites notariales, etcétera, operan bajo prácticas monopólicas, inhibiendo el crecimiento económico y, más aun, generando a los consumidores una significativa pérdida de bienestar. La Comisión Federal de Competencia necesita más fuerza y, sin embargo, los políticos lo impiden, particularmente aquellos en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, quienes han bloqueado en diversas ocasiones las modificaciones que se requieren en la Ley Federal de Competencia Económica.
Segundo, la impunidad con la cual se cometen los delitos en este país es inaudita; solo 3% de los delitos del fuero común terminan en una condena. Homicidios, asaltos, robos, secuestros, fraude, extorsión, etcétera, son todos delitos que atentan en contra de los derechos privados de propiedad. La ineficiencia de los cuerpos de seguridad pública, la ineptitud y corrupción de los ministerios públicos y, en muchas ocasiones de los juzgados, se traduce en que los mexicanos estamos inermes ante los delincuentes. Este enorme grado de impunidad es, finalmente, un juego de suma negativa; el país como un todo pierde porque se invierte menos y se crece menos.
Tercero, vivimos asolados por una enorme incidencia de corrupción en todos los niveles del gobierno, desde la clásica mordida al policía hasta la exigencia de un pago por otorgar un contrato de obra pública. La corrupción gubernamental, definida como la utilización del poder público para obtener un beneficio personal, no es más que la extracción por parte de un funcionario público de una parte del ingreso de la población así como de una parte de las utilidades que genera un proyecto privado de inversión. Nuevamente, un juego de suma negativa con un alto costo social.
Y finalmente, encabezando la cabalgata apocalíptica, los políticos. Rentistas que buscan maximizar su bienestar a costa del bienestar de la población, negados a rendir cuentas por sus actos, impidiendo cualquier reforma que les reduzca sus privilegios, bloqueando prácticamente todos aquellos cambios que harían a la economía más eficiente y productiva, generadores y beneficiarios de la corrupción, protegiendo a rentistas privados como monopolios y sindicatos y más, lo que los hace ser acreedores del desprecio de la población.
Cuatro jinetes que han secuestrado a México y lo mantienen en la mediocridad.

Discutiendo la legalización de las drogas

Los titulares de cualquier periódico, prácticamente todos los días, resaltan los actos de violencia que hay alrededor de la guerra en contra del narcotráfico. Casi 18,000 muertos en un poco más de tres años ha sido el balance de esta guerra, una que realistamente no se puede ganar. El presidente Calderón señaló, en este contexto, que no tiene sentido discutir el tema de la legalización de las drogas en México si en Estados Unidos no se opta por ese mismo camino. Creo que el presidente está equivocado.
Obviamente, dado que en Estados Unidos se localiza el principal número de consumidores de estupefacientes, si estos se legalizaran, prácticamente se acabaría en México el problema del narcotráfico y la violencia asociada a éste. En ese país, en varios estados, la posesión y consumo de marihuana para usos medicinales por parte de individuos que se encuentran en tratamiento de quimioterapia ya es legal; más aun, este año se pondrá a referéndum en California y algunos otros estados de la Unión, la legalización total de esta droga, reconociendo, por fin, que no tiene ningún sentido utilizar recursos públicos en el combate al consumo de drogas y que es más eficiente utilizar estos en políticas públicas enfocadas a la prevención y al tratamiento.
La legalización de la marihuana en Estados Unidos representaría para México un choque externo positivo dado que esta droga es el principal producto de exportación de los carteles mexicanos, representando alrededor del 60% del total de sus ingresos. Con la legalización de la marihuana en Estados Unidos, los carteles perderían, sin duda, una fuente importante de poder.
Y ahora la pregunta; ¿debemos discutir en México la legalización de las drogas? Mi respuesta es que sí es crucial discutirla, independientemente de los que suceda en Estados Unidos. Dos son los argumentos centrales. El primero es el enorme desperdicio de recursos públicos que se destinan al combate al narcotráfico en una guerra que es imposible ganar. El segundo, que en mi opinión es el más importante, es el respeto a la libertad individual.
Respecto del primero, dado que la demanda de drogas es muy inelástica a cambios en el precio, el resultado del combate al narcotráfico es, paradójicamente, fortalecer a los carteles. A medida que el costo de dedicarse a esta actividad aumenta, tanto por la acción persecutoria del gobierno como por el enfrentamiento entre los propios carteles para tratar de apoderarse del territorio de otros, el resultado es un aumento en el precio de las drogas lo que se traduce en mayores ingresos de los carteles y, en consecuencia un mayor poder para adquirir armas y para corromper.
En cuanto al segundo, es claro que en una democracia es inaceptable utilizar el poder público para imponer sobre los miembros de la sociedad la moralidad privada, por lo que el gobierno tiene que reconocer la libertad que debe tener cada individuo para elegir qué es lo que más le conviene, incluyendo el consumo de drogas. Que individuos consuman drogas no genera una externalidad negativa significativa que amerite su prohibición.
Legalizar las drogas y utilizar los recursos públicos en programas de educativos de prevención, sería más eficiente que lo que ahora se está haciendo.