Derechos de propiedad

Otra calificación reprobatoria, esta vez en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad. México ocupó el lugar 77 de entre 129 países evaluados con una calificación de 5.0. En los subíndices, destacan “ambiente político y legal” con una calificación de 4.2, “derechos de propiedad física”, 5.7 y “derechos de propiedad intelectual” con una calificación de 5.0. Simple y sencillamente, no avanzamos por lo que no resulta sorprendente el mediocre desempeño de la economía. ¿Por qué son tan importantes una eficiente definición y protección de los derechos privados de propiedad?
Estos se entienden como la asignación exclusiva que se hace a un agente económico de un recurso para qué este lo disfrute directamente a través de su utilización o indirectamente a través del intercambio. Son cuatro los elementos que componen estos derechos. El primero es el derecho que tiene todo individuo de poseer bienes como una extensión de su derecho a la vida misma. El segundo es el derecho de utilizar estos recursos con entera libertad, mientras no se atente en contra de los derechos de propiedad de terceros. El tercer elemento es el derecho a transferir libremente el recurso en transacciones que sean enteramente voluntarias. Y, finalmente el cuarto, estos tres derechos tienen que estar protegidos y garantizados por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito.
En estos cuatro componentes de una eficiente definición y garantía judicial de los derechos privados de propiedad, México falla de manera lamentable. Primero, la propiedad privada es un derecho derivado y no, como debería ser reconocido en el marco legal, como un derecho natural. En nuestro país, tal como lo establece el artículo 27 constitucional, todos los recursos (tierra, agua y aire) son propiedad de la Nación (sic), la cual tendrá la facultad de transferirlos a los particulares para la constitución de la propiedad privada. Al ser un derecho derivado, la propiedad privada de los recursos productivos no está efectivamente garantizada. Basta un decreto de expropiación, procedimentalmente bien hecho, para que el gobierno se apropie, prácticamente de manera arbitraria, de cualquier activo privado. Resultado: menor crecimiento económico.
Segundo, en general somos libres de utilizar los recursos de “nuestra” propiedad libremente. Sin embargo, la enorme incidencia de impunidad (97%), con la cual se cometen los delitos en México, todos ellos violatorios de los derechos privados de propiedad de terceros, muestra una falla institucional realmente grave. La corrupción e ineficiencia de los sistemas de procuración y administración de justicia, hacen que la sociedad en su conjunto incurra en enormes costos que se derivan en menor crecimiento económico.
Tercero, no todas las transacciones en México son voluntarias. Todos los mexicanos nos enfrentamos diariamente con una enorme incidencia de prácticas monopólicas de las cuales no nos podemos escapar (derivados del petróleo, electricidad, telecomunicaciones, cementos, servicios notariales, etcétera) más el hecho de que sigue persistiendo la práctica de barreras significativa, todas ellas sin justificación, al comercio internacional. Resultado: menor crecimiento.
Finalmente, en donde la falla es mayor es en la protección y garantía judicial de los derechos. La ineficiencia, parcialidad y corrupción que caracterizan a los poderes judiciales particularmente los estatales, sin con ello exonerar absolutamente, a los tribunales federales, hacen que sea extraordinariamente costoso que los contratos se cumplan. Ello repercute, por ejemplo, en mayores costos de transacción y menores niveles de crédito. Resultado: menor crecimiento económico.
Y así, mientras no avancemos en la solidificación de un íntegro estado de derecho, seguiremos en la mediocridad.

El flagelo de la pobreza

Casi 25 millones de mexicanos sobreviviendo en una situación de pobreza alimentaria, en dónde su ingreso no les alcanza para ingerir la cantidad mínima recomendable diaria de calorías y proteínas; aproximadamente 60 millones de compatriotas, casi la mitad de la población, viviendo en una situación de pobreza patrimonial, en dónde su ingreso no cubre las necesidades mínimas de alimentación, salud, educación, vivienda y transporte. México vive en un drama del cual otros 60 millones están, o aparentar estar, ajenos porque no han conocido el drama de la pobreza. El “taliban” Humberto Morerira, novato líder del PRI, acusa al gobierno de Calderón de ser el causante de tal situación, señalamiento sin ninguna base sólida, porque el problema de la pobreza en México es ancestral, realmente de siglos y cuya explicación fundamental está en el hecho de que, excepto en algunos periodos muy particulares como la “década del desarrollo estabilizador”, la economía mexicana ha experimentado largos periodos de estancamiento, como lo fue prácticamente todo el siglo XIX y como lo han sido las últimas tres décadas.
Sin duda, la única fuente de abatimiento de la pobreza es el crecimiento económico; creación de empleos con salarios reales crecientes es la única manera de reducir, e inclusive acabar, permanentemente, con el problema de la pobreza. México no ha crecido históricamente lo suficiente, lo que aunado a la sucesión de varias crisis macroeconómicas recientes, algunas de origen interno y otras externo, entre las que destacan 1907, 1910, 1913-1916, 1929-1931, 1938, 1947-1948, 1956-1954, 1976-1977, 1981-1989, 1994-1995, 2000—2001 y 2008-2009, redunda en que cualquier avance que se haya logrado en el abatimiento de la pobreza, termina por ser únicamente transitorio.
200 años de vida independiente y 100 años de la “revolución” que traería justicia a todos los mexicanos y el avance alcanzado, aunque no sin ser significativo, claramente no ha sido suficiente, tal como lo muestran las cifras actuales de pobreza. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Un rápido repaso apunta a diversos elementos.
Primero, sin lugar a dudas, ha sido la enorme, inaudita, ineficacia e ineficiencia del gasto gubernamental. Década tras década, billones de pesos tirados a la basura en programas sin ton ni son, mal diseñados y pésimamente ejercidos y plagados de corrupción. Un absoluto desperdicio; peor aun; una destrucción neta de la riqueza de este país. Uno de va pueblo en pueblo, a lo largo y ancho del país, y resulta sorprendente (sic) que después de tantos billones de pesos ejercidos en los rubros de “combate a la pobreza” e “infraestructura urbana”, siga habiendo calles sin pavimentar y hogares sin acceso a agua potable y drenaje.
Segundo, el absoluto fracaso del sistema educativo nacional. Década tras década, billones de pesos gastados con el resultado de una población que es, para efectos prácticos, analfabeta funcional. Educación (sic) para masas con una total negligencia en lo que toca a calidad y rendición de cuentas; un sistema educativo secuestrado por un sindicato notoriamente corrupto.
Tercero, un arreglo institucional en donde lo que menos ha prevalecido es el “imperio de la ley”. Corrupción gubernamental, apropiación de rentas por parte de poderosos grupos de interés, contratos que no se cumplen por ineficacia, ineficiencia y corrupción del sistema judicial, “presuntos culpables” acompañados de impunidad en la comisión de todo tipo de delitos y más.
¿Quién es el culpable? Sin duda, el gobierno. 500 años de mal gobierno lo explican todo.

Los azotes de México

Vivimos azotados; hay varios elementos en nuestra realidad cotidiana que derivan en muy altos costos de transacción y que, en consecuencia, inhiben el progreso económico. Un rápido recuento de algunos de estos.
Primero, sin duda uno de los más importantes, es la corrupción que asola a este país. Tenemos la corrupción metida en una gran parte de la vida nacional, principalmente en el ámbito de la acción gubernamental, aunque en el sector privado también se presenta este fenómeno. Pagos para “agilizar” cualquier trámite, sobornos para obtener un contrato de obra pública o de abastecimiento, pagos para evadir una multa, pagos para que se lleven la basura de los hogares y de las oficinas, sobornos para entorpecer o en el mejor de los casos comprar la decisión de un juez, pagos y más pagos. ¿A cuánto asciende la corrupción en México y cuánto nos cuesta en términos de crecimiento económico? Sin duda mucho. Desde el gobierno del presidente de la Madrid vivimos en la eterna “renovación moral”; gobiernos llegan y gobiernos se van, federales, estatales y municipales prometiendo siempre que “lucharán a brazo partido en contra de este flagelo” y la corrupción simplemente sigue azotando a México.
Segundo, la inseguridad y no solo la relacionada con el crimen organizado. Esta, aunque significativa, no es la más importante. Homicidios, asaltos, robos, violaciones, fraudes, todos ellos delitos del fuero común se siguen cometiendo con enorme impunidad. Policías, ministerios públicos, secretarios de los juzgados y los propios jueces, ineficientes y corruptos. La inseguridad con la que vivimos en México cuesta. ¿Cuánto se deja de invertir y en consecuencia de crecer porque simple y sencillamente el gobierno abdicó de su principal función que es la de proteger a los ciudadanos en contra de actos de terceros que violenten sus derechos de propiedad? Sin duda mucho.
Tercero, la excesiva, ineficaz e ineficiente regulación gubernamental. Permisos que hay que obtener para todo, para cualquier cosa, en procesos diseñados expresamente para hacerle las cosas difíciles a quién tiene que obtener tal o cual permiso o licencia. Tiempo, que tiene un alto costo de oportunidad, perdido en la realización de trámites múltiples y la más de las veces simplemente estúpidos, además de que, complementando lo arriba señalado, caracterizado por una alta incidencia de corrupción. ¿Cuánto no se invierte y cuánto crecimiento se sacrifica simplemente por esta excesiva regulación? Sin duda, muchísimo.
Cuarto, aunque no parezca un azote, en realidad sí lo es y es lo relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pagar impuestos federales en México es un verdadero vía crucis. Nuestras leyes tributarias y el Código Fiscal de la Federación son solamente para “iniciados”; tal parecería que todos estos preceptos legales están redactados por abogados fiscalistas y contadores para hacer imprescindibles sus servicios. La enorme cantidad de horas y de personal que las empresas dedican para el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de los más elevados del mundo y eso, sin duda cuesta, y mucho.
Y quinto, reiterativo sobre lo que ya he mencionado, la enorme cantidad de rentistas que tienen secuestrado al país. Partidos políticos, políticos, burócratas, sindicatos, empresarios con poder monopólico. Todos ellos se apropian de un porcentaje del ingreso nacional que no les correspondería dada su aportación a la generación de ese ingreso. Y eso cuesta.
Con tales azotes, ¿por qué nos sigue sorprendiendo el atraso y pobreza de México?

Podríamos estar mejor

No cabe duda que la economía mexicana va, en general bien. Un crecimiento esperado, para este año de alrededor de 4% junto con una inflación que también estará por debajo del 4%. Los riesgos sobre ambas variables son, sin embargo, reales. Por el lado del crecimiento, éste ha estado impulsado principalmente por un fuerte crecimiento de las exportaciones manufactureras y, en menor grado, por un repunte del consumo interno; sin embargo, una desaceleración del crecimiento de la economía estadounidense, sea por el choque petrolero por el que estamos pasando o por los problemas fiscales que enfrenta el gobierno de ese país, derivaría en un menor crecimiento de la economía mexicana. Por el lado de la inflación, tanto el choque petrolero como el aumento en el precio de los alimentos o una depreciación del tipo de cambio, puede poner en riesgo el que la inflación efectivamente se sitúe por debajo del 4%.
Vamos bien, pero podríamos estar mucho mejor de haberse resuelto en el pasado reciente los problemas estructurales que aquejan a la economía y que, como se ve, tampoco serán resueltos en el futuro cercano. Y aquí vale la pena especular: ¿cuánto mayor sería el PIB por habitante si ya se hubieran hecho las reformas estructurales como la fiscal, la laboral, la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, la regulatoria, etcétera? ¿Cuánto, más elevado sería el PIB y cuánto más equitativamente estaría distribuido de haberse reformado en tiempo (y en la dirección correcta) la Ley Federal de Competencia Económica tal que no hubiese, como ahora sucede, graves prácticas monopólicas? ¿Cuánto más elevada sería la tasa de crecimiento del PIB si no tuviésemos que enfrentar un aparato gubernamental plagado por la ineficiencia y la corrupción? ¿Cuánto mayor sería el PIB si hubiese certeza sobre los derechos privados de propiedad y el si el sistema judicial fuese en realidad independiente, imparcial, eficiente y expedito en garantizar el cumplimiento de los contratos? Vamos bien, pero sin duda podríamos estar mucho mejor.
Todas las preguntas del párrafo anterior siguen vigentes y ahora la siguiente pregunta: ¿serán atendidas y resueltas en el futuro cercano? Y la respuesta, al parecer, es que no ya que el país, su población, está secuestrada por diversos grupos de interés que impiden la solución a los problemas estructurales, grupos que obtienen una enorme cantidad de rentas por el arreglo institucional ineficiente en el que nos encontramos y que, por lo mismo, van a hacer todo lo que se requiere para mantener el statu quo.
Partidos políticos, sindicatos, empresas con poder monopólico, burócratas, etcétera, se han opuesto y efectivamente bloqueado prácticamente cualquier intento de reforma estructural que les hubiese significado perder sus rentas y las perspectivas no son para nada halagüeñas, tal como lo hemos visto en el pasado reciente, particularmente en el quehacer del Congreso de la Unión. Legisladores sujetos a un fuerte cabildeo o simplemente que para ellos nunca es el tiempo político adecuado para hacer las reformas, tienen sumida a la economía en la mediocridad, inhibiendo un avance más acelerado del país con graves consecuencias en el bienestar de la mayor parte de la población.
Podríamos estar mejor; sin duda. Sin embargo para poder lograrlo necesitamos un sistema político que haga que los partidos políticos y los gobernantes, particularmente los legisladores, sean responsables por sus actos, que enfrenten una efectiva rendición de cuentas. Y esto se ve muy difícil lograrlo.

Pobreza y desigualdad

A raíz de la declaración del Secretario de Hacienda de que una familia con un ingreso mensual de $6,000, equivalente a tres salarios mínimos, se podía tener acceso a un crédito hipotecario, mantener un automóvil y además pagar la colegiatura de sus hijos en una escuela privada, se desató una discusión sobre la pobreza y la desigualdad que observamos en México. Por lo que surge la siguiente pregunta: ¿qué es peor; la pobreza o la desigualdad?
Supongamos un escenario en donde el valor del índice de GIni, mismo que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso y que toma un valor de 0 cuando hay absoluta equidad y 1 cuando hay absoluta inequidad (todo el ingreso nacional se lo apropiaría una persona), fuese de 0.5, valor que indicaría una desigualdad medianamente aguda, como es el caso de México. En este escenario, supongamos que el ingreso de todas las familias aumentase en el mismo porcentaje, tal que todas pudiesen cubrir todas sus necesidades básicas de alimentación, educación, salud, transporte, entretenimiento, etcétera. Todos serían más ricos (o menos pobres) y el valor del índice de Gini no habría cambiado. Todos mejor en lo absoluto y todo queda relativamente igual. Una mejoría generalizada en el bienestar de todas las familias.
Supongamos ahora otro escenario en donde el gobierno adopta una política redistributiva del ingreso, por ejemplo una tasa marginal creciente del impuesto sobre la renta para quitare recursos a los “ricos” para transferírselos a los pobres, política recomendada por Marx y Engels en El Manifiesto del Partido Comunista como una medida para destruir el capitalismo y encaminarse al comunismo. El resultado de tal política es matar el incentivo a la acumulación de riqueza en la economía tal que el resultado pudiese ser mayor equidad (no garantizada) sin haber resuelto, sino por el contrario agravado, el problema de la pobreza. Como bien dijo Churchill, “el socialismo es el sistema más eficiente para distribuir equitativamente la miseria”.
Obviamente quisiéramos tener una economía en donde no hubiese pobreza y simultáneamente la distribución del ingreso fuese menos inequitativa, sobretodo porque en cuanto a esto último, una aguda inequidad, inhibe el crecimiento económico. Y entonces la pregunta: ¿a qué objetivo debe enfocarse la política pública; abatir la pobreza o reducir a desigualdad?
La respuesta obvia es combatir la pobreza, generando el escenario institucional para alcanzar una mayor tasa de crecimiento económico por habitante y aquí entra, además, el gran quid del asunto, generar simultáneamente las condiciones para que en el margen ese mayor crecimiento se vaya traduciendo paulatinamente en una mayor equidad. Y aquí es donde destaca el principal elemento para alcanzar ambos objetivos: la igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados, de bienes y de factores de la producción. Es indispensable garantizar la existencia de mercados que operen en un contexto de competencia, como principio básico de la acción gubernamental en la protección y garantía de los derechos privados de propiedad y enalteciendo la libertad individual para elegir. La evidencia internacional es clara: entre mayor sea la incidencia de competencia en los mercados, mayor la libertad de elección, menor pobreza y mayor equidad.
Seguir preocupados por la desigualdad, con una visión justiciera, desatendiendo el problema de la falta de alto crecimiento solo garantiza que no resolvemos ni el problema de la pobreza ni el de la inequidad.