No cabe duda que la economía mexicana va, en general bien. Un crecimiento esperado, para este año de alrededor de 4% junto con una inflación que también estará por debajo del 4%. Los riesgos sobre ambas variables son, sin embargo, reales. Por el lado del crecimiento, éste ha estado impulsado principalmente por un fuerte crecimiento de las exportaciones manufactureras y, en menor grado, por un repunte del consumo interno; sin embargo, una desaceleración del crecimiento de la economía estadounidense, sea por el choque petrolero por el que estamos pasando o por los problemas fiscales que enfrenta el gobierno de ese país, derivaría en un menor crecimiento de la economía mexicana. Por el lado de la inflación, tanto el choque petrolero como el aumento en el precio de los alimentos o una depreciación del tipo de cambio, puede poner en riesgo el que la inflación efectivamente se sitúe por debajo del 4%.
Vamos bien, pero podríamos estar mucho mejor de haberse resuelto en el pasado reciente los problemas estructurales que aquejan a la economía y que, como se ve, tampoco serán resueltos en el futuro cercano. Y aquí vale la pena especular: ¿cuánto mayor sería el PIB por habitante si ya se hubieran hecho las reformas estructurales como la fiscal, la laboral, la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, la regulatoria, etcétera? ¿Cuánto, más elevado sería el PIB y cuánto más equitativamente estaría distribuido de haberse reformado en tiempo (y en la dirección correcta) la Ley Federal de Competencia Económica tal que no hubiese, como ahora sucede, graves prácticas monopólicas? ¿Cuánto más elevada sería la tasa de crecimiento del PIB si no tuviésemos que enfrentar un aparato gubernamental plagado por la ineficiencia y la corrupción? ¿Cuánto mayor sería el PIB si hubiese certeza sobre los derechos privados de propiedad y el si el sistema judicial fuese en realidad independiente, imparcial, eficiente y expedito en garantizar el cumplimiento de los contratos? Vamos bien, pero sin duda podríamos estar mucho mejor.
Todas las preguntas del párrafo anterior siguen vigentes y ahora la siguiente pregunta: ¿serán atendidas y resueltas en el futuro cercano? Y la respuesta, al parecer, es que no ya que el país, su población, está secuestrada por diversos grupos de interés que impiden la solución a los problemas estructurales, grupos que obtienen una enorme cantidad de rentas por el arreglo institucional ineficiente en el que nos encontramos y que, por lo mismo, van a hacer todo lo que se requiere para mantener el statu quo.
Partidos políticos, sindicatos, empresas con poder monopólico, burócratas, etcétera, se han opuesto y efectivamente bloqueado prácticamente cualquier intento de reforma estructural que les hubiese significado perder sus rentas y las perspectivas no son para nada halagüeñas, tal como lo hemos visto en el pasado reciente, particularmente en el quehacer del Congreso de la Unión. Legisladores sujetos a un fuerte cabildeo o simplemente que para ellos nunca es el tiempo político adecuado para hacer las reformas, tienen sumida a la economía en la mediocridad, inhibiendo un avance más acelerado del país con graves consecuencias en el bienestar de la mayor parte de la población.
Podríamos estar mejor; sin duda. Sin embargo para poder lograrlo necesitamos un sistema político que haga que los partidos políticos y los gobernantes, particularmente los legisladores, sean responsables por sus actos, que enfrenten una efectiva rendición de cuentas. Y esto se ve muy difícil lograrlo.
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