Hay varias maneras mediante las cuáles el gobierno puede atentar en contra de los derechos privados de propiedad. Un rápido listado de las más importantes:
a)expropiación sin que haya una clara causa de utilidad pública. Solamente se pueden expropiar recursos privados si es para que el gobierno ofrezca bienes públicos, es deciraquellos que tienen como características la no rivalidad y la no exclusión en el consumo, tales como seguridad nacional, seguridad pública, impartición de justicia, alumbrado público, etc. (Gasolina, electricidad, servicio postal, etc. no son bienes públicos. Son bienes privados ofrecidos por el gobierno).
b)expropiar sin una indemización que cubra el valor de mercado de los recursos expropiados.
c)un poder judicial que no sea independiente e imparcial y que por lo mismo no garantice el cumplimiento de los contratos entre particulares y entre éstos y el gobierno.
d)permitir la comisión de delitos impunemente.
e)permitir, solapar el comercio ambulante. Permitir la apropiación privada de bienes públicos.
f)imponer controles de precios.
g)establecer tasas impositivas expropiatorias.
h)forzar al sector privado a una asignación de recursos centralmente definida.
i)limitar la libertad de expresión.
j)permitir las prácticas monopólicas, gubernamentales o privadas.
k) establecer barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional.
l)establecer controles a los movimientos de capitales.
¿Quién de los actuales candidatos a la presidencia haría todo lo anterior?
miércoles, 16 de noviembre de 2011
martes, 15 de noviembre de 2011
¿Necesitamos a una izquierda?
Esta semana se supone se anunciará quién, entre Manuel Andrés López Obrador (el MALO) y Marcelo Ebrard, fue el ganador en las encuestas que se levantaron con el fin de definir quién de los dos será el candidato de la izquierda a la presidencia de la República. La moneda obviamente está en el aire, pero con los antecedentes del cochinero que siempre han sido las elecciones internas del PRD, dónde la “D” simplemente debería desaparecer ya que de demócratas no tienen nada, el resultado que arrojen las encuestas probablemente será desechado a menos, claro esté, que MALO se levante con un triunfo arrollador.
Dentro de la denominada “izquierda mexicana” se afirma que este proceso de elección del candidato presidencial, partiendo del heroico supuesto de que éste sería plenamente aceptado por el perdedor, revitalizaría a una alicaída corriente política. Y la pregunta que surge es si realmente necesitamos que en México (o en cualquier otra parte del mundo) haya un movimiento de izquierda que defienda a los individuos menos favorecidos (léase los pobres) y promueva las causas sociales más “progresistas” (lo que ello pudiese significar) y actué como un contrapeso a las “fuerzas retrógradas” representadas por la derecha. Mi opinión es que no. Así como no necesitamos de una izquierda, también deberíamos desechar a la derecha.
Se parte del supuesto de que un movimiento político de izquierda tiene como objetivo la maximización del “bien común”. El problema con esto es que es imposible definir qué es el “bien común” y refleja no lo que los individuos realmente quieren sino las preferencias del gobernante, quién asume un papel de “dictador benevolente”. Más aun, este dictador, queriendo que el resultado de las políticas públicas que adopte refleje sus propias preferencias, tenderá a reprimir y suprimir las libertades individuales, castigando a los que “tienen” para favorecer a los “que no tienen”. En su visión del mundo, cada individuo, cada agente económico particular, no es más que un engranaje más en una maquinaria, centralmente diseñada y operada, que busca alcanzar esa quimera que es el bien común. El mejor ejemplo de esta corriente dentro de la denominada “izquierda mexicana” es MALO, a pesar de que en fechas recientes se haya vestido de corderito y afirme que él no está en contra de los empresarios bien ávidos, sino sólo en contra de aquellos que han hecho sus fortunas al amparo del poder, lo que él ha denominado como la “mafia del poder político y económico”. Ante esta posición, que tiene cierta validez, la pregunta es cómo actuaría la izquierda.
Uno debería suponer que lo que buscarían es la maximización del bienestar de los consumidores, mismo que debería ser el objetivo primario de cualquier política pública, buscando la igualdad de oportunidades promoviendo la existencia de mercados que operen en un contexto de competencia. El problema, sin embargo, es que este objetivo es lo último que efectivamente toman en consideración (como ejemplo ahí está la Norma 29 del DeFectuoso que, por favorecer a los locatarios de los mercados públicos, castiga directamente a los consumidores, particularmente a los de menores ingresos). En realidad, con esta visión de Estado, en donde el dictador benevolente quiere imponer su visión, lo que en realidad hacen es favorecer a grupos particulares de interés como son los sindicatos, además de ejercer una política fiscal expansionista resultante de toda una serie de subsidios distorsionantes, misma que a la larga es insostenible y que deriva en una crisis macroeconómica.
¿Queremos a una izquierda en el poder? (Continuará)
Dentro de la denominada “izquierda mexicana” se afirma que este proceso de elección del candidato presidencial, partiendo del heroico supuesto de que éste sería plenamente aceptado por el perdedor, revitalizaría a una alicaída corriente política. Y la pregunta que surge es si realmente necesitamos que en México (o en cualquier otra parte del mundo) haya un movimiento de izquierda que defienda a los individuos menos favorecidos (léase los pobres) y promueva las causas sociales más “progresistas” (lo que ello pudiese significar) y actué como un contrapeso a las “fuerzas retrógradas” representadas por la derecha. Mi opinión es que no. Así como no necesitamos de una izquierda, también deberíamos desechar a la derecha.
Se parte del supuesto de que un movimiento político de izquierda tiene como objetivo la maximización del “bien común”. El problema con esto es que es imposible definir qué es el “bien común” y refleja no lo que los individuos realmente quieren sino las preferencias del gobernante, quién asume un papel de “dictador benevolente”. Más aun, este dictador, queriendo que el resultado de las políticas públicas que adopte refleje sus propias preferencias, tenderá a reprimir y suprimir las libertades individuales, castigando a los que “tienen” para favorecer a los “que no tienen”. En su visión del mundo, cada individuo, cada agente económico particular, no es más que un engranaje más en una maquinaria, centralmente diseñada y operada, que busca alcanzar esa quimera que es el bien común. El mejor ejemplo de esta corriente dentro de la denominada “izquierda mexicana” es MALO, a pesar de que en fechas recientes se haya vestido de corderito y afirme que él no está en contra de los empresarios bien ávidos, sino sólo en contra de aquellos que han hecho sus fortunas al amparo del poder, lo que él ha denominado como la “mafia del poder político y económico”. Ante esta posición, que tiene cierta validez, la pregunta es cómo actuaría la izquierda.
Uno debería suponer que lo que buscarían es la maximización del bienestar de los consumidores, mismo que debería ser el objetivo primario de cualquier política pública, buscando la igualdad de oportunidades promoviendo la existencia de mercados que operen en un contexto de competencia. El problema, sin embargo, es que este objetivo es lo último que efectivamente toman en consideración (como ejemplo ahí está la Norma 29 del DeFectuoso que, por favorecer a los locatarios de los mercados públicos, castiga directamente a los consumidores, particularmente a los de menores ingresos). En realidad, con esta visión de Estado, en donde el dictador benevolente quiere imponer su visión, lo que en realidad hacen es favorecer a grupos particulares de interés como son los sindicatos, además de ejercer una política fiscal expansionista resultante de toda una serie de subsidios distorsionantes, misma que a la larga es insostenible y que deriva en una crisis macroeconómica.
¿Queremos a una izquierda en el poder? (Continuará)
miércoles, 18 de mayo de 2011
Medusa
Ser mitológico, hermosa doncella hasta que fue violada por Poseidón. Esto hizo que transformara su bello cabello en serpientes y su fin fuese convertir a todo aquél que la mirase en piedra. Medusa muere cuando Perseo le corta la cabeza y de su cuello brota Pegaso, el caballo alado.
Breve versión de esta parte de la mitología griega como introducción a un tema que está presente en nuestra sociedad, una enfermedad que nos agobia, serpientes que con su veneno minan el tejido social, un rostro horripilante que nos petrifica: la corrupción.
Vivimos en un país que está plagado de actos corruptos cuyo resultado es un menor nivel de desarrollo económico e, inclusive, una causa de la inequidad en la distribución del ingreso. Corrupción a todos los niveles, desde la adjudicación de contratos de obra pública, hasta poder contar con el servicio de limpia pasando por todos los trámites gubernamentales en los tres niveles de gobierno, poder acceder a servicios médicos, conectarse al servicio de energía eléctrica, recibir el correo, etcétera, un muy largo etcétera.
Según la última encuesta de Transparencia Mexicana, en los últimos diez años la incidencia de corrupción, como promedio nacional, prácticamente no ha cambiado. Según este estudio, durante el año pasado se cometieron alrededor de 200 millones de actos de corrupción a lo largo y ancho del territorio nacional, casi 800,000 eventos por cada día hábil. En todos estos actos de corrupción, se estima que las familias desembolsaron alrededor de 32,000 millones de pesos, en promedio el 14% del ingreso familiar, medida que esconde que para las familias de menores ingresos, la incidencia sobre su ingreso familiar es significativamente más elevado es decir, la corrupción tiene un efecto regresivo sobre la distribución del ingreso.
En todo acto de corrupción hay quién pierde y quién gana. Pierde el que tiene que pagar por recibir un servicio público o realizar un trámite; su nivel de bienestar se reduce porque esos recursos tienen un uso alternativo, principalmente el que podían haber sido destinados a la adquisición de bienes de consumo familiar. Ganan los funcionaros corruptos que se apropian de una renta ejerciendo ilegalmente su poder público. Lo que unos pierden lo ganan los otros; sin embargo no es un juego de suma cero, sino uno de suma negativa. La corrupción le cuesta al país en la forma de mayores costos de transacción, una menor inversión, obras públicas de menor calidad, servicios de menor calidad, menor crecimiento económico y menor desarrollo y bienestar de los mexicanos.
La ausencia de rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos junto con una ciudadanía que está prácticamente indefensa ante los actos que impunemente cometen los funcionarios corruptos se convierten en un cáncer que va destruyendo a la sociedad, en una enfermedad que inhibe el progreso económico. Contralorías, federal y estatales, van y vienen y la corrupción simple y sencillamente no se reduce y, peor aun, en muchas ocasiones aumenta.
La solución obviamente no es fácil pero sin duda una de los aspectos centrales en la batalla en contra de la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas en un entorno de democracia efectiva y abierta al escrutinio público. Y esto es lo que no se tiene, a pesar de algunos pasos que se han dado en esta dirección como es el caso del IFAI.
Y la pregunta; ¿quién será nuestro Perseo que aniquile a Medusa y permita que Pegaso vuele?
Breve versión de esta parte de la mitología griega como introducción a un tema que está presente en nuestra sociedad, una enfermedad que nos agobia, serpientes que con su veneno minan el tejido social, un rostro horripilante que nos petrifica: la corrupción.
Vivimos en un país que está plagado de actos corruptos cuyo resultado es un menor nivel de desarrollo económico e, inclusive, una causa de la inequidad en la distribución del ingreso. Corrupción a todos los niveles, desde la adjudicación de contratos de obra pública, hasta poder contar con el servicio de limpia pasando por todos los trámites gubernamentales en los tres niveles de gobierno, poder acceder a servicios médicos, conectarse al servicio de energía eléctrica, recibir el correo, etcétera, un muy largo etcétera.
Según la última encuesta de Transparencia Mexicana, en los últimos diez años la incidencia de corrupción, como promedio nacional, prácticamente no ha cambiado. Según este estudio, durante el año pasado se cometieron alrededor de 200 millones de actos de corrupción a lo largo y ancho del territorio nacional, casi 800,000 eventos por cada día hábil. En todos estos actos de corrupción, se estima que las familias desembolsaron alrededor de 32,000 millones de pesos, en promedio el 14% del ingreso familiar, medida que esconde que para las familias de menores ingresos, la incidencia sobre su ingreso familiar es significativamente más elevado es decir, la corrupción tiene un efecto regresivo sobre la distribución del ingreso.
En todo acto de corrupción hay quién pierde y quién gana. Pierde el que tiene que pagar por recibir un servicio público o realizar un trámite; su nivel de bienestar se reduce porque esos recursos tienen un uso alternativo, principalmente el que podían haber sido destinados a la adquisición de bienes de consumo familiar. Ganan los funcionaros corruptos que se apropian de una renta ejerciendo ilegalmente su poder público. Lo que unos pierden lo ganan los otros; sin embargo no es un juego de suma cero, sino uno de suma negativa. La corrupción le cuesta al país en la forma de mayores costos de transacción, una menor inversión, obras públicas de menor calidad, servicios de menor calidad, menor crecimiento económico y menor desarrollo y bienestar de los mexicanos.
La ausencia de rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos junto con una ciudadanía que está prácticamente indefensa ante los actos que impunemente cometen los funcionarios corruptos se convierten en un cáncer que va destruyendo a la sociedad, en una enfermedad que inhibe el progreso económico. Contralorías, federal y estatales, van y vienen y la corrupción simple y sencillamente no se reduce y, peor aun, en muchas ocasiones aumenta.
La solución obviamente no es fácil pero sin duda una de los aspectos centrales en la batalla en contra de la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas en un entorno de democracia efectiva y abierta al escrutinio público. Y esto es lo que no se tiene, a pesar de algunos pasos que se han dado en esta dirección como es el caso del IFAI.
Y la pregunta; ¿quién será nuestro Perseo que aniquile a Medusa y permita que Pegaso vuele?
lunes, 9 de mayo de 2011
A favor del consumidor
Todos somos consumidores, sin importar cuál sea la fuente de nuestro ingreso. Como individuos, dada la escasez de recursos a la cuál nos enfrentamos, entre más baratos y de mayor calidad sean los bienes, mayor tenderá a ser el nivel de bienestar que se pueda alcanzar para nosotros y nuestra unidad familiar cercana. En este sentido, el diseño y la instrumentación de la política pública tiene como fin último generar las condiciones para que el bienestar de los consumidores sea el mayor posible y que además tenga una tendencia creciente. Sin duda, uno de los aspectos más importantes al respecto es generar en la economía las condiciones para que los mercados de bienes, servicios y factores de la producción operen en un contexto de competencia.
Dos importantes decisiones se han tomado recientemente que traerán beneficios para el consumidor. La primera es la aprobación en el Congreso de la Unión de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, dotando a la Comisión Federal de Competencia de mayor fuerza para penalizar las prácticas monopólicas.
La segunda fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia en materia de las tarifas de interconexión entre compañías de telefonía. Esta decisión que evita que las empresas puedan recurrir al amparo de la justicia federal para suspender, aunque sea transitoriamente, la decisión de la COFETEL en la fijación de tarifas de interconexión, traerá a la larga mayores condiciones de competencia en este mercado, con un beneficio para los consumidores que enfrentarán menores tarifas de telefonía celular.
Ambas decisiones son naturalmente bienvenidas, pero faltan más para poder sentar las condiciones institucionales que se requieren y poder afirmar que efectivamente la política pública en su conjunto está enfocada al bienestar de los consumidores. Destaca en primer lugar la persistencia de altas barreras regulatorias para la apertura y operación de empresas, mismas que se constituyen como barreras de entrada a los mercados lo que inhibe la competencia, además de constituirse como un proceso plagado de corrupción que le permite a los funcionarios públicos apropiarse de una parte de las utilidades de los proyectos de inversión. Se requiere, en consecuencia, un profundo proceso de desregulación para hacer ésta más transparente y eficiente.
En segundo lugar, es indispensable proseguir, e inclusive acelerar, el proceso de desgravación arancelaria para importaciones provenientes de países con los cuáles no hay acuerdos de libre comercio, a pesar de las demandas de CONCAMIN y CANACINTRA que exigen que la apertura se detenga o inclusive se revierta. Siendo México una economía pequeña, en el sentido de que no tenemos influencia significativa sobre los precios internacionales de los bienes, el óptimo para nuestra economía es una de libre comercio total.
Tercero, también en el mercado de la telefonía, pero en este caso la fija, es indispensable permitir que empresas de capital mayoritariamente extranjero, puedan ser propietarias de la totalidad de una empresa instalada y operando en México. El argumento de reciprocidad para abrir totalmente este mercado a empresas extranjeras, no tiene sustento. A nuestros legisladores lo único que debe importarles es el bienestar de los consumidores mexicanos de telefonía; no tiene que ocuparse del bienestar de los consumidores ingleses, españoles, italianos o franceses, para eso están sus gobiernos.
Finalmente, es indispensable abrir el mercado de hidrocarburos a la participación privada, nacional y extranjera. La nación seguiría siendo la dueña del petróleo crudo, los consumidores ganaríamos y la soberanía nacional se fortalecería.
Dos importantes decisiones se han tomado recientemente que traerán beneficios para el consumidor. La primera es la aprobación en el Congreso de la Unión de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, dotando a la Comisión Federal de Competencia de mayor fuerza para penalizar las prácticas monopólicas.
La segunda fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia en materia de las tarifas de interconexión entre compañías de telefonía. Esta decisión que evita que las empresas puedan recurrir al amparo de la justicia federal para suspender, aunque sea transitoriamente, la decisión de la COFETEL en la fijación de tarifas de interconexión, traerá a la larga mayores condiciones de competencia en este mercado, con un beneficio para los consumidores que enfrentarán menores tarifas de telefonía celular.
Ambas decisiones son naturalmente bienvenidas, pero faltan más para poder sentar las condiciones institucionales que se requieren y poder afirmar que efectivamente la política pública en su conjunto está enfocada al bienestar de los consumidores. Destaca en primer lugar la persistencia de altas barreras regulatorias para la apertura y operación de empresas, mismas que se constituyen como barreras de entrada a los mercados lo que inhibe la competencia, además de constituirse como un proceso plagado de corrupción que le permite a los funcionarios públicos apropiarse de una parte de las utilidades de los proyectos de inversión. Se requiere, en consecuencia, un profundo proceso de desregulación para hacer ésta más transparente y eficiente.
En segundo lugar, es indispensable proseguir, e inclusive acelerar, el proceso de desgravación arancelaria para importaciones provenientes de países con los cuáles no hay acuerdos de libre comercio, a pesar de las demandas de CONCAMIN y CANACINTRA que exigen que la apertura se detenga o inclusive se revierta. Siendo México una economía pequeña, en el sentido de que no tenemos influencia significativa sobre los precios internacionales de los bienes, el óptimo para nuestra economía es una de libre comercio total.
Tercero, también en el mercado de la telefonía, pero en este caso la fija, es indispensable permitir que empresas de capital mayoritariamente extranjero, puedan ser propietarias de la totalidad de una empresa instalada y operando en México. El argumento de reciprocidad para abrir totalmente este mercado a empresas extranjeras, no tiene sustento. A nuestros legisladores lo único que debe importarles es el bienestar de los consumidores mexicanos de telefonía; no tiene que ocuparse del bienestar de los consumidores ingleses, españoles, italianos o franceses, para eso están sus gobiernos.
Finalmente, es indispensable abrir el mercado de hidrocarburos a la participación privada, nacional y extranjera. La nación seguiría siendo la dueña del petróleo crudo, los consumidores ganaríamos y la soberanía nacional se fortalecería.
martes, 3 de mayo de 2011
La "deschangarrización" de la economía
Quién no se acuerda del llamado del entonces presidente Fox a “changarrizar” a la economía. México es una economía de changarros, la mayoría de ellos operando en la ilegalidad, lo que explica en gran medida el prácticamente nulo del crecimiento de la productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, el también muy bajo crecimiento del PIB por habitante.
Los changarros se caracterizan por dos elementos claves: son empresas con muy pocos empleados, normalmente menos de cinco y la tecnología de producción que utilizan es obsoleta, sino que primitiva; estos dos en conjunto les impiden tener economías a escala y de alcance, lo que se traduce, en consecuencia, en una muy baja productividad, tanto del capital invertido en la empresa como la de los trabajadores que en ellas laboran. Adicionalmente a estos dos elementos, hay otros dos: evaden impuestos y evaden las contribuciones al sistema de seguridad social, lo que constituye una competencia “desleal” en contra de las empresas legalmente establecidas.
Es obvio que es indispensable acabar con los changarros y que la mano de obra allí empleada migre hacia las empresas legalmente establecidas y que, por su tamaño y tecnología utilizada, tienen naturalmente una mayor productividad. La pregunta es cómo. Tres instrumentos de política económica a los que se tienen que recurrir.
Primero la fiscal. Es indispensable que la Secretaría de Hacienda y el IMSS realicen un serio esfuerzo de fiscalización. El argumento que se ha utilizado para no hacerlo es que los costos de tal fiscalización serían mayores a lo que se recaudaría, tanto en impuestos como en las contribuciones al sistema de seguridad social. Aunque esto pudiese ser cierto, mientras el gobierno federal siga permitiendo la operación ilegal de estas empresas, la productividad media de la economía seguirá siendo muy baja y, además, estancada.
Segundo, una efectiva y profunda política de desregulación. Uno de los grandes problemas que existen en la economía mexicana es que los costos de abrir y operar una empresa legalmente son muy elevados. Costos notariales extremadamente elevados por el `poder monopólico que tiene y ejercen los notarios y que representan el 60% de los costos totales de abrir una empresa son un elemento que lleva a muchos empresarios a estar en la ilegalidad por lo que es indispensable romper este cartel y generar competencia entre notarios para bajar los costos. Además están los costos regulatorios como tales: permisos y licencias que hay que obtener en los tres niveles de gobierno encarecen el proceso de apertura de empresas y generan el incentivo para operar en la ilegalidad. Al respecto, aunque al nivel del gobierno federal sí ha habido un importante esfuerzo de desregulación, lo mismo no sucede al nivel de los gobiernos estatales y municipales, con el agravante de que son procesos caracterizados por una notoria corrupción de los funcionarios públicos. Mientras no se actúe en este aspecto, difícilmente se podrá eliminar la “changarrización” de la economía.
Finalmente, el tercer elemento es la reforma laboral. Dado que los costos de despido son muy elevados, contratar trabajadores también es muy caro. Además, la legislación laboral vigente contiene elementos, como es el escalafón ciego, que tiene un sesgo en contra de la introducción de tecnologías modernas de producción. Urge una profunda reforma legal del mercado de trabajo que baje los costos para las empresas y además que haga que este mercado opere con una mayor flexibilidad.
El statu quo solo garantiza baja productividad y bajo crecimiento.
Los changarros se caracterizan por dos elementos claves: son empresas con muy pocos empleados, normalmente menos de cinco y la tecnología de producción que utilizan es obsoleta, sino que primitiva; estos dos en conjunto les impiden tener economías a escala y de alcance, lo que se traduce, en consecuencia, en una muy baja productividad, tanto del capital invertido en la empresa como la de los trabajadores que en ellas laboran. Adicionalmente a estos dos elementos, hay otros dos: evaden impuestos y evaden las contribuciones al sistema de seguridad social, lo que constituye una competencia “desleal” en contra de las empresas legalmente establecidas.
Es obvio que es indispensable acabar con los changarros y que la mano de obra allí empleada migre hacia las empresas legalmente establecidas y que, por su tamaño y tecnología utilizada, tienen naturalmente una mayor productividad. La pregunta es cómo. Tres instrumentos de política económica a los que se tienen que recurrir.
Primero la fiscal. Es indispensable que la Secretaría de Hacienda y el IMSS realicen un serio esfuerzo de fiscalización. El argumento que se ha utilizado para no hacerlo es que los costos de tal fiscalización serían mayores a lo que se recaudaría, tanto en impuestos como en las contribuciones al sistema de seguridad social. Aunque esto pudiese ser cierto, mientras el gobierno federal siga permitiendo la operación ilegal de estas empresas, la productividad media de la economía seguirá siendo muy baja y, además, estancada.
Segundo, una efectiva y profunda política de desregulación. Uno de los grandes problemas que existen en la economía mexicana es que los costos de abrir y operar una empresa legalmente son muy elevados. Costos notariales extremadamente elevados por el `poder monopólico que tiene y ejercen los notarios y que representan el 60% de los costos totales de abrir una empresa son un elemento que lleva a muchos empresarios a estar en la ilegalidad por lo que es indispensable romper este cartel y generar competencia entre notarios para bajar los costos. Además están los costos regulatorios como tales: permisos y licencias que hay que obtener en los tres niveles de gobierno encarecen el proceso de apertura de empresas y generan el incentivo para operar en la ilegalidad. Al respecto, aunque al nivel del gobierno federal sí ha habido un importante esfuerzo de desregulación, lo mismo no sucede al nivel de los gobiernos estatales y municipales, con el agravante de que son procesos caracterizados por una notoria corrupción de los funcionarios públicos. Mientras no se actúe en este aspecto, difícilmente se podrá eliminar la “changarrización” de la economía.
Finalmente, el tercer elemento es la reforma laboral. Dado que los costos de despido son muy elevados, contratar trabajadores también es muy caro. Además, la legislación laboral vigente contiene elementos, como es el escalafón ciego, que tiene un sesgo en contra de la introducción de tecnologías modernas de producción. Urge una profunda reforma legal del mercado de trabajo que baje los costos para las empresas y además que haga que este mercado opere con una mayor flexibilidad.
El statu quo solo garantiza baja productividad y bajo crecimiento.
martes, 26 de abril de 2011
Querámonos los unos a los otros
Ahora sí, el mesías y salvador del pueblo mexicano, Manuel Andrés López Obrador, el MALO, se sacó un 10 con vamos a “cambiar a México a través del amor”. Frase digna de Jesús en estas semanas Santa y de Pascua y con la seguramente ingresará al libro que algún día se escribirá “Las grandes frases de los mexicanos”. “Cambiar a México a través del amor” es indudablemente una verdadera joya, digna de cualquier Día de San Valentín. Y la pregunta es, ¿qué quiso transmitir? He ahí el misterio, porque apelar a las “buenas voluntades” para lograr un determinado objetivo social no es muy efectivo, excepto en sociedades con una alta cohesión social y solamente en épocas de crisis, elementos que están muy lejos de caracterizar a los mexicanos. Especulemos que quiso decir el Sr. López, con ese cambio de discurso, porque su anterior, apelando al odio claramente no le funcionó. Tres posibilidades.
Primera posibilidad, la inseguridad pública que nos agobia. El gobierno, en sus tres niveles, pero particularmente al nivel de los Estados y municipios, ha abdicado de su función que le da razón de ser que es proveer a los individuos seguridad para sus personas y sus bienes. Vivimos en un clima de inseguridad porque los delitos del fuero común se cometen con una enorme impunidad. Por otra parte, la guerra que el gobierno federal ha emprendido en contra del crimen organizado es una guerra que de entrada estaba perdida. “Querámonos los unos a los otros”, cohesionando el capital social en las poblaciones podría servir si la política de seguridad pública, incluida la labor de las fuerzas de seguridad, los ministerios públicos y los poderes judiciales, federal y estatales, fuesen efectivas en el combate a la delincuencia. Con pura “buena vibra” los problemas no se resuelven.
Segunda posibilidad para interpretar la frase del Sr. López: lograr el progreso económico, con un mayor nivel de bienestar de la población y una mayor equidad en la distribución de la riqueza y del ingreso. “Queriéndonos los unos a los otros”, por más amor que le tengamos a los vecinos y compañeros de trabajo, no se traduce en una mayor productividad, principal fuente de crecimiento económico. Por mayor voluntad que tengamos de ser buenas personas, cooperativos con quién nos rodean en el ámbito laboral o personal, no deriva en una mejora económica si las reglas del juego a las cuales nos enfrentamos como agentes económicos premian la baja productividad, si esas reglas van en contra del progreso económico. La “buena vibra” a la cual apela el Sr. López no va a cambiar esas reglas. Podríamos los 112 millones de mexicanos unirnos en una mega sesión de meditación yoga para tratar de atraer para México un mejor presente, pero sobretodo un mejor futuro, pero sería un ejercicio inútil ya que a final de cuentas los 628 legisladores federales no van a estar dispuestos a cambiar las reglas que nos incentiven, en lo individual y en el conjunto de la sociedad, para ser más productivos.
Y hay una tercera posibilidad: el discurso mesiánico populista que apela a que a la gente le gusta recibir regalos del gobierno. Si analizamos los 50 puntos renovados del Sr. López, hay regalos para todos, subsidios para todos y para todo. El único problema, pecatta minuta, es que los recursos con los que cuenta el gobierno son limitados. Pero no importa; porque de acuerdo con López, con amor todo se puede.
Primera posibilidad, la inseguridad pública que nos agobia. El gobierno, en sus tres niveles, pero particularmente al nivel de los Estados y municipios, ha abdicado de su función que le da razón de ser que es proveer a los individuos seguridad para sus personas y sus bienes. Vivimos en un clima de inseguridad porque los delitos del fuero común se cometen con una enorme impunidad. Por otra parte, la guerra que el gobierno federal ha emprendido en contra del crimen organizado es una guerra que de entrada estaba perdida. “Querámonos los unos a los otros”, cohesionando el capital social en las poblaciones podría servir si la política de seguridad pública, incluida la labor de las fuerzas de seguridad, los ministerios públicos y los poderes judiciales, federal y estatales, fuesen efectivas en el combate a la delincuencia. Con pura “buena vibra” los problemas no se resuelven.
Segunda posibilidad para interpretar la frase del Sr. López: lograr el progreso económico, con un mayor nivel de bienestar de la población y una mayor equidad en la distribución de la riqueza y del ingreso. “Queriéndonos los unos a los otros”, por más amor que le tengamos a los vecinos y compañeros de trabajo, no se traduce en una mayor productividad, principal fuente de crecimiento económico. Por mayor voluntad que tengamos de ser buenas personas, cooperativos con quién nos rodean en el ámbito laboral o personal, no deriva en una mejora económica si las reglas del juego a las cuales nos enfrentamos como agentes económicos premian la baja productividad, si esas reglas van en contra del progreso económico. La “buena vibra” a la cual apela el Sr. López no va a cambiar esas reglas. Podríamos los 112 millones de mexicanos unirnos en una mega sesión de meditación yoga para tratar de atraer para México un mejor presente, pero sobretodo un mejor futuro, pero sería un ejercicio inútil ya que a final de cuentas los 628 legisladores federales no van a estar dispuestos a cambiar las reglas que nos incentiven, en lo individual y en el conjunto de la sociedad, para ser más productivos.
Y hay una tercera posibilidad: el discurso mesiánico populista que apela a que a la gente le gusta recibir regalos del gobierno. Si analizamos los 50 puntos renovados del Sr. López, hay regalos para todos, subsidios para todos y para todo. El único problema, pecatta minuta, es que los recursos con los que cuenta el gobierno son limitados. Pero no importa; porque de acuerdo con López, con amor todo se puede.
lunes, 18 de abril de 2011
La lucha por la competencia
Desde hace algunos relativamente pocos años, México y su economía están enfrascados en una lucha por la competencia entre los participantes en cada uno de los mercados, una lucha que trata de darle a los individuos una mayor libertad para elegir y, simultáneamente, quitarle las rentas a diversos grupos de interés que se apropian de una fracción del ingreso nacional mayor a lo que representa su aportación a la generación de ese mismo ingreso. Una guerra entre aquellos que representan los intereses atomizados de los individuos, como la Procuraduría del Consumidor, la CONDUSEF y la Comisión Federal de Competencia Económica y los monopolios; una guerra en la cual hay batallas que se ganan a favor de los individuos y otras que se pierden. Cuatro ejemplos de la semana que acabó.
Primero, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica mediante la cual le dan mayor poder a la Comisión para perseguir y castigar las prácticas monopólicas en el país, incluyendo mayores multas estimadas como un porcentaje de los ingresos totales de las empresas que incurra en estas prácticas, la responsabilidad penal de los dueños y/o administradores de estas empresas y la facultad de la aplicación de medidas cautelares por parte de la CFC cuando haya presunción de que una empresa está incurriendo en prácticas anticompetitivas. Gran avance y ahora la pregunta, ¿pasará en el Senado o Beltrones la volverá a bloquear, protegiendo los intereses de algún grupo que incurre en prácticas que dañan a los consumidores?
Segundo, la multimillonaria multa aplicada por la CFC a América Móvil por prácticas monopólicas en el mercado de telefonía celular, al cobrar tarifas de interconexión notoriamente elevadas a los competidores. Gran decisión de la Comisión ante la cual los multados seguramente recurrirán al amparo judicial. Y he aquí en dónde está uno de los grandes problemas. En el pasado el Poder Judicial Federal ha otorgado los amparos reclamados por las empresas del Grupo Carso, TELMEX y TELCEL en contra de los actos de la CFC y de la COFETEL por cuestiones de carácter procedimental, nunca habiendo ido al fondo del asunto. Los jueces de distrito han tomado, siempre el camino fácil, sin entender que su labor es cumplir con el artículo 28 constitucional que expresamente prohíbe las prácticas monopólicas.
Tercero, una amarga derrota en pos de la libertad. La aprobación de la norma 29 por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a pesar de la opinión de la CFC, a propuesta de Ebrard, para limitar en dónde pueden situarse los supermercados y las tiendas de conveniencia para proteger a los mercados populares. ¡Un premio a la ineficiencia a cambio de unos cuántos votos! Limitando en dónde se pueden localizar supermercados y tiendas de conveniencia claramente limita la libertad para elegir de los consumidores, lo cual deriva en una reducción de su bienestar. ¿Y Ebrard y el PRD se dicen protectores de los consumidores? ¡Qué cinismo!
Cuarto; protegiendo los intereses monopólicos de los líderes sindicales, el PRI enterró la reforma laboral que hubiese significado, una mayor flexibilidad en este mercado, mayor productividad global de la economía y, sobretodo, mayor libertad de elección tanto para las empresas como para los trabajadores. Ahora, gracias al PRI, seguiremos sumidos en la mediocridad.
Batallas se ganan y se pierden en esta guerra, misma que hay que seguir peleando porque el objetivo último de la política pública tiene que ser la libertad.
Primero, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica mediante la cual le dan mayor poder a la Comisión para perseguir y castigar las prácticas monopólicas en el país, incluyendo mayores multas estimadas como un porcentaje de los ingresos totales de las empresas que incurra en estas prácticas, la responsabilidad penal de los dueños y/o administradores de estas empresas y la facultad de la aplicación de medidas cautelares por parte de la CFC cuando haya presunción de que una empresa está incurriendo en prácticas anticompetitivas. Gran avance y ahora la pregunta, ¿pasará en el Senado o Beltrones la volverá a bloquear, protegiendo los intereses de algún grupo que incurre en prácticas que dañan a los consumidores?
Segundo, la multimillonaria multa aplicada por la CFC a América Móvil por prácticas monopólicas en el mercado de telefonía celular, al cobrar tarifas de interconexión notoriamente elevadas a los competidores. Gran decisión de la Comisión ante la cual los multados seguramente recurrirán al amparo judicial. Y he aquí en dónde está uno de los grandes problemas. En el pasado el Poder Judicial Federal ha otorgado los amparos reclamados por las empresas del Grupo Carso, TELMEX y TELCEL en contra de los actos de la CFC y de la COFETEL por cuestiones de carácter procedimental, nunca habiendo ido al fondo del asunto. Los jueces de distrito han tomado, siempre el camino fácil, sin entender que su labor es cumplir con el artículo 28 constitucional que expresamente prohíbe las prácticas monopólicas.
Tercero, una amarga derrota en pos de la libertad. La aprobación de la norma 29 por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a pesar de la opinión de la CFC, a propuesta de Ebrard, para limitar en dónde pueden situarse los supermercados y las tiendas de conveniencia para proteger a los mercados populares. ¡Un premio a la ineficiencia a cambio de unos cuántos votos! Limitando en dónde se pueden localizar supermercados y tiendas de conveniencia claramente limita la libertad para elegir de los consumidores, lo cual deriva en una reducción de su bienestar. ¿Y Ebrard y el PRD se dicen protectores de los consumidores? ¡Qué cinismo!
Cuarto; protegiendo los intereses monopólicos de los líderes sindicales, el PRI enterró la reforma laboral que hubiese significado, una mayor flexibilidad en este mercado, mayor productividad global de la economía y, sobretodo, mayor libertad de elección tanto para las empresas como para los trabajadores. Ahora, gracias al PRI, seguiremos sumidos en la mediocridad.
Batallas se ganan y se pierden en esta guerra, misma que hay que seguir peleando porque el objetivo último de la política pública tiene que ser la libertad.
lunes, 11 de abril de 2011
Incentivos vs planificación
Incentivos en el mercado o planeación centralizada, dos formas de asignar los recursos en la economía. Parecería fuera de tiempo entrar a discutir con cuál de los sistemas económicos se logra un mejor desempeño de la economía, sobre todo después del rotundo fracaso que significó el experimento socialista del siglo XX, particularmente en la Unión Soviética y los países del Europa del Este y como se observa en la actualidad en aquellos que insisten en continuar con este esquema, como en Cuba, Corea del Norte y más recientemente en Venezuela. Es sin embargo relevante discutirlo porqué aun persiste en México, en varios individuos y organizaciones, como el ala izquierda del PRI, la idea de que el gobierno debe participar activamente en las decisiones de cómo asignar los recursos, tal como lo vemos con la propuesta de crear el Consejo Nacional de Financiamiento al Desarrollo.
Un sistema de planificación centralizada no puede lograr una asignación eficiente de recursos por una razón muy sencilla: el planificador no tiene toda la información relevante, particularmente lo referente a la escasez relativa de los recursos productivos, por lo que en sus decisiones de cómo asignar los recursos no toma en consideración el costo de oportunidad. Adicionalmente, para el planificador las preferencias de los individuos que componen la sociedad son irrelevantes, por lo que actúa bajo el supuesto de que las preferencias relevantes para decidir cómo se asignan los recursos son solamente las suyas. Ello lleva, tal como lo señaló Hayek en su ensayo “El camino a la servidumbre”, a que los individuos se vuelven, para efectos prácticos, esclavos del Estado; cada individuo es solamente un engrane más de una gigantesca maquinaria que no funciona.
Insistir en que el gobierno puede hacer las cosas mejor que el mercado no solo termina con un rotundo fracaso económico sino, más aun, cancela la libertad de los individuos, tanto en lo económico como en lo político.
Por el contrario, una economía de mercado, en donde los derechos privados de propiedad están eficientemente definidos en el marco legal y son eficientemente protegidos por un poder judicial independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de los contratos lleva a que cada individuo, tomando únicamente en consideración sus preferencias y la información local relevante, asigne los recursos de su propiedad hacia aquél uso en donde la rentabilidad esperada sea la más alta. Es decir, cada individuo, al momento de decidir cómo asigna sus recursos, toma en consideración el costo de oportunidad.
En este sistema de organización social, el gobierno tiene un papel muy importante que jugar, más allá de la provisión del bien público por excelencia que es la protección de los derechos privados de propiedad. Es papel del gobierno establecer en el marco legal y regulatorio un sistema de incentivos que induzca a que cada individuo asigne los recursos hacia su uso más eficiente, garantizando que todos los mercados operen bajo un esquema de competencia. Incentivos correctos llevan a una asignación privada eficiente y, cooperando cada individuo con el resto de la sociedad a través del intercambio voluntario, una asignación que resulta también socialmente eficiente.
La economía mexicana no avanza más rápidamente en gran medida porque, además de que el gobierno no protege los derechos de propiedad, los incentivos que se derivan del arreglo institucional no son los correctos. Si en lugar de corregir esta falla, se insiste en adoptar elementos de planificación centralizada, garantizaremos la mediocridad.
Un sistema de planificación centralizada no puede lograr una asignación eficiente de recursos por una razón muy sencilla: el planificador no tiene toda la información relevante, particularmente lo referente a la escasez relativa de los recursos productivos, por lo que en sus decisiones de cómo asignar los recursos no toma en consideración el costo de oportunidad. Adicionalmente, para el planificador las preferencias de los individuos que componen la sociedad son irrelevantes, por lo que actúa bajo el supuesto de que las preferencias relevantes para decidir cómo se asignan los recursos son solamente las suyas. Ello lleva, tal como lo señaló Hayek en su ensayo “El camino a la servidumbre”, a que los individuos se vuelven, para efectos prácticos, esclavos del Estado; cada individuo es solamente un engrane más de una gigantesca maquinaria que no funciona.
Insistir en que el gobierno puede hacer las cosas mejor que el mercado no solo termina con un rotundo fracaso económico sino, más aun, cancela la libertad de los individuos, tanto en lo económico como en lo político.
Por el contrario, una economía de mercado, en donde los derechos privados de propiedad están eficientemente definidos en el marco legal y son eficientemente protegidos por un poder judicial independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de los contratos lleva a que cada individuo, tomando únicamente en consideración sus preferencias y la información local relevante, asigne los recursos de su propiedad hacia aquél uso en donde la rentabilidad esperada sea la más alta. Es decir, cada individuo, al momento de decidir cómo asigna sus recursos, toma en consideración el costo de oportunidad.
En este sistema de organización social, el gobierno tiene un papel muy importante que jugar, más allá de la provisión del bien público por excelencia que es la protección de los derechos privados de propiedad. Es papel del gobierno establecer en el marco legal y regulatorio un sistema de incentivos que induzca a que cada individuo asigne los recursos hacia su uso más eficiente, garantizando que todos los mercados operen bajo un esquema de competencia. Incentivos correctos llevan a una asignación privada eficiente y, cooperando cada individuo con el resto de la sociedad a través del intercambio voluntario, una asignación que resulta también socialmente eficiente.
La economía mexicana no avanza más rápidamente en gran medida porque, además de que el gobierno no protege los derechos de propiedad, los incentivos que se derivan del arreglo institucional no son los correctos. Si en lugar de corregir esta falla, se insiste en adoptar elementos de planificación centralizada, garantizaremos la mediocridad.
martes, 29 de marzo de 2011
Derechos de propiedad
Otra calificación reprobatoria, esta vez en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad. México ocupó el lugar 77 de entre 129 países evaluados con una calificación de 5.0. En los subíndices, destacan “ambiente político y legal” con una calificación de 4.2, “derechos de propiedad física”, 5.7 y “derechos de propiedad intelectual” con una calificación de 5.0. Simple y sencillamente, no avanzamos por lo que no resulta sorprendente el mediocre desempeño de la economía. ¿Por qué son tan importantes una eficiente definición y protección de los derechos privados de propiedad?
Estos se entienden como la asignación exclusiva que se hace a un agente económico de un recurso para qué este lo disfrute directamente a través de su utilización o indirectamente a través del intercambio. Son cuatro los elementos que componen estos derechos. El primero es el derecho que tiene todo individuo de poseer bienes como una extensión de su derecho a la vida misma. El segundo es el derecho de utilizar estos recursos con entera libertad, mientras no se atente en contra de los derechos de propiedad de terceros. El tercer elemento es el derecho a transferir libremente el recurso en transacciones que sean enteramente voluntarias. Y, finalmente el cuarto, estos tres derechos tienen que estar protegidos y garantizados por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito.
En estos cuatro componentes de una eficiente definición y garantía judicial de los derechos privados de propiedad, México falla de manera lamentable. Primero, la propiedad privada es un derecho derivado y no, como debería ser reconocido en el marco legal, como un derecho natural. En nuestro país, tal como lo establece el artículo 27 constitucional, todos los recursos (tierra, agua y aire) son propiedad de la Nación (sic), la cual tendrá la facultad de transferirlos a los particulares para la constitución de la propiedad privada. Al ser un derecho derivado, la propiedad privada de los recursos productivos no está efectivamente garantizada. Basta un decreto de expropiación, procedimentalmente bien hecho, para que el gobierno se apropie, prácticamente de manera arbitraria, de cualquier activo privado. Resultado: menor crecimiento económico.
Segundo, en general somos libres de utilizar los recursos de “nuestra” propiedad libremente. Sin embargo, la enorme incidencia de impunidad (97%), con la cual se cometen los delitos en México, todos ellos violatorios de los derechos privados de propiedad de terceros, muestra una falla institucional realmente grave. La corrupción e ineficiencia de los sistemas de procuración y administración de justicia, hacen que la sociedad en su conjunto incurra en enormes costos que se derivan en menor crecimiento económico.
Tercero, no todas las transacciones en México son voluntarias. Todos los mexicanos nos enfrentamos diariamente con una enorme incidencia de prácticas monopólicas de las cuales no nos podemos escapar (derivados del petróleo, electricidad, telecomunicaciones, cementos, servicios notariales, etcétera) más el hecho de que sigue persistiendo la práctica de barreras significativa, todas ellas sin justificación, al comercio internacional. Resultado: menor crecimiento.
Finalmente, en donde la falla es mayor es en la protección y garantía judicial de los derechos. La ineficiencia, parcialidad y corrupción que caracterizan a los poderes judiciales particularmente los estatales, sin con ello exonerar absolutamente, a los tribunales federales, hacen que sea extraordinariamente costoso que los contratos se cumplan. Ello repercute, por ejemplo, en mayores costos de transacción y menores niveles de crédito. Resultado: menor crecimiento económico.
Y así, mientras no avancemos en la solidificación de un íntegro estado de derecho, seguiremos en la mediocridad.
Estos se entienden como la asignación exclusiva que se hace a un agente económico de un recurso para qué este lo disfrute directamente a través de su utilización o indirectamente a través del intercambio. Son cuatro los elementos que componen estos derechos. El primero es el derecho que tiene todo individuo de poseer bienes como una extensión de su derecho a la vida misma. El segundo es el derecho de utilizar estos recursos con entera libertad, mientras no se atente en contra de los derechos de propiedad de terceros. El tercer elemento es el derecho a transferir libremente el recurso en transacciones que sean enteramente voluntarias. Y, finalmente el cuarto, estos tres derechos tienen que estar protegidos y garantizados por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito.
En estos cuatro componentes de una eficiente definición y garantía judicial de los derechos privados de propiedad, México falla de manera lamentable. Primero, la propiedad privada es un derecho derivado y no, como debería ser reconocido en el marco legal, como un derecho natural. En nuestro país, tal como lo establece el artículo 27 constitucional, todos los recursos (tierra, agua y aire) son propiedad de la Nación (sic), la cual tendrá la facultad de transferirlos a los particulares para la constitución de la propiedad privada. Al ser un derecho derivado, la propiedad privada de los recursos productivos no está efectivamente garantizada. Basta un decreto de expropiación, procedimentalmente bien hecho, para que el gobierno se apropie, prácticamente de manera arbitraria, de cualquier activo privado. Resultado: menor crecimiento económico.
Segundo, en general somos libres de utilizar los recursos de “nuestra” propiedad libremente. Sin embargo, la enorme incidencia de impunidad (97%), con la cual se cometen los delitos en México, todos ellos violatorios de los derechos privados de propiedad de terceros, muestra una falla institucional realmente grave. La corrupción e ineficiencia de los sistemas de procuración y administración de justicia, hacen que la sociedad en su conjunto incurra en enormes costos que se derivan en menor crecimiento económico.
Tercero, no todas las transacciones en México son voluntarias. Todos los mexicanos nos enfrentamos diariamente con una enorme incidencia de prácticas monopólicas de las cuales no nos podemos escapar (derivados del petróleo, electricidad, telecomunicaciones, cementos, servicios notariales, etcétera) más el hecho de que sigue persistiendo la práctica de barreras significativa, todas ellas sin justificación, al comercio internacional. Resultado: menor crecimiento.
Finalmente, en donde la falla es mayor es en la protección y garantía judicial de los derechos. La ineficiencia, parcialidad y corrupción que caracterizan a los poderes judiciales particularmente los estatales, sin con ello exonerar absolutamente, a los tribunales federales, hacen que sea extraordinariamente costoso que los contratos se cumplan. Ello repercute, por ejemplo, en mayores costos de transacción y menores niveles de crédito. Resultado: menor crecimiento económico.
Y así, mientras no avancemos en la solidificación de un íntegro estado de derecho, seguiremos en la mediocridad.
lunes, 21 de marzo de 2011
El flagelo de la pobreza
Casi 25 millones de mexicanos sobreviviendo en una situación de pobreza alimentaria, en dónde su ingreso no les alcanza para ingerir la cantidad mínima recomendable diaria de calorías y proteínas; aproximadamente 60 millones de compatriotas, casi la mitad de la población, viviendo en una situación de pobreza patrimonial, en dónde su ingreso no cubre las necesidades mínimas de alimentación, salud, educación, vivienda y transporte. México vive en un drama del cual otros 60 millones están, o aparentar estar, ajenos porque no han conocido el drama de la pobreza. El “taliban” Humberto Morerira, novato líder del PRI, acusa al gobierno de Calderón de ser el causante de tal situación, señalamiento sin ninguna base sólida, porque el problema de la pobreza en México es ancestral, realmente de siglos y cuya explicación fundamental está en el hecho de que, excepto en algunos periodos muy particulares como la “década del desarrollo estabilizador”, la economía mexicana ha experimentado largos periodos de estancamiento, como lo fue prácticamente todo el siglo XIX y como lo han sido las últimas tres décadas.
Sin duda, la única fuente de abatimiento de la pobreza es el crecimiento económico; creación de empleos con salarios reales crecientes es la única manera de reducir, e inclusive acabar, permanentemente, con el problema de la pobreza. México no ha crecido históricamente lo suficiente, lo que aunado a la sucesión de varias crisis macroeconómicas recientes, algunas de origen interno y otras externo, entre las que destacan 1907, 1910, 1913-1916, 1929-1931, 1938, 1947-1948, 1956-1954, 1976-1977, 1981-1989, 1994-1995, 2000—2001 y 2008-2009, redunda en que cualquier avance que se haya logrado en el abatimiento de la pobreza, termina por ser únicamente transitorio.
200 años de vida independiente y 100 años de la “revolución” que traería justicia a todos los mexicanos y el avance alcanzado, aunque no sin ser significativo, claramente no ha sido suficiente, tal como lo muestran las cifras actuales de pobreza. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Un rápido repaso apunta a diversos elementos.
Primero, sin lugar a dudas, ha sido la enorme, inaudita, ineficacia e ineficiencia del gasto gubernamental. Década tras década, billones de pesos tirados a la basura en programas sin ton ni son, mal diseñados y pésimamente ejercidos y plagados de corrupción. Un absoluto desperdicio; peor aun; una destrucción neta de la riqueza de este país. Uno de va pueblo en pueblo, a lo largo y ancho del país, y resulta sorprendente (sic) que después de tantos billones de pesos ejercidos en los rubros de “combate a la pobreza” e “infraestructura urbana”, siga habiendo calles sin pavimentar y hogares sin acceso a agua potable y drenaje.
Segundo, el absoluto fracaso del sistema educativo nacional. Década tras década, billones de pesos gastados con el resultado de una población que es, para efectos prácticos, analfabeta funcional. Educación (sic) para masas con una total negligencia en lo que toca a calidad y rendición de cuentas; un sistema educativo secuestrado por un sindicato notoriamente corrupto.
Tercero, un arreglo institucional en donde lo que menos ha prevalecido es el “imperio de la ley”. Corrupción gubernamental, apropiación de rentas por parte de poderosos grupos de interés, contratos que no se cumplen por ineficacia, ineficiencia y corrupción del sistema judicial, “presuntos culpables” acompañados de impunidad en la comisión de todo tipo de delitos y más.
¿Quién es el culpable? Sin duda, el gobierno. 500 años de mal gobierno lo explican todo.
Sin duda, la única fuente de abatimiento de la pobreza es el crecimiento económico; creación de empleos con salarios reales crecientes es la única manera de reducir, e inclusive acabar, permanentemente, con el problema de la pobreza. México no ha crecido históricamente lo suficiente, lo que aunado a la sucesión de varias crisis macroeconómicas recientes, algunas de origen interno y otras externo, entre las que destacan 1907, 1910, 1913-1916, 1929-1931, 1938, 1947-1948, 1956-1954, 1976-1977, 1981-1989, 1994-1995, 2000—2001 y 2008-2009, redunda en que cualquier avance que se haya logrado en el abatimiento de la pobreza, termina por ser únicamente transitorio.
200 años de vida independiente y 100 años de la “revolución” que traería justicia a todos los mexicanos y el avance alcanzado, aunque no sin ser significativo, claramente no ha sido suficiente, tal como lo muestran las cifras actuales de pobreza. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Un rápido repaso apunta a diversos elementos.
Primero, sin lugar a dudas, ha sido la enorme, inaudita, ineficacia e ineficiencia del gasto gubernamental. Década tras década, billones de pesos tirados a la basura en programas sin ton ni son, mal diseñados y pésimamente ejercidos y plagados de corrupción. Un absoluto desperdicio; peor aun; una destrucción neta de la riqueza de este país. Uno de va pueblo en pueblo, a lo largo y ancho del país, y resulta sorprendente (sic) que después de tantos billones de pesos ejercidos en los rubros de “combate a la pobreza” e “infraestructura urbana”, siga habiendo calles sin pavimentar y hogares sin acceso a agua potable y drenaje.
Segundo, el absoluto fracaso del sistema educativo nacional. Década tras década, billones de pesos gastados con el resultado de una población que es, para efectos prácticos, analfabeta funcional. Educación (sic) para masas con una total negligencia en lo que toca a calidad y rendición de cuentas; un sistema educativo secuestrado por un sindicato notoriamente corrupto.
Tercero, un arreglo institucional en donde lo que menos ha prevalecido es el “imperio de la ley”. Corrupción gubernamental, apropiación de rentas por parte de poderosos grupos de interés, contratos que no se cumplen por ineficacia, ineficiencia y corrupción del sistema judicial, “presuntos culpables” acompañados de impunidad en la comisión de todo tipo de delitos y más.
¿Quién es el culpable? Sin duda, el gobierno. 500 años de mal gobierno lo explican todo.
lunes, 14 de marzo de 2011
Los azotes de México
Vivimos azotados; hay varios elementos en nuestra realidad cotidiana que derivan en muy altos costos de transacción y que, en consecuencia, inhiben el progreso económico. Un rápido recuento de algunos de estos.
Primero, sin duda uno de los más importantes, es la corrupción que asola a este país. Tenemos la corrupción metida en una gran parte de la vida nacional, principalmente en el ámbito de la acción gubernamental, aunque en el sector privado también se presenta este fenómeno. Pagos para “agilizar” cualquier trámite, sobornos para obtener un contrato de obra pública o de abastecimiento, pagos para evadir una multa, pagos para que se lleven la basura de los hogares y de las oficinas, sobornos para entorpecer o en el mejor de los casos comprar la decisión de un juez, pagos y más pagos. ¿A cuánto asciende la corrupción en México y cuánto nos cuesta en términos de crecimiento económico? Sin duda mucho. Desde el gobierno del presidente de la Madrid vivimos en la eterna “renovación moral”; gobiernos llegan y gobiernos se van, federales, estatales y municipales prometiendo siempre que “lucharán a brazo partido en contra de este flagelo” y la corrupción simplemente sigue azotando a México.
Segundo, la inseguridad y no solo la relacionada con el crimen organizado. Esta, aunque significativa, no es la más importante. Homicidios, asaltos, robos, violaciones, fraudes, todos ellos delitos del fuero común se siguen cometiendo con enorme impunidad. Policías, ministerios públicos, secretarios de los juzgados y los propios jueces, ineficientes y corruptos. La inseguridad con la que vivimos en México cuesta. ¿Cuánto se deja de invertir y en consecuencia de crecer porque simple y sencillamente el gobierno abdicó de su principal función que es la de proteger a los ciudadanos en contra de actos de terceros que violenten sus derechos de propiedad? Sin duda mucho.
Tercero, la excesiva, ineficaz e ineficiente regulación gubernamental. Permisos que hay que obtener para todo, para cualquier cosa, en procesos diseñados expresamente para hacerle las cosas difíciles a quién tiene que obtener tal o cual permiso o licencia. Tiempo, que tiene un alto costo de oportunidad, perdido en la realización de trámites múltiples y la más de las veces simplemente estúpidos, además de que, complementando lo arriba señalado, caracterizado por una alta incidencia de corrupción. ¿Cuánto no se invierte y cuánto crecimiento se sacrifica simplemente por esta excesiva regulación? Sin duda, muchísimo.
Cuarto, aunque no parezca un azote, en realidad sí lo es y es lo relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pagar impuestos federales en México es un verdadero vía crucis. Nuestras leyes tributarias y el Código Fiscal de la Federación son solamente para “iniciados”; tal parecería que todos estos preceptos legales están redactados por abogados fiscalistas y contadores para hacer imprescindibles sus servicios. La enorme cantidad de horas y de personal que las empresas dedican para el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de los más elevados del mundo y eso, sin duda cuesta, y mucho.
Y quinto, reiterativo sobre lo que ya he mencionado, la enorme cantidad de rentistas que tienen secuestrado al país. Partidos políticos, políticos, burócratas, sindicatos, empresarios con poder monopólico. Todos ellos se apropian de un porcentaje del ingreso nacional que no les correspondería dada su aportación a la generación de ese ingreso. Y eso cuesta.
Con tales azotes, ¿por qué nos sigue sorprendiendo el atraso y pobreza de México?
Primero, sin duda uno de los más importantes, es la corrupción que asola a este país. Tenemos la corrupción metida en una gran parte de la vida nacional, principalmente en el ámbito de la acción gubernamental, aunque en el sector privado también se presenta este fenómeno. Pagos para “agilizar” cualquier trámite, sobornos para obtener un contrato de obra pública o de abastecimiento, pagos para evadir una multa, pagos para que se lleven la basura de los hogares y de las oficinas, sobornos para entorpecer o en el mejor de los casos comprar la decisión de un juez, pagos y más pagos. ¿A cuánto asciende la corrupción en México y cuánto nos cuesta en términos de crecimiento económico? Sin duda mucho. Desde el gobierno del presidente de la Madrid vivimos en la eterna “renovación moral”; gobiernos llegan y gobiernos se van, federales, estatales y municipales prometiendo siempre que “lucharán a brazo partido en contra de este flagelo” y la corrupción simplemente sigue azotando a México.
Segundo, la inseguridad y no solo la relacionada con el crimen organizado. Esta, aunque significativa, no es la más importante. Homicidios, asaltos, robos, violaciones, fraudes, todos ellos delitos del fuero común se siguen cometiendo con enorme impunidad. Policías, ministerios públicos, secretarios de los juzgados y los propios jueces, ineficientes y corruptos. La inseguridad con la que vivimos en México cuesta. ¿Cuánto se deja de invertir y en consecuencia de crecer porque simple y sencillamente el gobierno abdicó de su principal función que es la de proteger a los ciudadanos en contra de actos de terceros que violenten sus derechos de propiedad? Sin duda mucho.
Tercero, la excesiva, ineficaz e ineficiente regulación gubernamental. Permisos que hay que obtener para todo, para cualquier cosa, en procesos diseñados expresamente para hacerle las cosas difíciles a quién tiene que obtener tal o cual permiso o licencia. Tiempo, que tiene un alto costo de oportunidad, perdido en la realización de trámites múltiples y la más de las veces simplemente estúpidos, además de que, complementando lo arriba señalado, caracterizado por una alta incidencia de corrupción. ¿Cuánto no se invierte y cuánto crecimiento se sacrifica simplemente por esta excesiva regulación? Sin duda, muchísimo.
Cuarto, aunque no parezca un azote, en realidad sí lo es y es lo relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pagar impuestos federales en México es un verdadero vía crucis. Nuestras leyes tributarias y el Código Fiscal de la Federación son solamente para “iniciados”; tal parecería que todos estos preceptos legales están redactados por abogados fiscalistas y contadores para hacer imprescindibles sus servicios. La enorme cantidad de horas y de personal que las empresas dedican para el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de los más elevados del mundo y eso, sin duda cuesta, y mucho.
Y quinto, reiterativo sobre lo que ya he mencionado, la enorme cantidad de rentistas que tienen secuestrado al país. Partidos políticos, políticos, burócratas, sindicatos, empresarios con poder monopólico. Todos ellos se apropian de un porcentaje del ingreso nacional que no les correspondería dada su aportación a la generación de ese ingreso. Y eso cuesta.
Con tales azotes, ¿por qué nos sigue sorprendiendo el atraso y pobreza de México?
martes, 8 de marzo de 2011
Podríamos estar mejor
No cabe duda que la economía mexicana va, en general bien. Un crecimiento esperado, para este año de alrededor de 4% junto con una inflación que también estará por debajo del 4%. Los riesgos sobre ambas variables son, sin embargo, reales. Por el lado del crecimiento, éste ha estado impulsado principalmente por un fuerte crecimiento de las exportaciones manufactureras y, en menor grado, por un repunte del consumo interno; sin embargo, una desaceleración del crecimiento de la economía estadounidense, sea por el choque petrolero por el que estamos pasando o por los problemas fiscales que enfrenta el gobierno de ese país, derivaría en un menor crecimiento de la economía mexicana. Por el lado de la inflación, tanto el choque petrolero como el aumento en el precio de los alimentos o una depreciación del tipo de cambio, puede poner en riesgo el que la inflación efectivamente se sitúe por debajo del 4%.
Vamos bien, pero podríamos estar mucho mejor de haberse resuelto en el pasado reciente los problemas estructurales que aquejan a la economía y que, como se ve, tampoco serán resueltos en el futuro cercano. Y aquí vale la pena especular: ¿cuánto mayor sería el PIB por habitante si ya se hubieran hecho las reformas estructurales como la fiscal, la laboral, la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, la regulatoria, etcétera? ¿Cuánto, más elevado sería el PIB y cuánto más equitativamente estaría distribuido de haberse reformado en tiempo (y en la dirección correcta) la Ley Federal de Competencia Económica tal que no hubiese, como ahora sucede, graves prácticas monopólicas? ¿Cuánto más elevada sería la tasa de crecimiento del PIB si no tuviésemos que enfrentar un aparato gubernamental plagado por la ineficiencia y la corrupción? ¿Cuánto mayor sería el PIB si hubiese certeza sobre los derechos privados de propiedad y el si el sistema judicial fuese en realidad independiente, imparcial, eficiente y expedito en garantizar el cumplimiento de los contratos? Vamos bien, pero sin duda podríamos estar mucho mejor.
Todas las preguntas del párrafo anterior siguen vigentes y ahora la siguiente pregunta: ¿serán atendidas y resueltas en el futuro cercano? Y la respuesta, al parecer, es que no ya que el país, su población, está secuestrada por diversos grupos de interés que impiden la solución a los problemas estructurales, grupos que obtienen una enorme cantidad de rentas por el arreglo institucional ineficiente en el que nos encontramos y que, por lo mismo, van a hacer todo lo que se requiere para mantener el statu quo.
Partidos políticos, sindicatos, empresas con poder monopólico, burócratas, etcétera, se han opuesto y efectivamente bloqueado prácticamente cualquier intento de reforma estructural que les hubiese significado perder sus rentas y las perspectivas no son para nada halagüeñas, tal como lo hemos visto en el pasado reciente, particularmente en el quehacer del Congreso de la Unión. Legisladores sujetos a un fuerte cabildeo o simplemente que para ellos nunca es el tiempo político adecuado para hacer las reformas, tienen sumida a la economía en la mediocridad, inhibiendo un avance más acelerado del país con graves consecuencias en el bienestar de la mayor parte de la población.
Podríamos estar mejor; sin duda. Sin embargo para poder lograrlo necesitamos un sistema político que haga que los partidos políticos y los gobernantes, particularmente los legisladores, sean responsables por sus actos, que enfrenten una efectiva rendición de cuentas. Y esto se ve muy difícil lograrlo.
Vamos bien, pero podríamos estar mucho mejor de haberse resuelto en el pasado reciente los problemas estructurales que aquejan a la economía y que, como se ve, tampoco serán resueltos en el futuro cercano. Y aquí vale la pena especular: ¿cuánto mayor sería el PIB por habitante si ya se hubieran hecho las reformas estructurales como la fiscal, la laboral, la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, la regulatoria, etcétera? ¿Cuánto, más elevado sería el PIB y cuánto más equitativamente estaría distribuido de haberse reformado en tiempo (y en la dirección correcta) la Ley Federal de Competencia Económica tal que no hubiese, como ahora sucede, graves prácticas monopólicas? ¿Cuánto más elevada sería la tasa de crecimiento del PIB si no tuviésemos que enfrentar un aparato gubernamental plagado por la ineficiencia y la corrupción? ¿Cuánto mayor sería el PIB si hubiese certeza sobre los derechos privados de propiedad y el si el sistema judicial fuese en realidad independiente, imparcial, eficiente y expedito en garantizar el cumplimiento de los contratos? Vamos bien, pero sin duda podríamos estar mucho mejor.
Todas las preguntas del párrafo anterior siguen vigentes y ahora la siguiente pregunta: ¿serán atendidas y resueltas en el futuro cercano? Y la respuesta, al parecer, es que no ya que el país, su población, está secuestrada por diversos grupos de interés que impiden la solución a los problemas estructurales, grupos que obtienen una enorme cantidad de rentas por el arreglo institucional ineficiente en el que nos encontramos y que, por lo mismo, van a hacer todo lo que se requiere para mantener el statu quo.
Partidos políticos, sindicatos, empresas con poder monopólico, burócratas, etcétera, se han opuesto y efectivamente bloqueado prácticamente cualquier intento de reforma estructural que les hubiese significado perder sus rentas y las perspectivas no son para nada halagüeñas, tal como lo hemos visto en el pasado reciente, particularmente en el quehacer del Congreso de la Unión. Legisladores sujetos a un fuerte cabildeo o simplemente que para ellos nunca es el tiempo político adecuado para hacer las reformas, tienen sumida a la economía en la mediocridad, inhibiendo un avance más acelerado del país con graves consecuencias en el bienestar de la mayor parte de la población.
Podríamos estar mejor; sin duda. Sin embargo para poder lograrlo necesitamos un sistema político que haga que los partidos políticos y los gobernantes, particularmente los legisladores, sean responsables por sus actos, que enfrenten una efectiva rendición de cuentas. Y esto se ve muy difícil lograrlo.
domingo, 6 de marzo de 2011
Pobreza y desigualdad
A raíz de la declaración del Secretario de Hacienda de que una familia con un ingreso mensual de $6,000, equivalente a tres salarios mínimos, se podía tener acceso a un crédito hipotecario, mantener un automóvil y además pagar la colegiatura de sus hijos en una escuela privada, se desató una discusión sobre la pobreza y la desigualdad que observamos en México. Por lo que surge la siguiente pregunta: ¿qué es peor; la pobreza o la desigualdad?
Supongamos un escenario en donde el valor del índice de GIni, mismo que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso y que toma un valor de 0 cuando hay absoluta equidad y 1 cuando hay absoluta inequidad (todo el ingreso nacional se lo apropiaría una persona), fuese de 0.5, valor que indicaría una desigualdad medianamente aguda, como es el caso de México. En este escenario, supongamos que el ingreso de todas las familias aumentase en el mismo porcentaje, tal que todas pudiesen cubrir todas sus necesidades básicas de alimentación, educación, salud, transporte, entretenimiento, etcétera. Todos serían más ricos (o menos pobres) y el valor del índice de Gini no habría cambiado. Todos mejor en lo absoluto y todo queda relativamente igual. Una mejoría generalizada en el bienestar de todas las familias.
Supongamos ahora otro escenario en donde el gobierno adopta una política redistributiva del ingreso, por ejemplo una tasa marginal creciente del impuesto sobre la renta para quitare recursos a los “ricos” para transferírselos a los pobres, política recomendada por Marx y Engels en El Manifiesto del Partido Comunista como una medida para destruir el capitalismo y encaminarse al comunismo. El resultado de tal política es matar el incentivo a la acumulación de riqueza en la economía tal que el resultado pudiese ser mayor equidad (no garantizada) sin haber resuelto, sino por el contrario agravado, el problema de la pobreza. Como bien dijo Churchill, “el socialismo es el sistema más eficiente para distribuir equitativamente la miseria”.
Obviamente quisiéramos tener una economía en donde no hubiese pobreza y simultáneamente la distribución del ingreso fuese menos inequitativa, sobretodo porque en cuanto a esto último, una aguda inequidad, inhibe el crecimiento económico. Y entonces la pregunta: ¿a qué objetivo debe enfocarse la política pública; abatir la pobreza o reducir a desigualdad?
La respuesta obvia es combatir la pobreza, generando el escenario institucional para alcanzar una mayor tasa de crecimiento económico por habitante y aquí entra, además, el gran quid del asunto, generar simultáneamente las condiciones para que en el margen ese mayor crecimiento se vaya traduciendo paulatinamente en una mayor equidad. Y aquí es donde destaca el principal elemento para alcanzar ambos objetivos: la igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados, de bienes y de factores de la producción. Es indispensable garantizar la existencia de mercados que operen en un contexto de competencia, como principio básico de la acción gubernamental en la protección y garantía de los derechos privados de propiedad y enalteciendo la libertad individual para elegir. La evidencia internacional es clara: entre mayor sea la incidencia de competencia en los mercados, mayor la libertad de elección, menor pobreza y mayor equidad.
Seguir preocupados por la desigualdad, con una visión justiciera, desatendiendo el problema de la falta de alto crecimiento solo garantiza que no resolvemos ni el problema de la pobreza ni el de la inequidad.
Supongamos un escenario en donde el valor del índice de GIni, mismo que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso y que toma un valor de 0 cuando hay absoluta equidad y 1 cuando hay absoluta inequidad (todo el ingreso nacional se lo apropiaría una persona), fuese de 0.5, valor que indicaría una desigualdad medianamente aguda, como es el caso de México. En este escenario, supongamos que el ingreso de todas las familias aumentase en el mismo porcentaje, tal que todas pudiesen cubrir todas sus necesidades básicas de alimentación, educación, salud, transporte, entretenimiento, etcétera. Todos serían más ricos (o menos pobres) y el valor del índice de Gini no habría cambiado. Todos mejor en lo absoluto y todo queda relativamente igual. Una mejoría generalizada en el bienestar de todas las familias.
Supongamos ahora otro escenario en donde el gobierno adopta una política redistributiva del ingreso, por ejemplo una tasa marginal creciente del impuesto sobre la renta para quitare recursos a los “ricos” para transferírselos a los pobres, política recomendada por Marx y Engels en El Manifiesto del Partido Comunista como una medida para destruir el capitalismo y encaminarse al comunismo. El resultado de tal política es matar el incentivo a la acumulación de riqueza en la economía tal que el resultado pudiese ser mayor equidad (no garantizada) sin haber resuelto, sino por el contrario agravado, el problema de la pobreza. Como bien dijo Churchill, “el socialismo es el sistema más eficiente para distribuir equitativamente la miseria”.
Obviamente quisiéramos tener una economía en donde no hubiese pobreza y simultáneamente la distribución del ingreso fuese menos inequitativa, sobretodo porque en cuanto a esto último, una aguda inequidad, inhibe el crecimiento económico. Y entonces la pregunta: ¿a qué objetivo debe enfocarse la política pública; abatir la pobreza o reducir a desigualdad?
La respuesta obvia es combatir la pobreza, generando el escenario institucional para alcanzar una mayor tasa de crecimiento económico por habitante y aquí entra, además, el gran quid del asunto, generar simultáneamente las condiciones para que en el margen ese mayor crecimiento se vaya traduciendo paulatinamente en una mayor equidad. Y aquí es donde destaca el principal elemento para alcanzar ambos objetivos: la igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados, de bienes y de factores de la producción. Es indispensable garantizar la existencia de mercados que operen en un contexto de competencia, como principio básico de la acción gubernamental en la protección y garantía de los derechos privados de propiedad y enalteciendo la libertad individual para elegir. La evidencia internacional es clara: entre mayor sea la incidencia de competencia en los mercados, mayor la libertad de elección, menor pobreza y mayor equidad.
Seguir preocupados por la desigualdad, con una visión justiciera, desatendiendo el problema de la falta de alto crecimiento solo garantiza que no resolvemos ni el problema de la pobreza ni el de la inequidad.
lunes, 21 de febrero de 2011
Recaudar ¿para qué? (III)
En los dos artículos anteriores señalé las funciones que efectivamente le competen al gobierno, mismas que requieren ser financiadas a través de los recursos obtenidos mediante la recaudación tributaria. Las que ya analicé fueron ofrecer bienes públicos, particularmente la definición, garantía y protección de los derechos privados de propiedad, garantizar en el marco legal y en las acciones ejecutivas la igualdad de oportunidades de acceso a los mercados y que estos operen siempre en un contexto de competencia, regulando y castigando las prácticas monopólicas, así como la corrección de las externalidades, sean negativas o positivas.
La cuarta función que efectivamente le compete al gobierno es actuar subsidiariamente, tanto por cuestiones de carácter estructural como coyunturales. Entre las primeras destaca la utilización de recursos públicos para el financiamiento de actividades que incrementan la igualdad de oportunidades de acceso al mercado laboral, a través de la provisión de educación, salud e infraestructura urbana y de comunicaciones a individuos que por razones históricas fueron discriminados; un ejemplo de ello es el programa Oportunidades. El segundo caso en cuando una comunidad enfrenta un desastre natural, situación que amerita la utilización de recursos públicos para la reconstrucción de la infraestructura dañada, el abastecimiento de bienes básicos de alimentación, salud y alojamiento e inclusive, en algunos casos, la transferencia directa al ingreso de las familias afectadas.
¡Y ya! Nada más. No es papel de gobierno entorpecer el intercambio voluntario, sea en los mercados internos como en las transacciones internacionales, lo que implica no establecer controles de precios (mínimos o máximos), ni regulaciones que encarecen el acceso o salida de las empresas y consumidores de los mercados, ni aranceles o cualquier otra restricción al comercio internacional o a las transacciones financieras internacionales. No es su papel ofrecer bienes privados como serían gasolina, gas y electricidad: No es su papel otorgar subsidios, no importa a quienes o a qué actividad, si no es para corregir una externalidad positiva. En suma, no es papel del gobierno ejercer cualquier actividad, directamente o a través de la regulación, que limite o inhiba la libertad individual para elegir como asignar los recursos escasos que cada quién posee o que implique la utilización de recursos en actividades o programas que no le competen.
El grave problema que tenemos en México es que el gobierno interviene en áreas que no le competen o realiza actividades que tampoco son de su injerencia o gasta en programas que no deberían ni siquiera existir o que, aunque se justifique su existencia, están mal diseñados y se realizan de manera ineficiente, lo que deriva no solo en una ineficiente asignación de recursos sino, peor aún, en una destrucción de la riqueza nacional.
Está en discusión la posibilidad de hacer una reforma tributaria que dotaría al gobierno de mayores recursos. Pero antes de eso, lo que tendría que hacerse es un análisis profundo, detallado, de en qué está gastando el gobierno, qué programas realmente se justifican y cuáles hay que eliminar para obtener cuál es la cantidad de recursos que efectivamente requiere y, entonces, diseñar el esquema tributario que lo provea de ese monto y, simultáneamente, genere los incentivos para un mayor trabajo, ahorro e inversión.
Como sociedad, como individuos que ansiamos la libertad, no podemos permitir que el gobierno nos expolie a través del sistema tributario de recursos que va a ejercer de manera injustificada e ineficientemente.
La cuarta función que efectivamente le compete al gobierno es actuar subsidiariamente, tanto por cuestiones de carácter estructural como coyunturales. Entre las primeras destaca la utilización de recursos públicos para el financiamiento de actividades que incrementan la igualdad de oportunidades de acceso al mercado laboral, a través de la provisión de educación, salud e infraestructura urbana y de comunicaciones a individuos que por razones históricas fueron discriminados; un ejemplo de ello es el programa Oportunidades. El segundo caso en cuando una comunidad enfrenta un desastre natural, situación que amerita la utilización de recursos públicos para la reconstrucción de la infraestructura dañada, el abastecimiento de bienes básicos de alimentación, salud y alojamiento e inclusive, en algunos casos, la transferencia directa al ingreso de las familias afectadas.
¡Y ya! Nada más. No es papel de gobierno entorpecer el intercambio voluntario, sea en los mercados internos como en las transacciones internacionales, lo que implica no establecer controles de precios (mínimos o máximos), ni regulaciones que encarecen el acceso o salida de las empresas y consumidores de los mercados, ni aranceles o cualquier otra restricción al comercio internacional o a las transacciones financieras internacionales. No es su papel ofrecer bienes privados como serían gasolina, gas y electricidad: No es su papel otorgar subsidios, no importa a quienes o a qué actividad, si no es para corregir una externalidad positiva. En suma, no es papel del gobierno ejercer cualquier actividad, directamente o a través de la regulación, que limite o inhiba la libertad individual para elegir como asignar los recursos escasos que cada quién posee o que implique la utilización de recursos en actividades o programas que no le competen.
El grave problema que tenemos en México es que el gobierno interviene en áreas que no le competen o realiza actividades que tampoco son de su injerencia o gasta en programas que no deberían ni siquiera existir o que, aunque se justifique su existencia, están mal diseñados y se realizan de manera ineficiente, lo que deriva no solo en una ineficiente asignación de recursos sino, peor aún, en una destrucción de la riqueza nacional.
Está en discusión la posibilidad de hacer una reforma tributaria que dotaría al gobierno de mayores recursos. Pero antes de eso, lo que tendría que hacerse es un análisis profundo, detallado, de en qué está gastando el gobierno, qué programas realmente se justifican y cuáles hay que eliminar para obtener cuál es la cantidad de recursos que efectivamente requiere y, entonces, diseñar el esquema tributario que lo provea de ese monto y, simultáneamente, genere los incentivos para un mayor trabajo, ahorro e inversión.
Como sociedad, como individuos que ansiamos la libertad, no podemos permitir que el gobierno nos expolie a través del sistema tributario de recursos que va a ejercer de manera injustificada e ineficientemente.
lunes, 14 de febrero de 2011
Recaudar ¿para qué? (II)
En el artículo de la semana pasada apunté que el gobierno requiere contar con una fuente de recursos tributarios estructuralmente sólida para el financiamiento de las actividades que efectivamente le competen. Al respecto señalé dos de estas funciones. La primera es ofrecer bienes públicos, particularmente un marco legal que defina eficientemente los derechos privados de propiedad y proteger estos a través de una eficiente procuración y administración de justicia y, vale la pena mencionarlo de paso, garantizando la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. La segunda era procurar la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, dotando a la sociedad de un marco legal y regulatorio que garantice que estos operen en un contexto de competencia. Como mencioné, el gobierno en México, en sus tres niveles, está muy lejos de cumplir eficientemente con estas dos funciones, desperdiciando en el proceso una enorme cantidad de recursos públicos.
Siguiendo con las funciones que efectivamente le competen al gobierno, hay otras dos además de las ya señaladas. La primera es corregir las externalidades, tanto negativas como positivas. La segunda es cuando es necesario actuar de manera subsidiaria, sea por razones coyunturales o estructurales.
Las externalidades se refieren a aquellos casos en donde la acción de un agente económico le genera a la sociedad un efecto externo. En el caso de las negativas, además de los costos directos en los que incurre el agente, la sociedad experimenta un costo adicional que el agente que lo genera no lo internaliza; el mejor ejemplo de este caso es la contaminación ambiental. En el caso de las positivas, además del beneficio que obtiene un agente por su actividad, la sociedad obtiene un beneficio adicional que el agente que lo genera no lo internaliza; el mejor ejemplo es la educación primaria y secundaria. En ambos casos, es necesaria la intervención del gobierno para que el agente que generó la externalidad internalice el efecto externo que generó. Y ahora la pregunta: ¿está actuando eficientemente el gobierno en este ámbito? Y la respuesta, obviamente en no.
Veamos el caso de la contaminación. Para corregir el daño ambiental causado, la forma óptima de intervención del gobierno es imponer un gravamen a quién la genera, por ejemplo un impuesto a la gasolina para los automovilistas y un impuesto a las emisiones de carbón (carbon tax) para las industrias, junto con permisos comerciables de contaminación (cap and trade). ¿Pero qué hace el gobierno? Todo lo contrario. Subsidia los combustibles y la electricidad, por lo que en lugar de corregir la externalidad, la agrava.
Y en el caso de la externalidad positiva que genera la educación básica y media básica. Aquí la intervención óptima es garantizar el acceso al sistema educativo y subsidiar la demanda por este servicio, como por ejemplo a través de los “vales de educación (vouchers). ¿Qué hace el gobierno? En lugar de subsidiar la demanda, subsidia la oferta al asumir el papel de ser el principal oferente del servicio en un esquema en donde los padres no son libres de elegir la escuela y nadie rinde cuentas, ni los funcionarios del sistema educativo, ni los administradores de las escuelas, ni los profesores. El resultado de tal esquema es que, aunque se garantiza el acceso al servicio, la calidad de éste es deplorable, por lo que no se corrige eficientemente la externalidad.
Otra área en dónde el gobierno falla, desperdiciando recursos púbicos. Concluye la próxima semana.
Siguiendo con las funciones que efectivamente le competen al gobierno, hay otras dos además de las ya señaladas. La primera es corregir las externalidades, tanto negativas como positivas. La segunda es cuando es necesario actuar de manera subsidiaria, sea por razones coyunturales o estructurales.
Las externalidades se refieren a aquellos casos en donde la acción de un agente económico le genera a la sociedad un efecto externo. En el caso de las negativas, además de los costos directos en los que incurre el agente, la sociedad experimenta un costo adicional que el agente que lo genera no lo internaliza; el mejor ejemplo de este caso es la contaminación ambiental. En el caso de las positivas, además del beneficio que obtiene un agente por su actividad, la sociedad obtiene un beneficio adicional que el agente que lo genera no lo internaliza; el mejor ejemplo es la educación primaria y secundaria. En ambos casos, es necesaria la intervención del gobierno para que el agente que generó la externalidad internalice el efecto externo que generó. Y ahora la pregunta: ¿está actuando eficientemente el gobierno en este ámbito? Y la respuesta, obviamente en no.
Veamos el caso de la contaminación. Para corregir el daño ambiental causado, la forma óptima de intervención del gobierno es imponer un gravamen a quién la genera, por ejemplo un impuesto a la gasolina para los automovilistas y un impuesto a las emisiones de carbón (carbon tax) para las industrias, junto con permisos comerciables de contaminación (cap and trade). ¿Pero qué hace el gobierno? Todo lo contrario. Subsidia los combustibles y la electricidad, por lo que en lugar de corregir la externalidad, la agrava.
Y en el caso de la externalidad positiva que genera la educación básica y media básica. Aquí la intervención óptima es garantizar el acceso al sistema educativo y subsidiar la demanda por este servicio, como por ejemplo a través de los “vales de educación (vouchers). ¿Qué hace el gobierno? En lugar de subsidiar la demanda, subsidia la oferta al asumir el papel de ser el principal oferente del servicio en un esquema en donde los padres no son libres de elegir la escuela y nadie rinde cuentas, ni los funcionarios del sistema educativo, ni los administradores de las escuelas, ni los profesores. El resultado de tal esquema es que, aunque se garantiza el acceso al servicio, la calidad de éste es deplorable, por lo que no se corrige eficientemente la externalidad.
Otra área en dónde el gobierno falla, desperdiciando recursos púbicos. Concluye la próxima semana.
sábado, 12 de febrero de 2011
Recaudar, ¿para qué? (I)
En el artículo de la semana pasada señalé que la ventaja comparativa de los impuestos es recaudar y que si se le asigna otro objetivo al sistema tributario, como por ejemplo redistribuir el ingreso, se pierde eficiencia recaudatoria. De ahí establecí la posibilidad de hacer una reforma tributaria que consistiera de tres elementos: homogeneizar y generalizar el IVA, establecer un ISR proporcional a las personas físicas y adoptar íntegramente el IETU derogando simultáneamente el ISR a las personas morales. Además, propuse que para estos tres impuestos se estableciera la misma tasa, 20%, lo que simplificaría la administración tributaria para los contribuyentes y la fiscalización para el gobierno, además de fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios del gobierno federal y, de mayor importancia, alinear los incentivos que se derivan del sistema tributario con el objetivo de crecimiento económico.
La siguiente pregunta, como parte integral de una profunda reforma fiscal, es a qué fines se tendrían que destinar los ingresos tributarios. ¿Para qué recaudar?; ¿cuáles son las actividades que efectivamente le competen al gobierno? Y la respuesta es que en realidad no son muchas pero el gobierno mexicano ha asumido para sí labores que efectivamente no le competen, lo que se traduce en una asignación muy ineficiente de los recursos públicos que el gobierno gasta y que además, en algunos casos, resultan en una destrucción de parte de la riqueza nacional.
Sin duda, la principal función del gobierno, como oferente de bienes públicos, es definir eficientemente en el marco legal los derechos privados de propiedad y, a través de los organismos de procuración y administración de justicia, garantizar y proteger estos derechos; es decir, la principal función del gobierno es proveer a los ciudadanos de seguridad pública. ¿Cumple el gobierno, en sus tres ramas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) y en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) con esta función, la que la da la razón de ser? Claramente no; de entrada los derechos privados de propiedad están ineficientemente definidos en el marco legal, en particular en el artículo 27 de la Constitución y, por otra parte, si nos atenemos a la labor de procuración y administración de justicia, un índice de impunidad de más de 95% en los delitos del fuero común, es claro que el gobierno está fallando. Que el gobierno no cumpla eficientemente su labor de garantizar y proteger los derechos privados de propiedad, que no garantice el cumplimiento de contratos, tiene un enorme costo. ¿Cuánto mayor sería el PIB, cuánto más alta sería la tasa de crecimiento económico si el gobierno cumpliera eficientemente con su razón de existir?
Además de ofrecer otros bienes públicos, es papel del gobierno garantizar igualdad de oportunidades de acceso a mercados competitivos, sean de bienes, servicios o factores de la producción, incluyendo obviamente el mercado educativo y el de salud. ¿Cumple aquí su labor? Nuevamente no. Vivimos en una economía en donde abundan enormes barreras de entrada a los mercados, en donde predominan significativas prácticas monopólicas gubernamentales y privadas, una en donde las prácticas sindicales amparadas en una legislación laboral obsoleta e ineficiente impiden un funcionamiento competitivo y eficiente del mercado de trabajo, uno en donde el 92% de los niños cursando educación primaria están condenados a recibir una educación de muy mala calidad, sucediendo lo mismo en la provisión de servicios de salud.
Seguimos la próxima semana. Pero dada la ineficiencia gubernamental, tal vez una tasa impositiva de 20% es demasiado elevada.
La siguiente pregunta, como parte integral de una profunda reforma fiscal, es a qué fines se tendrían que destinar los ingresos tributarios. ¿Para qué recaudar?; ¿cuáles son las actividades que efectivamente le competen al gobierno? Y la respuesta es que en realidad no son muchas pero el gobierno mexicano ha asumido para sí labores que efectivamente no le competen, lo que se traduce en una asignación muy ineficiente de los recursos públicos que el gobierno gasta y que además, en algunos casos, resultan en una destrucción de parte de la riqueza nacional.
Sin duda, la principal función del gobierno, como oferente de bienes públicos, es definir eficientemente en el marco legal los derechos privados de propiedad y, a través de los organismos de procuración y administración de justicia, garantizar y proteger estos derechos; es decir, la principal función del gobierno es proveer a los ciudadanos de seguridad pública. ¿Cumple el gobierno, en sus tres ramas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) y en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) con esta función, la que la da la razón de ser? Claramente no; de entrada los derechos privados de propiedad están ineficientemente definidos en el marco legal, en particular en el artículo 27 de la Constitución y, por otra parte, si nos atenemos a la labor de procuración y administración de justicia, un índice de impunidad de más de 95% en los delitos del fuero común, es claro que el gobierno está fallando. Que el gobierno no cumpla eficientemente su labor de garantizar y proteger los derechos privados de propiedad, que no garantice el cumplimiento de contratos, tiene un enorme costo. ¿Cuánto mayor sería el PIB, cuánto más alta sería la tasa de crecimiento económico si el gobierno cumpliera eficientemente con su razón de existir?
Además de ofrecer otros bienes públicos, es papel del gobierno garantizar igualdad de oportunidades de acceso a mercados competitivos, sean de bienes, servicios o factores de la producción, incluyendo obviamente el mercado educativo y el de salud. ¿Cumple aquí su labor? Nuevamente no. Vivimos en una economía en donde abundan enormes barreras de entrada a los mercados, en donde predominan significativas prácticas monopólicas gubernamentales y privadas, una en donde las prácticas sindicales amparadas en una legislación laboral obsoleta e ineficiente impiden un funcionamiento competitivo y eficiente del mercado de trabajo, uno en donde el 92% de los niños cursando educación primaria están condenados a recibir una educación de muy mala calidad, sucediendo lo mismo en la provisión de servicios de salud.
Seguimos la próxima semana. Pero dada la ineficiencia gubernamental, tal vez una tasa impositiva de 20% es demasiado elevada.
lunes, 31 de enero de 2011
Reforma tributaria
El PRI lanzó al aire la propuesta para homogeneizar el IVA a una tasa de 12%, en lugar del esquema actual de una tasa general de 16% y una serie de bienes, particularmente alimentos y medicinas, que están gravados a una tasa de 0% y otros como libros y educación exentos. La propuesta tiene sus méritos ya que atiende uno de los principales problemas del sistema actual que es el que viola el principio de que un impuesto al gasto tiene que ser homogéneo y neutral sobre los precios relativos. Además, desde la perspectiva de la administración misma de este tributo, tanto para los contribuyentes como para el gobierno, genera mayores costos y permite una significativa elusión fiscal con la consecuente pérdida de ingresos para el gobierno. Sin embargo, la iniciativa presenta el problema de la tasa propuesta, ya que lo que es necesario hacer es incrementar la tasa general, no bajarla.
Y aquí es donde está uno de los grandes problemas del diseño del sistema tributario. Una de las principales reglas de política económica es que si se tienen “N” objetivos que se desean alcanzar, se requieren “N” instrumentos y además cada uno de ellos tiene que orientarse a cumplir con el objetivo para el cual tiene ventaja comparativa. No seguir esta regla, reduce la capacidad de un instrumento en particular para alcanzar su objetivo.
En específico, la ventaja comparativa de los impuestos es, pura y simplemente, recaudar para dotar al gobierno de los recursos que le permitan financiar aquellas actividades que efectivamente le competen. Asignarle al sistema tributario otros objetivos diferentes a la recaudación, por ejemplo redistribuir el ingreso, le quita poder recaudatorio a los impuestos. Es por esta simple razón que se explica porqué en México la recaudación de impuestos federales como porcentaje del PIB es tan baja.
Dado este planteamiento, y dada la propuesta del PRI para homogeneizar el IVA, es que ya es tiempo de aprobar una reforma tributaria global, de fondo, que cumpla dos objetivos fundamentales: primero, fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios del gobierno federal, reduciendo la dependencia en los ingresos petroleros y segundo, alinear los incentivos que se derivan del diseño del sistema tributario con el objetivo de un mayor crecimiento económico sostenido, incentivando el trabajo, el ahorro y la inversión.
Son tres los principales impuestos sobre los que hay que actuar. Primero, el ISR a las personas físicas debe establecerse como un gravamen proporcional que se aplicaría a la diferencia que habría entre el ingreso bruto de un individuo sin exenciones y un monto fijo que podría ser la línea de pobreza patrimonial. Este diseño cumple los principios de equidad horizontal y equidad vertical además de que genera un incentivo al trabajo.
El segundo es el IVA, el cual, como se mencionó antes, sí tiene que ser homogéneo y sin exenciones, cumpliendo con ello con el principio de neutralidad e incentivando además el ahorro.
El tercer es el IETU, el cual ya tiene que aplicarse íntegramente, gravando la diferencia entre los ingresos brutos por ventas y los gastos de adquisición de insumos y la inversión fija bruta realizada en el periodo, eliminando simultáneamente el ISR a las personas morales. Este diseño es fácil de administrar y fiscalizar e incentiva la inversión privada en la economía.
Y por último, para los tres gravámenes señalados se establecería una tasa uniforme de 20%. Simple, sin complicaciones. Una maravilla tributaria.
Y aquí es donde está uno de los grandes problemas del diseño del sistema tributario. Una de las principales reglas de política económica es que si se tienen “N” objetivos que se desean alcanzar, se requieren “N” instrumentos y además cada uno de ellos tiene que orientarse a cumplir con el objetivo para el cual tiene ventaja comparativa. No seguir esta regla, reduce la capacidad de un instrumento en particular para alcanzar su objetivo.
En específico, la ventaja comparativa de los impuestos es, pura y simplemente, recaudar para dotar al gobierno de los recursos que le permitan financiar aquellas actividades que efectivamente le competen. Asignarle al sistema tributario otros objetivos diferentes a la recaudación, por ejemplo redistribuir el ingreso, le quita poder recaudatorio a los impuestos. Es por esta simple razón que se explica porqué en México la recaudación de impuestos federales como porcentaje del PIB es tan baja.
Dado este planteamiento, y dada la propuesta del PRI para homogeneizar el IVA, es que ya es tiempo de aprobar una reforma tributaria global, de fondo, que cumpla dos objetivos fundamentales: primero, fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios del gobierno federal, reduciendo la dependencia en los ingresos petroleros y segundo, alinear los incentivos que se derivan del diseño del sistema tributario con el objetivo de un mayor crecimiento económico sostenido, incentivando el trabajo, el ahorro y la inversión.
Son tres los principales impuestos sobre los que hay que actuar. Primero, el ISR a las personas físicas debe establecerse como un gravamen proporcional que se aplicaría a la diferencia que habría entre el ingreso bruto de un individuo sin exenciones y un monto fijo que podría ser la línea de pobreza patrimonial. Este diseño cumple los principios de equidad horizontal y equidad vertical además de que genera un incentivo al trabajo.
El segundo es el IVA, el cual, como se mencionó antes, sí tiene que ser homogéneo y sin exenciones, cumpliendo con ello con el principio de neutralidad e incentivando además el ahorro.
El tercer es el IETU, el cual ya tiene que aplicarse íntegramente, gravando la diferencia entre los ingresos brutos por ventas y los gastos de adquisición de insumos y la inversión fija bruta realizada en el periodo, eliminando simultáneamente el ISR a las personas morales. Este diseño es fácil de administrar y fiscalizar e incentiva la inversión privada en la economía.
Y por último, para los tres gravámenes señalados se establecería una tasa uniforme de 20%. Simple, sin complicaciones. Una maravilla tributaria.
México, ¿la séptima?
Hasta hace unos pocos años, la economía mexicana era la décima economía más grande del mundo; hoy en día es la catorceava. Mientras una cantidad significativa de países avanzaba, México se ha mantenido prácticamente postrado, experimentado bajas tasas de crecimiento económico. Han sido tres décadas en las cuales el crecimiento del PIB por habitante ha sido, en promedio cercano a cero.
En este escenario, un estudio prospectivo de Price Waterhouse, reportado en este periódico la semana pasada, señala que en el año 2050 la economía mexicana sería la séptima más grande del mundo, alcanzando un PIB absoluto, medido en dólares, por arriba del que tendrían tres de las grandes economías europeas: Gran Bretaña, Francia e Italia. ¿Sorprende? No en realidad dado el tamaño de México tanto por su área geográfica, dos millones de kilómetros cuadrados, como por la cantidad de pobladores. Lo que sorprende es que en la actualidad México no sea ya más grande que esas tres economías europeas, aunque en realidad tampoco debería sorprendernos dado el muy mediocre desempeño que hemos tenido en los últimos treinta años.
Por otra parte, ¿qué tan relevante es medir el tamaño de una economía por el valor absoluto de su PIB? Información para 2009 arrojaba lo siguiente: ajustado por paridad del poder de compra (PPC), la economía estadounidense tuvo un PIB de 14 billones de dólares, China de 9.1 billones, Japón de 4.1, India de 3.8, Alemania de 3 y México de 1.5 billones. Sin embargo, medido en términos de PIB por habitante en dólares ajustados por PPC, la información es la siguiente: Estados Unidos 46,400, China 6,500, Japón 32,600, India 3,100, Alemania 34,200 y México 13,200.
Con la información anterior, queda claro que lo relevante en realidad no es el valor absoluto del PIB sino el PIB por habitante. El PIB de China, en valor absoluto es el 70% del estadounidense, mientras que medido por habitante el de Estados Unidos es 7 veces superior al chino. Así, el PIB de China es tan grande, la segunda economía más grande del mundo, porque es territorialmente el segundo país más grande del mundo (después de Rusia) y tiene la población más grande del mundo. México es, en valor absoluto, la catorceava más grande del mundo pero en términos de PIB por habitante está en el lugar 70.
Hacia el futuro es claro que la economía mexicana seguirá aumentando su tamaño absoluto por dos razones fundamentales: la población seguirá creciendo y cada vez gente se incorporará al mercado laboral, mientras que los tres países europeos señalados experimentarán un estancamiento de su población además de un envejecimiento de la misma. Pero nuevamente, lo relevante no esto sino si el PIB por habitante, como una primera aproximación al nivel de desarrollo económico, experimentará un incremento sostenido.
Y es aquí donde está el meollo del asunto, cómo hacer para que el PIB por habitante experimente un aumento sostenido. Y la respuesta, es necesario seguir insistiendo, se centra en hacer los cambios en el arreglo institucional que deriven en una mayor inversión pero, más importante aún, en un continuo incremento en la productividad de los factores de la producción. El PIB por habitante en México ha estado estancado, a pesar de que en términos absolutos ha aumentado, porque la productividad no se ha incrementado.
O hacemos ya los cambios estructurales que se requieren o de nada servirá llegar a ser la séptima economía más grande del mundo.
En este escenario, un estudio prospectivo de Price Waterhouse, reportado en este periódico la semana pasada, señala que en el año 2050 la economía mexicana sería la séptima más grande del mundo, alcanzando un PIB absoluto, medido en dólares, por arriba del que tendrían tres de las grandes economías europeas: Gran Bretaña, Francia e Italia. ¿Sorprende? No en realidad dado el tamaño de México tanto por su área geográfica, dos millones de kilómetros cuadrados, como por la cantidad de pobladores. Lo que sorprende es que en la actualidad México no sea ya más grande que esas tres economías europeas, aunque en realidad tampoco debería sorprendernos dado el muy mediocre desempeño que hemos tenido en los últimos treinta años.
Por otra parte, ¿qué tan relevante es medir el tamaño de una economía por el valor absoluto de su PIB? Información para 2009 arrojaba lo siguiente: ajustado por paridad del poder de compra (PPC), la economía estadounidense tuvo un PIB de 14 billones de dólares, China de 9.1 billones, Japón de 4.1, India de 3.8, Alemania de 3 y México de 1.5 billones. Sin embargo, medido en términos de PIB por habitante en dólares ajustados por PPC, la información es la siguiente: Estados Unidos 46,400, China 6,500, Japón 32,600, India 3,100, Alemania 34,200 y México 13,200.
Con la información anterior, queda claro que lo relevante en realidad no es el valor absoluto del PIB sino el PIB por habitante. El PIB de China, en valor absoluto es el 70% del estadounidense, mientras que medido por habitante el de Estados Unidos es 7 veces superior al chino. Así, el PIB de China es tan grande, la segunda economía más grande del mundo, porque es territorialmente el segundo país más grande del mundo (después de Rusia) y tiene la población más grande del mundo. México es, en valor absoluto, la catorceava más grande del mundo pero en términos de PIB por habitante está en el lugar 70.
Hacia el futuro es claro que la economía mexicana seguirá aumentando su tamaño absoluto por dos razones fundamentales: la población seguirá creciendo y cada vez gente se incorporará al mercado laboral, mientras que los tres países europeos señalados experimentarán un estancamiento de su población además de un envejecimiento de la misma. Pero nuevamente, lo relevante no esto sino si el PIB por habitante, como una primera aproximación al nivel de desarrollo económico, experimentará un incremento sostenido.
Y es aquí donde está el meollo del asunto, cómo hacer para que el PIB por habitante experimente un aumento sostenido. Y la respuesta, es necesario seguir insistiendo, se centra en hacer los cambios en el arreglo institucional que deriven en una mayor inversión pero, más importante aún, en un continuo incremento en la productividad de los factores de la producción. El PIB por habitante en México ha estado estancado, a pesar de que en términos absolutos ha aumentado, porque la productividad no se ha incrementado.
O hacemos ya los cambios estructurales que se requieren o de nada servirá llegar a ser la séptima economía más grande del mundo.
lunes, 17 de enero de 2011
La maldita corrupción
Cual jinete del Apocalipsis que se yergue blandiendo su espada sobre México, la corrupción es un enorme azote que inhibe el desarrollo económico y la mejora en el bienestar de la población. Todos los mexicanos hemos sido, en mayor o menor grado, de alguna u otra forma, víctimas de la corrupción y, en caso excepcional en donde alguien no lo haya sido directamente, sí ha sido víctima de esta lacra porque su nivel de vida es menor como resultado de la corrupción que impera en el país.
No importa a qué índice recurramos, sea Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, Doing Business in Mexico, los índices de libertad económica de la Fundación Heritage o del Instituto Fraser, etcétera, en todos hay un común denominador: la percepción de que dentro del grupo de países comparables por nivel de desarrollo económico, México es de los países más corruptos de ese grupo; inclusive, en varios índices sobre el tema, México aparece peor colocado que muchos países del sub – Sahara, países que tradicionalmente han sido percibidos como muy corruptos.
La corrupción impera en México en prácticamente todos los niveles de la acción pública con un enorme costo para la sociedad. Parecería ser que en nuestro país nada se mueve, no es posible hacer algo, sobre todo cuando nos enfrentamos a la maquinaria pública, si no hay de por medio un acto de transferencia de recursos del agente económico privado al funcionario gubernamental, nada avanza si no hay “la engrasada de la mano”, “la mocha”, “la corta”.
Aunque al nivel del gobierno federal pudiese haberse reducido la incidencia de corrupción dada la labor de la Secretaría de la Función Pública (que de paso entorpece prácticamente cualquier acto de obra o de adquisición pública) y de la Auditoría Superior de la Federación, así como la desregulación de trámites federales que se ha hecho recientemente, al nivel de los gobiernos estatales y municipales ésta sigue campeando en sus reales.
La creciente cantidad de recursos públicos que manejan los gobiernos locales, prácticamente todos de origen federal sea a través de las participaciones y de las transferencias, sin una efectiva rendición de cuentas sobre su destino y su rentabilidad, con un poder político local que recuerda las mejores épocas porfiristas o priistas del poder político absoluto, han dado paso a una incidencia de corrupción rampante.
Adjudicación de contratos de obras públicas que no se hacen si no hay un pago al burócrata que decide qué empresa va a hacer la obra, licencias y permisos que no se obtienen si no hay un pago previo, robo impune de las arcas públicas en los gobiernos estatales y municipales, el aparato de procuración y administración de justicia (policías, ministerios públicos y juzgados) que son notoriamente corruptos y que por lo mismo no garantizan la impartición imparcial de justicia ni el cumplimiento de contratos y sí, por el contario, derivan en una impunidad en la comisión de delitos del 97%, condicionamiento a cambio de un pago para proveer un servicio público, sea la conexión a las redes de electricidad o de agua o hasta recoger la basura, son todos ejemplos de una lacra que nos cuesta una enorme cantidad de recursos, que afecta más a quienes menores ingresos tienen y que inhibe el desarrollo económico.
Todo acto de corrupción implica la transferencia de recursos reales al funcionario corrupto y mientras no nos libremos de ella, seguirá siendo una pesada losa sobre el desarrollo de México.
No importa a qué índice recurramos, sea Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, Doing Business in Mexico, los índices de libertad económica de la Fundación Heritage o del Instituto Fraser, etcétera, en todos hay un común denominador: la percepción de que dentro del grupo de países comparables por nivel de desarrollo económico, México es de los países más corruptos de ese grupo; inclusive, en varios índices sobre el tema, México aparece peor colocado que muchos países del sub – Sahara, países que tradicionalmente han sido percibidos como muy corruptos.
La corrupción impera en México en prácticamente todos los niveles de la acción pública con un enorme costo para la sociedad. Parecería ser que en nuestro país nada se mueve, no es posible hacer algo, sobre todo cuando nos enfrentamos a la maquinaria pública, si no hay de por medio un acto de transferencia de recursos del agente económico privado al funcionario gubernamental, nada avanza si no hay “la engrasada de la mano”, “la mocha”, “la corta”.
Aunque al nivel del gobierno federal pudiese haberse reducido la incidencia de corrupción dada la labor de la Secretaría de la Función Pública (que de paso entorpece prácticamente cualquier acto de obra o de adquisición pública) y de la Auditoría Superior de la Federación, así como la desregulación de trámites federales que se ha hecho recientemente, al nivel de los gobiernos estatales y municipales ésta sigue campeando en sus reales.
La creciente cantidad de recursos públicos que manejan los gobiernos locales, prácticamente todos de origen federal sea a través de las participaciones y de las transferencias, sin una efectiva rendición de cuentas sobre su destino y su rentabilidad, con un poder político local que recuerda las mejores épocas porfiristas o priistas del poder político absoluto, han dado paso a una incidencia de corrupción rampante.
Adjudicación de contratos de obras públicas que no se hacen si no hay un pago al burócrata que decide qué empresa va a hacer la obra, licencias y permisos que no se obtienen si no hay un pago previo, robo impune de las arcas públicas en los gobiernos estatales y municipales, el aparato de procuración y administración de justicia (policías, ministerios públicos y juzgados) que son notoriamente corruptos y que por lo mismo no garantizan la impartición imparcial de justicia ni el cumplimiento de contratos y sí, por el contario, derivan en una impunidad en la comisión de delitos del 97%, condicionamiento a cambio de un pago para proveer un servicio público, sea la conexión a las redes de electricidad o de agua o hasta recoger la basura, son todos ejemplos de una lacra que nos cuesta una enorme cantidad de recursos, que afecta más a quienes menores ingresos tienen y que inhibe el desarrollo económico.
Todo acto de corrupción implica la transferencia de recursos reales al funcionario corrupto y mientras no nos libremos de ella, seguirá siendo una pesada losa sobre el desarrollo de México.
lunes, 10 de enero de 2011
Meta de inflación
67.56, 74.41 y 82.03. ¿Números ganadores en una lotería? No; es el valor real de 100 pesos nominales, su poder adquisitivo, después de 10 años de inflación anual a tres tasas, 4, 3 y 2% respectivamente.
No cabe duda que uno de los más importantes logros de la política económica, específicamente la política monetaria, ha sido el abatimiento de la inflación a niveles cercanos al 4% anual. Poca gente se acuerda, porque la memoria es corta o porque la mayor parte de la actual población mexicana aun no había nacido, de aquellos álgidos días de la década de los ochenta cuando la economía mexicana atravesaba por uno de los periodos de mayor inestabilidad macroeconómica de la historia. Baste un dato para ilustrarlo: la inflación mensual anualizada que se experimentó en enero de 1988 fue de 538%. En aquellos años la inflación causaba estragos mayores, no solo sobre el poder adquisitivo del ingreso de las familias, sino también sobre otras variables claves como el ahorro en el sistema financiero, el crédito otorgado a las empresas, la inversión por parte de éstas, las tasas de interés, el tipo de cambio, etcétera. Poca gente se acuerda de la destrucción económica que causó la inflación durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. Fueron tan negativos los efectos de la inflación, la peor distorsión que un gobierno puede introducir a la economía, que aun seguimos pagando los costos de esa etapa de inestabilidad que se inició con el gobierno de Echeverría.
Después de varios intentos de estabilización frustrados, particularmente después de la crisis macroeconómica y bancaria de 1995, por fin estamos en un escenario de baja inflación. 4% anual no parece ser mucho, sobre todo tomando en consideración por lo que hemos atravesado, pero como las cifras arriba expuestas señalan, sí existe una notable diferencia entre una inflación de 4% anual y una de 2% anual. En el primero de los casos, 4% anual en 10 años lleva a una inflación acumulada de 48%, mientras una de 2% anual lleva a una acumulada de 21.9%.
¿A qué viene todo esto? Básicamente a dos cosas. Primero, todavía aparecen personajes (empresarios, políticos y hasta uno que otro funcionario público) que expresan que “un poquito de inflación no es tan mala si a cambio se logra un mayor crecimiento”, para de ahí señalar que el Banco de México debería promover el crecimiento económico y hasta sugieren cambiar el artículo 28 de la Constitución para establecer como mandato para el banco central ese objetivo dual de estabilidad y crecimiento. Esto es, sin duda, una auténtica burrada. ¿Cuánto es una inflación moderada? 10% anual implica que en 10 años la inflación acumulada sería de 159% y cada unidad monetaria perdería casi el 60% de su poder adquisitivo. Más aun, parece que todavía no les queda claro que la mejor contribución que un banco central puede hacer al crecimiento de una economía es mantener la estabilidad de precios.
La segunda razón de lo anteriormente señalado es que después de varios años en los cuales la inflación ha rondado el 4%, ya es tiempo de que el Banco de México revise su meta de inflación hacia una de 2% anual, siendo este el porcentaje que efectivamente implicaría la estabilidad de precios. 4% anual, aunque en un solo año no parece mucho, a la larga resulta ser en una inflación acumulada significativa e inaceptable.
No cabe duda que uno de los más importantes logros de la política económica, específicamente la política monetaria, ha sido el abatimiento de la inflación a niveles cercanos al 4% anual. Poca gente se acuerda, porque la memoria es corta o porque la mayor parte de la actual población mexicana aun no había nacido, de aquellos álgidos días de la década de los ochenta cuando la economía mexicana atravesaba por uno de los periodos de mayor inestabilidad macroeconómica de la historia. Baste un dato para ilustrarlo: la inflación mensual anualizada que se experimentó en enero de 1988 fue de 538%. En aquellos años la inflación causaba estragos mayores, no solo sobre el poder adquisitivo del ingreso de las familias, sino también sobre otras variables claves como el ahorro en el sistema financiero, el crédito otorgado a las empresas, la inversión por parte de éstas, las tasas de interés, el tipo de cambio, etcétera. Poca gente se acuerda de la destrucción económica que causó la inflación durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. Fueron tan negativos los efectos de la inflación, la peor distorsión que un gobierno puede introducir a la economía, que aun seguimos pagando los costos de esa etapa de inestabilidad que se inició con el gobierno de Echeverría.
Después de varios intentos de estabilización frustrados, particularmente después de la crisis macroeconómica y bancaria de 1995, por fin estamos en un escenario de baja inflación. 4% anual no parece ser mucho, sobre todo tomando en consideración por lo que hemos atravesado, pero como las cifras arriba expuestas señalan, sí existe una notable diferencia entre una inflación de 4% anual y una de 2% anual. En el primero de los casos, 4% anual en 10 años lleva a una inflación acumulada de 48%, mientras una de 2% anual lleva a una acumulada de 21.9%.
¿A qué viene todo esto? Básicamente a dos cosas. Primero, todavía aparecen personajes (empresarios, políticos y hasta uno que otro funcionario público) que expresan que “un poquito de inflación no es tan mala si a cambio se logra un mayor crecimiento”, para de ahí señalar que el Banco de México debería promover el crecimiento económico y hasta sugieren cambiar el artículo 28 de la Constitución para establecer como mandato para el banco central ese objetivo dual de estabilidad y crecimiento. Esto es, sin duda, una auténtica burrada. ¿Cuánto es una inflación moderada? 10% anual implica que en 10 años la inflación acumulada sería de 159% y cada unidad monetaria perdería casi el 60% de su poder adquisitivo. Más aun, parece que todavía no les queda claro que la mejor contribución que un banco central puede hacer al crecimiento de una economía es mantener la estabilidad de precios.
La segunda razón de lo anteriormente señalado es que después de varios años en los cuales la inflación ha rondado el 4%, ya es tiempo de que el Banco de México revise su meta de inflación hacia una de 2% anual, siendo este el porcentaje que efectivamente implicaría la estabilidad de precios. 4% anual, aunque en un solo año no parece mucho, a la larga resulta ser en una inflación acumulada significativa e inaceptable.
lunes, 3 de enero de 2011
¿Para cuándo?
Transcurrió 2010 y no pasó nada de lo que nos habían prometido iba a pasar. Se desperdició otro año en materia de reformas estructurales y la consecuencia es que los agentes económicos, individuos, empresas y gobierno, seguimos operando e interactuando con un arreglo institucional deficiente, con altos costos de transacción, con incentivos erróneamente alineados, con un mercado interno débil y una economía vulnerable a cualquier choque negativo externo.
Cómo ha sido costumbre, se volvieron a atorar en el Congreso las reformas estructurales que se requieren y la pregunta es si este año habrá algún progreso al respecto. Por como pintan las cosas, se ve difícil. Con elecciones en varios estados de la República y el ambiente para las elecciones de 2012 calentándose, difícilmente los políticos estarán en el ánimo o tendrán la voluntad para emprender, seriamente, el trabajo legislativo que se requiere. Con certeza escucharemos a lo largo del año declaraciones por parte de los diputados y senadores que ahora sí trabajarán para sacar adelante las diversas reformas que nos han sido tantas veces prometidas, pero lo más seguro es que transcurra el año y nada relevante vuelva a suceder.
En este contexto, el crecimiento que experimentará la economía durante este año, después del rebote del año pasado, volverá a ser mediocre, entre 3.5 y 4%, tasa que claramente no es suficiente para lograr un progreso significativo en el bienestar de la mayor parte de los mexicanos. Con esta tasa de crecimiento, no habrá suficiente creación de empleos en el sector legal de la economía, por lo que el número de trabajadores empleados en la informalidad, es decir sin acceso a los sistemas de seguridad social, seguirán aumentando.
En el impasse en el que estamos, queda en el aire la pregunta de qué es lo que se requiere para romperlo y no parece haber una respuesta fácil, dado que aquellos que están encargados del diseño del marco institucional, es decir los partidos políticos y los legisladores, carecen de los incentivos para modificar el que tenemos actualmente, empezando por aquél que los obligue a una efectiva y transparente rendición de cuentas.
Siendo esto así, ¿para cuándo se sentarán las condiciones para los cambios que se requieren? ¿Tendremos que esperar hasta el próximo sexenio? Al parecer la respuesta es sí, lo cual es frustrante ya que el tiempo se agota. El 2025 es la fecha fatídica porque ese será el año en el cual se acabe la ventana de oportunidad demográfica; ya se desperdiciaron 10 y solo quedan 15 años para lograr que la economía entre en una senda de crecimiento alto y sostenido, con una alta tasa de creación de empleos y con una expansión sustentada en un cambio tecnológico continuo en los diferentes sectores de la producción.
No hacer ya los cambios estructurales que se requieren, seguir desperdiciando el tiempo en discusiones estériles, en un continuo pleito entre políticos que no llevan a nada positivo, con políticos solamente preocupados en mantener sus rentas y protegiendo las rentas de unos cuantos privilegiados, lo único que nos depara como país es que cuando llegue el 2025 México estará condenado a ser un país pobre, lleno de viejos pobres, con una fuerza laboral en activo manteniendo cada vez a más individuos que no están en edad de trabajar, sea porque sean niños o ya estén retirados.
¿Para cuándo? Esa es la pregunta.
Cómo ha sido costumbre, se volvieron a atorar en el Congreso las reformas estructurales que se requieren y la pregunta es si este año habrá algún progreso al respecto. Por como pintan las cosas, se ve difícil. Con elecciones en varios estados de la República y el ambiente para las elecciones de 2012 calentándose, difícilmente los políticos estarán en el ánimo o tendrán la voluntad para emprender, seriamente, el trabajo legislativo que se requiere. Con certeza escucharemos a lo largo del año declaraciones por parte de los diputados y senadores que ahora sí trabajarán para sacar adelante las diversas reformas que nos han sido tantas veces prometidas, pero lo más seguro es que transcurra el año y nada relevante vuelva a suceder.
En este contexto, el crecimiento que experimentará la economía durante este año, después del rebote del año pasado, volverá a ser mediocre, entre 3.5 y 4%, tasa que claramente no es suficiente para lograr un progreso significativo en el bienestar de la mayor parte de los mexicanos. Con esta tasa de crecimiento, no habrá suficiente creación de empleos en el sector legal de la economía, por lo que el número de trabajadores empleados en la informalidad, es decir sin acceso a los sistemas de seguridad social, seguirán aumentando.
En el impasse en el que estamos, queda en el aire la pregunta de qué es lo que se requiere para romperlo y no parece haber una respuesta fácil, dado que aquellos que están encargados del diseño del marco institucional, es decir los partidos políticos y los legisladores, carecen de los incentivos para modificar el que tenemos actualmente, empezando por aquél que los obligue a una efectiva y transparente rendición de cuentas.
Siendo esto así, ¿para cuándo se sentarán las condiciones para los cambios que se requieren? ¿Tendremos que esperar hasta el próximo sexenio? Al parecer la respuesta es sí, lo cual es frustrante ya que el tiempo se agota. El 2025 es la fecha fatídica porque ese será el año en el cual se acabe la ventana de oportunidad demográfica; ya se desperdiciaron 10 y solo quedan 15 años para lograr que la economía entre en una senda de crecimiento alto y sostenido, con una alta tasa de creación de empleos y con una expansión sustentada en un cambio tecnológico continuo en los diferentes sectores de la producción.
No hacer ya los cambios estructurales que se requieren, seguir desperdiciando el tiempo en discusiones estériles, en un continuo pleito entre políticos que no llevan a nada positivo, con políticos solamente preocupados en mantener sus rentas y protegiendo las rentas de unos cuantos privilegiados, lo único que nos depara como país es que cuando llegue el 2025 México estará condenado a ser un país pobre, lleno de viejos pobres, con una fuerza laboral en activo manteniendo cada vez a más individuos que no están en edad de trabajar, sea porque sean niños o ya estén retirados.
¿Para cuándo? Esa es la pregunta.
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