Jorge Ibargüengioitia escribió en el periódico Excelsior, entre 1969 y 1976, una serie de artículos que fueron compilados posteriormente por Guillermo Sheridan en un libro que recibió por título Instrucciones para Vivir en México. En ellos relata, desde su característica ironía, parte de la idiosincrasia del pueblo mexicano y su convivencia social. Sin llegarle ni siquiera a los talones de quién ha sido uno de los grandes escritores que ha habido en la literatura mexicana, he aquí una muy pequeña contribución a esa maravillosa línea desarrollada por Ibargüengioitia enfocada al DeFectuoso 2010. El D. F., la Ciudad de los Palacios tal como la describió Alexander von Humbolt y, simultáneamente, un infierno. Es tal la dualidad que caracteriza nuestra ciudad capital, que se requiere una rápida y simple guía para poder sobrevivir.
Si es usted un común peatón, antes de ingresar a transitar por las calles de la Ciudad, debe haber adquirido y perfeccionado todas las habilidades de un atleta. Usted debe ser lo suficientemente hábil para poder caminar por banquetas rotas sin quebrarse los tobillos y evadir el excremento de perros. Cruzar las calles requiere más habilidad que Gaona para torear a los automovilistas, que habiéndolo divisado, enfilan su arma mortal para tratar de pasarle rozando y pegarle un susto “jijo de la chingada”, ante lo cual lo único que usted puede hacer es dar un salto que hubiese sido la envidia de Mike Powell, poseedor del record mundial de salto de longitud y, simultáneamente, alzar el brazo derecho con el puño cerrado para recordarle la maternidad al susodicho automovilista, cosa que Powell nunca hubiera podido hacer.
Si usted es un consuetudinario usuario del transporte público, debe haber desarrollado las siguientes habilidades: a) de luchador de Sumo para subir y bajarse del Metro; b) tener vista de águila para poder identificar a los taxis piratas so pena de ser secuestrado y asaltado (además de violada en caso de ser mujer); c) de perico de jaula para poder dormir agarrado del tubo del camión o del Metro sin caerse y tener además la habilidad cuasi – mágica de despertarse unos segundos antes de llegar a la parada en la cual hay que descender; d) pulmones de un buceador sin tanque de oxigeno para respirar el menor número de veces posible dentro del transporte público.
Caminando por el DeFectuoso, tiene que haber adquirido las mejores artes de la ilusión óptica para deshacerse, sin levantar sospechas, de pañuelos faciales, envolturas, latas o botellas de agua o refresco, etcétera, porque bajo ninguna circunstancia encontrará un bote para la basura.
Si usted es un automovilista, debe tener siempre presente lo siguiente: a) saber dónde se establecen los alcoholímetros o, de perdida, tener activo el Twitter de su celular para que le avisen adonde están y no acabar con todo y huesos en el “Torito”; b) saber cuales son los puntos de tránsito conflictivo en donde es altamente probable que lo asalten, siempre a la vista de un policía; c) tener siempre al menos $200 en la cartera porque la probabilidad de que lo extorsione un policía siempre es positiva; d) estar atento a las alertas por radio porque un día sí y al siguiente también, es altamente probable que le toque alguna manifestación de la izquierda “progresista”, movimientos afines o sindicatos, siempre acompañados y protegidos por la policía, no vaya a ser que sean agredidos por algún enojado ciudadano.
Vivir en el D. F., un verdadero paraíso.
lunes, 22 de noviembre de 2010
martes, 16 de noviembre de 2010
G - 20
Como se podía haber anticipado, la reunión del G – 20 en Seúl, sin que haya sido un fracaso estrepitoso, no fue sin embargo una en donde se haya llegado a acuerdos duros, particularmente en dos materias relacionadas entre sí: la “guerra cambiaria” y la propuesta de Estados Unidos de limitar los desbalances en la cuenta corriente de la balanza de pagos de cada uno de los países.
En la primera materia, el tema central es la decisión del gobierno chino de no permitir una mayor flexibilidad del yuan, misma que llevaría a una revaluación de esta moneda frente al dólar. La decisión de mantener depreciada su moneda, lo que de hecho representa un subsidio cambiario a las exportaciones chinas hacia el resto del mundo, a costa de un salario real menor para los trabajadores de ese país y un beneficio para los consumidores mundiales de estos bienes y de sus sustitutos, ha tenido como resultado un significativo superávit en la cuenta corriente y se ha traducido en una cuantiosa acumulación de reservas internacionales, mismas que se mantienen mayoritariamente en bonos del Tesoro estadounidense. El acuerdo al que se llegó fue el de no recurrir a “devaluaciones competitivas” y una vaga promesa del gobierno chino de permitir un “ajuste ordenado y paulatino” de la cotización del yuan frente a otras monedas.
Y esto lleva al segundo tema: los desequilibrios de la cuenta corriente. Estados Unidos propuso en la reunión que cada país que conforma el G -20 se comprometiera a que su desequilibrio externo, medido como el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos como porcentaje del PIB, no superara en cada año el 3%, propuesta que fue rechazada principalmente por Alemania, China y Rusia. El argumento central de la propuesta estadounidense es que aquellos países que mantienen un significativo superávit en la cuenta corriente deberían reducir su ahorro y aumentar el gasto interno, contribuyendo de esta manera a una recuperación más rápida de la economía mundial.
Aunque esta propuesta pudiese tener algún sentido, esconde sin embargo el hecho de que el desbalance negativo que actualmente se observa en la cuenta corriente de Estados Unidos es el resultado de las decisiones que este país ha tomado en materia fiscal y monetaria, ambas de carácter expansivo.
En materia fiscal, el significativo déficit del gobierno federal estadounidense y su financiamiento a través de la emisión de deuda, mismos que son acumulados por el resto del mundo y que significa un superávit en la cuenta de capitales de Estados Unidos, tiene necesariamente como contrapartida un déficit en la cuenta corriente. A esto hay que agregarle el hecho de que la política monetaria de la Reserva Federal ha sido notoriamente expansiva, “inundando” el resto del mundo de dólares. La decisión que recientemente tomó la Fed de comprar bonos de mediano plazo del Tesoro estadounidense hará que la política monetaria sea todavía más expansiva, lo que tenderá a reflejarse en un mayor déficit en su cuenta corriente, aun a pesar del debilitamiento del dólar frente al resto de las monedas.
El mundo está pasando por una época complicada, caracterizada por una muy débil recuperación del crecimiento económico, particularmente en los países desarrollados. Obviamente se requiere de acuerdos internacionales, pero también es claro que la economía mundial no regresará a una senda sostenida de crecimiento económico mientras cada país, en lo interno, no arregle los aspectos fundamentales de su política económica, en particular sus desequilibrios fiscales.
En la primera materia, el tema central es la decisión del gobierno chino de no permitir una mayor flexibilidad del yuan, misma que llevaría a una revaluación de esta moneda frente al dólar. La decisión de mantener depreciada su moneda, lo que de hecho representa un subsidio cambiario a las exportaciones chinas hacia el resto del mundo, a costa de un salario real menor para los trabajadores de ese país y un beneficio para los consumidores mundiales de estos bienes y de sus sustitutos, ha tenido como resultado un significativo superávit en la cuenta corriente y se ha traducido en una cuantiosa acumulación de reservas internacionales, mismas que se mantienen mayoritariamente en bonos del Tesoro estadounidense. El acuerdo al que se llegó fue el de no recurrir a “devaluaciones competitivas” y una vaga promesa del gobierno chino de permitir un “ajuste ordenado y paulatino” de la cotización del yuan frente a otras monedas.
Y esto lleva al segundo tema: los desequilibrios de la cuenta corriente. Estados Unidos propuso en la reunión que cada país que conforma el G -20 se comprometiera a que su desequilibrio externo, medido como el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos como porcentaje del PIB, no superara en cada año el 3%, propuesta que fue rechazada principalmente por Alemania, China y Rusia. El argumento central de la propuesta estadounidense es que aquellos países que mantienen un significativo superávit en la cuenta corriente deberían reducir su ahorro y aumentar el gasto interno, contribuyendo de esta manera a una recuperación más rápida de la economía mundial.
Aunque esta propuesta pudiese tener algún sentido, esconde sin embargo el hecho de que el desbalance negativo que actualmente se observa en la cuenta corriente de Estados Unidos es el resultado de las decisiones que este país ha tomado en materia fiscal y monetaria, ambas de carácter expansivo.
En materia fiscal, el significativo déficit del gobierno federal estadounidense y su financiamiento a través de la emisión de deuda, mismos que son acumulados por el resto del mundo y que significa un superávit en la cuenta de capitales de Estados Unidos, tiene necesariamente como contrapartida un déficit en la cuenta corriente. A esto hay que agregarle el hecho de que la política monetaria de la Reserva Federal ha sido notoriamente expansiva, “inundando” el resto del mundo de dólares. La decisión que recientemente tomó la Fed de comprar bonos de mediano plazo del Tesoro estadounidense hará que la política monetaria sea todavía más expansiva, lo que tenderá a reflejarse en un mayor déficit en su cuenta corriente, aun a pesar del debilitamiento del dólar frente al resto de las monedas.
El mundo está pasando por una época complicada, caracterizada por una muy débil recuperación del crecimiento económico, particularmente en los países desarrollados. Obviamente se requiere de acuerdos internacionales, pero también es claro que la economía mundial no regresará a una senda sostenida de crecimiento económico mientras cada país, en lo interno, no arregle los aspectos fundamentales de su política económica, en particular sus desequilibrios fiscales.
viernes, 12 de noviembre de 2010
Todo sereno
Como en los viejos tiempos, cuando existían policías de barrio en la Ciudad de México que hacían sus rondas nocturnas, gritando cada hora a la hora para que los vecinos lo escucharan, como por ejemplo “las 12 y todo sereno”, parecería que en el México de hoy todo está sereno; parecería que vivimos en un país en donde no sucede nada relevante de ser comentado, nada que se salga de lo habitual.
¿Qué es lo habitual que ya ni siquiera llama la atención? El campeonato del fútbol mexicano, dominado por un cartel monopsónico que opera en abierta violación de los artículos 5, 28 y 123 de la Constitución, es igual de mediocre y aburrido que todos los años; los asesinatos entre diferentes carteles del crimen organizado se siguen acumulando, unos días más que otros pero nada que ya no sea común; un día sí y al otro también asesinan a alcaldes o policías municipales o se les acusa de estar coaligados con el crimen organizado, pero a nadie realmente le importa o le sorprende; la corrupción gubernamental sigue igual o peor que siempre, pero a nadie le importa, menos aun a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la PGR o a las procuradurías estatales; en el Congreso de la Unión discuten temas intrascendentes, mientras que los que realmente importan son “demasiado delicados” para abordarlos porque lo único que importa es como aparecer ante el electorado en las siguientes elecciones; los gobiernos estatales y municipales siguen ejerciendo el poder y el gasto público con la mayor opacidad posible y nadie reclama; la piratería sigue tan campante como siempre y la PGR, “solo mirando”; la delincuencia, en delitos del fuero común, sigue actuando con el mismo grado de impunidad y las policías, procuradurías y juzgados estatales, como si no existieran; los servicios de educación y salud pública están por la calle de la amargura, pero nadie reclama; al interior de los diferentes partidos políticos se “agarran hasta con el cucharón” para hacerse del poder, pero es en realidad irrelevante.
En fin, en México todo está sereno; está tan sereno que el resto del mundo avanza a una velocidad que en esta época no es muy acelerada, pero que vista desde nuestro estancamiento, parece ser vertiginosa. Tres décadas de estancamiento en el PIB por habitante, seis lustros en donde el bienestar de la mayor parte de la población no ha mejorado, 30 años en donde la población ha visto frustrada, una y otra vez, la esperanza de una mejora en su nivel de bienestar presente, pero más aun en el bienestar de las generaciones futuras. 30 años en lo cuales hemos desperdiciado como país, en repetidas ocasiones, la oportunidad de meternos en una senda de desarrollo económico sostenido.
Después de todos estos años de estancamiento, ¿qué se requiere para romper el impasse? Nuestro sistema democrático, aunque bienvenido como sistema electoral, está diseñado para que no suceda nada relevante, al menos no en lo que importa que es hacer los cambios estructurales que nos permitan como país retomar de manera sostenida el crecimiento económico. Es obvio que se requiere un cambio significativo de las reglas de juego y movernos hacia un sistema en donde predomine la rendición de cuentas. De lo contrario, seguiremos en la serenidad; pobres pero serenos.
¿Qué es lo habitual que ya ni siquiera llama la atención? El campeonato del fútbol mexicano, dominado por un cartel monopsónico que opera en abierta violación de los artículos 5, 28 y 123 de la Constitución, es igual de mediocre y aburrido que todos los años; los asesinatos entre diferentes carteles del crimen organizado se siguen acumulando, unos días más que otros pero nada que ya no sea común; un día sí y al otro también asesinan a alcaldes o policías municipales o se les acusa de estar coaligados con el crimen organizado, pero a nadie realmente le importa o le sorprende; la corrupción gubernamental sigue igual o peor que siempre, pero a nadie le importa, menos aun a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la PGR o a las procuradurías estatales; en el Congreso de la Unión discuten temas intrascendentes, mientras que los que realmente importan son “demasiado delicados” para abordarlos porque lo único que importa es como aparecer ante el electorado en las siguientes elecciones; los gobiernos estatales y municipales siguen ejerciendo el poder y el gasto público con la mayor opacidad posible y nadie reclama; la piratería sigue tan campante como siempre y la PGR, “solo mirando”; la delincuencia, en delitos del fuero común, sigue actuando con el mismo grado de impunidad y las policías, procuradurías y juzgados estatales, como si no existieran; los servicios de educación y salud pública están por la calle de la amargura, pero nadie reclama; al interior de los diferentes partidos políticos se “agarran hasta con el cucharón” para hacerse del poder, pero es en realidad irrelevante.
En fin, en México todo está sereno; está tan sereno que el resto del mundo avanza a una velocidad que en esta época no es muy acelerada, pero que vista desde nuestro estancamiento, parece ser vertiginosa. Tres décadas de estancamiento en el PIB por habitante, seis lustros en donde el bienestar de la mayor parte de la población no ha mejorado, 30 años en donde la población ha visto frustrada, una y otra vez, la esperanza de una mejora en su nivel de bienestar presente, pero más aun en el bienestar de las generaciones futuras. 30 años en lo cuales hemos desperdiciado como país, en repetidas ocasiones, la oportunidad de meternos en una senda de desarrollo económico sostenido.
Después de todos estos años de estancamiento, ¿qué se requiere para romper el impasse? Nuestro sistema democrático, aunque bienvenido como sistema electoral, está diseñado para que no suceda nada relevante, al menos no en lo que importa que es hacer los cambios estructurales que nos permitan como país retomar de manera sostenida el crecimiento económico. Es obvio que se requiere un cambio significativo de las reglas de juego y movernos hacia un sistema en donde predomine la rendición de cuentas. De lo contrario, seguiremos en la serenidad; pobres pero serenos.
lunes, 1 de noviembre de 2010
Corrupción
La noticia apareció y prácticamente nadie hizo mucho caso; al parecer, como se ha comentado en diversas ocasiones y medios, los mexicanos hemos perdido la capacidad de asombro. Prácticamente ninguna noticia negativa, a menos que sea algo realmente muy dramático, mueve a los mexicanos, los pone a pensar. Así sucede con los eventos diarios ligados al combate al crimen organizado y la lucha entre los diferentes carteles; 10, 20, 30, 50 muertos en un solo día ya no causan asombro, son eventos que ya pasaron a formar parte de la cotidianeidad y normalidad de la vida en este país.
Y así pasó con la noticia de que de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México tuvo un significativo retroceso respecto de años anteriores, al obtener una calificación de 3.1 sobre 10, lo que nos sitúa en el lugar 98 de un total de 178 países analizados. Noticia realmente negativa por sus implicaciones en cuanto al efecto sobre el desarrollo económico y prácticamente nadie hizo mucho caso, excepto por menciones marginales de los Secretarios de la Función Pública y de Hacienda, más las acusaciones sin mucho sustento realizados por los mediocres políticos mexicanos en contra del Presidente Calderón, haciéndolo a él el único responsable, cuando lo que se observa es que la mayor incidencia de corrupción gubernamental se da en los gobiernos estatales y municipales, sin que por ello se exima al gobierno federal de los actos de corrupción que se registran en este orden de gobierno.
Aunque la percepción de mayor corrupción en México se pueda deber a las noticias que a diario aparecen sobre el contubernio de funcionarios gubernamentales con el crimen organizado, sea como protectores o como parte misma de los carteles, lo cierto es hemos vivido ya por muchos años en un entorno en donde la incidencia de corrupción, en los tres niveles de gobierno, ha sido muy elevada. Y la corrupción cuesta y mucho, no solo porque conlleva una transferencia de rentas hacia los funcionarios corruptos, sino que también inhibe la inversión y por lo tanto el crecimiento económico. Es, por lo mismo, un juego de suma negativa.
El listado de actos de corrupción es enorme. Burócratas que interpretando y aplicando discrecionalmente la regulación, extorsionan a las empresas y se apropian de una parte del flujo de utilidades de las inversiones privadas; pagos para acelerar un trámite; adjudicación de contratos de obra pública a cambio de un soborno; policías que protegen a los delincuentes o son ellos mismos los delincuentes; ministerios públicos que “arman” los casos dependiendo de quién paga; jueces que dictan sentencia de manera parcial; corrupción en las aduanas; corrupción en los centros penitenciarios; pagos extraordinarios para recibir un servicio público básico como es el caso de que recojan la basura en los domicilios; pagos que se exigen para que conecten servicios de electricidad y agua potable en las nuevas construcciones, etcétera. La lista parece no tener fin.
Cada uno de los actos de corrupción que se cometen en el país tiene un costo. Menor inversión, menor calidad de las obras públicas, pérdida de ingresos personales, menor generación de empleos y más; en suma, menor crecimiento económico y menores niveles de bienestar. Y a pesar del enorme costo que la corrupción impone sobre el país, muy poco se hace al respecto porque, como en otros ámbitos de la vida nacional, el tinglado institucional está armado para premiar la apropiación de rentas. Un drama más que a nadie parece importarle.
Y así pasó con la noticia de que de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México tuvo un significativo retroceso respecto de años anteriores, al obtener una calificación de 3.1 sobre 10, lo que nos sitúa en el lugar 98 de un total de 178 países analizados. Noticia realmente negativa por sus implicaciones en cuanto al efecto sobre el desarrollo económico y prácticamente nadie hizo mucho caso, excepto por menciones marginales de los Secretarios de la Función Pública y de Hacienda, más las acusaciones sin mucho sustento realizados por los mediocres políticos mexicanos en contra del Presidente Calderón, haciéndolo a él el único responsable, cuando lo que se observa es que la mayor incidencia de corrupción gubernamental se da en los gobiernos estatales y municipales, sin que por ello se exima al gobierno federal de los actos de corrupción que se registran en este orden de gobierno.
Aunque la percepción de mayor corrupción en México se pueda deber a las noticias que a diario aparecen sobre el contubernio de funcionarios gubernamentales con el crimen organizado, sea como protectores o como parte misma de los carteles, lo cierto es hemos vivido ya por muchos años en un entorno en donde la incidencia de corrupción, en los tres niveles de gobierno, ha sido muy elevada. Y la corrupción cuesta y mucho, no solo porque conlleva una transferencia de rentas hacia los funcionarios corruptos, sino que también inhibe la inversión y por lo tanto el crecimiento económico. Es, por lo mismo, un juego de suma negativa.
El listado de actos de corrupción es enorme. Burócratas que interpretando y aplicando discrecionalmente la regulación, extorsionan a las empresas y se apropian de una parte del flujo de utilidades de las inversiones privadas; pagos para acelerar un trámite; adjudicación de contratos de obra pública a cambio de un soborno; policías que protegen a los delincuentes o son ellos mismos los delincuentes; ministerios públicos que “arman” los casos dependiendo de quién paga; jueces que dictan sentencia de manera parcial; corrupción en las aduanas; corrupción en los centros penitenciarios; pagos extraordinarios para recibir un servicio público básico como es el caso de que recojan la basura en los domicilios; pagos que se exigen para que conecten servicios de electricidad y agua potable en las nuevas construcciones, etcétera. La lista parece no tener fin.
Cada uno de los actos de corrupción que se cometen en el país tiene un costo. Menor inversión, menor calidad de las obras públicas, pérdida de ingresos personales, menor generación de empleos y más; en suma, menor crecimiento económico y menores niveles de bienestar. Y a pesar del enorme costo que la corrupción impone sobre el país, muy poco se hace al respecto porque, como en otros ámbitos de la vida nacional, el tinglado institucional está armado para premiar la apropiación de rentas. Un drama más que a nadie parece importarle.
Visión de corto plazo
El arreglo institucional en el que vivimos los mexicanos está diseñado para que el horizonte de planeación, tanto en el sector público como en el sector privado, tienda a ser uno de corto plazo. Importa solo lo que va a pasar inmediatamente, el mes próximo, el próximo año; es extremadamente raro escuchar algún planteamiento sobre el futuro más lejano, una visión sobre lo que se espera de este país en las próximas décadas.
En el ámbito político es en donde es más notoria la visión de corto plazo que se tiene. Importa la siguiente elección, la ganancia política inmediata, la rebatiña por el presupuesto anual para mantener o inclusive aumentar el poder político que cada quien tiene en su propio feudo, sean estos secretarios de estado, gobernadores o presidentes municipales, sin importar realmente si el gasto que se va a ejercer es socialmente rentable; el único criterio que importa es si el gasto que se ejerce es políticamente rentable. México es un país que carece de políticos que tengan visión de Estado. Es la ausencia de estadistas lo que conduce a una frustrante parálisis en el ejercicio del poder público, una inamovilidad que impide que se concreten las reformas estructurales que se requieren para que el país pueda crecer a tasas más elevadas. Nunca es momento de hacer estas reformas porque “el costo político” es “demasiado elevado” y nadie está dispuesto a asumirlo.
Mientras el resto del mundo avanza, aquí seguimos trabados en discusiones intrascendentes que no llevan a ninguna parte y que se reflejan en que México sigue perdiendo lugares en los diferentes índices de competitividad internacional. Ejemplos abundan. La atención política está centrada en la elección del próximo año en el Estado de México y sus posibles implicaciones para la elección presidencial del 2012 y es lo único que al parecer importa. En materia económica, reformas cruciales para el desarrollo del país que están atoradas en el Congreso: la laboral, la energética, la educativa, la de competencia económica, la tributaria, la judicial, la del sistema de seguridad social, etcétera. Llevamos años discutiendo todas estas reformas, haciendo y rehaciendo el diagnóstico y ninguna se concreta. Y el resultado ahí está: año tras año, tasas mediocres de crecimiento económico.
El sector privado tampoco se escapa de tener esta visión de corto plazo. Por lo deficiente e ineficiente del marco institucional prevaleciente, particularmente en cuanto a la certeza jurídica que garantice y proteja los derechos privados de propiedad, las inversiones se hacen con un horizonte de planeación que rara vez supera los tres o cinco años y lo que importa es la ganancia inmediata, recuperar lo más rápidamente posible la inversión realizada.
Es obvio que se requiere una modificación de fondo. No podemos, como país, seguir atorados en esta visión en donde lo único que importa es el corto plazo. No podemos darnos ese lujo porque el tiempo se agota. Ya perdimos 10 años de la “ventana de oportunidad demográfica” y solo nos quedan otros 10. Si no se aprovecha esta década para hacer todos aquellos cambios que se requieren para hacer a la economía una más eficiente, una más atractiva para la inversión, México estará condenado a ser un país pobre, de viejos pobres y las generaciones futuras vivirán en la frustración de ver como una y otra vez se desperdiciaron las oportunidades de desarrollo económico.
En el ámbito político es en donde es más notoria la visión de corto plazo que se tiene. Importa la siguiente elección, la ganancia política inmediata, la rebatiña por el presupuesto anual para mantener o inclusive aumentar el poder político que cada quien tiene en su propio feudo, sean estos secretarios de estado, gobernadores o presidentes municipales, sin importar realmente si el gasto que se va a ejercer es socialmente rentable; el único criterio que importa es si el gasto que se ejerce es políticamente rentable. México es un país que carece de políticos que tengan visión de Estado. Es la ausencia de estadistas lo que conduce a una frustrante parálisis en el ejercicio del poder público, una inamovilidad que impide que se concreten las reformas estructurales que se requieren para que el país pueda crecer a tasas más elevadas. Nunca es momento de hacer estas reformas porque “el costo político” es “demasiado elevado” y nadie está dispuesto a asumirlo.
Mientras el resto del mundo avanza, aquí seguimos trabados en discusiones intrascendentes que no llevan a ninguna parte y que se reflejan en que México sigue perdiendo lugares en los diferentes índices de competitividad internacional. Ejemplos abundan. La atención política está centrada en la elección del próximo año en el Estado de México y sus posibles implicaciones para la elección presidencial del 2012 y es lo único que al parecer importa. En materia económica, reformas cruciales para el desarrollo del país que están atoradas en el Congreso: la laboral, la energética, la educativa, la de competencia económica, la tributaria, la judicial, la del sistema de seguridad social, etcétera. Llevamos años discutiendo todas estas reformas, haciendo y rehaciendo el diagnóstico y ninguna se concreta. Y el resultado ahí está: año tras año, tasas mediocres de crecimiento económico.
El sector privado tampoco se escapa de tener esta visión de corto plazo. Por lo deficiente e ineficiente del marco institucional prevaleciente, particularmente en cuanto a la certeza jurídica que garantice y proteja los derechos privados de propiedad, las inversiones se hacen con un horizonte de planeación que rara vez supera los tres o cinco años y lo que importa es la ganancia inmediata, recuperar lo más rápidamente posible la inversión realizada.
Es obvio que se requiere una modificación de fondo. No podemos, como país, seguir atorados en esta visión en donde lo único que importa es el corto plazo. No podemos darnos ese lujo porque el tiempo se agota. Ya perdimos 10 años de la “ventana de oportunidad demográfica” y solo nos quedan otros 10. Si no se aprovecha esta década para hacer todos aquellos cambios que se requieren para hacer a la economía una más eficiente, una más atractiva para la inversión, México estará condenado a ser un país pobre, de viejos pobres y las generaciones futuras vivirán en la frustración de ver como una y otra vez se desperdiciaron las oportunidades de desarrollo económico.
lunes, 18 de octubre de 2010
Publicidad gubernamental
Una empresa privada, cuando hace publicidad a los bienes o servicios que vende, lo que busca es inducir un aumento de la demanda y desplazar con ello a sus competidores. Qué tan buena sea la calidad de la publicidad así como los medios elegidos para transmitírsela a los consumidores, es en consecuencias, determinante para lograr el efecto deseado sobre la demanda. Por otra parte, si la publicidad es engañosa, en el sentido de presentar atributos de los bienes mayores a los que en realidad tienen, si en una primera instancia sí se generó un aumento de la demanda, al descubrir los consumidores los verdaderos atributos que tiene el bien, el efecto tiende a diluirse. Así, la mercadotecnia puede ser un instrumento poderoso para ganar participación en el mercado.
¿Qué hay de la publicidad gubernamental? ¿Por qué el gobierno, las empresas del sector paraestatal y otros organismos del Estado mexicano se hacen publicidad? Obviamente no es para lograr un aumento de la demanda, como sucede en el sector privado. La única explicación que se me ocurre es que es para tratar de disminuir la percepción negativa que la población tiene sobre el ejercicio de la acción pública. En el proceso se gasta una enorme cantidad de recursos por los pagos realizados a las agencias de publicidad, aunque su trasmisión a través de los medios electrónicos de comunicación no les cueste por estar utilizando los “tiempos oficiales”, hecho que de facto es un acto expropiatorio de la riqueza de los propietarios de estos medios.
¿Qué tan realista y efectiva es la publicidad que se hace a sí mismos el gobierno? Veamos algunos ejemplos.
PEMEX, en su publicidad más reciente se promueve como “el motor de México”, la cual es una absoluta falsedad. No porque PEMEX sea el único productor de gasolina, gas y petroquímicos primarios, eso la convierte en el motor de México, sino todo lo contrario; es un lastre que inhibe el desarrollo económico. Este monopolio gubernamental es una de las empresas petroleras más ineficientes del mundo; en refinación es tan ineficiente que si se vendiese menos gasolina, las pérdidas se reducirían. ¿Cómo es que un monopolio que tiene patrimonio neto negativo puede ser un motor del desarrollo? Su publicidad es claramente engañosa.
CFE. Se le presenta como una “empresa de clase mundial”, lo cual es falso. CFE es un organismo público descentralizado, como PEMEX, y es un monopolista en la provisión de electricidad. ¿Qué tan eficiente es CFE? Medido por horas/año de interrupción del fluido eléctrico o por pérdidas en la transmisión, es de las más ineficientes del mundo. Y también como PEMEX; si se miden correctamente sus costos, incluyendo los de capital y el valor presente de las obligaciones laborales, el capital neto de la CFE es negativo. ¿Empresa de clase mundial?
El IFE y su slogan “la democracia somos todos”. Este órgano autónomo del Estado mexicano tiene un solo papel: organizar y supervisar los procesos electorales federales y lo único que tendría que promover es la inscripción y actualización de los individuos en el padrón electoral, mismo que no existiría si se adoptase un sistema de identificación individual con un número único. Pero en su publicidad el IFE va más allá y nadie realmente pone atención a sus promocionales.
Y así podemos seguir, el Poder Judicial de la Federación, la CNDH, el IFAI, etcétera. Sin duda México es un país surrealista.
¿Qué hay de la publicidad gubernamental? ¿Por qué el gobierno, las empresas del sector paraestatal y otros organismos del Estado mexicano se hacen publicidad? Obviamente no es para lograr un aumento de la demanda, como sucede en el sector privado. La única explicación que se me ocurre es que es para tratar de disminuir la percepción negativa que la población tiene sobre el ejercicio de la acción pública. En el proceso se gasta una enorme cantidad de recursos por los pagos realizados a las agencias de publicidad, aunque su trasmisión a través de los medios electrónicos de comunicación no les cueste por estar utilizando los “tiempos oficiales”, hecho que de facto es un acto expropiatorio de la riqueza de los propietarios de estos medios.
¿Qué tan realista y efectiva es la publicidad que se hace a sí mismos el gobierno? Veamos algunos ejemplos.
PEMEX, en su publicidad más reciente se promueve como “el motor de México”, la cual es una absoluta falsedad. No porque PEMEX sea el único productor de gasolina, gas y petroquímicos primarios, eso la convierte en el motor de México, sino todo lo contrario; es un lastre que inhibe el desarrollo económico. Este monopolio gubernamental es una de las empresas petroleras más ineficientes del mundo; en refinación es tan ineficiente que si se vendiese menos gasolina, las pérdidas se reducirían. ¿Cómo es que un monopolio que tiene patrimonio neto negativo puede ser un motor del desarrollo? Su publicidad es claramente engañosa.
CFE. Se le presenta como una “empresa de clase mundial”, lo cual es falso. CFE es un organismo público descentralizado, como PEMEX, y es un monopolista en la provisión de electricidad. ¿Qué tan eficiente es CFE? Medido por horas/año de interrupción del fluido eléctrico o por pérdidas en la transmisión, es de las más ineficientes del mundo. Y también como PEMEX; si se miden correctamente sus costos, incluyendo los de capital y el valor presente de las obligaciones laborales, el capital neto de la CFE es negativo. ¿Empresa de clase mundial?
El IFE y su slogan “la democracia somos todos”. Este órgano autónomo del Estado mexicano tiene un solo papel: organizar y supervisar los procesos electorales federales y lo único que tendría que promover es la inscripción y actualización de los individuos en el padrón electoral, mismo que no existiría si se adoptase un sistema de identificación individual con un número único. Pero en su publicidad el IFE va más allá y nadie realmente pone atención a sus promocionales.
Y así podemos seguir, el Poder Judicial de la Federación, la CNDH, el IFAI, etcétera. Sin duda México es un país surrealista.
lunes, 11 de octubre de 2010
Libertad y crecimiento
El artículo de la semana pasada señalé que al parecer a prácticamente a nadie en el gobierno parece interesarle las continuas violaciones de los derechos privados de propiedad y que mientras no tengamos y vivamos en un íntegro estado de derecho, la economía mexicana seguirá teniendo un desempeño mediocre. Esta afirmación, palabras más, palabras menos, se han repetido incontables veces desde hace varios años en diversos foros, nacionales y extranjeros, y nada cambia. Seguimos atorados con un conjunto de reglas formales que impiden un crecimiento económico más alto porque efectivamente en el gobierno, particularmente en el Poder Legislativo, no les interesa modificar sustancialmente el marco institucional que se traduzca en la construcción de un íntegro estado de derecho.
Hay dos elementos que explican lo anterior, ambos íntimamente relacionados. El primero es que el sistema político y económico mexicano históricamente se ha sustentado en un arreglo institucional que ha incentivado y premiado la búsqueda y apropiación de rentas, fenómeno que se observó durante el virreinato, como también durante los dos siglos que lleva México de vida independiente. Partidos políticos, los mismos políticos, sindicatos, empresarios con poder monopólico, burócratas, etcétera, se apropian de rentas y por lo mismo, está en su interés en que permanezca este arreglo, bloqueando cualquier iniciativa que las ponga en peligro.
El segundo, que en gran medida explica lo señalado en el párrafo anterior, es la muy poca importancia que en México se le da a la libertad que deben tener los individuos para elegir. Históricamente el país se ha desenvuelto con un conjunto de reglas sustentadas en el corporativismo, de forma tal que al individuo, en sí mismo, se le ha visto como de segundo orden de importancia. Más aun, durante el siglo XX, la visión de Estado que se plasmó en la Constitución de 1917 y sus posteriores modificaciones, subordinó la libertad y el bienestar individual a la consecución de un objetivo quimérico de “bien común”.
A pesar de que en la propia Constitución están establecidas las libertades individuales, mal llamadas garantías individuales, el principal sustento de la libertad individual está ineficientemente definido en este cuerpo legal. El artículo 27 constitucional, en el cual se definen los derechos de propiedad, refleja esa poca importancia que se le da a la libertad individual.
El que en este artículo se establezca que todos los recursos corresponden originariamente a la Nación, se traduce en que el derecho a la posesión privada de estos recursos es solamente un derecho derivado, lo que violenta el principio sobre el cual se basa la libertad individual. Desde el momento en que no se reconoce constitucionalmente el derecho natural que los individuos deben tener para poseer bienes y recursos y más aun, desde el momento en que en el propio arreglo constitucional se establece que los recursos propiedad de los particulares pueden ser revertidos a la propiedad de la Nación mediante un acto de expropiación, es un reflejo de que la libertad individual no es lo más importante.
El no haber establecido formalmente que el objetivo del Estado mexicano era la libertad individual para que cada quién en el ejercicio de esta libertad buscase su felicidad y prosperidad, derivó en lo que hoy observamos: un sistema político y económico que al premiar la apropiación de rentas castiga, simultáneamente, la generación de riqueza y el crecimiento económico.
Hay dos elementos que explican lo anterior, ambos íntimamente relacionados. El primero es que el sistema político y económico mexicano históricamente se ha sustentado en un arreglo institucional que ha incentivado y premiado la búsqueda y apropiación de rentas, fenómeno que se observó durante el virreinato, como también durante los dos siglos que lleva México de vida independiente. Partidos políticos, los mismos políticos, sindicatos, empresarios con poder monopólico, burócratas, etcétera, se apropian de rentas y por lo mismo, está en su interés en que permanezca este arreglo, bloqueando cualquier iniciativa que las ponga en peligro.
El segundo, que en gran medida explica lo señalado en el párrafo anterior, es la muy poca importancia que en México se le da a la libertad que deben tener los individuos para elegir. Históricamente el país se ha desenvuelto con un conjunto de reglas sustentadas en el corporativismo, de forma tal que al individuo, en sí mismo, se le ha visto como de segundo orden de importancia. Más aun, durante el siglo XX, la visión de Estado que se plasmó en la Constitución de 1917 y sus posteriores modificaciones, subordinó la libertad y el bienestar individual a la consecución de un objetivo quimérico de “bien común”.
A pesar de que en la propia Constitución están establecidas las libertades individuales, mal llamadas garantías individuales, el principal sustento de la libertad individual está ineficientemente definido en este cuerpo legal. El artículo 27 constitucional, en el cual se definen los derechos de propiedad, refleja esa poca importancia que se le da a la libertad individual.
El que en este artículo se establezca que todos los recursos corresponden originariamente a la Nación, se traduce en que el derecho a la posesión privada de estos recursos es solamente un derecho derivado, lo que violenta el principio sobre el cual se basa la libertad individual. Desde el momento en que no se reconoce constitucionalmente el derecho natural que los individuos deben tener para poseer bienes y recursos y más aun, desde el momento en que en el propio arreglo constitucional se establece que los recursos propiedad de los particulares pueden ser revertidos a la propiedad de la Nación mediante un acto de expropiación, es un reflejo de que la libertad individual no es lo más importante.
El no haber establecido formalmente que el objetivo del Estado mexicano era la libertad individual para que cada quién en el ejercicio de esta libertad buscase su felicidad y prosperidad, derivó en lo que hoy observamos: un sistema político y económico que al premiar la apropiación de rentas castiga, simultáneamente, la generación de riqueza y el crecimiento económico.
lunes, 4 de octubre de 2010
Violación de los derechos de propiedad
No cabe duda de que uno de los elementos que permiten explicar porqué la economía mexicana simplemente no despega hacia un proceso sostenido de desarrollo económico es la ineficiente definición de los derechos de propiedad y más aun, la muy deficiente garantía y protección de estos por parte del gobierno, el cual, por este solo hecho, incumple con su razón principal de ser. Vivimos en un país en el cual violar las leyes y reglamentos y atentar en contra de los derechos de terceros es un deporte nacional. Un rápido repaso de algunos ejemplos nos permite ver la gravedad del asunto, sobretodo porque, ante la imposibilidad de que los ciudadanos en lo individual puedan hacer algo al respecto, a nadie en el gobierno parece realmente importarle.
Un primer ejemplo lo constituye, sin duda, la exorbitante tasa de impunidad con la cual se cometen los delitos del fuero común que llega a ser del 97%. Todos estos, homicidio, robo, asalto, violación, fraude, etcétera, constituyen una violación de los derechos privados de propiedad. Ministerios públicos ineficientes, corruptos y mal preparados como licenciados en Derecho se reflejan en que en muchas ocasiones no “arman” bien el caso para presentárselo a los jueces, por lo que no hay sustento para dictar una condena. Esto obviamente se agrava si además hay corrupción entre los jueces. El diagnóstico ahí está y no se hace nada al respecto y mientras la sociedad vive asolada por una altísima tasa de delincuencia, con todos los costos que ello genera.
Un segundo ejemplo es la persistencia de monopolios y prácticas monopólicas que atentan en contra de los derechos de propiedad de los consumidores, quienes ven limitada sino es que totalmente eliminada su libertad de elección, viéndose forzados a pagar precios muy por encima de lo que erogarían si los mercados fuesen competitivos. La CFC opera con un marco legal que le limita su lucha en contra de los monopolios. Se avanzó con un nuevo marco legal durante el anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para ser bloqueado por la iniciativa que presentó el Senador Beltrones. Y mientras, los consumidores seguimos desprotegidos. Y algo más; ¿porqué todavía no se aprueban la ley y el reglamento que permite las acciones colectivas?
Un tercer ejemplo es la apropiación privada de la vía pública. Vendedores ambulantes, “viene – viene” y demás personajes de la fauna urbana son todos ejemplos de una violación de los derechos de propiedad y las autoridades municipales no solo no las combaten, sino que las protegen y solapan con actos abiertos de corrupción.
Un cuarto ejemplo es la corrupción burocrática. La posibilidad de administrar con discreción toda una serie de reglamentos, particularmente en cuanto a la expedición de licencias y permisos, se traduce en que los burócratas pueden, con impunidad, extorsionar a los individuos y a las empresas apropiándose, en una abierta violación de los derechos privados de propiedad, de una parte del ingreso o de la riqueza de aquellos que han sido extorsionados. La regulación no se hace más transparente y la corrupción sigue imperando.
Cuatro ejemplos que permiten explicar porque México sigue cayendo en los diversos índices de competitividad internacional y porqué es un país relativamente menos libre. El resto del mundo avanza y aquí no parece importarle a nadie que mientras no se construya y respete un íntegro estado de derecho, México seguirá en el subdesarrollo.
Un primer ejemplo lo constituye, sin duda, la exorbitante tasa de impunidad con la cual se cometen los delitos del fuero común que llega a ser del 97%. Todos estos, homicidio, robo, asalto, violación, fraude, etcétera, constituyen una violación de los derechos privados de propiedad. Ministerios públicos ineficientes, corruptos y mal preparados como licenciados en Derecho se reflejan en que en muchas ocasiones no “arman” bien el caso para presentárselo a los jueces, por lo que no hay sustento para dictar una condena. Esto obviamente se agrava si además hay corrupción entre los jueces. El diagnóstico ahí está y no se hace nada al respecto y mientras la sociedad vive asolada por una altísima tasa de delincuencia, con todos los costos que ello genera.
Un segundo ejemplo es la persistencia de monopolios y prácticas monopólicas que atentan en contra de los derechos de propiedad de los consumidores, quienes ven limitada sino es que totalmente eliminada su libertad de elección, viéndose forzados a pagar precios muy por encima de lo que erogarían si los mercados fuesen competitivos. La CFC opera con un marco legal que le limita su lucha en contra de los monopolios. Se avanzó con un nuevo marco legal durante el anterior periodo ordinario de sesiones del Congreso con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para ser bloqueado por la iniciativa que presentó el Senador Beltrones. Y mientras, los consumidores seguimos desprotegidos. Y algo más; ¿porqué todavía no se aprueban la ley y el reglamento que permite las acciones colectivas?
Un tercer ejemplo es la apropiación privada de la vía pública. Vendedores ambulantes, “viene – viene” y demás personajes de la fauna urbana son todos ejemplos de una violación de los derechos de propiedad y las autoridades municipales no solo no las combaten, sino que las protegen y solapan con actos abiertos de corrupción.
Un cuarto ejemplo es la corrupción burocrática. La posibilidad de administrar con discreción toda una serie de reglamentos, particularmente en cuanto a la expedición de licencias y permisos, se traduce en que los burócratas pueden, con impunidad, extorsionar a los individuos y a las empresas apropiándose, en una abierta violación de los derechos privados de propiedad, de una parte del ingreso o de la riqueza de aquellos que han sido extorsionados. La regulación no se hace más transparente y la corrupción sigue imperando.
Cuatro ejemplos que permiten explicar porque México sigue cayendo en los diversos índices de competitividad internacional y porqué es un país relativamente menos libre. El resto del mundo avanza y aquí no parece importarle a nadie que mientras no se construya y respete un íntegro estado de derecho, México seguirá en el subdesarrollo.
martes, 28 de septiembre de 2010
Recordando el 2010
Parece anticipado hoy, faltando tres meses para que finalice este año, escribir un artículo con el título arriba señalado. Sin embargo, creo que es un buen ejercicio para señalar algunos aspectos y eventos relevantes e igual, con suerte, algo sensacional pasa en el próximo trimestre. ¿Cómo será recordado este año?
Primero, sin lugar a dudas, será recordado como uno de los años más violentos en la historia reciente de México. La guerra emprendida en contra del crimen organizado, aunque algunos resultados positivos se han obtenido, particularmente la muerte o captura de varios líderes de los cárteles, sigue siendo una guerra que no se puede ganar. El rendimiento esperado de dedicarse a las actividades ilícitas del crimen organizado es tan elevado, que siempre habrá quien sustituya a los que perecen o son arrestados. Más aun, este año será recordado como aquél en que estos cárteles tomaron como blancos legítimos a funcionarios públicos electos, como han sido los casos de los ediles asesinados. Y como consecuencia de todo esto, a lo cual hay que agregar la impunidad con la que se siguen cometiendo los delitos del fuero común, 2010 será recordado como un año en el cual el temor de la población a ser una víctima fue creciente.
Segundo, aunque parezca ridículo pero que al mismo tiempo deja ver mucho de lo que es este país, es que aparentemente al gobierno, por cómo actuó, le cayó de sorpresa el bicentenario del inicio de la independencia. Una total desorganización. Grandes obras que se prometieron para el festejo y no se hicieron, un desfile bonito pero que a la larga es intrascendente y con un final en el que nunca se planteó una visión de Estado de lo que se quiere para el futuro de México. ¿Será recordado el día de hoy como aquél en el que hace 189 años se consumó la independencia o seguirá en el olvido para no “redimir” a Agustín de Iturbide? Y otra, ¿está el gobierno consciente de que en 54 días se festeja el centenario del inicio de la revolución o todo volverá a ser una improvisación?
Y tercero, quizás el más relevante de todos, es que 2010 será recordado como otro año más que se perdió en materia económica. Cierto que la economía crecerá este año a una tasa cercana al 4.5%, pero esto no más que el efecto rebote después de la significativa caída del año pasado. Desde un punto de vista estructural, la economía sigue teniendo las mismas debilidades de los años anteriores, lo que se traduce en que las posibilidades de tener una mayor y sostenida tasa de crecimiento económico son inalcanzables.
Otro año más que se perderá y lo podemos ver con lo que está pasando en el Congreso de la Unión. Un estúpido cobro de facturas entre los diferentes partidos políticos, facturas reales o inventadas, tienen paralizadas y en el olvido, todas las propuestas de reformas al marco institucional, mismas que harían a la economía más eficiente, más productiva. En lo fiscal, el pleito es por un punto del IVA, pero una profunda reforma tributaria ni siquiera se considera. La reforma laboral no va a pasar, como tampoco una más profunda reforma en materia energética y en telecomunicaciones.
2010 será recordado como un año en que mucho podía haber pasado para hacer de México un mejor país pero que fue total y absolutamente desperdiciado.
Primero, sin lugar a dudas, será recordado como uno de los años más violentos en la historia reciente de México. La guerra emprendida en contra del crimen organizado, aunque algunos resultados positivos se han obtenido, particularmente la muerte o captura de varios líderes de los cárteles, sigue siendo una guerra que no se puede ganar. El rendimiento esperado de dedicarse a las actividades ilícitas del crimen organizado es tan elevado, que siempre habrá quien sustituya a los que perecen o son arrestados. Más aun, este año será recordado como aquél en que estos cárteles tomaron como blancos legítimos a funcionarios públicos electos, como han sido los casos de los ediles asesinados. Y como consecuencia de todo esto, a lo cual hay que agregar la impunidad con la que se siguen cometiendo los delitos del fuero común, 2010 será recordado como un año en el cual el temor de la población a ser una víctima fue creciente.
Segundo, aunque parezca ridículo pero que al mismo tiempo deja ver mucho de lo que es este país, es que aparentemente al gobierno, por cómo actuó, le cayó de sorpresa el bicentenario del inicio de la independencia. Una total desorganización. Grandes obras que se prometieron para el festejo y no se hicieron, un desfile bonito pero que a la larga es intrascendente y con un final en el que nunca se planteó una visión de Estado de lo que se quiere para el futuro de México. ¿Será recordado el día de hoy como aquél en el que hace 189 años se consumó la independencia o seguirá en el olvido para no “redimir” a Agustín de Iturbide? Y otra, ¿está el gobierno consciente de que en 54 días se festeja el centenario del inicio de la revolución o todo volverá a ser una improvisación?
Y tercero, quizás el más relevante de todos, es que 2010 será recordado como otro año más que se perdió en materia económica. Cierto que la economía crecerá este año a una tasa cercana al 4.5%, pero esto no más que el efecto rebote después de la significativa caída del año pasado. Desde un punto de vista estructural, la economía sigue teniendo las mismas debilidades de los años anteriores, lo que se traduce en que las posibilidades de tener una mayor y sostenida tasa de crecimiento económico son inalcanzables.
Otro año más que se perderá y lo podemos ver con lo que está pasando en el Congreso de la Unión. Un estúpido cobro de facturas entre los diferentes partidos políticos, facturas reales o inventadas, tienen paralizadas y en el olvido, todas las propuestas de reformas al marco institucional, mismas que harían a la economía más eficiente, más productiva. En lo fiscal, el pleito es por un punto del IVA, pero una profunda reforma tributaria ni siquiera se considera. La reforma laboral no va a pasar, como tampoco una más profunda reforma en materia energética y en telecomunicaciones.
2010 será recordado como un año en que mucho podía haber pasado para hacer de México un mejor país pero que fue total y absolutamente desperdiciado.
lunes, 20 de septiembre de 2010
¿Hacia dónde?
Pasaron los festejos del bicentenario, ocasión para sentirse orgulloso de ser mexicano. Fiesta, jolgorio, pirotecnia, un desfile el 15 por la tarde – noche que intentó repasar algunos aspectos de la historia de México, con el último cuadro rindiendo tributo a la muy mexicana muerte. Rara, muy rara elección de los organizadores del evento, cerrar el desfile con la muerte, el fin de la historia.
Y el futuro, ¿dónde quedó? A 200 años del inicio de la lucha por la independencia, ¿qué queremos para nuestro país? ¿Dónde está la visión de Estado? ¿Cómo retomar la senda perdida del desarrollo económico? ¿Qué modificaciones se requieren en el arreglo institucional del país para introducir a México en un proceso sostenido de desarrollo económico?
En 200 años mucho se ha logrado. El PIB por habitante, medido en dólares corrientes, se multiplicó 500 veces; la esperanza de vida al nacer pasó de 25 a 75 años; la tasa de alfabetización aumento notablemente, tal que ahora “sólo” el 10% de la población mayor a 15 años es analfabeta, cuando antes era de casi el 90%; casi todos los mexicanos tienen, en alguna medida, acceso a servicios de salud; prácticamente todos los habitantes en zonas urbanas tienen una calidad de vida muy superior a la que tenían la realeza europea del siglo XVIII.
Sí, mucho se ha logrado pero lo hasta ahora alcanzado está muy lejos de ser satisfactorio. 189 años después de haber alcanzado la independencia, casi la mitad de la población sobrevive con un ingreso menor a dos dólares diarios y la mitad de ellos lo hacen con menos de un dólar diario; tenemos una de las distribuciones del ingreso más inequitativas del mundo, reflejo de una muy notoria inequidad de oportunidades. Nuestro sistema educativo, diseñado para atender masas, provee en general un servicio de muy mala calidad, sucediendo prácticamente lo mismo con el sector salud. Los ciudadanos comunes y corrientes somos presa de un sistema político – económico diseñado para la apropiación de rentas, uno que en consecuencia castiga la generación de riqueza, un sistema dominado por grupos de interés que se benefician del statu quo ineficiente. Y cada día que pasa perdemos lugares en los diferentes índices de competitividad internacional. El resto del mundo avanza y aquí seguimos atascados, atorados con un arreglo institucional que inhibe el desarrollo económico. ¿Hacia dónde tenemos que movernos?
Entrar en detalles y enumerar uno por uno los cambios que se requieren, va más allá del espacio permitido y del propio alcance de este artículo, pero todos esos cambios pueden englobarse en un solo concepto: la libertad. Requerimos, como país, movernos hacia un arreglo institucional en donde lo que prevalezca es la libertad de los individuos para elegir como asignar los recursos que son de su propiedad en condiciones de igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados y con sus derechos de propiedad eficientemente definidos, garantizados y protegidos.
Requerimos, como visión de Estado, un arreglo institucional en donde prive, en lo político y en lo económico, la competencia y la rendición de cuentas, uno en donde se castigue la apropiación de rentas y se premie la generación de riqueza. Requerimos un arreglo institucional en el cual lo más importante es el individuo, en sí mismo y para sí mismo.
Solo si nos movemos en esa dirección, México podrá realmente festejar en el futuro el éxito alcanzado.
Y el futuro, ¿dónde quedó? A 200 años del inicio de la lucha por la independencia, ¿qué queremos para nuestro país? ¿Dónde está la visión de Estado? ¿Cómo retomar la senda perdida del desarrollo económico? ¿Qué modificaciones se requieren en el arreglo institucional del país para introducir a México en un proceso sostenido de desarrollo económico?
En 200 años mucho se ha logrado. El PIB por habitante, medido en dólares corrientes, se multiplicó 500 veces; la esperanza de vida al nacer pasó de 25 a 75 años; la tasa de alfabetización aumento notablemente, tal que ahora “sólo” el 10% de la población mayor a 15 años es analfabeta, cuando antes era de casi el 90%; casi todos los mexicanos tienen, en alguna medida, acceso a servicios de salud; prácticamente todos los habitantes en zonas urbanas tienen una calidad de vida muy superior a la que tenían la realeza europea del siglo XVIII.
Sí, mucho se ha logrado pero lo hasta ahora alcanzado está muy lejos de ser satisfactorio. 189 años después de haber alcanzado la independencia, casi la mitad de la población sobrevive con un ingreso menor a dos dólares diarios y la mitad de ellos lo hacen con menos de un dólar diario; tenemos una de las distribuciones del ingreso más inequitativas del mundo, reflejo de una muy notoria inequidad de oportunidades. Nuestro sistema educativo, diseñado para atender masas, provee en general un servicio de muy mala calidad, sucediendo prácticamente lo mismo con el sector salud. Los ciudadanos comunes y corrientes somos presa de un sistema político – económico diseñado para la apropiación de rentas, uno que en consecuencia castiga la generación de riqueza, un sistema dominado por grupos de interés que se benefician del statu quo ineficiente. Y cada día que pasa perdemos lugares en los diferentes índices de competitividad internacional. El resto del mundo avanza y aquí seguimos atascados, atorados con un arreglo institucional que inhibe el desarrollo económico. ¿Hacia dónde tenemos que movernos?
Entrar en detalles y enumerar uno por uno los cambios que se requieren, va más allá del espacio permitido y del propio alcance de este artículo, pero todos esos cambios pueden englobarse en un solo concepto: la libertad. Requerimos, como país, movernos hacia un arreglo institucional en donde lo que prevalezca es la libertad de los individuos para elegir como asignar los recursos que son de su propiedad en condiciones de igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados y con sus derechos de propiedad eficientemente definidos, garantizados y protegidos.
Requerimos, como visión de Estado, un arreglo institucional en donde prive, en lo político y en lo económico, la competencia y la rendición de cuentas, uno en donde se castigue la apropiación de rentas y se premie la generación de riqueza. Requerimos un arreglo institucional en el cual lo más importante es el individuo, en sí mismo y para sí mismo.
Solo si nos movemos en esa dirección, México podrá realmente festejar en el futuro el éxito alcanzado.
martes, 14 de septiembre de 2010
El gobierno contra los ciudadanos
En la reunión de economistas que se llevó a cabo en Huatusco, uno de las conclusiones que resaltó fue que la eficiencia y eficacia de los procesos importan para la productividad y el crecimiento económico. Una economía en la cual los procesos administrativos, de supervisión, operación, producción, etcétera son eficientes tenderá a ser más productiva, por lo que con los mismos recursos el PIB generado es mayor y, con la misma acumulación de factores de la producción, el crecimiento es mayor.
México, sin embargo, es un país en el cual una característica que resalta es su ineficacia e ineficiencia de los procesos, gubernamentales y privados. En materia gubernamental tenemos varios ejemplos. El que se sin duda se lleva el primer lugar por ineficaz es el pago de impuestos federales; imposible hacerlo sin un contador, además de que dos contadores con la misma ley e información del contribuyente obtienen dos cálculos diferentes de lo que hay que pagar. Otro, obviamente, es el de tratar de realizar cualquier trámite en una oficina de gobierno: “pase a la ventanilla 1 en donde le dicen: disculpe usted, no lo puedo recibir porque le falta el sello de la 3; pasa uno a la 3 para que le digan que le falta la forma que le tienen que entregar en la ventanilla 7, debidamente llenada en máquina de escribir (cual principios del siglo XX) o con letra de molde en tinta negra; ya habiendo obtenido esa forma, se regresa a la ventanilla 3 dónde, después de otra larga cola, le informan que la forma que se le entregó en la 7, tenía que haber sido presentada primero en la 8 para ser contrastada con la enorme cantidad de documentos que se le solicitan y, de no haber faltante, sellada. Va a uno a la 8, habiéndose encomendado al santo de su devoción. Por fin, después de varios intentos se consigue el sello de la ventanilla 8, de regreso a la 7, de ahí a la 3 y de nuevo, como al principio, a la 1 para que un burócrata, comiendo una torta de chorizo sobre los expedientes, le informa que ya cerró y que tiene que regresar otro día; mejor cuando haya eclipse total de sol”.
¿A qué viene todo esto? El acta de nacimiento: uno nace y se la expiden, con fecha de caducidad si es del D. F. (kafkiano). Entra a la escuela primaria y se la piden; en la secundaria, va de nuevo, al igual que al ingresar a preparatoria y otra vez en la universidad (la historia acumulada no vale). Entra uno a trabajar y se la piden de nuevo con la cual se hace el trámite ante el IMSS y el INFONAVIT. Si uno es hombre, hay que presentarla en el Servicio Militar Nacional. Si se pide un crédito del INFONAVIT, hay que presentarla de nuevo. Para sacar el RFC, la credencial del IFE así como el CURP hay que presentarla cada vez. Cuando uno se casa o se muere, va de nuevo. Y más estúpidos trámites.
Otra: ¿cuántos números individuales tiene cada quién? Acta de nacimiento, RFC, CURP, seguridad social, pasaporte, licencia de manejo, número de cliente en las instituciones financieras, número de empleado en la empresa, número de socio del club deportivo, etcétera.
¡Pero qué desmadre e ineficiencia de país! ¿Y así queremos crecer?
México, sin embargo, es un país en el cual una característica que resalta es su ineficacia e ineficiencia de los procesos, gubernamentales y privados. En materia gubernamental tenemos varios ejemplos. El que se sin duda se lleva el primer lugar por ineficaz es el pago de impuestos federales; imposible hacerlo sin un contador, además de que dos contadores con la misma ley e información del contribuyente obtienen dos cálculos diferentes de lo que hay que pagar. Otro, obviamente, es el de tratar de realizar cualquier trámite en una oficina de gobierno: “pase a la ventanilla 1 en donde le dicen: disculpe usted, no lo puedo recibir porque le falta el sello de la 3; pasa uno a la 3 para que le digan que le falta la forma que le tienen que entregar en la ventanilla 7, debidamente llenada en máquina de escribir (cual principios del siglo XX) o con letra de molde en tinta negra; ya habiendo obtenido esa forma, se regresa a la ventanilla 3 dónde, después de otra larga cola, le informan que la forma que se le entregó en la 7, tenía que haber sido presentada primero en la 8 para ser contrastada con la enorme cantidad de documentos que se le solicitan y, de no haber faltante, sellada. Va a uno a la 8, habiéndose encomendado al santo de su devoción. Por fin, después de varios intentos se consigue el sello de la ventanilla 8, de regreso a la 7, de ahí a la 3 y de nuevo, como al principio, a la 1 para que un burócrata, comiendo una torta de chorizo sobre los expedientes, le informa que ya cerró y que tiene que regresar otro día; mejor cuando haya eclipse total de sol”.
¿A qué viene todo esto? El acta de nacimiento: uno nace y se la expiden, con fecha de caducidad si es del D. F. (kafkiano). Entra a la escuela primaria y se la piden; en la secundaria, va de nuevo, al igual que al ingresar a preparatoria y otra vez en la universidad (la historia acumulada no vale). Entra uno a trabajar y se la piden de nuevo con la cual se hace el trámite ante el IMSS y el INFONAVIT. Si uno es hombre, hay que presentarla en el Servicio Militar Nacional. Si se pide un crédito del INFONAVIT, hay que presentarla de nuevo. Para sacar el RFC, la credencial del IFE así como el CURP hay que presentarla cada vez. Cuando uno se casa o se muere, va de nuevo. Y más estúpidos trámites.
Otra: ¿cuántos números individuales tiene cada quién? Acta de nacimiento, RFC, CURP, seguridad social, pasaporte, licencia de manejo, número de cliente en las instituciones financieras, número de empleado en la empresa, número de socio del club deportivo, etcétera.
¡Pero qué desmadre e ineficiencia de país! ¿Y así queremos crecer?
lunes, 6 de septiembre de 2010
Productividad y Crecimiento
El pasado fin de semana se llevó a cabo, en Huatusco, Veracruz, la octava reunión anual del “Grupo Huatusco”, para tratar de contestarnos la misma pregunta que nos llevó a convocar la primera reunión en 2002: ¿por qué la economía mexicana no crece? Han pasado ocho años desde entonces y lo que seguimos observado en que el desempeño de nuestra economía sigue siendo muy mediocre, lo que mantiene prácticamente estancado el ingreso y el bienestar de la mayor parte de población mexicana.
En esta ocasión el seminario llevó por título “Las Políticas Públicas para la Productividad y el Crecimiento Económico” e incluyó ocho grandes temas: La era de la productividad; El poder de la productividad; Las políticas de desarrollo productivo; La productividad en México; México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo; Las políticas de desarrollo tecnológico para la productividad; La conservación del medio ambiente, la productividad y el crecimiento; El impacto de la regulación de las entidades federativas y municipios sobre la productividad y el crecimiento.
A lo largo del seminario, en las diferentes ponencias y comentarios, resaltó un hecho contundente: la productividad de los factores de la producción está prácticamente estancada e inclusive, en algunos sectores de la economía, ésta ha caído. Este hecho es lo que explica, principalmente, por qué y a pesar de la acumulación de factores de la producción, tanto capital como mano de obra, la economía mexicana no crece..
Una primera causa que se adelantó para explicar el estancamiento de la productividad es el hecho de que la mayor parte de las unidades productivas, las empresas, son muy pequeñas y operan en la informalidad, lo que deriva en dos fenómenos particulares. El primero es que los trabajadores en estas empresas, que normalmente no llegan a cinco empleados, e inclusive muchas de ellas son unipersonales, no tienen acceso a los servicios de seguridad social. El segundo, es que por ser tan pequeñas, producen con tecnologías obsoletas y con una escala de operación muy baja, resultando en una baja productividad.
La muy pequeña escala de operación de las empresas y el que estén en la informalidad se explica a su vez por varios factores: una excesiva regulación de los mercados, particularmente en los niveles de las entidades federativas y los municipios, los altos costos de crear legalmente una empresa por la propia sobrerregulación y las prácticas monopólicas de los notarios, la ineficiencia que caracteriza el sistema tributario y el que existe una significativa distorsión en el mercado laboral que se deriva de una muy ineficiente legislación laboral además de que, por cómo está diseñado el sistema de seguridad social, el empleo formal está gravado mientras que el empleo informal está subsidiado.
Otra de las causas que explican el estancamiento de la productividad es la baja tasa de introducción de tecnologías modernas de producción es decir, en una gran parte de la economía no se observa un cambio tecnológico que derive en una mayor productividad. En México solamente se destina el 0.5% del PIB a investigación en ciencia y desarrollo tecnológico, mientras que otros países con los cuales se compite, este es superior al 2% del PIB.
Se analizaron varias otras causas, pero la conclusión del seminario es clara: si no se generan las condiciones para que la productividad aumente, la economía mexicana seguirá sin crecer.
En esta ocasión el seminario llevó por título “Las Políticas Públicas para la Productividad y el Crecimiento Económico” e incluyó ocho grandes temas: La era de la productividad; El poder de la productividad; Las políticas de desarrollo productivo; La productividad en México; México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo; Las políticas de desarrollo tecnológico para la productividad; La conservación del medio ambiente, la productividad y el crecimiento; El impacto de la regulación de las entidades federativas y municipios sobre la productividad y el crecimiento.
A lo largo del seminario, en las diferentes ponencias y comentarios, resaltó un hecho contundente: la productividad de los factores de la producción está prácticamente estancada e inclusive, en algunos sectores de la economía, ésta ha caído. Este hecho es lo que explica, principalmente, por qué y a pesar de la acumulación de factores de la producción, tanto capital como mano de obra, la economía mexicana no crece..
Una primera causa que se adelantó para explicar el estancamiento de la productividad es el hecho de que la mayor parte de las unidades productivas, las empresas, son muy pequeñas y operan en la informalidad, lo que deriva en dos fenómenos particulares. El primero es que los trabajadores en estas empresas, que normalmente no llegan a cinco empleados, e inclusive muchas de ellas son unipersonales, no tienen acceso a los servicios de seguridad social. El segundo, es que por ser tan pequeñas, producen con tecnologías obsoletas y con una escala de operación muy baja, resultando en una baja productividad.
La muy pequeña escala de operación de las empresas y el que estén en la informalidad se explica a su vez por varios factores: una excesiva regulación de los mercados, particularmente en los niveles de las entidades federativas y los municipios, los altos costos de crear legalmente una empresa por la propia sobrerregulación y las prácticas monopólicas de los notarios, la ineficiencia que caracteriza el sistema tributario y el que existe una significativa distorsión en el mercado laboral que se deriva de una muy ineficiente legislación laboral además de que, por cómo está diseñado el sistema de seguridad social, el empleo formal está gravado mientras que el empleo informal está subsidiado.
Otra de las causas que explican el estancamiento de la productividad es la baja tasa de introducción de tecnologías modernas de producción es decir, en una gran parte de la economía no se observa un cambio tecnológico que derive en una mayor productividad. En México solamente se destina el 0.5% del PIB a investigación en ciencia y desarrollo tecnológico, mientras que otros países con los cuales se compite, este es superior al 2% del PIB.
Se analizaron varias otras causas, pero la conclusión del seminario es clara: si no se generan las condiciones para que la productividad aumente, la economía mexicana seguirá sin crecer.
lunes, 30 de agosto de 2010
Mes de la patria
Pasado mañana inicia el “mes de la Patria”, particularmente significativo por ser el bicentenario del comienzo de la lucha de independencia. 200 años han pasado desde entonces y las preguntas son ¿qué podemos festejar?, ¿realmente estamos para festejar? México se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su historia independiente, asolado por la violencia asociada al crimen organizado y a la delincuencia común y corriente y con una economía que sigue mostrando un desempeño mediocre, con bajas tasas de crecimiento económico y con muy poca expansión del empleo formal y perdiendo posiciones en el mundo frente a otros países que siguen avanzando. A pesar de ello, ¿sería, como dijo el Secretario de Educación Alonso Lujambio, una mezquindad no celebrar el bicentenario?
Pasado mañana inicia también el periodo ordinario del Congreso de la Unión, uno que debería ser aprovechado para avanzar en las reformas estructurales que se requieren para que el país vuelva a retomar, después de 30 años, una senda de crecimiento económico alto y sostenido. Sin embargo, si algo hemos observado durante estos últimos días, es la continua descalificación por parte de los partidos políticos de oposición a las diferentes propuestas que el Presidente Calderón ha avanzado en prácticamente cualquier materia, incluyendo las de carácter económico como aquellas en materia de seguridad, como por ejemplo la anunciada esta semana en relación al combate al lavado de dinero. Todo lo que vemos es la lucha entre los partidos y sus representantes en el Congreso para tratar de hacerse de una tajada más grande del presupuesto y tratar de posicionarse para las elecciones estatales del próximo año y, sobretodo, las federales del 2012.
En el Congreso hay ya varias iniciativas que son cruciales y que de aprobarse contribuirían a modernizar la economía, haciéndola más eficiente y productiva, lo que derivaría en mayor crecimiento económico y mayores niveles de bienestar para la población, como son las reformas en materia laboral, de telecomunicaciones y de competencia económica e inclusive la reforma política que permitiría la reelección inmediata de legisladores. Más sin embargo, tal como lo vimos en el anterior periodo ordinario de la actual legislatura, son reformas que ni siquiera reciben la debida atención por parte de los legisladores, bajo el argumento de que no es el momento político adecuado para discutirlas y menos aun aprobarlas, mismo que se utiliza para esconder la verdadera razón que es el que si se aprobaran, significaría la pérdida de rentas para poderosos grupos de interés, como son sindicatos, empresarios que ejercen poder monopólico, la burocracia y los propios líderes de los partidos políticos.
Pasado mañana inicia el mes de la Patria, el mes del bicentenario, y lo más probable es que sea un mes lleno de frustraciones, uno en donde lo que observaremos, además de mucha violencia, es la mezquindad de los partidos políticos, velando por sus propias rentas, mientras el país sigue a la deriva, sin tener las condiciones para despegar hacia un futuro promisorio que signifique mayores niveles de ingreso y de bienestar.
Pasado mañana inicia el mes de la Patria y del bicentenario y nos las pasaremos entre festejos intranscendentes y frustrados porque después de 200 años seguimos siendo un país subdesarrollado, inequitativo en oportunidades y resultados y con mucha pobreza. En fin.
Pasado mañana inicia también el periodo ordinario del Congreso de la Unión, uno que debería ser aprovechado para avanzar en las reformas estructurales que se requieren para que el país vuelva a retomar, después de 30 años, una senda de crecimiento económico alto y sostenido. Sin embargo, si algo hemos observado durante estos últimos días, es la continua descalificación por parte de los partidos políticos de oposición a las diferentes propuestas que el Presidente Calderón ha avanzado en prácticamente cualquier materia, incluyendo las de carácter económico como aquellas en materia de seguridad, como por ejemplo la anunciada esta semana en relación al combate al lavado de dinero. Todo lo que vemos es la lucha entre los partidos y sus representantes en el Congreso para tratar de hacerse de una tajada más grande del presupuesto y tratar de posicionarse para las elecciones estatales del próximo año y, sobretodo, las federales del 2012.
En el Congreso hay ya varias iniciativas que son cruciales y que de aprobarse contribuirían a modernizar la economía, haciéndola más eficiente y productiva, lo que derivaría en mayor crecimiento económico y mayores niveles de bienestar para la población, como son las reformas en materia laboral, de telecomunicaciones y de competencia económica e inclusive la reforma política que permitiría la reelección inmediata de legisladores. Más sin embargo, tal como lo vimos en el anterior periodo ordinario de la actual legislatura, son reformas que ni siquiera reciben la debida atención por parte de los legisladores, bajo el argumento de que no es el momento político adecuado para discutirlas y menos aun aprobarlas, mismo que se utiliza para esconder la verdadera razón que es el que si se aprobaran, significaría la pérdida de rentas para poderosos grupos de interés, como son sindicatos, empresarios que ejercen poder monopólico, la burocracia y los propios líderes de los partidos políticos.
Pasado mañana inicia el mes de la Patria, el mes del bicentenario, y lo más probable es que sea un mes lleno de frustraciones, uno en donde lo que observaremos, además de mucha violencia, es la mezquindad de los partidos políticos, velando por sus propias rentas, mientras el país sigue a la deriva, sin tener las condiciones para despegar hacia un futuro promisorio que signifique mayores niveles de ingreso y de bienestar.
Pasado mañana inicia el mes de la Patria y del bicentenario y nos las pasaremos entre festejos intranscendentes y frustrados porque después de 200 años seguimos siendo un país subdesarrollado, inequitativo en oportunidades y resultados y con mucha pobreza. En fin.
lunes, 23 de agosto de 2010
Impuestos: soñra no cuesta
En unos pocos días el Presidente Calderón enviará al Congreso de la Unión su propuesta fiscal para el próximo año y lo único que hay hasta el momento es muy poca claridad sobre lo que se va a proponer, particularmente en lo que respecta a los impuestos. Sin embargo, una cosa queda clara: no importa lo que se proponga y finalmente apruebe, nuestro sistema tributario seguirá siendo notoriamente ineficiente, difícil y caro de administrar para las empresas, los individuos y el propio gobierno y se seguirá sin resolver, una vez más, la debilidad estructural de las finanzas públicas y la alta dependencia fiscal de los ingresos petroleros. Es realmente increíble que transcurran los años, el diagnóstico ahí está y no se hace lo que se requiere para tener un sistema tributario limpio y eficiente, uno del cual se deriven los incentivos al trabajo, el ahorro y la inversión que estén alineados con el objetivo de crecimiento económico alto y sostenido, uno que le de solidez de largo plazo a los ingresos tributarios del gobierno.
Pudiendo tener un diseño del sistema tributario simple de entender y administrar, que incentivara el crecimiento económico y que dotara al gobierno de los recursos necesarios para financiar aquellas actividades que efectivamente le competen, lo que tenemos, y seguiremos teniendo, es uno que parece ser diseñado con perversidad por los contadores públicos y abogados fiscalistas de este país para que sigan obteniendo rentas extraordinarias, en colaboración con los partidos políticos que no pueden ver más allá del siguiente proceso electoral, sea estatal o federal.
Propongo lo siguiente: vámonos por una regla tributaria de todo al 20% con las siguientes características. Primero, se elimina el ISR a las personas morales y se adopta íntegramente, tal como fue inicialmente diseñado, el IETU a una tasa del 20%. Segundo, se homogeneíza el IVA a una tasa también del 20%. Tercero, se establece un ISR proporcional a las personas físicas también del 20%, aplicando esta tasa a lo que resulte de la diferencia entre los ingresos brutos totales generados durante el año, sin exenciones, y lo que establezca el CONEVAL como la línea de pobreza de capacidades, junto con transferencias directas al ingreso a todos aquellos que estén por debajo de esta línea de pobreza, diseño que permite mantener la progresividad del impuesto y logra alcanzar la equidad horizontal, en donde todos pagan la misma tasa impositiva independientemente de su fuente de ingresos. Además, este esquema permitiría prácticamente eliminar la elusión tributaria que ahora se deriva de todos los regímenes de excepción.
Aunado a lo anterior y que se constituiría como el corazón del sistema tributario, hay otra serie de gravámenes a considerar. Menciono dos. Uno es el “impuesto al vicio” aplicados a las bebidas alcohólicas, cigarros, etc. Aquí habría que legalizar la marihuana y gravarla, con la ventaja de que la renta que ahora obtienen los cárteles se la apropiaría el gobierno. Otro impuesto a considerar, dado el compromiso que el gobierno mexicano asumió en la reunión de Copenhague sobre cambio climático en materia de reducción de emisiones contaminantes y sobre lo cual no ha hecho absolutamente nada, como es costumbre en este país, es adoptar a partir del próximo año un esquema de “carbon taxes” y la subasta de permisos de contaminación.
Todo lo anterior no va a pasar, pero bueno, soñar no cuesta. Total, ni a que nuestros legisladores realmente les importara el futuro de México.
Pudiendo tener un diseño del sistema tributario simple de entender y administrar, que incentivara el crecimiento económico y que dotara al gobierno de los recursos necesarios para financiar aquellas actividades que efectivamente le competen, lo que tenemos, y seguiremos teniendo, es uno que parece ser diseñado con perversidad por los contadores públicos y abogados fiscalistas de este país para que sigan obteniendo rentas extraordinarias, en colaboración con los partidos políticos que no pueden ver más allá del siguiente proceso electoral, sea estatal o federal.
Propongo lo siguiente: vámonos por una regla tributaria de todo al 20% con las siguientes características. Primero, se elimina el ISR a las personas morales y se adopta íntegramente, tal como fue inicialmente diseñado, el IETU a una tasa del 20%. Segundo, se homogeneíza el IVA a una tasa también del 20%. Tercero, se establece un ISR proporcional a las personas físicas también del 20%, aplicando esta tasa a lo que resulte de la diferencia entre los ingresos brutos totales generados durante el año, sin exenciones, y lo que establezca el CONEVAL como la línea de pobreza de capacidades, junto con transferencias directas al ingreso a todos aquellos que estén por debajo de esta línea de pobreza, diseño que permite mantener la progresividad del impuesto y logra alcanzar la equidad horizontal, en donde todos pagan la misma tasa impositiva independientemente de su fuente de ingresos. Además, este esquema permitiría prácticamente eliminar la elusión tributaria que ahora se deriva de todos los regímenes de excepción.
Aunado a lo anterior y que se constituiría como el corazón del sistema tributario, hay otra serie de gravámenes a considerar. Menciono dos. Uno es el “impuesto al vicio” aplicados a las bebidas alcohólicas, cigarros, etc. Aquí habría que legalizar la marihuana y gravarla, con la ventaja de que la renta que ahora obtienen los cárteles se la apropiaría el gobierno. Otro impuesto a considerar, dado el compromiso que el gobierno mexicano asumió en la reunión de Copenhague sobre cambio climático en materia de reducción de emisiones contaminantes y sobre lo cual no ha hecho absolutamente nada, como es costumbre en este país, es adoptar a partir del próximo año un esquema de “carbon taxes” y la subasta de permisos de contaminación.
Todo lo anterior no va a pasar, pero bueno, soñar no cuesta. Total, ni a que nuestros legisladores realmente les importara el futuro de México.
lunes, 16 de agosto de 2010
Estado de derecho y desarrollo
Por más que nuestras autoridades repitan una y otra vez que México es un país en el cual rige el estado de derecho, la realidad es que esto no es así. Y el problema va mucho más allá de la delincuencia organizada en la cual está centrada la atención del gobierno federal. Son varias las razones para poder afirmar que vivimos en un país en el cual es notoria la debilidad del estado de derecho, hecho que deriva en un menor nivel de desarrollo económico.
Para poder afirmar que en un país rige el estado de derecho, se requiere que se cumplan varias condiciones. Primero, los derechos privados de propiedad tienen que estar eficientemente definidos en el marco legal y estos incluyen tres derechos: a la posesión de bienes, a la libre utilización de estos bienes mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente en contra de los derechos de terceros y a la transferencia libre y voluntaria de los bienes. Segundo, estos tres derechos tienen que estar protegidos por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito que garantice el cumplimiento de los contratos y que proteja a los agentes económicos en contra de actos de terceros, incluido el propio gobierno, que vulneren los derechos privados de propiedad. Tercero, el gobierno no puede violar la esfera privada sino es para hacer cumplir las leyes vigentes y por todos conocidas. Cuarto, todos los mercados deben operar en un contexto de competencia, lo que excluye la existencia de monopolios, gubernamentales o privados, amparados en el marco legal o protegidos por el gobierno. Y quinto, tiene que regir la igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados.
Dados estos cinco elementos, es claro que en México estamos muy lejos de que efectivamente rija el estado de derecho. En primer lugar, los derechos privados de propiedad, están ineficientemente definidos en el marco legal, particularmente en el artículo 27 constitucional, al considerar la propiedad privada como un derecho derivado de la propiedad originaria de la Nación (sic).
En segundo lugar, estos derechos son continuamente violados por actos de terceros, incluidos actos cometidos por el propio gobierno. Así, por ejemplo, la impunidad con la cual se cometen delitos del fuero común es pasmosa; 97% de los delitos no terminan en una condena. Y qué decir de la enorme incidencia de corrupción entre los funcionarios públicos, quienes al actuar como buscadores de rentas, se apropian para su beneficio particular de una parte de la riqueza de los individuos y de los ingresos generados por los proyectos de inversión, tanto gubernamental como privada.
En tercer lugar, el poder judicial no protege imparcial y eficientemente los derechos privados de propiedad ni garantiza el cumplimiento de los contratos. Al nivel de los poderes judiciales estatales estos, en la mayoría de los casos, no son independientes de los poderes ejecutivos correspondientes, lo que aunado a una alta incidencia de corrupción, derivan en que en sus juicios no haya imparcialidad.
En cuarto lugar, hay una significativa prevalencia de monopolios y prácticas monopólicas, tanto gubernamentales como privadas, todas ellas amparadas en un marco legal ineficiente que violenta la prohibición constitucional establecida en el artículo 28.
Y quinto, claramente no existe igualdad de oportunidad de acceso a los mercados, destacando el educativo, el laboral y el financiero.
Con estos elementos presentes, ¿podemos aspirar a llegar a ser un país desarrollado?
Para poder afirmar que en un país rige el estado de derecho, se requiere que se cumplan varias condiciones. Primero, los derechos privados de propiedad tienen que estar eficientemente definidos en el marco legal y estos incluyen tres derechos: a la posesión de bienes, a la libre utilización de estos bienes mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente en contra de los derechos de terceros y a la transferencia libre y voluntaria de los bienes. Segundo, estos tres derechos tienen que estar protegidos por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito que garantice el cumplimiento de los contratos y que proteja a los agentes económicos en contra de actos de terceros, incluido el propio gobierno, que vulneren los derechos privados de propiedad. Tercero, el gobierno no puede violar la esfera privada sino es para hacer cumplir las leyes vigentes y por todos conocidas. Cuarto, todos los mercados deben operar en un contexto de competencia, lo que excluye la existencia de monopolios, gubernamentales o privados, amparados en el marco legal o protegidos por el gobierno. Y quinto, tiene que regir la igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados.
Dados estos cinco elementos, es claro que en México estamos muy lejos de que efectivamente rija el estado de derecho. En primer lugar, los derechos privados de propiedad, están ineficientemente definidos en el marco legal, particularmente en el artículo 27 constitucional, al considerar la propiedad privada como un derecho derivado de la propiedad originaria de la Nación (sic).
En segundo lugar, estos derechos son continuamente violados por actos de terceros, incluidos actos cometidos por el propio gobierno. Así, por ejemplo, la impunidad con la cual se cometen delitos del fuero común es pasmosa; 97% de los delitos no terminan en una condena. Y qué decir de la enorme incidencia de corrupción entre los funcionarios públicos, quienes al actuar como buscadores de rentas, se apropian para su beneficio particular de una parte de la riqueza de los individuos y de los ingresos generados por los proyectos de inversión, tanto gubernamental como privada.
En tercer lugar, el poder judicial no protege imparcial y eficientemente los derechos privados de propiedad ni garantiza el cumplimiento de los contratos. Al nivel de los poderes judiciales estatales estos, en la mayoría de los casos, no son independientes de los poderes ejecutivos correspondientes, lo que aunado a una alta incidencia de corrupción, derivan en que en sus juicios no haya imparcialidad.
En cuarto lugar, hay una significativa prevalencia de monopolios y prácticas monopólicas, tanto gubernamentales como privadas, todas ellas amparadas en un marco legal ineficiente que violenta la prohibición constitucional establecida en el artículo 28.
Y quinto, claramente no existe igualdad de oportunidad de acceso a los mercados, destacando el educativo, el laboral y el financiero.
Con estos elementos presentes, ¿podemos aspirar a llegar a ser un país desarrollado?
La clase media (III)
En los dos anteriores artículos he apuntado que uno de los problemas que enfrenta México es la debilidad de la clase media, hecho que se traduce en un mercado interno sin solidez y una alta dependencia, para efectos del crecimiento económico, de la demanda externa. Tres décadas sin crecimiento económico junto con la inestabilidad macroeconómica que hemos experimentado desde principios de la década de los setenta del siglo XX, prácticamente pulverizaron a la clase media que se había logrado construir en las dos décadas previas, lo que aunado a un arreglo institucional caracterizado por una desigualdad de oportunidades, generó además una notable polarización de la distribución de la riqueza y del ingreso. Así, el ingreso acumulado de los tres deciles más altos representa casi el 60% del ingreso nacional y solo el ingreso del décimo decil representa casi el 40% de ese ingreso nacional. Más aun, la distribución dentro del décimo decil es todavía más inequitativa que en los otros nueve deciles. México tiene una de las distribuciones de la riqueza más inequitativas del mundo. Un país no puede tener un crecimiento económico alto y sostenido cuando la demanda interna, particularmente la correspondiente al consumo privado de bienes duraderos se concentra en el 20% más rico de la población.
La solución no radica en redistribuir el ingreso, quitándoles recursos a los más ricos para dárselos a los de menores ingresos; eso termina destruyendo la economía y genera a la larga una distribución equitativa de la miseria. La solución se centra en que a medida que el ingreso de toda la población aumente, el de los menores ingresos aumente proporcionalmente más y para ello se requiere modificar el arreglo institucional vigente para construir uno que se caracterice por la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, no solamente de bienes y servicios, sino también de los factores de la producción.
Por su impacto destacan tres mercados. El primero es el de bienes y servicios en donde prevalecen las prácticas monopólicas, privadas y gubernamentales, ya que ellas afectan relativamente más a las familias de menores ingresos e impide, efectivamente, que generen una capacidad de ahorro y de consumo. Es imperativo atacar este problema.
El segundo es el mercado educativo. El sistema educativo nacional, dominado por el SNTE, ofrece un servicio de muy mala calidad. Esto implica que no solamente los egresados del sistema tendrán una menor productividad sino que además, tendrán menores oportunidades en el mercado laboral. Más aun, el diseño del sistema educativo, basado en la educación pública sin competencia y sin que los padres tengan libertad de elección, tiende a perpetuar la inequidad de la distribución de la riqueza. Obviamente, es necesaria una cirugía mayor, una en donde el gobierno garantice el acceso a la educación pero que sean los padres los que tengan la libertad de elección en un mercado en competencia.
El tercer mercado es el laboral. Lo que tenemos es uno regulado de manera ineficiente que lo hace ser sumamente rígido, que contiene un sesgo en contra de la mano de obra, en contra del cambio tecnológico, en contra del crecimiento de las empresas y en contra del aumento de la productividad. Sobra decir que es necesario un cambio profundo de esta legislación.
Atacar estos tres problemas derivaría en un mayor crecimiento sustentado en un mercado interno cada vez más grande y más sólido.
La solución no radica en redistribuir el ingreso, quitándoles recursos a los más ricos para dárselos a los de menores ingresos; eso termina destruyendo la economía y genera a la larga una distribución equitativa de la miseria. La solución se centra en que a medida que el ingreso de toda la población aumente, el de los menores ingresos aumente proporcionalmente más y para ello se requiere modificar el arreglo institucional vigente para construir uno que se caracterice por la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, no solamente de bienes y servicios, sino también de los factores de la producción.
Por su impacto destacan tres mercados. El primero es el de bienes y servicios en donde prevalecen las prácticas monopólicas, privadas y gubernamentales, ya que ellas afectan relativamente más a las familias de menores ingresos e impide, efectivamente, que generen una capacidad de ahorro y de consumo. Es imperativo atacar este problema.
El segundo es el mercado educativo. El sistema educativo nacional, dominado por el SNTE, ofrece un servicio de muy mala calidad. Esto implica que no solamente los egresados del sistema tendrán una menor productividad sino que además, tendrán menores oportunidades en el mercado laboral. Más aun, el diseño del sistema educativo, basado en la educación pública sin competencia y sin que los padres tengan libertad de elección, tiende a perpetuar la inequidad de la distribución de la riqueza. Obviamente, es necesaria una cirugía mayor, una en donde el gobierno garantice el acceso a la educación pero que sean los padres los que tengan la libertad de elección en un mercado en competencia.
El tercer mercado es el laboral. Lo que tenemos es uno regulado de manera ineficiente que lo hace ser sumamente rígido, que contiene un sesgo en contra de la mano de obra, en contra del cambio tecnológico, en contra del crecimiento de las empresas y en contra del aumento de la productividad. Sobra decir que es necesario un cambio profundo de esta legislación.
Atacar estos tres problemas derivaría en un mayor crecimiento sustentado en un mercado interno cada vez más grande y más sólido.
lunes, 2 de agosto de 2010
La clase media (II)
En el artículo de la semana pasada apunté que para tener un mercado interno sólido que reduzca la dependencia que la economía mexicana tiene de lo que suceda en la economía mundial y su efecto sobre nuestras exportaciones, es necesario tener una clase media en crecimiento y con un ingreso real cada vez mayor. Señalé que la clase media que creció durante la década de los sesenta del siglo pasado, fue prácticamente pulverizada por la inflación que experimentó la economía desde la década de los setenta así como por las recurrentes crisis que se vivieron, aunado a la ausencia de crecimiento económico sostenido durante las últimas tres décadas y que ha mantenido el PIB real por habitante prácticamente constante. Finalmente señalé que la baja tasa de inflación que ha experimentado la economía durante los últimos años ha permitido una ligera recuperación de la clase media pero ello, la ausencia de inflación, no es sin embargo suficiente.
Uno de los elementos esenciales que deben imperar en la economía para tener una clase media sólida y en crecimiento es la creación de empleos en el sector legal o formal de la economía en empresas de tamaño medio que puedan introducir tecnologías de producción que repercutan en una mayor productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, en salarios reales cada vez mayores. Sin embargo, lo que observamos en México es que existen toda una serie de trabas a la creación y crecimiento de empresas en el sector legal de la economía, lo que ha dado lugar a que una parte significativa de la fuerza laboral esté empleada en muy pequeñas unidades de producción en el sector informal, sin acceso a la seguridad social y con tecnologías obsoletas. Mientras estas trabas no se eliminen, particularmente en lo que toca a la excesiva e ineficiente regulación que enfrentan las empresas y la corrupción que de ella se deriva, será prácticamente imposible el crecimiento y la consolidación de una clase media que fortalezca el mercado interno.
Otro elemento lo constituye la necesidad de que los mercados operen en condiciones de competencia. Sin embargo, lo que se observa en México es que siguen imperando significativas prácticas monopólicas, gubernamentales y privadas, que le imponen a los consumidores precios muy por arriba de lo que serían en caso de imperar la competencia, hecho que impide el crecimiento de la clase media y el mismo crecimiento económico.
Un tercer elemento, característico de una sólida clase media, es que sean propietarios de su vivienda. Aunque la estabilidad macroeconómica alcanzada ha permitió menores tasas de interés de los créditos hipotecarios así como a mayores plazos, estos siguen siendo relativamente caros y lejos del alcance de la mayor parte de la población. Para abaratarlos se requiere mayor competencia en el sistema financiero nacional y también, lo que es crucial, una eficiente protección de los derechos privados de propiedad por parte de un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito. Y esto último no se tiene.
Un cuarto elemento presente en la economía mexicana que inhibe la existencia de un mercado interno en crecimiento es la notoria inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso. Un mercado interno sustentado en solamente el 30% de la población con mayores ingresos no es suficiente, tema que trataré en el siguiente artículo.
Uno de los elementos esenciales que deben imperar en la economía para tener una clase media sólida y en crecimiento es la creación de empleos en el sector legal o formal de la economía en empresas de tamaño medio que puedan introducir tecnologías de producción que repercutan en una mayor productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, en salarios reales cada vez mayores. Sin embargo, lo que observamos en México es que existen toda una serie de trabas a la creación y crecimiento de empresas en el sector legal de la economía, lo que ha dado lugar a que una parte significativa de la fuerza laboral esté empleada en muy pequeñas unidades de producción en el sector informal, sin acceso a la seguridad social y con tecnologías obsoletas. Mientras estas trabas no se eliminen, particularmente en lo que toca a la excesiva e ineficiente regulación que enfrentan las empresas y la corrupción que de ella se deriva, será prácticamente imposible el crecimiento y la consolidación de una clase media que fortalezca el mercado interno.
Otro elemento lo constituye la necesidad de que los mercados operen en condiciones de competencia. Sin embargo, lo que se observa en México es que siguen imperando significativas prácticas monopólicas, gubernamentales y privadas, que le imponen a los consumidores precios muy por arriba de lo que serían en caso de imperar la competencia, hecho que impide el crecimiento de la clase media y el mismo crecimiento económico.
Un tercer elemento, característico de una sólida clase media, es que sean propietarios de su vivienda. Aunque la estabilidad macroeconómica alcanzada ha permitió menores tasas de interés de los créditos hipotecarios así como a mayores plazos, estos siguen siendo relativamente caros y lejos del alcance de la mayor parte de la población. Para abaratarlos se requiere mayor competencia en el sistema financiero nacional y también, lo que es crucial, una eficiente protección de los derechos privados de propiedad por parte de un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito. Y esto último no se tiene.
Un cuarto elemento presente en la economía mexicana que inhibe la existencia de un mercado interno en crecimiento es la notoria inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso. Un mercado interno sustentado en solamente el 30% de la población con mayores ingresos no es suficiente, tema que trataré en el siguiente artículo.
lunes, 26 de julio de 2010
La clase media (I)
Se argumenta que una de las razones por las cuales la economía mexicana experimentó durante 2009 una disminución del PIB real de casi 7% es la fuerte dependencia que tiene nuestra economía con la estadounidense, particularmente a través de las exportaciones de bienes y servicios, principalmente las manufactureras. Se argumenta también que otras economías, como por ejemplo la brasileña, pudieron sortear con un menor impacto la crisis financiera internacional debido a tener un mayor mercado interno y una menor dependencia de las exportaciones como fuente de crecimiento. De ahí, se dice, es que es importante tener en México un mercado interno sólido. Supongamos que esto fuese así. ¿Cómo creamos un mercado interno más grande sin cerrar la economía?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero sin duda uno de los elementos que están detrás de un mercado interno sólido, en términos de una capacidad efectiva de demanda, es tener una clase media creciente y con un poder de compra y de ahorro cada vez mayor.
Un análisis de la historia económica reciente de México nos indica que durante la década de los sesentas del siglo pasado, se desarrolló una clase media cada vez más grande, sustentada en tres elementos. El primero fue la migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas que implicó un mayor número de trabajadores en actividades de mayor valor agregado. El segundo fue la relativamente alta tasa de crecimiento de la economía en su conjunto (casi 7% promedio para la década). El tercero fue la notable estabilidad macroeconómica que se experimentó, con una tasa de inflación promedio anual de menos de 4%.
Las decisiones que se tomaron durante la década de los setenta, es decir durante la docena trágica de Echeverría y López Portillo, particularmente en lo que respecta a las finanzas públicas y el financiamiento inflacionario del déficit fiscal acabaron con esto. Aunque la economía siguió creciendo durante esta década y hasta 1981, la aceleración de la inflación, el impuesto más distorsionante que el gobierno puede imponer, empezó a minar a la clase media. La crisis que se desató en 1982, a raíz de esa irresponsabilidad fiscal y monetaria aisló, para efectos prácticos, a la economía mexicana de los mercados mundiales de capitales, dando inicio a lo que se ha denominado como la década perdida de México (y de América Latina). Una década sin crecimiento económico y con una elevada y muy variable tasa de inflación, pulverizaron a la clase media y pauperizaron a una parte significativa de la población. La siguiente crisis, la de 1995, fue el último clavo en el ataúd de la clase media mexicana.
La relativa estabilidad macroeconómica que finalmente se ha alcanzado, con tasas de inflación anuales de menos de 5%, aunque todavía elevada dado que el objetivo inflacionario tiene que ser de 2% anual, ha significado que el gobierno ya no le está expropiando a los mexicanos una parte de su riqueza con el impuesto inflacionario, lo que ha permitido una paulatina recuperación de la clase media en México. Falta, sin embargo, el otro elemento: la productividad está estancada y la economía sigue sin crecer. Y hay otro factor adicional que es importante: México tiene una de las distribuciones de la riqueza y del ingreso más inequitativas del mundo.
Sigue la próxima semana.
La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero sin duda uno de los elementos que están detrás de un mercado interno sólido, en términos de una capacidad efectiva de demanda, es tener una clase media creciente y con un poder de compra y de ahorro cada vez mayor.
Un análisis de la historia económica reciente de México nos indica que durante la década de los sesentas del siglo pasado, se desarrolló una clase media cada vez más grande, sustentada en tres elementos. El primero fue la migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas que implicó un mayor número de trabajadores en actividades de mayor valor agregado. El segundo fue la relativamente alta tasa de crecimiento de la economía en su conjunto (casi 7% promedio para la década). El tercero fue la notable estabilidad macroeconómica que se experimentó, con una tasa de inflación promedio anual de menos de 4%.
Las decisiones que se tomaron durante la década de los setenta, es decir durante la docena trágica de Echeverría y López Portillo, particularmente en lo que respecta a las finanzas públicas y el financiamiento inflacionario del déficit fiscal acabaron con esto. Aunque la economía siguió creciendo durante esta década y hasta 1981, la aceleración de la inflación, el impuesto más distorsionante que el gobierno puede imponer, empezó a minar a la clase media. La crisis que se desató en 1982, a raíz de esa irresponsabilidad fiscal y monetaria aisló, para efectos prácticos, a la economía mexicana de los mercados mundiales de capitales, dando inicio a lo que se ha denominado como la década perdida de México (y de América Latina). Una década sin crecimiento económico y con una elevada y muy variable tasa de inflación, pulverizaron a la clase media y pauperizaron a una parte significativa de la población. La siguiente crisis, la de 1995, fue el último clavo en el ataúd de la clase media mexicana.
La relativa estabilidad macroeconómica que finalmente se ha alcanzado, con tasas de inflación anuales de menos de 5%, aunque todavía elevada dado que el objetivo inflacionario tiene que ser de 2% anual, ha significado que el gobierno ya no le está expropiando a los mexicanos una parte de su riqueza con el impuesto inflacionario, lo que ha permitido una paulatina recuperación de la clase media en México. Falta, sin embargo, el otro elemento: la productividad está estancada y la economía sigue sin crecer. Y hay otro factor adicional que es importante: México tiene una de las distribuciones de la riqueza y del ingreso más inequitativas del mundo.
Sigue la próxima semana.
lunes, 19 de julio de 2010
Es desesperante
4 – 5%. ¿Crecimiento del PIB este año? Posiblemente sí, pero también es el rango de lo que se puede prever será el crecimiento acumulado del PIB por habitante durante el periodo 2007 – 2012, es decir durante el gobierno del Presidente Calderón. 4 – 5% acumulado implica una tasa promedio de crecimiento anual de menos de 1%, aunque influido en gran medida por la caída del PIB por habitante de 8% en el 2009 resultante de la significativa dependencia que la economía mexicana, particularmente en la industria manufacturera, tiene de la economía estadounidense. Sin embargo, aun eliminando ese annus horribilis, no deja de ser otro sexenio más que se pierde en lo que ya parece ser la quimera, obviamente inalcanzable, de un proceso sostenido de crecimiento económico.
Han sido 30 años en los cuales el PIB por habitante y el bienestar de la mayor parte de la población ha estado prácticamente estancado y a casi nadie, de los que están encargados del diseño e instrumentación de las políticas públicas, parecen importarles mucho. Discursos van y discursos vienen pero en realidad prácticamente poco se hace para revertir este estancamiento.
Todos los diagnósticos que se hacen sobre la economía mexicana, tanto internamente, incluido el que hace el propio gobierno federal, así como en el exterior (Banco Mundial, BID, OECD, CEPAL, Foro Económico Mundial, etcétera) coinciden en cuáles son los principales problemas estructurales que están impidiendo un mejor desempeño. El listado incluye: debilidad de las finanzas públicas, aunado a un diseño tributario que castiga el empleo, el ahorro y la inversión; un ejercicio ineficiente del presupuesto público; un sistema educativo diseñado para atender masas pero que ofrece un servicio de muy mala calidad; infraestructura de comunicaciones y transportes insuficiente, de mala calidad y cara; persistencia de monopolios y prácticas monopólicas en sectores claves de la economía como energía de hidrocarburos y eléctrica, telecomunicaciones, cemento, notarios, fútbol, etcétera; un mercado laboral notoriamente rígido derivado de una legislación obsoleta e ineficiente; una deficiente definición de los derechos privados de propiedad; una muy alta incidencia de piratería de marcas y procesos; un poder judicial que está plagado de corrupción e ineficiencia y que no garantiza imparcialmente y de forma eficiente y expedita el cumplimiento de los contratos; una excesiva e ineficiente regulación de los mercados, tanto al nivel federal como en los estados y los municipios; muy baja penetración del sistema financiero en la economía aunado al hecho de que el crédito sigue siendo muy caro; persistencia de altas barreras al comercio internacional con aquellos países con los cuales no existe un acuerdo de libre comercio; enorme impunidad, 97%, en la comisión de delitos del fuero común; una significativa inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso; etcétera. Dentro de todos estos diagnósticos, la única nota favorable es la relativamente baja tasa de inflación que ha significado dejar de imponer sobre la población el impuesto más regresivo que existe.
Ahí está el diagnóstico; todos lo conocen y las cosas simplemente no cambian, por lo que la economía sigue sin crecer. Y las cosas no cambian porque lo único que guía los actos de los políticos y de los gobernantes, incluido el mismo Presidente, es la rebatiña por el poder. Lo único que les interesa es quién ganará las siguientes elecciones y, en consecuencia, todo acto está condicionado a ello. Es desesperante.
Han sido 30 años en los cuales el PIB por habitante y el bienestar de la mayor parte de la población ha estado prácticamente estancado y a casi nadie, de los que están encargados del diseño e instrumentación de las políticas públicas, parecen importarles mucho. Discursos van y discursos vienen pero en realidad prácticamente poco se hace para revertir este estancamiento.
Todos los diagnósticos que se hacen sobre la economía mexicana, tanto internamente, incluido el que hace el propio gobierno federal, así como en el exterior (Banco Mundial, BID, OECD, CEPAL, Foro Económico Mundial, etcétera) coinciden en cuáles son los principales problemas estructurales que están impidiendo un mejor desempeño. El listado incluye: debilidad de las finanzas públicas, aunado a un diseño tributario que castiga el empleo, el ahorro y la inversión; un ejercicio ineficiente del presupuesto público; un sistema educativo diseñado para atender masas pero que ofrece un servicio de muy mala calidad; infraestructura de comunicaciones y transportes insuficiente, de mala calidad y cara; persistencia de monopolios y prácticas monopólicas en sectores claves de la economía como energía de hidrocarburos y eléctrica, telecomunicaciones, cemento, notarios, fútbol, etcétera; un mercado laboral notoriamente rígido derivado de una legislación obsoleta e ineficiente; una deficiente definición de los derechos privados de propiedad; una muy alta incidencia de piratería de marcas y procesos; un poder judicial que está plagado de corrupción e ineficiencia y que no garantiza imparcialmente y de forma eficiente y expedita el cumplimiento de los contratos; una excesiva e ineficiente regulación de los mercados, tanto al nivel federal como en los estados y los municipios; muy baja penetración del sistema financiero en la economía aunado al hecho de que el crédito sigue siendo muy caro; persistencia de altas barreras al comercio internacional con aquellos países con los cuales no existe un acuerdo de libre comercio; enorme impunidad, 97%, en la comisión de delitos del fuero común; una significativa inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso; etcétera. Dentro de todos estos diagnósticos, la única nota favorable es la relativamente baja tasa de inflación que ha significado dejar de imponer sobre la población el impuesto más regresivo que existe.
Ahí está el diagnóstico; todos lo conocen y las cosas simplemente no cambian, por lo que la economía sigue sin crecer. Y las cosas no cambian porque lo único que guía los actos de los políticos y de los gobernantes, incluido el mismo Presidente, es la rebatiña por el poder. Lo único que les interesa es quién ganará las siguientes elecciones y, en consecuencia, todo acto está condicionado a ello. Es desesperante.
martes, 13 de julio de 2010
Expectativas frustradas
Uno puede suponer, sin mucho temor a equivocarse, que en cada unidad familiar los padres buscarán asignar los recursos escasos de los que disponen para tratar de maximizar el nivel de bienestar conjunto de los miembros que la componen. Con el ingreso generado por aquellos miembros de la familia que laboran, se adquieren bienes en el mercado, mismos que se utilizan para producir dentro del hogar aquellos bienes que permitirán satisfacer algunas de las necesidades (no todas porque los recursos son escasos).
Por otra parte, en la decisión que se toma de cómo asignar esos recursos escasos, entra en juego la consideración de destinar algunos de ellos para que los hijos acumulen capital humano, principalmente a través del gasto destinado a la educación y a la salud. Los padres actúan de manera altruista, sacrificando consumo propio, porque el bienestar mismo de los hijos les genera a ellos satisfacción, por lo que puede afirmarse que su altruismo es en realidad una actitud egoísta.
La decisión altruista – egoísta de los padres, sacrificando consumo propio para destinar esos recursos a los hijos para que acumulen capital humano, tiene como único objetivo dotarlos de aquél recurso, el conocimiento acumulado, que les permitirá en el futuro incorporarse productivamente al mercado laboral. Los padres esperan que con ello el bienestar futuro de los hijos sea mayor que el que ellos tienen a la misma edad. Es el aumento del bienestar intergeneracional lo que denominamos como desarrollo económico.
México lleva casi tres décadas con un crecimiento económico notoriamente bajo, lo que se ha traducido en que el ingreso por habitante esté prácticamente estancado. Treinta años en los cuales no ha habido, para la mayor parte de los mexicanos, una mejora del bienestar intergeneracional. Las expectativas de lograr el desarrollo económico se han frustrado. Toda una generación de mexicanos sacrificada porque la economía no ha crecido.
Y el tiempo se agota. Dado el cambio demográfico que se está dando en México, en donde la participación de individuos menores de 15 años dentro de la población total está cayendo y simultáneamente está aumentando la participación de individuos mayores de 65 años, se ha traducido en lo que se le ha denominado como la “ventana de oportunidad demográfica” y que implica que hasta el 2021 el índice de dependencia, es decir cuanta gente trabajando mantiene a los menores de 15 años y a los mayores de 65 años, se irá reduciendo. A partir de ese año, el índice de dependencia empezará a aumentar y a menos que la economía empiece a crecer ya, a tasas elevadas y sostenidas, generando empleos formales y con una productividad cada vez mayor, el destino de México será el de un país de viejos pobres. Será también un país de pobres viejos, habiendo llegado a su retiro con las expectativas frustradas.
Queda nada más una década de oportunidad demográfica y seguimos perdiendo el tiempo. Estamos atorados, y vale la pena ser reiterativo, con un marco institucional que premia la apropiación de rentas. Y quienes están a cargo de hacer más eficiente este marco y alinear los incentivos con el objetivo de crecimiento económico, es decir los legisladores y los partidos políticos, solo están preocupados y ocupados de mantener el statu quo, aunque con ello solo sigan inhibiendo el crecimiento económico. Frustrante.
Por otra parte, en la decisión que se toma de cómo asignar esos recursos escasos, entra en juego la consideración de destinar algunos de ellos para que los hijos acumulen capital humano, principalmente a través del gasto destinado a la educación y a la salud. Los padres actúan de manera altruista, sacrificando consumo propio, porque el bienestar mismo de los hijos les genera a ellos satisfacción, por lo que puede afirmarse que su altruismo es en realidad una actitud egoísta.
La decisión altruista – egoísta de los padres, sacrificando consumo propio para destinar esos recursos a los hijos para que acumulen capital humano, tiene como único objetivo dotarlos de aquél recurso, el conocimiento acumulado, que les permitirá en el futuro incorporarse productivamente al mercado laboral. Los padres esperan que con ello el bienestar futuro de los hijos sea mayor que el que ellos tienen a la misma edad. Es el aumento del bienestar intergeneracional lo que denominamos como desarrollo económico.
México lleva casi tres décadas con un crecimiento económico notoriamente bajo, lo que se ha traducido en que el ingreso por habitante esté prácticamente estancado. Treinta años en los cuales no ha habido, para la mayor parte de los mexicanos, una mejora del bienestar intergeneracional. Las expectativas de lograr el desarrollo económico se han frustrado. Toda una generación de mexicanos sacrificada porque la economía no ha crecido.
Y el tiempo se agota. Dado el cambio demográfico que se está dando en México, en donde la participación de individuos menores de 15 años dentro de la población total está cayendo y simultáneamente está aumentando la participación de individuos mayores de 65 años, se ha traducido en lo que se le ha denominado como la “ventana de oportunidad demográfica” y que implica que hasta el 2021 el índice de dependencia, es decir cuanta gente trabajando mantiene a los menores de 15 años y a los mayores de 65 años, se irá reduciendo. A partir de ese año, el índice de dependencia empezará a aumentar y a menos que la economía empiece a crecer ya, a tasas elevadas y sostenidas, generando empleos formales y con una productividad cada vez mayor, el destino de México será el de un país de viejos pobres. Será también un país de pobres viejos, habiendo llegado a su retiro con las expectativas frustradas.
Queda nada más una década de oportunidad demográfica y seguimos perdiendo el tiempo. Estamos atorados, y vale la pena ser reiterativo, con un marco institucional que premia la apropiación de rentas. Y quienes están a cargo de hacer más eficiente este marco y alinear los incentivos con el objetivo de crecimiento económico, es decir los legisladores y los partidos políticos, solo están preocupados y ocupados de mantener el statu quo, aunque con ello solo sigan inhibiendo el crecimiento económico. Frustrante.
lunes, 5 de julio de 2010
Secuestrados
Durante el último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se presentaron algunas iniciativas para reformar diversas leyes, enfocadas en su mayor parte para hacer a la economía más eficiente y más competitiva como fueron, por ejemplo, las reformas propuestas a la Ley Federal del Trabajo o la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica que solo fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ante la presentación de tales iniciativas, se argumentó en el propio Congreso que, dado que era un año electoral, no era conveniente entrarle a la discusión de estas reformas, que era mejor esperarse para discutirlas en el periodo de sesiones que inicia en septiembre. Ayer fueron las elecciones y sin importar quién haya ganado, particularmente las gubernaturas, de una cosa podemos estar casi seguros: las reformas propuestas tampoco se discutirán en el periodo por venir. Estamos, efectivamente, secuestrados por el diseño y operación del sistema político mexicano y sus principales actores, los partidos políticos.
A prácticamente todos les queda claro que el actual arreglo institucional de la economía mexicana es notoriamente ineficiente, que el marco legal que nos rige no es el que se requiere para alinear los incentivos que de éste se derivan con el objetivo de creación de riqueza es decir, con el objetivo de crecimiento económico. Existe un significativo consenso de cuáles son las reformas que se requieren y sin embargo el tiempo transcurre y no se hace prácticamente nada, particularmente en el Poder Legislativo, ello a pesar de que todos los legisladores, en su discurso, señalan que es urgente que la economía se inserte en una senda de crecimiento elevado y sostenido.
Ya van a ser casi cuatro años de que se instaló la actual Legislatura y poco se ha avanzado; en realidad podríamos decir que han sido cuatro años prácticamente desperdiciados. Y mientras, la economía sigue sin crecer (el crecimiento de este año es ilusorio por un efecto estadístico dada la severa contracción que se experimentó el año pasado), seguimos perdiendo frente a otros países que sí han avanzado en el proceso de hacer más eficiente y competitivas a sus economías y, lo más grave aún, es que el bienestar de la población está estancado y la gente no tiene expectativas de que éste aumente en el futuro cercano.
En septiembre se iniciará un nuevo periodo ordinario del Congreso de la Unión y los diputados y senadores nuevamente tratarán de dar la apariencia de que están realmente preocupados por el bienestar de la población y que estarán trabajando para hacer los cambios legislativos que se requieren. Sin embargo, no dejará de ser un discurso hueco aderezado por una estúpida campaña publicitaria llena de anuncios enalteciendo el trabajo legislativo, mintiéndole abiertamente a la población. Las reformas que realmente se requieren, las que urgen, no se van a hacer porque hacerlas implica modificar el arreglo institucional que ahora le genera rentas a poderosos grupos de interés, incluyendo a los propios partidos políticos y sus agentes, es decir los legisladores, líderes partidistas y gobernadores.
México está secuestrado por los partidos políticos que se dedican a mantener un sistema de extracción de rentas en lugar de buscar la mejora en el bienestar de la población haciendo los cambios legales que se requieren para hacer a la economía más eficiente. Y seguiremos perdiendo el tiempo.
A prácticamente todos les queda claro que el actual arreglo institucional de la economía mexicana es notoriamente ineficiente, que el marco legal que nos rige no es el que se requiere para alinear los incentivos que de éste se derivan con el objetivo de creación de riqueza es decir, con el objetivo de crecimiento económico. Existe un significativo consenso de cuáles son las reformas que se requieren y sin embargo el tiempo transcurre y no se hace prácticamente nada, particularmente en el Poder Legislativo, ello a pesar de que todos los legisladores, en su discurso, señalan que es urgente que la economía se inserte en una senda de crecimiento elevado y sostenido.
Ya van a ser casi cuatro años de que se instaló la actual Legislatura y poco se ha avanzado; en realidad podríamos decir que han sido cuatro años prácticamente desperdiciados. Y mientras, la economía sigue sin crecer (el crecimiento de este año es ilusorio por un efecto estadístico dada la severa contracción que se experimentó el año pasado), seguimos perdiendo frente a otros países que sí han avanzado en el proceso de hacer más eficiente y competitivas a sus economías y, lo más grave aún, es que el bienestar de la población está estancado y la gente no tiene expectativas de que éste aumente en el futuro cercano.
En septiembre se iniciará un nuevo periodo ordinario del Congreso de la Unión y los diputados y senadores nuevamente tratarán de dar la apariencia de que están realmente preocupados por el bienestar de la población y que estarán trabajando para hacer los cambios legislativos que se requieren. Sin embargo, no dejará de ser un discurso hueco aderezado por una estúpida campaña publicitaria llena de anuncios enalteciendo el trabajo legislativo, mintiéndole abiertamente a la población. Las reformas que realmente se requieren, las que urgen, no se van a hacer porque hacerlas implica modificar el arreglo institucional que ahora le genera rentas a poderosos grupos de interés, incluyendo a los propios partidos políticos y sus agentes, es decir los legisladores, líderes partidistas y gobernadores.
México está secuestrado por los partidos políticos que se dedican a mantener un sistema de extracción de rentas en lugar de buscar la mejora en el bienestar de la población haciendo los cambios legales que se requieren para hacer a la economía más eficiente. Y seguiremos perdiendo el tiempo.
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Reformas para crecer
jueves, 1 de julio de 2010
Productividad estancada (II)
En el artículo de la semana pasada señalé diversos elementos prevalecientes en el marco institucional que se han conjuntado para que la productividad haya estado prácticamente estancada por los últimos treinta años, siendo esto la principal explicación del mediocre crecimiento que ha experimentado la economía durante este periodo y que se ha reflejado en que el PIB real por habitante no haya crecido.
Señalé cuatro: la baja tasa de acumulación de capital humano además de que es de mala calidad, la excesiva e ineficiente regulación federal, estatal y municipal a la que se enfrentan las empresas, un sistema de seguridad social dual (IMSS – seguro popular) y un sistema judicial, particularmente los estatales, que no protegen eficientemente los derechos privados de propiedad ni garantizan, de manera imparcial eficiente y expedita, el cumplimiento de los contratos. Además de estos cuatro, existen otros elementos que existen en la economía que también contribuyen a que la productividad no haya crecido.
Un quinto elemento es la baja calidad de la infraestructura en el país, particularmente en áreas que son críticas, como son las carreteras, así como la infraestructura eléctrica y petrolera. En cuanto a las carreteras, una parte significativa de ellas se encuentra en mal estado por no haber recibido el mantenimiento adecuado, lo que se traduce en mayores costos de transporte. Por lo que toca a la infraestructura eléctrica y petrolera, la mala calidad de éstas y los altos costos que representan para los usuarios se deriva de que son sectores en donde prevalece el monopolio gubernamental, dominado además por sindicatos que actúan como buscadores de rentas. El resultado es que la infraestructura del sector energético nacional es obsoleta y los bienes y servicios que producen son de mala calidad y, consecuentemente, muy caros para los usuarios. Tener una infraestructura de mala calidad, con los consecuentes mayores costos, derivan en una menor productividad para la economía en su conjunto y en un menor crecimiento económico.
Un sexto elemento es la prevalencia de monopolios y prácticas monopólicas, tanto en el sector privado como en el gubernamental. Además de la ya señaladas en el sector energético nacional, hay otros sectores que son claves para explicar el estancamiento de la productividad y el mediocre desempeño de la economía, destacando el de las telecomunicaciones. La prevalencia de monopolios no solo conlleva un mayor costo para los usuarios sino que además, se convierte en un elemento que inhibe la inversión y el crecimiento de la productividad.
Un séptimo elemento es la prevalencia, a pesar de la estabilidad macroeconómica, de altas reales de interés en el financiamiento al sector privado. La ineficiencia y corrupción que existe en los aparatos judiciales estatales y que, como se señaló, no garantiza el cumplimiento de los contratos, introduce un elemento de alto riesgo para los intermediarios financieros, lo que se traduce en que estos cobrarán a todos los demandantes de crédito tasas de interés más elevadas. Esto obviamente deriva en un menor monto de financiamiento al sector privado, lo cual desincentiva la inversión, el crecimiento de las empresas y el aumento de la productividad.
Llevamos 30 años con este muy ineficiente marco institucional y no parece que existan las fuerzas que lo puedan modificar. De ahí que no sorprenda que la productividad esté estancada y que la economía no crezca.
Señalé cuatro: la baja tasa de acumulación de capital humano además de que es de mala calidad, la excesiva e ineficiente regulación federal, estatal y municipal a la que se enfrentan las empresas, un sistema de seguridad social dual (IMSS – seguro popular) y un sistema judicial, particularmente los estatales, que no protegen eficientemente los derechos privados de propiedad ni garantizan, de manera imparcial eficiente y expedita, el cumplimiento de los contratos. Además de estos cuatro, existen otros elementos que existen en la economía que también contribuyen a que la productividad no haya crecido.
Un quinto elemento es la baja calidad de la infraestructura en el país, particularmente en áreas que son críticas, como son las carreteras, así como la infraestructura eléctrica y petrolera. En cuanto a las carreteras, una parte significativa de ellas se encuentra en mal estado por no haber recibido el mantenimiento adecuado, lo que se traduce en mayores costos de transporte. Por lo que toca a la infraestructura eléctrica y petrolera, la mala calidad de éstas y los altos costos que representan para los usuarios se deriva de que son sectores en donde prevalece el monopolio gubernamental, dominado además por sindicatos que actúan como buscadores de rentas. El resultado es que la infraestructura del sector energético nacional es obsoleta y los bienes y servicios que producen son de mala calidad y, consecuentemente, muy caros para los usuarios. Tener una infraestructura de mala calidad, con los consecuentes mayores costos, derivan en una menor productividad para la economía en su conjunto y en un menor crecimiento económico.
Un sexto elemento es la prevalencia de monopolios y prácticas monopólicas, tanto en el sector privado como en el gubernamental. Además de la ya señaladas en el sector energético nacional, hay otros sectores que son claves para explicar el estancamiento de la productividad y el mediocre desempeño de la economía, destacando el de las telecomunicaciones. La prevalencia de monopolios no solo conlleva un mayor costo para los usuarios sino que además, se convierte en un elemento que inhibe la inversión y el crecimiento de la productividad.
Un séptimo elemento es la prevalencia, a pesar de la estabilidad macroeconómica, de altas reales de interés en el financiamiento al sector privado. La ineficiencia y corrupción que existe en los aparatos judiciales estatales y que, como se señaló, no garantiza el cumplimiento de los contratos, introduce un elemento de alto riesgo para los intermediarios financieros, lo que se traduce en que estos cobrarán a todos los demandantes de crédito tasas de interés más elevadas. Esto obviamente deriva en un menor monto de financiamiento al sector privado, lo cual desincentiva la inversión, el crecimiento de las empresas y el aumento de la productividad.
Llevamos 30 años con este muy ineficiente marco institucional y no parece que existan las fuerzas que lo puedan modificar. De ahí que no sorprenda que la productividad esté estancada y que la economía no crezca.
lunes, 21 de junio de 2010
Productividad estancada
El crecimiento sostenido de cualquier economía se explica por dos elementos: el aumento en la cantidad de los factores de la producción, principalmente en el acervo de capital por trabajador y en las ganancias en productividad que se derivan particularmente de la incorporación de cambios tecnológicos en los procesos productivos así como del aprovechamiento de economías a escala. La economía mexicana lleva tres décadas sin experimentar un crecimiento económico sostenido, un crecimiento que se traduzca en un mayor PIB real por habitante y un mayor nivel de bienestar de la población por una razón básica: no ha habido en estos años un aumento significativo de la productividad.
El poco aumento que ha habido se deriva de que una parte de la mano de obra, principalmente aquellos que laboraban en la agricultura de subsistencia, han migrado a las zonas urbanas, empleándose en trabajos de mayor valor agregado. Muy poca ha sido la aportación de nuevas tecnologías que incrementen la productividad factorial total y menos aun el aumento en el tamaño de las empresas en operación que se traduzca en el aprovechamiento de potenciales economías a escala.
Existen en la economía mexicana diversos elementos que inhiben el crecimiento de la productividad y, por lo mismo, inhiben el crecimiento económico. Uno, sin duda importante, es la baja tasa de acumulación de capital humano entre la población aunado a la baja calidad de la educación que se imparte en el sistema educativo nacional. Una fuerza laboral con muy poco capital humano y, pero más aun, de calidad deficiente, se constituye como un elemento que inhibe la introducción de tecnologías modernas en la producción y, en consecuencia, inhibe el incremento de la productividad. Pelearse con el SNTE y otros sindicatos del sistema educativo es una misión imposible.
Un segundo elemento es la enorme maraña de regulaciones y trámites, ante todos los órdenes de gobierno, pero particularmente en los niveles estatal y municipal. Los muy altos costos de transacción que se derivan de ello, implican dos cosas. La primera es que para muchas empresas legalmente constituidas, crecer es demasiado costoso por lo que permanecen con un tamaño que les impide aprovechar economías a escala y, en la mayoría de los casos, operando con tecnologías obsoletas. La segunda es que muchas empresas optan por operar en la ilegalidad, en unidades de producción tan pequeñas que el único resultado es una muy baja productividad. Los llamados a una más eficiente regulación, han sido siempre palabras que se las lleva el viento; simplemente no hay algo significativo que se haya logrado en esta materia.
Uno tercero, ligado al anterior, es la existencia de un sistema de seguridad social dual, IMSS – seguro popular. Este sistema, por su propio diseño, promueve la informalidad ya que algunos trabajadores preferirán repartirse con sus empleadores los costos de estar afiliados al IMSS sin perder por ello, a través del seguro popular, el acceso a la atención médica. Es por lo mismo, deseable moverse hacia un sistema único de seguridad universal.
Uno más es la notable deficiencia en la protección de los derechos de propiedad intelectual, tanto por parte del ministerio público federal como del Poder Judicial Federal. La piratería de marcas y procesos es tan grave en México que se inhibe la introducción de nuevas tecnologías.
Y hay muchos más pero se acabó el espacio. Seguirá.
El poco aumento que ha habido se deriva de que una parte de la mano de obra, principalmente aquellos que laboraban en la agricultura de subsistencia, han migrado a las zonas urbanas, empleándose en trabajos de mayor valor agregado. Muy poca ha sido la aportación de nuevas tecnologías que incrementen la productividad factorial total y menos aun el aumento en el tamaño de las empresas en operación que se traduzca en el aprovechamiento de potenciales economías a escala.
Existen en la economía mexicana diversos elementos que inhiben el crecimiento de la productividad y, por lo mismo, inhiben el crecimiento económico. Uno, sin duda importante, es la baja tasa de acumulación de capital humano entre la población aunado a la baja calidad de la educación que se imparte en el sistema educativo nacional. Una fuerza laboral con muy poco capital humano y, pero más aun, de calidad deficiente, se constituye como un elemento que inhibe la introducción de tecnologías modernas en la producción y, en consecuencia, inhibe el incremento de la productividad. Pelearse con el SNTE y otros sindicatos del sistema educativo es una misión imposible.
Un segundo elemento es la enorme maraña de regulaciones y trámites, ante todos los órdenes de gobierno, pero particularmente en los niveles estatal y municipal. Los muy altos costos de transacción que se derivan de ello, implican dos cosas. La primera es que para muchas empresas legalmente constituidas, crecer es demasiado costoso por lo que permanecen con un tamaño que les impide aprovechar economías a escala y, en la mayoría de los casos, operando con tecnologías obsoletas. La segunda es que muchas empresas optan por operar en la ilegalidad, en unidades de producción tan pequeñas que el único resultado es una muy baja productividad. Los llamados a una más eficiente regulación, han sido siempre palabras que se las lleva el viento; simplemente no hay algo significativo que se haya logrado en esta materia.
Uno tercero, ligado al anterior, es la existencia de un sistema de seguridad social dual, IMSS – seguro popular. Este sistema, por su propio diseño, promueve la informalidad ya que algunos trabajadores preferirán repartirse con sus empleadores los costos de estar afiliados al IMSS sin perder por ello, a través del seguro popular, el acceso a la atención médica. Es por lo mismo, deseable moverse hacia un sistema único de seguridad universal.
Uno más es la notable deficiencia en la protección de los derechos de propiedad intelectual, tanto por parte del ministerio público federal como del Poder Judicial Federal. La piratería de marcas y procesos es tan grave en México que se inhibe la introducción de nuevas tecnologías.
Y hay muchos más pero se acabó el espacio. Seguirá.
lunes, 14 de junio de 2010
Cambio tecnológico
Es ampliamente reconocido que la principal fuente de un crecimiento económico sostenido es el avance tecnológico en los procesos de producción. La introducción de nuevas tecnologías de producción, que es equivalente a una reducción de costos, permite incrementar la cantidad y la calidad producida de bienes con los mismos recursos disponibles.
En la historia de la humanidad se pueden identificar tres grandes revoluciones tecnológicas. La primera, hace 8,000 años, fue la agrícola que implicó la aparición formal de la agricultura y que repercutió en una aceleración del crecimiento de la población y la aparición de las ciudades. La segunda es lo que se conoce como la revolución industrial hace alrededor de 300 años, misma que permitió la generación de rendimientos crecientes en la producción, la ampliación de la producción en procesos industriales caracterizados por la especialización. Finalmente, la tercera es la cibernética, misma que se empezó a generar hace 70 años. Estas tres revoluciones tecnológicas es lo que ha permitido un significativo incremento en el valor agregado de la producción mundial y, más importante aún, un aumento en el nivel de bienestar de la población.
En un mundo en donde impera la competencia, es claro que uno de los elementos que le permiten a las empresas mantener o inclusive aumentar su ventaja competitiva es una reducción de los costos de producción a través de la introducción del cambio tecnológico. Es por ello que están dispuestas a invertir recursos en el financiamiento de la investigación en ciencia y tecnología. Además, dado el reconocimiento que existe al nivel mundial de la importancia de fomentar el cambio tecnológico, es que los gobiernos destinan recursos públicos para el financiamiento de la investigación, particularmente a través de las universidades.
Así, podemos observar que en los países desarrollados al igual que en muchos de desarrollo medio alto, como Brasil, Corea del Sur, Israel, Chile, Rusia y otros, el gasto agregado en investigación es cercano al 3% del PIB. En México es de únicamente 0.4% del PIB. El argumento que tradicionalmente se utiliza para explicar el porqué en México se gasta tan poco en investigación científica y tecnológica es que el gobierno no destina loa suficientes recursos públicos a este rubro. Aunque el argumento tiene validez, no es suficiente. Hay, en realidad, un problema de incentivos.
¿Por qué las empresas en México, salvo muy pocas excepciones, simplemente no invierten en el desarrollo de nuevas tecnologías? ¿Por qué en México es extremadamente rara la realización de convenios entre empresas y universidades, en donde las primeras financian la investigación y obtienen los frutos del ingreso que se derivaría del desarrollo tecnológico? ¿Por qué el registro de nuevas patentes por parte de mexicanos, sean empresas o centros de investigación, es prácticamente inexistente? ¿Es un problema de falta de incentivos fiscales? ¿No existe una masa crítica de investigadores en ciencia y tecnología en el país?
Son preguntas que requieren una respuesta, porque lo sí es clara es la obsolescencia tecnológica en México, lo que explica en gran medida por qué durante las últimas dos décadas no ha habido un crecimiento de la productividad de los factores de la producción y por qué la economía no crece.
En la historia de la humanidad se pueden identificar tres grandes revoluciones tecnológicas. La primera, hace 8,000 años, fue la agrícola que implicó la aparición formal de la agricultura y que repercutió en una aceleración del crecimiento de la población y la aparición de las ciudades. La segunda es lo que se conoce como la revolución industrial hace alrededor de 300 años, misma que permitió la generación de rendimientos crecientes en la producción, la ampliación de la producción en procesos industriales caracterizados por la especialización. Finalmente, la tercera es la cibernética, misma que se empezó a generar hace 70 años. Estas tres revoluciones tecnológicas es lo que ha permitido un significativo incremento en el valor agregado de la producción mundial y, más importante aún, un aumento en el nivel de bienestar de la población.
En un mundo en donde impera la competencia, es claro que uno de los elementos que le permiten a las empresas mantener o inclusive aumentar su ventaja competitiva es una reducción de los costos de producción a través de la introducción del cambio tecnológico. Es por ello que están dispuestas a invertir recursos en el financiamiento de la investigación en ciencia y tecnología. Además, dado el reconocimiento que existe al nivel mundial de la importancia de fomentar el cambio tecnológico, es que los gobiernos destinan recursos públicos para el financiamiento de la investigación, particularmente a través de las universidades.
Así, podemos observar que en los países desarrollados al igual que en muchos de desarrollo medio alto, como Brasil, Corea del Sur, Israel, Chile, Rusia y otros, el gasto agregado en investigación es cercano al 3% del PIB. En México es de únicamente 0.4% del PIB. El argumento que tradicionalmente se utiliza para explicar el porqué en México se gasta tan poco en investigación científica y tecnológica es que el gobierno no destina loa suficientes recursos públicos a este rubro. Aunque el argumento tiene validez, no es suficiente. Hay, en realidad, un problema de incentivos.
¿Por qué las empresas en México, salvo muy pocas excepciones, simplemente no invierten en el desarrollo de nuevas tecnologías? ¿Por qué en México es extremadamente rara la realización de convenios entre empresas y universidades, en donde las primeras financian la investigación y obtienen los frutos del ingreso que se derivaría del desarrollo tecnológico? ¿Por qué el registro de nuevas patentes por parte de mexicanos, sean empresas o centros de investigación, es prácticamente inexistente? ¿Es un problema de falta de incentivos fiscales? ¿No existe una masa crítica de investigadores en ciencia y tecnología en el país?
Son preguntas que requieren una respuesta, porque lo sí es clara es la obsolescencia tecnológica en México, lo que explica en gran medida por qué durante las últimas dos décadas no ha habido un crecimiento de la productividad de los factores de la producción y por qué la economía no crece.
lunes, 7 de junio de 2010
Viernes 11 de junio
9:00 am. Silbatazo de inicio de la Copa Mundial de Futbol; México se paraliza para ver a 22 tarugos persiguiendo una pelotita con la ilusión de que ahora sí la van a hacer, que ahora sí van a jugar el elusivo quinto partido e inclusive, por qué no, llegar a ser campeones. Una inmensidad de mexicanos trae puesta la playera de la selección, la verde o la negra, legal o pirata, eso no importa. Lo que importa es dejar ver que ellos sí están con la selección, que ellos sí aman a este país. El honor de México está en juego y se disputa en un área de 7140 m2.
9:00 am; los restaurantes y bares están llenos, huevos fritos acompañados de un tequila y una cerveza bien fría. No importa que sean la nueve de la mañana; que juegue la selección mexicana de futbol lo justifica. Las oficinas y otros centros de trabajo, dejan de serlo; todos atentos a la televisión, al radio o a la internet, siguiendo las incidencias del juego. ¡Qué mejor momento para ir al banco, está vacio! El nerviosismo, la angustia, se deja ver en el rostro de los mexicanos. ¿Podremos? ¿Ganaremos o perderán?
Escenario 1: 10:45 am.; el partido acabó y de ganar la selección mexicana, una feliz marabunta se arrojará a las calles a festejar; el Paseo de la Reforma se cerrará porque hay una multitud en el Ángel de la Independencia; no importa que ya no estén allí los huesitos de los “héroes que nos dieron patria”. Casi nadie trabajará porque hay que festejar, ver de nuevo los goles, comentar lo buenos que son “nuestros muchachos”, todos ellos dirigidos por Javier Aguirre, todo un fregón. ¡Ganó México, qué fregones somos!
Ganó la selección; razón de más para seguir festejando a lo largo del día, dedicando otras dos horas del horario laboral para ver el partido entre Francia y Uruguay. Ganó México; ¡ahora sí la vamos a hacer! Y ya verán lo que haremos contra las otras dos selecciones de nuestro grupo.
Escenario 2: 10:45 am; el partido acabó y de perder la selección mexicana se sentirá, se palpará la tristeza que nos agobiará. Es tal la depresión que no habrá ganas de trabajar. Se comentará hasta el cansancio lo torpe que se vieron “nuestros muchachos”, lo amedrentados que se vieron frente a la selección del país anfitrión, lo mal que dirigió Javier Aguirre a la selección, los errores que cometió al elegir a los once iniciales y los cambios que debería haber hecho pero que no hizo, la parcialidad del árbitro a favor de los sudafricanos. ¡Perdió la selección; bola de güeyes! ¿Qué no entienden que el honor de México está en juego? ¿Qué no entienden que depositamos en ellos toda nuestra confianza y que nos defraudaron? Qué horror; ahora qué dirán de México. Y perdieron frente al presidente que se tomó la molestia de echarse el viaje solo para verlos jugar y darles su apoyo moral, ¡qué deshonra!
Perdió la selección; ni modo, pero no todo está perdido, todavía quedan los otros partidos contra Francia el 17 de junio y contra Uruguay el 22 de junio. Allí “nuestros muchachos se sacarán la espina que nos clavaron los sudafricanos”.
9:00 am; los restaurantes y bares están llenos, huevos fritos acompañados de un tequila y una cerveza bien fría. No importa que sean la nueve de la mañana; que juegue la selección mexicana de futbol lo justifica. Las oficinas y otros centros de trabajo, dejan de serlo; todos atentos a la televisión, al radio o a la internet, siguiendo las incidencias del juego. ¡Qué mejor momento para ir al banco, está vacio! El nerviosismo, la angustia, se deja ver en el rostro de los mexicanos. ¿Podremos? ¿Ganaremos o perderán?
Escenario 1: 10:45 am.; el partido acabó y de ganar la selección mexicana, una feliz marabunta se arrojará a las calles a festejar; el Paseo de la Reforma se cerrará porque hay una multitud en el Ángel de la Independencia; no importa que ya no estén allí los huesitos de los “héroes que nos dieron patria”. Casi nadie trabajará porque hay que festejar, ver de nuevo los goles, comentar lo buenos que son “nuestros muchachos”, todos ellos dirigidos por Javier Aguirre, todo un fregón. ¡Ganó México, qué fregones somos!
Ganó la selección; razón de más para seguir festejando a lo largo del día, dedicando otras dos horas del horario laboral para ver el partido entre Francia y Uruguay. Ganó México; ¡ahora sí la vamos a hacer! Y ya verán lo que haremos contra las otras dos selecciones de nuestro grupo.
Escenario 2: 10:45 am; el partido acabó y de perder la selección mexicana se sentirá, se palpará la tristeza que nos agobiará. Es tal la depresión que no habrá ganas de trabajar. Se comentará hasta el cansancio lo torpe que se vieron “nuestros muchachos”, lo amedrentados que se vieron frente a la selección del país anfitrión, lo mal que dirigió Javier Aguirre a la selección, los errores que cometió al elegir a los once iniciales y los cambios que debería haber hecho pero que no hizo, la parcialidad del árbitro a favor de los sudafricanos. ¡Perdió la selección; bola de güeyes! ¿Qué no entienden que el honor de México está en juego? ¿Qué no entienden que depositamos en ellos toda nuestra confianza y que nos defraudaron? Qué horror; ahora qué dirán de México. Y perdieron frente al presidente que se tomó la molestia de echarse el viaje solo para verlos jugar y darles su apoyo moral, ¡qué deshonra!
Perdió la selección; ni modo, pero no todo está perdido, todavía quedan los otros partidos contra Francia el 17 de junio y contra Uruguay el 22 de junio. Allí “nuestros muchachos se sacarán la espina que nos clavaron los sudafricanos”.
lunes, 31 de mayo de 2010
Libertad y desarrollo
Dos informes que vale la pena revisar. El primero es el Índice de Libertad Económica elaborado por el Instituto Fraser de Canadá (www.freetheworld.com) y el segundo el Índice de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas (www.undp.org). Del análisis y comparación de ambos índices se deduce una sólida conclusión: entre mayor es la libertad económica que impera en un país, mayor será también el nivel de desarrollo humano; la evidencia es incuestionable.
Entre más libres sean los individuos para elegir como asignar los recursos de sus propiedad, entre mayor sea la libertad para las empresas para decidir en qué mercados operar, entre mayor sea el grado de competencia que impera en los mercados tanto de bienes como de factores de la producción y entre más eficiente sea la protección judicial de los derechos privados de propiedad, más eficiente será la asignación de recursos y más atractivo será un país para fomentar la inversión privada, trayendo como consecuencia mayores tasas de crecimiento económico y un mayor nivel de bienestar de la población.
El primero de estos índices aborda el tema de qué tan libres son en materia económica 141 países del orbe. Se incluyen cinco grandes elementos: tamaño del gobierno, el sistema legal y protección de los derechos de propiedad, estabilidad macroeconómica, libertad de comercio internacional y regulación, incluyendo en este último la regulación de tres mercados: el crediticio, el laboral y el empresarial. El Índice de Desarrollo Humano, elaborado para 185 países, considera tres elementos: la esperanza de vida al nacer, el grado de escolaridad de la población mayor de 15 años y el PIB por habitante.
Con la última información disponible para ambos índices (2007) se concluye que México es medianamente libre y medianamente desarrollado. En el Índice de Libertad Económica ocupa el lugar 68 de los 141 países analizados y en el Índice de Desarrollo Humano el lugar 53. Para el potencial que tiene México, su desempeño económico ha sido muy mediocre, no habiendo prácticamente crecido el PIB por habitante durante las últimas tres décadas. La explicación de ello puede resumirse en una frase: “no somos realmente libres”. De los cinco elementos que componen el Índice de Libertad Económica México ocupa, de entre los 141 países, las siguientes posiciones. Tamaño del gobierno 33, sistema legal y protección de los derechos de propiedad 79, estabilidad macroeconómica 80, libertad de comercio internacional 71, regulación 71 y, dentro de esta última categoría, regulación del mercado crediticio 44. del mercado laboral 83 y empresarial 103.
Claramente muy mal en tres renglones que son cruciales para incentivar el desarrollo económico: sistema legal y protección de los derechos de propiedad, regulación del mercado laboral y regulación empresarial. En México, dada la ineficiencia y corrupción del poder judicial, particularmente en los sistemas judiciales estatales, es incierto el cumplimiento de contratos; la ineficiente regulación laboral inhibe el cambio tecnológico; y, hacer negocios en México es estar sujeto a la extorsión de una burocracia ineficiente y muy corrupta. Tres elementos que inhiben la inversión privada y, por lo tanto el crecimiento económico.
Y así, mientras los políticos no valoren la importancia de la libertad por su impacto en el desarrollo económico y sigan protegiendo a los grupos de interés, permitiéndoles la apropiación de rentas, México seguirá ocupando un lugar mediocre en el mundo.
Entre más libres sean los individuos para elegir como asignar los recursos de sus propiedad, entre mayor sea la libertad para las empresas para decidir en qué mercados operar, entre mayor sea el grado de competencia que impera en los mercados tanto de bienes como de factores de la producción y entre más eficiente sea la protección judicial de los derechos privados de propiedad, más eficiente será la asignación de recursos y más atractivo será un país para fomentar la inversión privada, trayendo como consecuencia mayores tasas de crecimiento económico y un mayor nivel de bienestar de la población.
El primero de estos índices aborda el tema de qué tan libres son en materia económica 141 países del orbe. Se incluyen cinco grandes elementos: tamaño del gobierno, el sistema legal y protección de los derechos de propiedad, estabilidad macroeconómica, libertad de comercio internacional y regulación, incluyendo en este último la regulación de tres mercados: el crediticio, el laboral y el empresarial. El Índice de Desarrollo Humano, elaborado para 185 países, considera tres elementos: la esperanza de vida al nacer, el grado de escolaridad de la población mayor de 15 años y el PIB por habitante.
Con la última información disponible para ambos índices (2007) se concluye que México es medianamente libre y medianamente desarrollado. En el Índice de Libertad Económica ocupa el lugar 68 de los 141 países analizados y en el Índice de Desarrollo Humano el lugar 53. Para el potencial que tiene México, su desempeño económico ha sido muy mediocre, no habiendo prácticamente crecido el PIB por habitante durante las últimas tres décadas. La explicación de ello puede resumirse en una frase: “no somos realmente libres”. De los cinco elementos que componen el Índice de Libertad Económica México ocupa, de entre los 141 países, las siguientes posiciones. Tamaño del gobierno 33, sistema legal y protección de los derechos de propiedad 79, estabilidad macroeconómica 80, libertad de comercio internacional 71, regulación 71 y, dentro de esta última categoría, regulación del mercado crediticio 44. del mercado laboral 83 y empresarial 103.
Claramente muy mal en tres renglones que son cruciales para incentivar el desarrollo económico: sistema legal y protección de los derechos de propiedad, regulación del mercado laboral y regulación empresarial. En México, dada la ineficiencia y corrupción del poder judicial, particularmente en los sistemas judiciales estatales, es incierto el cumplimiento de contratos; la ineficiente regulación laboral inhibe el cambio tecnológico; y, hacer negocios en México es estar sujeto a la extorsión de una burocracia ineficiente y muy corrupta. Tres elementos que inhiben la inversión privada y, por lo tanto el crecimiento económico.
Y así, mientras los políticos no valoren la importancia de la libertad por su impacto en el desarrollo económico y sigan protegiendo a los grupos de interés, permitiéndoles la apropiación de rentas, México seguirá ocupando un lugar mediocre en el mundo.
viernes, 28 de mayo de 2010
Competitividad
Cada vez que aparece algún indicador sobre competitividad comparando varios países, sea este del Banco Mundial, del WEF, del IMD, etcétera, México va como los cangrejos, ”pa’ tras”. El resto del mundo avanza, particularmente los países asiáticos y algunos latinoamericanos, alcanzando cada vez mayores niveles de productividad, mientras nosotros seguimos parados. Sorprende, por lo tanto, la declaración de la Secretaría de Economía de que en esta materia, la de competitividad internacional de México, “ya tocamos fondo” y que a partir de ahora nos va a ir cada vez mejor. Sorprende esta declaración porque no hay nada en el horizonte que nos haga percibir que así va a suceder. Y no va a suceder porque todos los cambios que se requieren hacer para lograr que la economía sea más productiva están detenidos, están bloqueados por poderosos grupos de interés que buscan proteger sus rentas. Algunos ejemplos.
Hace ya varios meses, el presidente Calderón ordenó a sus secretarios de Estado que se hiciese una revisión a fondo de todos las regulaciones federales y se eliminaran aquellas que no servían y que encarecían, si no es que de plano bloqueaban, la actividad del sector privado Al parecer los secretarios no le hacen caso al presidente porque la tan llevada y traída desregulación está atorada. Los burócratas son especialistas en justificar tal o cual regulación con tal de mantener sus rentas, administrándola discrecionalmente para poder extorsionar al sector privado. Y ya no se diga lo que sucede en los niveles estatales y municipales, donde la carga regulatoria es todavía más pesada. La corrupción está asolando a México.
En materia laboral, la actual legislación y regulación no es compatible con una economía que está abierta al comercio exterior y a los movimientos de capitales. Tenemos una legislación que encarece la utilización de mano de obra, que inhibe el cambio tecnológico y consecuentemente también inhibe la productividad. Se hace una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo y la reacción en el Congreso por parte del PRI y del PRD es que no; no va. Y no va porque está en el interés de los líderes sindicales que no se apruebe ninguna reforma que les quite sus rentas.
En materia de competencia económica, y contra todos los pronósticos, la Cámara de Diputados aprobó significativas reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y el mismo día en que la minuta fue enviada al Senado para ser ratificada el Senador Beltrones, con muy mala leche, mete su propia iniciativa, lo que hará que sea muy difícil, sino que imposible que se apruebe finalmente la mencionada reforma. Y entonces vale la pregunta, ¿a quién o a quienes le protege sus rentas el Senador?
Ligado con lo anterior, los precios de las telecomunicaciones (telefonía e internet) en México son de los más altos de mundo. Urge una nueva ley en esta materia pero los principales beneficiarios del statu quo ineficiente que les permite apropiarse de cuantiosas rentas se oponen y por lo tanto, en el Congreso esto simplemente no avanza. Y en otro ámbito, ¿por qué el presidente Calderón no aprueba, por decreto, que haya un tercer canal de televisión abierta?
Y así, con todos los cambios que se necesitan para hacer a la economía más productiva bloqueados, ¿por qué dejaremos de perder posiciones en materia de competitividad?
Hace ya varios meses, el presidente Calderón ordenó a sus secretarios de Estado que se hiciese una revisión a fondo de todos las regulaciones federales y se eliminaran aquellas que no servían y que encarecían, si no es que de plano bloqueaban, la actividad del sector privado Al parecer los secretarios no le hacen caso al presidente porque la tan llevada y traída desregulación está atorada. Los burócratas son especialistas en justificar tal o cual regulación con tal de mantener sus rentas, administrándola discrecionalmente para poder extorsionar al sector privado. Y ya no se diga lo que sucede en los niveles estatales y municipales, donde la carga regulatoria es todavía más pesada. La corrupción está asolando a México.
En materia laboral, la actual legislación y regulación no es compatible con una economía que está abierta al comercio exterior y a los movimientos de capitales. Tenemos una legislación que encarece la utilización de mano de obra, que inhibe el cambio tecnológico y consecuentemente también inhibe la productividad. Se hace una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo y la reacción en el Congreso por parte del PRI y del PRD es que no; no va. Y no va porque está en el interés de los líderes sindicales que no se apruebe ninguna reforma que les quite sus rentas.
En materia de competencia económica, y contra todos los pronósticos, la Cámara de Diputados aprobó significativas reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y el mismo día en que la minuta fue enviada al Senado para ser ratificada el Senador Beltrones, con muy mala leche, mete su propia iniciativa, lo que hará que sea muy difícil, sino que imposible que se apruebe finalmente la mencionada reforma. Y entonces vale la pregunta, ¿a quién o a quienes le protege sus rentas el Senador?
Ligado con lo anterior, los precios de las telecomunicaciones (telefonía e internet) en México son de los más altos de mundo. Urge una nueva ley en esta materia pero los principales beneficiarios del statu quo ineficiente que les permite apropiarse de cuantiosas rentas se oponen y por lo tanto, en el Congreso esto simplemente no avanza. Y en otro ámbito, ¿por qué el presidente Calderón no aprueba, por decreto, que haya un tercer canal de televisión abierta?
Y así, con todos los cambios que se necesitan para hacer a la economía más productiva bloqueados, ¿por qué dejaremos de perder posiciones en materia de competitividad?
jueves, 13 de mayo de 2010
El mexicano
EL Mexicano no saluda:
-Te dice que onda güey.
El Mexicano no se lanza:
-Se avienta.
El Mexicano no besuquea:
-Faja.
El Mexicano no molesta:
-Chinga.
El Mexicano no se baña:
-Se da un regaderazo.
El Mexicano no se molesta:
-Se encabrona.
El Mexicano no tiene amigos:
-Tiene carnales.
El Mexicano no te golpea:
-Te da un putazo.
El Mexicano no se cae:
-Se da un chingadazo.
El Mexicano no te ordena:
-Te manda a huevo.
El Mexicano no sufre de diarréa:
-Le da chorrillo.
El Mexicano no fracasa:
-La caga.
El Mexicano no se golpea:
-Se da en la madre.
El Mexicano no sale corriendo:
-Sale en chinga.
El Mexicano no toma siestas:
-Se queda jetón.
El Mexicano no ríe hasta mas no poder:
-Se caga de la risa.
Para el Mexicano no está difícil:
-¡¡Está cabrón!!
El Mexicano no va rápido:
-¡¡Va en chinga!!
El Mexicano no es un tipo tremendo:
-¡Es el mas chingón!!
El Mexicano no bebe:
-Chupa, Chupa y Chupa hasta que se pone como cola de perro, osea, 'hasta atràs' ( es un bebedor de excelencia de Chela y Tequila )
El mexicano no entra en acción:
-¡Se agarra a madrazos!
El Mexicano no es listo:
-Es cabrón!! (es de clase mundial )
El Mexicano no pide que lo lleven:
-Pide un aventón!!
El Mexicano no es un tipo alegre:
-¡¡¡Es de poca madre!!!
El Mexicano no hace algo muy bien:
-¡Se la rifa!
El Mexicano no es cualquier persona:
-¡¡Es el más chingón!!
El Mexicano no es cualquier persona:
-Es MEXICANO!!.
Así que si eres mexicano, manda esto a todos los mexicanos que conozcas y a los que no son mexicanos también, ¡¡¡¡para que sepan quienes somos!!!!.....
! VIVA M É X I C O CABRONES !!!
-Te dice que onda güey.
El Mexicano no se lanza:
-Se avienta.
El Mexicano no besuquea:
-Faja.
El Mexicano no molesta:
-Chinga.
El Mexicano no se baña:
-Se da un regaderazo.
El Mexicano no se molesta:
-Se encabrona.
El Mexicano no tiene amigos:
-Tiene carnales.
El Mexicano no te golpea:
-Te da un putazo.
El Mexicano no se cae:
-Se da un chingadazo.
El Mexicano no te ordena:
-Te manda a huevo.
El Mexicano no sufre de diarréa:
-Le da chorrillo.
El Mexicano no fracasa:
-La caga.
El Mexicano no se golpea:
-Se da en la madre.
El Mexicano no sale corriendo:
-Sale en chinga.
El Mexicano no toma siestas:
-Se queda jetón.
El Mexicano no ríe hasta mas no poder:
-Se caga de la risa.
Para el Mexicano no está difícil:
-¡¡Está cabrón!!
El Mexicano no va rápido:
-¡¡Va en chinga!!
El Mexicano no es un tipo tremendo:
-¡Es el mas chingón!!
El Mexicano no bebe:
-Chupa, Chupa y Chupa hasta que se pone como cola de perro, osea, 'hasta atràs' ( es un bebedor de excelencia de Chela y Tequila )
El mexicano no entra en acción:
-¡Se agarra a madrazos!
El Mexicano no es listo:
-Es cabrón!! (es de clase mundial )
El Mexicano no pide que lo lleven:
-Pide un aventón!!
El Mexicano no es un tipo alegre:
-¡¡¡Es de poca madre!!!
El Mexicano no hace algo muy bien:
-¡Se la rifa!
El Mexicano no es cualquier persona:
-¡¡Es el más chingón!!
El Mexicano no es cualquier persona:
-Es MEXICANO!!.
Así que si eres mexicano, manda esto a todos los mexicanos que conozcas y a los que no son mexicanos también, ¡¡¡¡para que sepan quienes somos!!!!.....
! VIVA M É X I C O CABRONES !!!
lunes, 10 de mayo de 2010
La fiesta acabó
El bacanal acabó. Los griegos agarraron la borrachera comprando las bebidas y viandas con deuda y ahora no tienen ni siquiera lo suficiente para comprar el bicarbonato que les ayude a sobrellevar la cruda. Con deuda financiaron un nivel de vida, particularmente de los empleados gubernamentales, muy por arriba de su productividad. Su apuesta era que por ser miembro de la Unión Europea y de la zona euro, podrían endeudarse y vivir por arriba de sus posibilidades reales de manera indefinida, habiendo acumulado en el proceso una deuda total de 350,000 millones de euros. Y ya se vio que no. Se repite para Grecia lo que le ha pasado a todos aquellos países que incurren en una política fiscal expansiva e irresponsablemente; se vuelve insostenible y finalmente es inevitable realizar el ajuste, con todos los costos que ello implica. La historia económica de México contiene varios ejemplos de a lo que lleva una política fiscal expansiva e insostenible, destacando 1976 y 1982.
Dada la situación actual de la economía griega, y a pesar del apoyo por 110,000 millones de euros que recibirán de los países europeos y del FMI, es claro que no les queda de otra que realizar un significativo ajuste fiscal para reducir rápida y drásticamente en déficit de sus finanzas públicas. Además, y aquí está el punto central, también requieren reducir significativamente el nivel de los salarios reales; y aquí hablamos del salario de todos los griegos, no solamente el de los empleados gubernamentales. La oposición a esta medida es notoria, tal como lo muestran las violentas manifestaciones que ha habido por parte de empleados gubernamentales y los sindicatos.
Bajar los sueldos nominales y reales de los empleados gubernamentales puede ser relativamente fácil; bastaría un decreto del Presidente con apoyo del Parlamento (suponiendo que ante la violenta oposición de estos últimos días se puede mantener en el poder). Lo que no es fácil es bajar el salario real de todos los demás ya que no puede hacerse a través de una directriz gubernamental. Para ello solo hay dos opciones.
La primera es que el Banco Central Europeo decida instrumentar una política monetaria expansiva que aumente la inflación. Esta medida, sin embargo, bajaría el salario real de todos los trabajadores de la zona euro, incluidos aquellos que laboran en países que no tienen mayores problemas como Alemania, aunque por otra ayudaría a países que también han estado de fiesta como Portugal y España. Esta opción está descartada.
La otra opción que tiene el gobierno griego es, voluntariamente, abandonar el euro y adoptar nuevamente su propia moneda, renegociando de paso sus deuda externa. Cabe señalar que de entrada Grecia ni siquiera debería haber sido aceptada en la zona euro ya que no cumplía con los lineamientos del Tratado de Maastrich. Adoptar nuevamente el dracma le permitiría al gobierno devaluar su moneda frente al euro, bajando de esa manera los salarios reales de todos los griegos. Además, la devaluación le permitiría ajustar los salarios a la verdadera productividad de sus trabajadores, poniéndolos en condiciones de competir en los mercados internacionales.
La lección de la crisis griega es doble: primero, el peligro de llevar a cabo una política fiscal expansiva financiada con deuda y segundo, la importancia de tener un mercado laboral flexible. En México ya aprendimos la primera; la segunda todavía no.
Dada la situación actual de la economía griega, y a pesar del apoyo por 110,000 millones de euros que recibirán de los países europeos y del FMI, es claro que no les queda de otra que realizar un significativo ajuste fiscal para reducir rápida y drásticamente en déficit de sus finanzas públicas. Además, y aquí está el punto central, también requieren reducir significativamente el nivel de los salarios reales; y aquí hablamos del salario de todos los griegos, no solamente el de los empleados gubernamentales. La oposición a esta medida es notoria, tal como lo muestran las violentas manifestaciones que ha habido por parte de empleados gubernamentales y los sindicatos.
Bajar los sueldos nominales y reales de los empleados gubernamentales puede ser relativamente fácil; bastaría un decreto del Presidente con apoyo del Parlamento (suponiendo que ante la violenta oposición de estos últimos días se puede mantener en el poder). Lo que no es fácil es bajar el salario real de todos los demás ya que no puede hacerse a través de una directriz gubernamental. Para ello solo hay dos opciones.
La primera es que el Banco Central Europeo decida instrumentar una política monetaria expansiva que aumente la inflación. Esta medida, sin embargo, bajaría el salario real de todos los trabajadores de la zona euro, incluidos aquellos que laboran en países que no tienen mayores problemas como Alemania, aunque por otra ayudaría a países que también han estado de fiesta como Portugal y España. Esta opción está descartada.
La otra opción que tiene el gobierno griego es, voluntariamente, abandonar el euro y adoptar nuevamente su propia moneda, renegociando de paso sus deuda externa. Cabe señalar que de entrada Grecia ni siquiera debería haber sido aceptada en la zona euro ya que no cumplía con los lineamientos del Tratado de Maastrich. Adoptar nuevamente el dracma le permitiría al gobierno devaluar su moneda frente al euro, bajando de esa manera los salarios reales de todos los griegos. Además, la devaluación le permitiría ajustar los salarios a la verdadera productividad de sus trabajadores, poniéndolos en condiciones de competir en los mercados internacionales.
La lección de la crisis griega es doble: primero, el peligro de llevar a cabo una política fiscal expansiva financiada con deuda y segundo, la importancia de tener un mercado laboral flexible. En México ya aprendimos la primera; la segunda todavía no.
lunes, 3 de mayo de 2010
Un Congreso Ineficiente
Terminó uno más de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión y seguimos atorados, como país, en un marco institucional tan ineficiente que impide el progreso económico sostenido. Nuevamente se perdió la oportunidad de llevar a cabo, íntegramente, las reformas legales que se requieren para tener un conjunto de incentivos que deriven en una asignación eficiente de recursos, que promuevan la inversión, la mayor productividad de los factores de la producción y, en consecuencia, promuevan el crecimiento económico.
Diputados y Senadores dejaron pasar tres meses para, en la última semana del periodo, aprobar en cada una de las Cámaras, diversas leyes que ya no tuvieron oportunidad de ser discutidas en la otra Cámara, como fue el caso de la reforma a la Ley de Competencia, aprobada en la de Diputados el último día de sesiones pero que ya no fue ni siquiera considerada por los Senadores, por lo que habrá que esperar al periodo septiembre – diciembre para ser finalmente aprobada, aunque en este caso habrá que considerar el tiempo que tendrán los monopolios para cabildear con los Senadores para bloquearla, aunado a la audacia del Senador Beltrones de proponer él, en el último día, su propia iniciativa de reforma a esta ley, lo que complicará el asunto (¿lo hizo con maña para garantizar que finalmente no se apruebe?).
No pasó nada de la reforma política, ni siquiera se consideró la iniciativa de reforma laboral y menos aun la fiscal. Otro periodo prácticamente perdido. Falta de liderazgo de los líderes de cada una de las fracciones parlamentarias, grillas y conflictos al interior de cada una de las fracciones, abierta oposición a determinadas iniciativas, la actitud de bloquear iniciativas de ley solo por el placer de bloquearlas, argumentos falaces como que es año electoral y ello complica las negociaciones o el eterno argumento de “no es el momento, las circunstancias políticas no son las adecuadas” se reflejaron, una vez más, tal como ha venido sucediendo desde 1977, en la parálisis del Congreso y mientras el país sumido en la mediocridad. El resto del mundo avanza y México sigue perdiendo posiciones en los diferentes índices internacionales de competitividad y de atractivo para la inversión.
Los legisladores se van cuatro meses de vacaciones con goce de sueldo, mismo que sale de los impuestos que todos pagamos y no hay manera que nosotros, sus empleadores, podamos reclamarles su irresponsabilidad e ineficiencia. Y es por ello que urge una profunda reforma política, una en donde los legisladores federales, a través de la reelección inmediata, efectivamente rindan cuentas a los electores por sus actos. Sin embargo, siendo realistas, es muy poco probable que la hagan; en la posición actual están muy cómodos y como la reforma depende solamente de ellos, es improbable que estén dispuestos a ponerse la soga al cuello.
Dado que esto difícilmente va a pasar, lo menos que deberíamos poder exigir es que durante estos cuatro meses se convoque a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso para que, como mínimo, se aprueben las reformas que se quedaron a medias, aquellas que solo fueron aprobadas en solo una de las Cámaras. Pero esto tampoco va a suceder. Y parafraseando a Porfirio Díaz, “Pobre México, tan lejos de dios y tan cerca de nuestros legisladores”
Diputados y Senadores dejaron pasar tres meses para, en la última semana del periodo, aprobar en cada una de las Cámaras, diversas leyes que ya no tuvieron oportunidad de ser discutidas en la otra Cámara, como fue el caso de la reforma a la Ley de Competencia, aprobada en la de Diputados el último día de sesiones pero que ya no fue ni siquiera considerada por los Senadores, por lo que habrá que esperar al periodo septiembre – diciembre para ser finalmente aprobada, aunque en este caso habrá que considerar el tiempo que tendrán los monopolios para cabildear con los Senadores para bloquearla, aunado a la audacia del Senador Beltrones de proponer él, en el último día, su propia iniciativa de reforma a esta ley, lo que complicará el asunto (¿lo hizo con maña para garantizar que finalmente no se apruebe?).
No pasó nada de la reforma política, ni siquiera se consideró la iniciativa de reforma laboral y menos aun la fiscal. Otro periodo prácticamente perdido. Falta de liderazgo de los líderes de cada una de las fracciones parlamentarias, grillas y conflictos al interior de cada una de las fracciones, abierta oposición a determinadas iniciativas, la actitud de bloquear iniciativas de ley solo por el placer de bloquearlas, argumentos falaces como que es año electoral y ello complica las negociaciones o el eterno argumento de “no es el momento, las circunstancias políticas no son las adecuadas” se reflejaron, una vez más, tal como ha venido sucediendo desde 1977, en la parálisis del Congreso y mientras el país sumido en la mediocridad. El resto del mundo avanza y México sigue perdiendo posiciones en los diferentes índices internacionales de competitividad y de atractivo para la inversión.
Los legisladores se van cuatro meses de vacaciones con goce de sueldo, mismo que sale de los impuestos que todos pagamos y no hay manera que nosotros, sus empleadores, podamos reclamarles su irresponsabilidad e ineficiencia. Y es por ello que urge una profunda reforma política, una en donde los legisladores federales, a través de la reelección inmediata, efectivamente rindan cuentas a los electores por sus actos. Sin embargo, siendo realistas, es muy poco probable que la hagan; en la posición actual están muy cómodos y como la reforma depende solamente de ellos, es improbable que estén dispuestos a ponerse la soga al cuello.
Dado que esto difícilmente va a pasar, lo menos que deberíamos poder exigir es que durante estos cuatro meses se convoque a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso para que, como mínimo, se aprueben las reformas que se quedaron a medias, aquellas que solo fueron aprobadas en solo una de las Cámaras. Pero esto tampoco va a suceder. Y parafraseando a Porfirio Díaz, “Pobre México, tan lejos de dios y tan cerca de nuestros legisladores”
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